El socio incómodo

 

1.

Diez palabras. A veces alcanza con eso para que un hombre rara vez vuelva a mirar de frente. El 18 de abril de 2019, durante la presentación de su libro La sociedad cómplice en el Hotel Austral de Viedma, Río Negro, el candidato presidencial José Luis Espert pronunció ante el micrófono una frase escueta, gentil, pero de consecuencias sísmicas. “Agradezco a Fred Machado por el excelente vuelo que tuvimos”, dijo al amigo, presente en la sala.

Dos años después, la detención de Federico Andrés Machado –apenas Fred desde que él y sus intereses abandonaron la Patagonia y se instalaron en Miami–, acusado de traficar cantidades industriales de cocaína y lavar activos por más de 550 millones de dólares, agravó las sospechas sobre el financiamiento espurio a la campaña del economista libertario.

“Sabíamos que los números no cerraban por ningún lado. Había una cantidad de guita en negro que tenía que venir de gente con una agenda distinta a la nuestra. De golpe, en la campaña, se lo veía en cartelería, usando aviones privados y camionetas blindadas. No había manera de justificar ese nivel de gastos”, confía un referente de Republicanos Unidos, uno de los espacios políticos que había acordado aliarse con el partido de Espert en un gran frente de derecha para competir en las próximas elecciones legislativas.

El fuego amigo tuvo sus indicios. En agosto de 2019 la revista Noticias había señalado que la Jeep Grand Cherokee que el entonces candidato del Frente Despertar utilizó para llegar a una entrevista en el canal Crónica TV y que fue atacada a pedradas en la calle estaba registrada a nombre de Claudio Ciccarelli, un primo de Machado que también oficiaría de socio en algunos emprendimientos mineros de Río Negro.

Menos repercusión tuvo el informe del cuerpo de auditores de la Cámara Nacional Electoral (CNE) sobre las rendiciones de la campaña de 2019 –que incluye las PASO del 11 de agosto y las generales del 27 de octubre– del partido Unite por la Libertad y la Dignidad que presentó a Espert como candidato. Fechado el 28 de julio de 2020, el documento detalla entre los gatos no declarados, además del comentado viaje a Viedma, otros a Mendoza, Tucumán, La Rioja y Pergamino. También se reclama la justificación de los egresos del acto de cierre de campaña, ingeniosamente nombrado “EspertFest”, y del asesoramiento de campaña de Dick Morris, un gurú político que según destaca en sus libros y conferencias ayudó a Bill Clinton a sentarse en el Salón Oval de la Casa Blanca.

 

2.

Unite se presenta como un gran administrador de fondos públicos: declaró cero pesos de aportes privados. Los poco más de 60 millones que figuran como ingresos de campaña fueron transferidos desde el Fondo Partidario Permanente del Ministerio del Interior. Con esa observación, la CNE le giró el expediente a la jueza con competencia electoral de Capital Federal, María Servini, y le desaconsejó la aprobación del informe final presentado por la lista de Espert por no ajustarse al artículo 37 de la Ley 26.571 que refiere al origen y monto de los aportes recibidos.

Los supuestos vínculos generosos de Espert le han sumado bastante trabajo a Servini. El fiscal federal Ramiro González le solicitó información que certifique la existencia de aportes a nombre de Federico Machado al partido Unite y que, de hallarse, se especifique “fecha, monto y cuenta utilizada por el aportante para la operación”. González ya había pedido la suspensión de los aportes a la agrupación hasta tanto se aclaren las rendiciones de campaña.

Casi en simultáneo, el presidente del partido Voz Ciudadana, Adrián Bastianes, había denunciado en los tribunales de Comodoro Py a Espert, a su compañero de fórmula Luis Rosales y a su aliado Javier Milei, entre otros integrantes del armado partidario, por presunto encubrimiento y asociación ilícita y por infracción al artículo 303 del Código Penal que pena los delitos económicos y financieros.

En el primer descargo público luego de superar un cuadro de Covid, Espert le dijo al periodista Rolando Graña que “los hijos de puta que están detrás de esta operación” provocaron que lo echaran “como a un perro” de la universidad donde daba clases hace veinte años y que su actividad laboral empezó a resquebrajarse por la pérdida de clientes.

“La información que tenemos –insiste la fuente de la alianza liberal– es que no fue un solo vuelo sino que existió una relación duradera con Machado, incluso Espert se jactaba de ese vínculo. Es un tema muy sensible para nuestra interna porque veníamos en un proceso de conversación bien aceitado y de golpe tuvimos que pegar una frenada. Una cosa es que la plata venga del lado del peronismo para sacarle votos a Juntos por el Cambio, eso forma parte del juego de la política; otra muy distinta es que te financien los narcos”.

 

 

3.

La suerte de Machado se había estropeado mucho antes del 16 de abril pasado, cuando agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) lo rodearon en un mostrador del aeropuerto de Neuquén, a minutos de subirse al avión que lo hubiera llevado a Buenos Aires, y lo notificaron que era requerido por el Tribunal del Distrito Este de Texas por su presunta participación en una organización criminal con operaciones en varios países.

El 24 de febrero de 2021, la mismaJusticia que pidió su arresto con vistas a la extradición lo había acusado formalmente junto a otras siete personas de conspiración para poseer, fabricar y distribuir cocaína y de cometer blanqueo de capitales y fraude electrónico. El fiscal federal Ernest González reconstruyó que Machado, de 53 años y dueño registrado de South Aviation, una empresa de fletes aéreos ubicada en el aeropuerto de Fort Lauderdale, en Florida, tenía dos aliadas principales dentro de la orquesta criminal. Debra Lynn Mercer-Erwin y Kayleigh Moffett, madre e hija oriundas de Oklahoma City, estaban al frente de Aircraft Guaranty Corp, un fidecomiso pensado para “ayudar” a los que no pueden registrar sus aeronaves por no cumplir con los requisitos que exige la Administración Federal de Aviación. Por su sigla en inglés, la FAA exige que los propietarios sean estadounidenses o residentes permanentes. La transferencia del título de la aeronave a un fidecomiso resulta la opción más a mano para los extranjeros, sobre todo para aquellos dedicados al narcotráfico.

Entre los aviones vinculados a la empresa fiduciaria destacaron dos que fueron incautados en Belice y Guatemala con más de cuatro toneladas de cocaína a comienzos del 2020; otro que se estrelló en México con 1.200 kilos en marzo de 2019; y un cuarto que se accidentó en Venezuela y no llegó a entregar el valioso cargamento al Cartel de Sinaloa, en diciembre de 2018.

Pero lo que inquietó a González fue el volumen de lo que él mismo definió como un típico esquema Ponzi con “aviones fantasmas”. Atraídos por Machado, los inversores depositaban cifras con varios ceros para la compra de aviones en cuentas de las empresas de Mercer-Erwin (también figura como propietaria de Wright Brothers Aircraft Title), que eran puntualmente desviadas para cualquier otro uso. En el caso del argentino, canalizaba el dinero para la explotación de una mina de oro en Camotán, una zona de aldeas y caseríos en Guatemala, que le valió una citación para el Congreso de la República luego de que la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) denunciara la extracción ilegal de minerales.

El fiscal texano describió al canal local de noticias WFAA que los compradores “estaban poniendo el dinero en aeronaves que no existían o que pertenecían a otros o que estaban en lugares inaccesibles como Japón, India o China”, y reveló que Machado, incluso, les pagó a personas para que simularan ser los vendedores.

 

4.

Machado ingresó al radar del gobierno nacional unos días antes de su caída en Neuquén, con el pedido de colaboración que el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos le hizo llegar a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal dependiente del Ministerio de Seguridad. En la cartera a cargo de Sabina Frederic comenzaron a recabar información a contrarreloj. Uno de los informes internos describió a Machado como “un acaudalado empresario con relevantes relaciones con dirigentes políticos en Argentina” y destacó que “registra antecedentes de haber alquilado sus aeronaves para el narcotráfico en reiteradas ocasiones, algunas de cuyas operaciones han tenido un resonante impacto mediático debido a la enorme cantidad de cocaína trasladada, incluso a España”.

Mientras el frente liberal lidiaba lo mejor que podía con el escándalo, Clarín prefirió destacar que uno de los aviones que usaba el empresario Lázaro Báez en lo que el diario postuló como “La Ruta del Dinero K” –para referirse a maniobras de corrupción vinculadas a la obra pública– era propiedad de la empresa South Aviation, es decir de Machado. Como información extra, recordaron que Machado le consiguió a Gustavo Juliá el primer avión con que él y su hermano Eduardo comenzaron los vuelos a Europa, costumbre que se terminó de forma abrupta al ser detenidos en el aeropuerto de El Prat, en Barcelona, con un jet Bombardier Challenger 604 cargado con 944,5 kilos de cocaína que les valió una condena a 13 años de prisión.

 

5.

Para Estados Unidos, Machado es el engranaje de una red formidable de tráfico de cocaína y lavado de activos que lo enfrenta a una posible pena de cadena perpetua. En Argentina, en cambio, es solo un socio incómodo, una mancha a lavarse cuanto antes. La Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), que asumió la investigación una vez librada la captura internacional, constató que Machado no cometió ninguna actividad ilícita en la Argentina. Tampoco una legal. “No tiene domicilio en el país, ni siquiera hace declaraciones juradas en la AFIP. Cuando lo detuvimos aportó la dirección de la madre en Neuquén. Sus supuestas operaciones delictivas están radicadas en el exterior. Incluso, todos los aviones que usaba tenían matricula americana”, reconoce una fuente.

Por su parte, el defensor Martín Segovia sostiene que Machado sólo se dedica a la compra y venta de aviones y a la prestación de charters privados y justifica la acusación proveniente de Estados Unidos en la negativa de su cliente a colaborar en el armado de una causa.

Desde la PROCUNAR entregaron otra versión. “Pudimos acreditar que Machado estaba en un régimen de colaboración con la fiscalía de Texas que lo obligaba a informar si salía de Estados Unidos, pero él no solo no dijo que venía a la Argentina sino que ahora no quiere volver”.

En ese sentido, la circular de Interpol precisa que el 15 de octubre de 2020 el argentino fue arrestado y luego puesto en libertad “en espera de una mayor investigación”.

En tanto, la Cámara Federal de General Roca confirmó el rechazo al pedido de excarcelación que había dispuesto el juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, coincidiendo con la posición de la fiscal María Cristina Beute y del fiscal de la PROCUNAR Diego Iglesias.

Aunque no sea materia de investigación, en la audiencia en la que se le informaron los motivos de su arresto preventivo Machado se vio obligado a responder sobre los vínculos que se le adjudicaron en la Argentina. Negó que alguna vez le haya vendido un avión a Lázaro Báez y reconoció que a Espert le alquiló sólo el que lo llevó hasta la presentación de su libro en Viedma. Interrogado sobre la efusividad del candidato –le agradeció en público– el detenido lo atribuyó a que le había hecho precio de amigo.

 

6.

“No sé si esperar una carta documento o la ráfaga de una ametralladora”. Vanesa Carmona, concejal de la oposición en San Antonio Oeste, Río Negro, se ríe de la ocurrencia. En marzo de este año, junto a Guillermo Masch y Marcela Dodero, sus compañeros de bloque del Frente de Todos, se opuso a la firma de un convenio entre la Municipalidad y la empresa Max Technology SRL para la instalación de un taller de reparaciones navales en una zona de la bahía preservada por su valor histórico y ambiental, tal como informó Susana Lara en El Cohete a la Luna.

 

 

“Nosotros habíamos pedido las certificaciones y los avales necesarios para una obra que ponía en riesgo a un paraíso patagónico de playas y médanos y que iba a afectar a toda la comunidad, pero nunca aportaron nada. No nos quedó otra que ponernos a investigar a la empresa”, recuerda Carmona.

Los ediles encontraron que Max Technology estaba registrada desde junio de 2018 para el transporte aéreo de pasajeros y que recién en marzo de 2020 se inscribió para la construcción y reparación de embarcaciones de recreo y deporte, aunque no para los barcos pesqueros o busques de altura, más adecuados para las promesas de fomento a la producción regional que habían hecho los novedosos inversionistas.

Lo siguiente fue averiguar quién era ese tal Diego Goñi que figuraba como representante legal de la compañía. Los resultados en Google se limitaban a que era un piloto militar retirado devenido a empresario. Una nota de la revista Brando de febrero de 2015 agregó que Machado, según las propias palabras de Goñi, le había cumplido el sueño de volver a subirse a un avión T28 restaurado al pedirle que lo trajera al país desde los Estados Unidos. El vínculo amistoso, lejos de despejar las dudas, multiplicó las sospechas.

“Es sabido que quienes lavan dinero negro –argumentó la oposición– utilizan proyectos inviables y firmas sin respaldo a las que proveen de fondos para inversiones poco transparentes. En conclusión, de la firma Max Technology nada se sabe y de su apoderado lo que se sabe no da ninguna tranquilidad”.

Pese a las críticas, el 11 de marzo de 2021 el Concejo Deliberante de San Antonio Oeste aprobó el convenio. Apenas hubo tiempo para el descorche: la detención de Machado obligó al intendente Adrián Casadei a suspender el comodato que cedía por 20 años dos hectáreas frente al mar, cerca del puerto, la colonia de lobos marinos y la planta de Alcalis de la Patagonia (ALPAT), la única empresa de Sudamérica productora de carbonato de sodio, una sal de múltiples usos que, vaya casualidad, también sirve en la elaboración de cocaína.

 

 

 

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