El sistema

 

La cuestión básica de la revolución es el poder del Estado. En la experiencia revolucionaria de 1905 —conocida como la Revolución de Febrero— en Petrogrado, el Soviet ocupó el banco, la tesorería, la fábrica de moneda y tomó el control de la emisión de papeles del Estado. Se apoderó también de correos, telégrafos, radios, de las estaciones ferroviarias y de las imprentas. Estas acciones nos indican que el gobierno de la vida material debe ir necesariamente empalmado con el de la vida simbólica. Esa situación se desplegó para generar un doble poder encarnado en el comité ejecutivo del Soviet y el gobierno provisional. Lenin reflexionó sobre esta situación revolucionaria en “El poder dual” (dvoevlastie), publicado en Pravda en abril de 1917. La publicación, posterior a los hechos, se debe a que Lenin no había participado, como Trotsky, de la experiencia del Soviet de 1905: estaba exiliado. “Este poder es del mismo tipo que el de la Comuna de París de 1871”: estas son las palabras de Lenin que importan. Sobre esa misma categoría —el doble poder— pero en nuestra geografía y en nuestra lengua reflexionó también el Che Guevara en Guerra de guerrilla, libro dedicado a Camilo, pues toda revolución concentra cien fuegos, incluso aquellas que se precipitan en el infortunio de la derrota: es el caso de la Comuna de París relatada por una revolucionaria anarquista-feminista, Louise Michel, quien también identificó la condición necesaria del dvoevlastie. Esta disputó la legitimidad del aparato oficial del Estado en Petrogrado, en Sierra Maestra y en el corazón comunero parisino. Su temporalidad, en las tres situaciones, fue transitoria y acotada. El poder revolucionario permanece en la condición de doble poder solo por un tiempo: hasta tanto logre constituir la base de una nueva forma de poder estatal. Las mafias —también— son dobles poderes: se enquistan en el Estado, pero lo hacen de manera permanente. Mientras el doble poder revolucionario es transitorio y construye una legalidad otra, el doble poder mafioso es permanente y conecta lo ilegal con lo legal o el Estado con un Estado paralelo. Tiene razón.

Las mafias copian las formas emancipadoras populares y las dislocan: las sacan de quicio. Situar un doble poder permanente en el Estado quiere decir colonizarlo con una racionalidad contraria a la del Estado de derecho. Esta expresión indica que todos los poderes públicos deben actuar dentro del perímetro de la ley —en la Argentina es evidente que no sucede— y el despliegue de su poder asegura la protección y el respeto de los derechos humanos y las libertades colectivas e individuales junto con la garantía del Estado del bienestar, que implica el cuidado y protección de lxs ciudadanxs. Colonizar el Estado con un doble poder implica invertir su papel: que se convierta en “el de proveedor de recursos naturales, de servicios básicos y esenciales, de concesiones, infraestructura y patentes legisladas para las empresas transnacionales, además de protegerlas de las exigencias populares de derechos laborales, sanitarios, medioambientales y humanos. [...] Más que actuar como regulador de las empresas transnacionales el Estado actúa ahora como su garante” (Vandana Shiva / Maria Mies, Ecofeminismo, Econautas/Icaria, 2021, p. 205). El doble poder permanente se impone quebrar las singularidades, los liderazgos populares (que son todo menos singulares), porque interrumpen su poder y para poner al Estado a su disposición, disponerlo en contra de las grandes mayorías y transnacionalizarlo. Tiene razón.

La palabra “mafia” es hija de una intuición brotada de la resistencia que el campo popular desplegó en el cuatrienio negro —2015-2019— o de una teoría un tanto sumaria que aún debe ser sofisticada. La palabra permite aglutinar signos de acciones y signos cognitivos aparentemente desperdigados que se verifican en un terreno de la política, de la justicia, de la mediaticidad monopólica y de una franja de la vida social y aunque mucho queda afuera de ella y aunque otrxs la maldigan, la deshistoricen o la usen como una flecha envenenada lanzada contra los cuadros populares, permite entender (en parte, ciertamente) cómo funciona un doble poder cuyas investiduras oscuras circulan entre nosotrxs. Permite recoger un conjunto de fenómenos percibidos como heterogéneos y abandonados sin precepto en una planicie, nombrarlos, sumirlos en una palabra que los agrupa y que de alguna manera los organiza, volviéndolos inteligibles como suma de particularidades que se verifican en la esfera económica, en la política y en la jurídica. De esto desciende que el doble poder mafioso en la Argentina constituye un sistema. Tiene razón.

Entre la lectura de El Cohete y la alocución de la Vicepresidenta, descubrimos los detalles de un poder legal que opera ilegalmente si se verifica todo lo que implican los chats que trascendieron. Cuatro jueces sostenidos por un sector del establishment, sectores económicos de gran poder, actores serviciales y un funcionario de alto rango del gobierno de Rodríguez Larreta (que es Macri) y que ya había dado prueba de una racionalidad (i)legal en la represión de Recoleta mientras filmaba la manifestación popular desde las azoteas del barrio, hablan de truchar facturas, encubrir reuniones, usar o apretar a periodistas, instigar falsos testimonios, desplegar amenazas que remiten a una etapa genocida que creíamos superada y recibir dádivas. Si se acepta la racionalidad de estos integrantes del Poder Judicial se hace evidente la descomposición de cuya atmósfera —un doble poder permanente— participa el Tribunal Oral federal N.º 2, garante de un proceso judicial paródico. Mafia implica menos una cuestión étnica que un método: la fuerza de la intimidación del vínculo asociativo. De ella derivan el sojuzgamiento y la omertà (silencio y muerte: “me quieren presa o muerta”; tiene razón). Los actos de violencia continuos y cotidianos son sintomáticos del uso de este método. Otras dimensiones que lo definen son los actos colusorios y corruptivos. La colusión es el entendimiento secreto entre dos o más sujetos para conseguir una finalidad ilícita o acordar una línea de acción común en contra de terceros: Milagro Sala, Alejandra Gils Carbó, Julio de Vido, Amado Boudou... Este último nombre nos conmina a reconocer que la proscripción de la Vicepresidenta arrastra una proscripción anterior, de otro Vicepresidente. De no resistirla e impugnarla solo queda por delante más persecución y otras proscripciones. En un tiempo próximo hasta podría afectar a la propia figura del actual Presidente de cuya investidura depende un repertorio de acciones disponibles —que desbordan las declaraciones solidarias, que las apreciamos pero ya está— para contrastar la fenomenología del Estado paralelo dentro del Estado. A la espera de la activación de ese repertorio, al campo popular le corresponde resistir e impugnar lo juzgado porque profirió culpabilidad sin que se haya demostrado la comisión del acto que se juzga. El método mafioso se aprende en un ambiente geográfico —cuando las mafias son ancestrales— o en un ambiente social —cuando se nacionalizan en otras latitudes que no se corresponden con sus territorios tradicionales—. En función de su fuerza intimidatoria despliegan formas de control social sobre un territorio. La intimidación se aplica en todos los ámbitos de operatividad del actor mafioso. Y ese método se constituye sobre la base de relaciones parentales entre los socios. Sin famiglia no hay mafia.

Escuchalo aquí, entre los minutos 8,35 y 11,20.

 

 

 

 

 

 

Tiene razón. Lectura ratificada por María Pía López: “La familia judicial es famiglia, pactos de sangre y empatías diversas”. Algunas empatías: Carlos Mahiques legitimó la propiedad de las tierras que Joe Lewis les arrebató piratescamente a los pueblos indígenas que habitan la Argentina; Pablo Cayssials descalabró la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual surgida de amplísima conversación pública y no satisfecho con eso validó un aumento del 300 % de las tarifas del agua, ordenó al Banco Central la venta de dólares a la cotización oficial para importaciones no autorizadas por el Ejecutivo; Julián Ercolini encarceló a Cristóbal López y a Fabián De Souza por negarse a disponer C5N contra la Vicepresidenta tal como les solicitó Mauricio Macri.

El bloque de diputadxs y el interbloque de senadores del Frente de Todxs advierten el peligro del huracán de la historia que está suspendido sobre la Argentina, lo expresaron así: “Con la mafia no hay democracia”. Harían bien en considerar la constitución de una Comisión bicameral antimafia de rango permanente. Permitiría religar una serie de eventos que hoy en día se consideran inconexos entre sí y constituir un panorama orgánico, comprensible, desplegar una acción decisiva de contención ante la operatividad del doble poder ubicado en el corazón del Estado y habilitaría también una necesaria reafirmación de la presencia del Estado de derecho, del principio de legalidad que investiduras oscuras erosionan a diario. En otro orden de cosas: sería deseable una tipificación jurídica de las formas mafiosas —de su existencia, su historia, sus tradiciones, sus formas de impregnación de la estatalidad— y de las conductas criminales inherentes a este tipo de organizaciones. Una tipificación, una norma o una ley, más allá de las acciones inmediatas que habilitan, tienen un sentido pedagógico que es sostén de una invención política renovada.

 

 

 

 

 

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