El rol político de la resistencia al tarifazo

 

Una onda de intenso calor se abate sobre el país y amenaza al tarifazo, política central al proyecto de poder de este gobierno. La calurosa felicitación personal de la jefa del FMI al Ministro de Hacienda Dujovne y a Sandleris, presidente del Banco Central, por las "políticas decisivas que se han dado… y que han ayudado a estabilizar la economía", no bastó para alejar el temor de este organismo internacional ante la posible protesta social y las eventuales exigencias populares de cambios drásticos en la política económica. Este temor salió a la intemperie cuando un alto directivo del FMI hizo explicita su preocupación por el resultado electoral y la posibilidad de que el mismo reduzca “el apetito de reformas estructurales” atadas al ajuste acordado entre el FMI y el gobierno de Macri. Se refería así, de un modo elíptico, a la posibilidad de que el próximo gobierno rompa el acuerdo con el FMI. Este es el principal riesgo que corre el proyecto de Cambiemos y el FMI este año.

 

 

Así, mientras Lagarde felicitaba al gobierno por haber sumergido al país aceleradamente en una profunda recesión, con una inflación del 47% y caída del PBI del 1,7% destrucción de la producción industrial, deterioro del salario real del 17% y un desempleo creciente; el temor de que este paraíso terrenal no se sostenga en el tiempo salió a flote. El gobierno, mientras tanto, prefirió ignorar esta posibilidad y festejar la supuesta estabilidad cambiaria lograda con el torniquete monetario y financiero que aplica todos los días. En la concepción oficial esta es la varita mágica que, conjuntamente con la mano dura contra la “corrupción populista” permitirá llegar al cielo luego de un infierno de 70 años de demandas populares descontroladas.

Sin embargo, detrás de esta calma del dólar se oculta una negra turbulencia que conduce al caos. En efecto, esta calma se apoya en una bicicleta financiera sostenida por el esfuerzo concertado de los bancos y entidades financieras locales, a las que se suman otras fracciones de grandes capitales con control monopólico en sectores de importancia estratégica para la economía del país. Estos últimos pedalean la bicicleta, contrarrestando los rigores de la recesión y el achique del mercado interno al mismo tiempo que amenazan con desatar la hiperinflación al transferir a sus precios la devaluación y el costo de las tarifas y combustibles. Si en el periodo anterior a la corrida cambiaria desencadenada en marzo/abril de 2018 el 80% de la inversión especulativa con el carry trade y la bicicleta financiera (dólar estable y altas tasas de interés) estuvo constituida por capitales golondrina que vinieron del exterior para hacer ingentes ganancias en un lapso corto, hoy estos capitales solo constituyen un 20% de estas inversiones especulativas. El resto es precisamente capital financiero local y de otras poderosas fracciones empresarias que tienen acceso al crédito externo, y aprovechan la coyuntura para maximizar ganancias especulando. Como hemos visto en otras notas, esta bicicleta puede terminar en una corrida cambiaria ni bien se acelere el pulso político del país.

 

 

Los bancos y fondos de inversión local constituyen el principal apoyo de este gobierno. Esto no es casual. Este sector ha sido sistemáticamente beneficiado por la política económica oficial. Así, por ejemplo, entre octubre de 2017 y de 2018 las ganancias de los bancos crecieron un 144.5%. La brutal recesión y la crisis del mercado interno no lograron erosionar los ingresos que obtuvieron por diferentes vías: un 81.3% por los intereses percibidos, un 888.2 % por inversiones ajustadas por inflación y un 237%. por inversiones en letras de corto plazo.

Sin embargo el sector financiero no fue el único que ganó con las políticas de este gobierno. Desde el principio de su gestión, este posó su mirada sobre la energía, su producción y distribución. Así le dio el Ministerio de Energía a un alto ejecutivo de la empresa Shell, e integró profusamente la función pública y los cargos de regulación del negocio energético con ex funcionarios de empresas multinacionales del sector. También dolarizó las tarifas públicas y el precio de los combustibles y transfirió a las grandes empresas del sector buena parte de los subsidios otorgados anteriormente a los consumidores, fenómeno que derivó en un tarifazo que no tiene fin.

El complejo gasífero/petrolero/eléctrico realizó enormes ganancias con la dolarización de las tarifas y los combustibles. A diferencia del sector financiero, hoy está sacudido por conflictos internos cuyo norte es reafirmar el poder económico de las corporaciones existentes y mantener y acrecentar los subsidios y por tanto las transferencias de ingresos a su favor. Luego de que FMI asumiera la gestión económica del país, estos conflictos internos derivaron en enfrentamientos con el propio gobierno.

Se estima que durante los dos primeros años del gobierno de Macri hubo una transferencia de 16.500 millones de dólares desde los consumidores de la cadena de valor energética hacia los productores/distribuidores. Siendo el gas la fuente de mayor incidencia en la matriz energética nacional, los ingresos de las empresas que componen la cadena gasífera en sus distintos segmentos han crecido en casi todos los casos: las productoras registraron en 2017 más de 20.000 millones de pesos de ingresos, las transportistas aproximadamente 3500 millones y las distribuidoras cerca de 4.500 millones.

Luego de la corrida cambiaria de abril de 2018, las distribuidoras pretendieron sumar a las ganancias obtenidas por el aumento de las tarifas, unos 10.000 millones de pesos cobrados a los usuarios en cuotas y en concepto de compensación por la devaluación ocurrida. Frente a la resistencia social a este nuevo tarifazo, el gobierno reemplazó estas cuotas por un bono del Tesoro. De ahí en más, el problema de quién se hace cargo del desfasaje entre las tarifas y el tipo de cambio habría de envenenar la relación entre las distribuidoras y las productoras de energía.

El trasfondo de este conflicto gira en torno a la modificación que impulsa el Ejecutivo en la regulación que establece el precio mayorista del gas. Este pasará de ser fijado por el Estado, a dirimirse en una compulsa entre empresas. Esta inciativa contempla, además, una reducción del plazo de pago de las distribuidoras a sus proveedoras, las petroleras, desde los actuales 75 días a solo 30, con el objetivo de evitar desfasajes ante saltos posibles en el tipo de cambio, como ocurriera en el pasado. Esta propuesta de la cámara que nuclea a los mayores productores es fuertemente resistida por la contraparte ADIGAS, la asociación de grandes distribuidoras. ADIGAS alega que la reforma las obligaría a conseguir financiamiento por $9.532 millones este año para poder pagarles a las petroleras, debido a que las distribuidoras cobran sus facturas a los hogares y comercios 60 días después de la entrega. Este mes el gobierno tendrá que decidir a quién le da la razón. La disputa se da en el contexto de nuevos aumentos de tarifas a los consumidores. A partir del 1° de febrero aumentaron el gas y la luz entre un 26 y un 32%. Desde que asumió este gobierno, la luz se incrementó un 3.000%.

Por otra parte, intensos conflictos en torno la apropiación de mayores transferencias de ingresos via los subsidios recibidos, se desarrollan en el área de la producción de gas/petróleo no convencional en la región de Vaca Muerta, la joya de la pesada corona que Macri ha colocado en su liviana cabeza. Este es uno de los focos potenciales de mayores turbulencias dentro del reducido nucleo de empresarios que constituyen el círculo intimo del Presidente y comparten la aventura de aggiornarse a la nueva coyuntura internacional

El gobierno dispuso, al principio de su gestión, de subsidios especiales para fomentar rápidamente el desarrollo de la explotación de los yacimientos de gas y petróleo no convencional, segundos por su magnitud en el mundo, y ubicados en Vaca Muerta. Esto motivó un avance espectacular de las inversiones en este sector. Este "boom de todos los booms" fue liderado por Tecpetrol, empresa del grupo Techint que sólo en nueve meses pasó de la nada a producir 6 millones m3 de gas (Clarín 31 5 2018).

La producción de gas aumentó un 4,2% en los primeros seis meses del año y en comparación con igual lapso de 2017. Este avance fue liderado por Tecpetrol con un incremento del 142.7% de metros cúbicos producidos en Vaca Muerta. (Ámbito Financiero, 6, 8, 2018). Según uno de los principales ejecutivos de esta empresa, Vaca Muerta es hoy “el recurso virtualmente infinito” de la Argentina, “para casi 200 años de consumo”. También es “la esperanza económica más importante de la Argentina… que puede resolver hasta el problema de la cuenta corriente del balance de pagos si exportamos gas al mundo en los próximos años… La gente que está en el gobierno… sabe que ahí hay algo importante… (pero) la mayoría no vislumbra que tiene el mismo potencial que el campo ”(Infobae, 25, 7, 2018).

Ocurre, sin embargo, que la política de ajuste del FMI sumada a los gloriosos cuadernos de la corrupción empresaria, apuntan ahora a provocar una drástica redistribución de poder económico en esta área poniendo fin a los subsidios que posibilitaron la inversión productiva en Vaca Muerta (7,5 dólares el millón de BTU de gas producido, el triple de lo que se paga en Estados Unidos) y limitando especialmente la inversión del grupo Techint.

A partir de ahora sólo se pagarán subsidios según los datos previos de producción que las compañías estimaron en 2017 y no de acuerdo a los niveles actuales de extracción, que son mucho mayores. Esto provocó la inmediata reacción del presidente del grupo Techint —que integra Tecpetrol— Paolo Rocca, procesado por la causa de los cuadernos pero en pleno goce de la libertad. Rocca rechazó la ruptura del acuerdo inicial por parte de la secretaría de Energía y reclama al Estado una deuda de $5. 655 millones por los subsidios perdidos en 2018 amenazando al mismo tiempo con revisar su plan de inversiones en Vaca Muerta.

 

 

Esto ocurre en un contexto donde, luego de la visita de Trump al G20 en Buenos Aires, se acordó la intervención de una agencia gubernamental norteamericana que se ocupa de facilitar la inversión privada en las economías emergentes (OPIC), con el objeto esta vez de promover el desarrollo de inversiones en el área de Vaca Muerta.

Así, a diferencia de lo que ocurre en el sector financiero, la pugna por consolidar posiciones y acrecentar y/o mantener los subsidios recibidos, empieza a sacudir a un sector sobre el que se ha apoyado el proyecto macrista desde un inicio. Estos temblores se resignifican por la importancia estratégica que tienen las fuentes de energía renovable y no renovable en la coyuntura económica internacional y en la geopolítica mundial.

En estas circunstancias la incipiente movilización popular, acicateada por los nuevos aumentos de tarifas en 2019 y por los sistemáticos cortes de energía en barrios populares cuando el calor arrecia, coloca al tarifazo en el centro de la escena política.

 

Los recursos energéticos no renovables en la geopolítica mundial

Mas allá de los problemas internos venezolanos, y de las criticas que se le puedan hacer al gobierno de Maduro, el apoyo dado por el gobierno norteamericano al golpe en Venezuela deja al desnudo la importancia política de las reservas de petróleo y gas (convencional y no convencional) en Venezuela.

El reconocimiento y apoyo inmediato dado por Trump a Guaidó, Presidente de la Asamblea, quien luego de un fallido golpe militar seguido de una manifestación popular, se autoproclamó presidente de Venezuela; la reiterada amenaza de intervención militar norteamericana para sacar a Maduro y apoyar a Guaidó; el bloqueo del oro y los fondos financieros del gobierno y de empresas petroleras venezolanas en el Banco de Inglaterra y en instituciones financieras norteamericanas, y la puesta de estos fondos a disposición de Guaidó disminuyen en importancia frente a la explicitación de los objetivos del golpe hechas recientemente por John Bolton, Secretario de Seguridad Nacional del gobierno de Trump. Así, el golpe habría sido planeado con tiempo por este gobierno con el objetivo de provocar un cambio de régimen en Venezuela (regime change) similar a los concretados en el pasado en Irak y Libia y como el que esta en marcha contra Irán. Este cambio de régimen seria, según Bolton, el paso indispensable para asegurar el control norteamericano sobre las reservas de petróleo y gas venezolanas y su puesta a disposición de las corporaciones norteamericanas (zerohedge.com 28 1 2019)

 

 

En otras notas hemos analizado la guerra comercial desatada por Estados Unidos contra China desde la perspectiva del control norteamericano sobre la tecnología de punta y su aplicación en la carrera armamentista. El dominio norteamericano sobre las reservas de petróleo y gas convencionales y no convencionales existentes en el mundo es también un aspecto crucial del intento de consolidación de la dominación geopolítica norteamericana.

Los Estados Unidos han aumentado su producción local a partir de la explotación de gas y petróleo no convencional, una explotación sumamente costosa que, si bien ha incrementado las reservas, también ha contribuido al crecimiento exponencial de la deuda de este sector, y aún más importante: ha demostrado que la productividad de este tipo de explotación se agota rápidamente. Lo que está en cuestión ahora es el control de las reservas y del precio de estos recursos no renovables de importancia estratégica a nivel mundial. Si esto se logra, se controlará la posibilidad de crecimiento económico de otras regiones del mundo, especialmente de China y Rusia.

Por otra parte, el control de las reservas de petróleo/gas (convencional o no) asegurará la hegemonía del dólar como moneda de reserva internacional, un rol que está siendo progresivamente cuestionado por distintos países (amigos, adversarios y enemigos de los Estados Unidos) al buscar estos otras monedas y nuevos sistemas de financiamiento para las transacciones de todo tipo y especialmente del petróleo y gas. En este sentido es importante recordar que los cambios de régimen en Irak y Libia, y el intento en Venezuela, han sido precedidos por fuertes sanciones económicas norteamericanas que han llevado a estos países a intentar independizarse del dólar como moneda de reserva internacional.

 

Elecciones y tarifazo

La importancia del control de los recursos energéticos no renovables ilumina el intento de este gobierno de dolarizar el precio de las tarifas y combustibles al mismo tiempo que desnuda la importancia desestabilizadora de los conflictos que sacuden al sector energético local. Más importante aún: ilumina el rol político de la resistencia popular al tarifazo. Esta ofrece la posibilidad de construir un espacio donde convergen los intereses, muchas veces contradictorios, de todos los sectores que sufren las consecuencias del ajuste del FMI y se oponen al mismo, independientemente del lugar que los mismos ocupan en las cadenas de valor. Así, la rebelión contra el tarifazo permite articular alianzas que tienen como norte un proyecto económico centrado en el desarrollo nacional, integrado e inclusivo. Se transforma en un camino de vital importancia para acumular fuerzas y constituir un frente nacional, que más allá de las próximas elecciones, permita salir de la actual situación catastrófica en la que este gobierno ha embretado al país.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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