El saqueo

No esperó ni un momento. Cuando Milagro era trasladada para ser sometida a una nuevo escarnio público en la audiencia preliminar de otro juicio sin pruebas, el contador Gerardo Morales montó una conferencia de prensa para anunciar el golpe final sobre la Túpac Amaru: rodeado por el séquito de ministros, el jueves 7 anunció la transferencia de la sede central de la organización al patrimonio del Estado provincial. Dijo que montaría un centro de atención a personas con discapacidad y adultos mayores. Y que eso era resultado del análisis de dos años del Consejo de Administración de bienes de la organización, sobre el cual los abogados de la Túpac se enteraban en ese mismo momento. La intervención fue denunciada lisa y llanamente como una ocupación ilegal del edificio y el contexto, como una acción de los Grupos de Tareas de Jujuy con zona liberada. El anunció tuvo su génesis dos días antes: una noche de cuatro grados de temperatura con niños que tomaban clases natación en la sede del edificio aterrados por el ingreso de un ejército de policías.

El martes 5 de junio a las siete de la tarde, los integrantes de la Túpac llevaban adelante las actividades habituales de la sede. Un grupo de niños tomaba clases en la pileta de la Escuela de Natación dentro del edificio. En ese momento, ingresó un escuadrón de la Brigada de Investigaciones y del Cuerpo Especial Operaciones Policiales, camuflados, con armas largas, escudos y caras tapadas. Sacaron a los niños del agua. Desalojaron a los pobladores del local. Y afuera comenzaban a congregarse padres y periodistas. "Yo he visto a los chicos que salían con cara de susto", dice Luis Paz, testigo y abogado de la organización. "Cuando los padres se iban enterando corrían a buscarlos en una escena terrorífica con el cuerpo especial de la policía que no presentaron ni papeles, ni sabemos quiénes eran".

Los abogados se acercaron inmediatamente. Con Luis Paz, fue Paula Álvarez Carrera y Ariel Ruarte. Pidieron ingresar, pero la policía no los dejó. Pidieron por un oficial a cargo. No les dijeron quién era. Pidieron saber si había un juez o funcionario judicial, no había ninguno. Dos horas después, a las nueve, se acercó el secretario del juez Pablo Pullén Llermanos, magistrado a cargo de las causas residuales de la provincia, es decir aquellas que comenzaron a tramitarse antes de 2011, con tres causas en las que persigue a Milagro, pero sin injerencia en ninguna para investigar ni resolver nada sobre este edificio.

-- Doctor necesito hablar con usted --le dijo Paz.

-- Hable con el juez.

Pullén llegó cerca de las once de la noche. Álvarez Carrera le pidió unas palabras. No la atendió. Luego llegó el fiscal Diego Cussel. Los dos permanecieron una hora y media. Cussel tampoco atendió a los abogados. Y a las doce de la noche, Pullén dejó el lugar en silencio y escoltado por unos veinte policías.

El diputado Juan Manuel Esquivel de la Túpac intentó ingresar a a la sede.

 

 

“Jujuy es una zona liberada para los grupos de tareas de Gerardo Morales”, dijo Eli Gómez Alcorta, abogada de Milagro, pocas horas después en una conferencia de prensa en Buenos Aires, convocada por el Comité por la Libertad de Milagro Sala y Coco Garfagnini, coordinador nacional de la Túpac. "Hechos de esta envergadura corren nuevamente un límite para la legalidad de las intervenciones del Poder Judicial de la provincia". Eli explicó que el procedimiento estuvo plagado de irregularidades, se allanó la sede nacional de la organización y ni el juez ni el fiscal aportaron información sobre el supuesto delito que se investiga. Los abogados no pudieron ingresar y no pudieron ser testigos de lo que ocurría, condición de garantía para un procedimiento. Tampoco permitieron el retiro de los objetos de la sede, la cual quedó vallada y ocupada por la policía.

A la mañana siguiente, Paz volvió a la sede pero tampoco pudo entrar. A las doce, se hizo una conferencia de prensa. Desde entonces y hasta el viernes, nadie sabía cuáles eran las razones de la ocupación. Sólo extraoficialmente un funcionario judicial les dijo que buscaban documentos sobre ambulancias secuestradas, una búsqueda que debería haberse hecho primero a través de un pedido a los responsables de la organización.

Finalmente Morales dio la conferencia de prensa y anunció el traspaso del edificio. Dijo que la resolución fue tomada por un Consejo de Administración creado por Resolución de Fiscalía de Estado N° 319-FE-2016, integrado por la Fiscalía de Estado y la Unidad Coordinadora y Ejecutora de Planes y Programas Interministeriales (Uceppi), cuya función sería "administrar los bienes de la organización social, tarea que viene desarrollando desde hace tiempo", entidad y funciones, como se dijo, que nadie conocía. Las notas publicadas en la prensa agregaron que el traspaso contó con una resolución del juez Pablo Pullén Llermanos luego del allanamiento ilegal: "Por disposición del juez de Instrucción Causas Ley, Pablo Martín Pullen Llermanos --dice el texto el Tribuno--, en la noche del miércoles se llevó a cabo un nuevo allanamiento en la sede de la organización barrial Túpac Amaru, y se dispuso su traspaso al Estado provincial".

Recién aquella referencia a la creación de un Consejo en 2016, permitió alguna conjetura acerca de los posibles fundamentos de todo esto: el ya famoso decreto 403 de enero de 2016 con el cual Morales creó el régimen de regularización de cooperativas y suspendió la personería de la Asociación Civil, Cultural y Deportiva Túpac Amaru sobre la base que estaba cometiendo el delito de acampar en Plaza Belgrano. El decreto fue una herramienta de aniquilamiento a las organizaciones sociales. Pero el problema es que esa intervención a la Túpac en realidad no está firme. La Túpac presentó un amparo contra el Decreto porque la ley provincial de asociaciones civiles para personas jurídicas privadas, determina una serie de razones para que una asociación pueda ser suspendida, se le quite la personería, se la revoque o se la liquide. O porque no tiene vida democrática, o porque no tiene autoridades vigentes o porque cumplió el objeto por el que fue creada. Como ninguno de los supuestos se cumplía --la Túpac tenía autoridades sujetas a elecciones cada dos años hasta 2015, cuando la comisión directiva fue detenida--, los abogados presentaron un amparo. Explicaron todo eso. Dijeron que no se daban ninguna de las causales que exige la ley. Que el Código Civil dice que una Asociación Civil es distinta a las personas que la integran. Que no comete delitos ni da mandatos a sus directivos para que los cometan. Que una cosa es una Asociación y otra sus miembros. Y dijeron que en cualquier caso una suspensión no puede ser ordenada por decreto: debe ordenarla un juez. Como respuesta, y para ordenar los papeles, el gobierno de Morales inició una acción civil contra la Túpac Amaru radicada en la Cámara Civil de Jujuy que dictó sentencia y ratificó la suspensión de la personería. La Túpac rechazó la decisión. Recordó que existía un amparo pendiente. Y desde julio de 2016, los dos trámites están en manos del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, la entente ampliada por trámite exprés cuando asumió el contador de la provincia.

"¿Cual es la conclusión?", pregunta Luis Paz. "Si el Superior Tribunal de Justicia resuelve esto, debería darme la razón: le tiene que decir al gobierno que ha suspendido una personería jurídica sin tener autoridad legal para hacerlo. Y tiene que decirle que devuelva la personería y pague los daños. Y eso, claramente, no lo van a hacer. Ahora dicen que  la Túpac está intervenida. Nunca nos notificaron la existencia de un expediente donde se tramite esto. Y si existe una resolución, la única opción es que sea aquella con la que se han movido estos años, pero tampoco eso sirve porque no está, nosotros la hemos apelado".

En febrero de 2017, Morales le sacó las escuelas a la Túpac. Ya habían ido por las casas, las fábrica, la textil, los centros de salud. Pero entonces fueron por las escuelas. En esa ocasión, al menos dejaron una resolución escrita con supuestas causas, fechas y motivos. Eso permitió a los abogados tener un papel para refutar acusaciones vía trámite administrativo. En este caso, en cambio, no existió ni siquiera la voluntad de enviar un papel. Como si además de todo, los mecanismos buscaran acentuar las dinámicas clandestinas. Cuando Luis Paz se encontró en la calle con uno de los funcionarios del gobierno, le dijo que en realidad lo que quiere el gobernador es plantar la bandera de la UCR en la sede central de la Túpac. Eso que es, y él lo sabe, el corazón vivo de Milagro.

 

 

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