EL ROL DE ALBERTO

Argentina está estrenando un régimen de presidencialismo de coalición. Es una novedad frente al tradicional hiperpresidencialismo hegemónico que no termina de ser asimilado por los analistas políticos, acostumbrados a los viejos estilos de gobernanza. El régimen con el cual guarda mayor similitud es con el sistema parlamentario europeo en los casos en que el primer ministro es sostenido por una coalición de partidos, como acontece actualmente en España. Si aceptáramos este símil, Alberto Fernández desempeñaría un rol más cercano al de un primer ministro europeo que al de un presidente tradicional, mientras que Cristina Fernández se reservaría el rol de liderar el partido más importante de la coalición de gobierno. Este juego de roles no ha sido habitual en los sistemas presidencialistas, donde el presidente actúa como una suerte de monarca absoluto, con una limitación temporal de mandato, pero con toda la capacidad para imponer su voluntad política. Por consiguiente, no puede sorprender que los analistas, tal como acontece en el conocido chiste del borracho noctámbulo, busquen la llave perdida en el lugar donde hay luz.

Según la interpretación del médico y periodista Nelson Castro –que se ha especializado en hacer diagnósticos telepáticos sobre los problemas mentales de los presidentes- Alberto Fernández tendría un “pavoroso problema psicológico de dependencia” de Cristina Fernández de Kirchner, quien sería la que realmente manda. En general, esta es una opinión compartida en el círculo de los comentaristas políticos del establishment, que no entienden el funcionamiento del nuevo régimen y quedan atrapados por visiones psicologistas. Esto explicaría esa búsqueda obsesiva de alguna señal que marque las distancias entre el presidente Alberto Fernández y Cristina Fernández, a la espera de que se produzca el ansiado ritual del “asesinato del padre”, que es el modo tradicional en que algunos presidentes argentinos se deshicieron de los liderazgos precedentes. Como es comprensible, en forma subliminal opera el deseo ferviente de que la coalición en el poder se fracture, para usufructuar las rentas electorales que estos acontecimientos generan.

 

Los sistemas parlamentarios

Tal vez, más productivo que indagar en el inconsciente presidencial, sería analizar cómo funcionan las coaliciones de gobierno en el sistema parlamentario para comprobar las diferencias y semejanzas que se pueden establecer con la situación política actual en la Argentina. Una de las ventajas que generalmente se atribuyen al sistema parlamentario es que favorece los acuerdos entre los partidos políticos y propicia una cultura de los consensos. Juan Linz y Arturo Valenzuela, que se han ocupado de este tema en el renombrado ensayo “La crisis del presidencialismo”, no abrigan dudas de que el sistema parlamentario facilita y favorece los consensos. Afirman que los incentivos políticos, en un sistema parlamentario, conducen a un mayor compromiso político. Dado que las elecciones, en un sistema parlamentario, no siempre otorgan la mayoría absoluta a un partido, las fuerzas políticas que buscan coaligarse deben iniciar una negociación alrededor del programa de gobierno para conseguir la mayoría necesaria que permita elegir al primer ministro. Los partidos que contribuyen a conformar esa mayoría deben adoptar una actitud conciliadora y el primer ministro designado deberá luego comportarse en forma tal que retenga el apoyo prestado por los diversos grupos parlamentarios. Los partidos coaligados conservan gran influencia porque siempre están en condiciones de restar el apoyo al Gobierno y propiciar su caída. “Lo esencial del parlamentarismo puro –afirman Alfred Stepan y Cindy Skach-, es la dependencia mutua. De esta condición definidora se desprenden una serie de incentivos y normas para tomar decisiones con el fin de crear y mantener mayorías de un solo partido o de coaliciones, minimizar conflictos legislativos irreconciliables, evitar que el ejecutivo ignore la Constitución y desanimar todo apoyo de la sociedad política a un golpe militar”.

Naturalmente, la presencia en una coalición de fuerzas políticas que suelen tener diverso origen ideológico y encarnan diferentes tradiciones culturales, puede propiciar la aparición de algunas turbulencias. Pero cuando existe el riesgo de perder el poder, son más poderosos los incentivos que juegan a favor de preservar la coalición. Esto se ha podido comprobar recientemente en España, donde la coalición de gobierno, compuesta por el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Podemos, ha procesado de manera distinta la conmoción generada por el descubrimiento de cuentas bancarias ocultas y el uso de tarjetas opacas por el ex rey Juan Carlos I. Mientras el líder de Podemos, Pablo Iglesias, vinculado culturalmente a una tradición republicana, propiciaba la adopción de medidas punitivas contra el ex monarca, el líder del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, optaba por templar gaitas y buscaba una salida airosa para el conflicto, a sabiendas de que cualquier iniciativa dirigida a terminar con la monarquía parlamentaria carecería de respaldo suficiente en el Parlamento español dado que toda reforma constitucional requiere la conformidad de tres quintos de diputados y senadores.

Socialdemocracia y populismo de izquierda

Entre la actual coalición de gobierno en España y la situación política en Argentina se pueden encontrar también otras semejanzas que resultan significativas. En ambos casos las coaliciones que están en el gobierno suponen un acuerdo político entre fuerzas que navegan en el espacio de la socialdemocracia y otras que se pueden ubicar en el espacio de lo que se ha dado en denominar el populismo de izquierda. Las diferencias ideológicas que separan a la socialdemocracia del populismo de izquierda demandarían otra extensa nota, pero a modo de aproximación cabe recordar que Eduard Bernstein, el fundador de la socialdemocracia, tomó distancias del marxismo revolucionario cuando adoptó un camino de reformas respetuoso de las instituciones políticas liberales. Esta distinta percepción del valor de las instituciones es, probablemente, una de las diferencias que todavía se pueden apreciar entre ambos espacios, mientras que las coincidencias acerca de la regulación del capitalismo y del sostenimiento de un fuerte Estado del bienestar, son mucho mayores. De modo que sería posible apreciar algunas afinidades entre Pablo Iglesias y Cristina Kirchner en su adhesión a estrategias más confrontativas con los poderes fácticos, siguiendo las tesis de Ernesto Laclau, mientras que al presidente Alberto Fernández se lo puede situar más cercano a la percepción que la socialdemocracia tiene sobre la relevancia del juego institucional. Pero estas diferencias ideológicas, que en ocasiones derivan de haberse nutrido de variadas lecturas juveniles, no suelen poner en peligro la estabilidad de las coaliciones de gobierno porque los actores políticos, cuando se trata de conservar el poder, prefieren manejarse con cierto pragmatismo y dejar sus prejuicios ideológicos convenientemente aparcados.

Otro factor, menos advertido, pero no menos importante, que podría dañar la coalición, es una cuestión que no ha sido muy estudiada en el terreno de la política pero que forma parte esencial en la teoría de las organizaciones. Nos referimos al problema de “la relación principal-agente”, que se genera cuando una persona debe realizar los cometidos encargados por otra. En general, por cuestiones vinculadas a la naturaleza humana, ningún ser humano está en condiciones de plegarse absolutamente a la perspectiva de otro. De allí que en la teoría organizacional se considere que consiguen mayor eficacia las organizaciones en las que se concede a los gestores una gran autonomía para la realización práctica de los objetivos acordados y los controles institucionales son escasos y más bien simbólicos. En los casos de las organizaciones públicas complejas, como es el manejo del Estado, interviene otro factor: se hace muy difícil evaluar los desempeños del agente en el caso de decisiones que son políticamente discrecionales porque se toman en base a una información que siempre es imperfecta e incompleta. De modo que en la relación principal-agente siempre hará falta una elevada dosis de tolerancia entre los participantes dado que el despliegue de las propuestas en el terreno de la praxis exigirá algunos ajustes o, incluso, demandará aceptar como algo inevitable la comisión de errores humanos de gestión. De allí también la importancia del diálogo entre los comprometidos en ese juego para ir procesando las diferencias y evitar que se acumulen las tensiones generadas por los desacuerdos.  Algunos analistas se han atrevido a comparar la misión del primer ministro en el sistema parlamentario como similar a la de un DT de fútbol, que tiene autonomía para armar el equipo y diseñar las estrategias de juego, pero que debe luego rendir cuentas de los resultados a la Comisión Directiva del Club. Naturalmente, entre un sistema parlamentario y uno presidencialista, subsiste una diferencia muy importante. El primer ministro, como los entrenadores de fútbol, puede ser cesado en cualquier momento si pierde la confianza de quienes lo designaron. En el sistema presidencialista el presidente tiene un mandato rígido de cuatro años y, por lo tanto, no puede ser despedido.

Si desligamos el concepto de gobernabilidad de la tradición conservadora y autoritaria, es evidente que un sistema que funciona a modo del sistema parlamentario ofrece mayores garantías de que se utilice la deliberación democrática y se evite el uso de los atajos tan habituales en el sistema presidencialista. Al menos, en teoría, un sistema de estas características permitiría una mayor y mejor elaboración de las políticas públicas porque se analizarían con mayor profundidad sus consecuencias. Cuando no existen filtros que permitan cribar las diferencias, aumenta el riesgo de que se seleccionen políticas inconsistentes.  Es pronto para saber si este reparto de roles, propio del sistema parlamentario, se impondrá como modelo de gobernanza en Argentina. Si resultara exitoso, sería un incentivo fuerte para pensar en sustituir, en un futuro no lejano, nuestro tradicional presidencialismo monárquico.

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