El Servicio de matar a Angelelli

 

El crimen del obispo Enrique Angelelli comenzó a construirse desde que los poderes establecidos palparon la proyección transformadora de su pastoral diocesana y consideraron que la experiencia no podía ni debía desarrollarse. El juicio del 2014 posibilitó conocer las tramas de los servicios de inteligencia que prepararon la eliminación del obispo de La Rioja; y las que siguieron para mantener oculta la ejecución criminal. Se acumularon en Cuadernos de Pruebas las “Fichas por persona” o “por asunto”, legajos de identidad y prontuarios de “Enrique Ángel Angelelli”, con “partes circunstanciados” e “informes confidenciales y secretos” de los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas y policiales.

1. Los resultados de las tareas de inteligencia fueron disímiles. El principal fue la siembra del desprestigio para deslegitimar su liderazgo pastoral y la pretensión de su remoción, que no lograron los poderes fácticos riojanos, hasta que fue eliminado por el terrorismo de Estado en 1976. Pero no lograron instalar en forma definitiva la versión inicial del accidente; aunque consiguieron desactivar en 1988 el apoyo a la investigación del obispo Witte, y así mantener la negación de la máxima jerarquía eclesiástica, que nunca promovió el esclarecimiento de la muerte de su colega episcopal, cuyas sospechas despertaron el mismo día del crimen. Recién en 2006, la Comisión Ad Hoc “Monseñor Angelelli” que presidió el arzobispo Carmelo Giaquinta, creada por el episcopado durante la presidencia del cardenal Jorge Mario Bergoglio, pudo sortear las maniobras confusionistas de los servicios de inteligencia del Ejército, y con ello aportar a la investigación judicial.
2. Más allá de las reflexiones teológicas o eclesiales del martirio riojano, surge de la documentación que los servicios de inteligencia se propusieron concentrar en el obispo la imagen del enemigo que constituía una amenaza al sistema establecido. Su rol episcopal que trascendió la institución eclesiástica para tener fuerte incidencia en sectores creyentes y no creyentes que ampliaba el radio de acción opositora al sistema asentado en la desigualdad social, llegó a constituir la amenaza más seria que había que eliminar. Y ello desde una provincia, aparentemente sin importancia en concentración poblacional o para la geopolítica local, aunque caracterizada por un empobrecimiento generalizado a causa de estructuras de dominación y explotación capitalista con parámetros culturales propios del feudalismo.
3. En ese contexto pretendieron minar su liderazgo que fue principalmente religioso, pero abarcador de las realidades sociales, culturales, políticas y económicas, como necesarias e inevitables implicancias de las lecturas desarrolladas en el Concilio Vaticano II, Medellín y San Miguel. Le atribuyeron ideologías que no le eran propias para desacreditar su rol episcopal y disminuir su consenso en la población más empobrecida de la sociedad riojana. Justamente fueron los poderes constituidos, económicos e institucionales de la sociedad, los que alimentaron las actividades de los servicios de inteligencias, con intercambio no sólo de falsas informaciones, sino hasta de personal que actuó en distintos ámbitos de pertenencia, vinculado a organizaciones del laicado católico tradicionalista, de agrupaciones políticas o las específicas de las distintas fuerzas militares o de seguridad.
4. A pesar de la intensa acción desplegada no lograron el alejamiento, la renuncia o la remoción de su cargo institucional en la Iglesia de La Rioja. Fracasaron todos los intentos aún con el fuerte respaldo que encontraron en determinadas expresiones de la máxima jerarquía católica, como Adolfo Tortolo, presidente del episcopado argentino, y el entonces Nuncio Apostólico, Lino Zanini, que a fines de 1973 elevó al Vaticano los informes adversos, sin obtener eco favorable.
5. Quienes pretendían la eliminación del Obispo encontraron condiciones políticas óptimas con la instauración del terrorismo de Estado. El cerco de difamación y persecución mediante las acciones psicológicas y de propaganda para imponer el miedo y obtener el aislamiento social, se acrecentó con hechos concretos. Fueron encarcelados, torturados y secuestrados quienes tenían activa participación en los movimientos diocesanos y organizaciones sindicales, vecinales y cooperativas. Así quedó testimoniado por quienes sobrevivieron y pudieron declarar ante la Comisión Provincial de Derechos Humanos de La Rioja. Eso hizo posible identificar a algunos de los torturadores, militares, policías o gendarmes, como agentes de inteligencia de las distintas fuerzas. La vinculación con el obispo Angelelli y su pastoral fue el eje de los interrogatorios. Todo lo que debía eliminarse no fue atribuido a ningún otro liderazgo político, sindical o de las organizaciones armadas, que en La Rioja no tuvieron hechos de significación, según lo declaró el máximo Jefe militar de la zona, el general Luciano Benjamín Menéndez en diciembre de 1975, cuando visitó al Batallón riojano. Pero sus indicaciones a las tareas de inteligencia fueron contundentes: “No obstante, tenemos que pulir nuestra tarea de informaciones para que no haya gente que se mimetice y que, si bien no accione militarmente pueda accionar como apoyo logístico de la actividad subversiva”.
6. El crimen del obispo Angelelli implicaba mucho más que la eliminación física del conductor de la diócesis. Era imprescindible extender el terror a todos los ámbitos de actuación comunitaria para desarticular la gestación de protagonistas en las disputas de las distintas expresiones de los poderes reales. En ese contexto fueron asesinados los sacerdotes Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias, y pocos días después el laico cooperativista Wenceslao Pedernera. No ignoró Angelelli esta situación adversa, como lo demuestran sus palabras y acciones a lo largo de sus ocho años riojanos hasta sus cartas de último momento; pero optó por intentar la preservación del “rebaño”, según sus propias convicciones de vida asentadas en la creencia evangélica del Pastor dispuesto a dar la vida por sus ovejas. No tenía vocación de héroe ni de mártir, dijo en el momento más álgido de la primera violencia que padeció en Anillaco fomentada y ejecutada por los terratenientes del lugar. Pero su mayor desolación y sufrimiento fue constatar la soledad en la que lo dejaron sus propios hermanos en el seno del episcopado, cuando participó de la última Asamblea Plenaria en mayo de 1976: “El Sanedrín me ha condenado”, confidenció en esa ocasión.
7. Las maniobras de ocultamiento del homicidio del obispo sirvieron a los altos jefes militares responsables que no llegaron a ser juzgados por la “impunidad biológica”. Entre ellos, los militares Jorge Rafael Videla, Albano Harguindeguy, Osvaldo Pérez Battaglia, Jorge Malagamba, Lázaro Aguirre, Edilio Cristóbal Di Cesare y el ex comisario de inteligencia Juan Carlos “La Bruja” Romero. Tampoco las leyes y el accionar de la Justicia alcanzaron para investigar la participación civil, que era conocida y fue señalada en los testimonios judiciales. Pero aún con los múltiples y variados obstáculos, políticos, sociales y eclesiásticos, que se dilataron en el tiempo y demoraron las investigaciones, se hizo justicia en democracia. Treinta y ocho años después del crimen del obispo Enrique Angelelli fueron condenados a prisión perpetua como autores mediatos los militares Luciano Benjamín Menéndez y Fernando Luis Estrella. Los autores materiales no pudieron ser individualizados. No sólo a causa de las maniobras y complicidades de larga duración que obstaculizaron las investigaciones, sino por las características del hecho que encubrió como fortuito el accidente vial intencionalmente provocado. Sin embargo el Tribunal Federal de La Rioja dispuso, por solicitud de las querellas, poner a su disposición las actuaciones para su remisión al Fiscal General a fin de investigar “la presunta comisión de delitos de Héctor Maximiano Payba, Capitán Juan Carlos Muller, Juan Fanor del Moral, Juan Carlos Cisterna, Amado Menem, Carlos Orellana, Fiore Cecona, Manuel Menem, César Menem, Manuel Yañez, Roberto Pastor Ávila, Simón Navarro, José Alejandro Lucero, Luis María de la Puente, Humberto Páez, José Ricardo Furey, Luis Saavedra, Tomás Álvarez Saavedra, Capitán Norberto Maggi y Capitán Cerutti”. También “para que se investigue el delito de encubrimiento (art. 277 C.P.) por parte del coronel (R) Eduardo José María De Casas y del General (R) Jorge Norberto Apa”. Además de los terratenientes y los periodistas responsables de las agresiones violentas y las campañas de difamación desde el diario El Sol, se incluyeron los militares y agentes de inteligencia que tuvieron actuación antes, durante y después del homicidio del 4 de agosto de 1976, aunque el carácter anónimo de los informes de inteligencia impidió la individualización de otros participantes del crimen.
8. La aprobación inicial a la dictadura militar dada por el episcopado argentino, presidido por el arzobispo y vicario castrense Adolfo Servando Tortolo, se prolongó durante las presidencias de los cardenales Raúl Francisco Primatesta y Juan Carlos Aramburu, en los años sucesivos. En ese contexto, el crimen del obispo Enrique Ángel Angelelli, cuya persecución era de pleno conocimiento de los obispos argentinos, ejecutado mediante el ardid del accidente automovilístico, presentaba condiciones favorables a que el ocultamiento se prolongara indefinidamente, con la versión oficial de lo sucedido. Pero el negacionismo explícito de los máximos jerarcas episcopales, finalmente no impidió que la verdad saliera a la luz. Y no por obra de la casualidad. No sólo no funcionó aquello de que no existe el crimen perfecto. Sino que apenas producido el hecho las sospechas del atentado se extendieron en rumores, se transmitieron en memorias y aparecieron en la superficie los testimonios con el apoyo del reducido grupo de obispos que horadaron el silencio de la mayoría episcopal. Desde Neuquén Jaime de Nevares, Miguel Hesayne, Jorge Novak y Marcelo Mendiharat en 1983 posibilitaron el desarchivo judicial. Finalmente la Justicia argentina dilucidó el homicidio y aplicó las leyes de la Nación a los principales responsables, aunque varios de los imputados ya habían fallecido.
9. Las maniobras confusionistas de los ejecutores del crimen, sumadas a las complicidades de los poderes fácticos e institucionales, como la misma cúpula eclesiástica, lograron dilatar la impunidad a lo largo de treinta y ocho años. Y, también alimentado por los servicios de inteligencia, extender las sospechas hacia quienes reivindicaron la memoria del Obispo, descalificando las motivaciones de las nuevas generaciones en los esfuerzos organizados por las necesarias transformaciones sociales portadoras de verdad y justicia.
10. La apuesta por las memorias enraizadas en las experiencias de lucha, organización y protagonismo de las mayorías empobrecidas, que asume las vivencias comunitarias como las de la pastoral del obispo Angelelli, contribuye a fortalecer las responsabilidades y desafíos del momento histórico que nos toca vivir. Y en esto los servicios de inteligencia, sus mandantes y quienes hayan aportado sus propios obstáculos, verificarán que han retrasado la marcha pero no han podido detener el caminar colectivo de los que luchan por la justicia. Hablando desde su realidad riojana, en 1971 el obispo Angelelli dijo: “En la medida de lo asistencial tratamos de dar solución a situaciones a veces lacerantes, pero sabemos y somos conscientes que muchas son soluciones ‘parche’, y que hay que ir a soluciones de fondo. Por eso cuando se nos dice subversivos, marxistas, además de ser tonteras, es una forma de obstaculizar y de impedir la acción y el desarrollo verdadero de un pueblo. Tenemos que ensuciarnos las manos, los pies y la vida con nuestro pueblo”.

 

 

 

 

 

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