El RIGI

 

 

Hay plan económico

Algunos analistas mencionan que Milei no tiene un plan económico. Nosotros creemos que ese plan sí existe. Que no lo haya escrito él o que no sea socialmente sustentable es otra cosa. Pero que hay plan, lo hay. Junto con el DNU 70/2023, la pieza normativa que mejor refleja ese plan es el collage corporativo denominado “Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”. Y dentro de él, el RIGI. Un acrónimo que refiere melifluamente al “Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones”. Cuando nos introducimos en el pasmoso articulado del RIGI, sentimos que sería mejor llamarlo “Rapiña Impune para Ganancias Ilegales”. O “Radicación Ilegítima de Guarida Impositiva”, que es en lo que se transformaría la Argentina en caso de que se implemente este engendro, diadema del anarco-capitalismo.

Los amanuenses del plan

Parte de la prensa que (aún hoy y a pesar de todo) honra su oficio ha probado que la ley Bases fue escrita extra muros de la Casa Rosada, Olivos y del Congreso. Empero, los estudios jurídicos y consultoras privadas que tipearon el proyecto son solo amanuenses del “bloque histórico” que sustenta el poder del Presidente libertario. Poder real, que nada tiene que ver con la legitimidad electoral que le dio esa definición “por penales” que fue el balotaje. Solo la necedad de la LLA puede fanfarronear con el número de votos obtenidos. Como si Estudiantes pretendiese que salió campeón por goleada.

Horacio Rovelli  ha caracterizado al “bloque histórico” donde se apoya Milei, bloque que inspira a los hagiógrafos que, con mala técnica legal, tratan de convertir sus deseos en normas. Se trata de una triada de poder fáctico integrada por:

• Grandes fondos de inversión, o en inglés Asset Management Company, (AMC) como Black Rock, Templeton, Vanguard, Fidelity, Pimco, etc.
• Grandes empresas locales nucleadas en la Asociación Empresarial Argentina (AEA) como Techint, Mercado Libre, Pan American Group, Pérez Companc, Clarín, Arcor, Roggio, Coto, etc.
• Grandes agro-exportadores, organizados en la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC) como ADM, Bunge, Cargill, Dreyfus, Cofco, etc.

Estos tres grupos funcionan como vasos comunicantes donde se homogeneizan sus intereses. Por ejemplo, Pérez Companc (AEA) es dueña de Molinos Agro (CIARA-CEC). Black Rock (AMC) es accionista de varias firmas como Bunge (CIARA-CEC) o Mercado Libre (AEA). Asimismo, sus conductores (sean dueños o gerentes) conforman una elite altamente ideologizada en el unidimensional dogmatismo del neoliberalismo tardo-capitalista. No obstante, la tríada también evidencia sus contradicciones.

Los Fondos de Inversión (AMC), prestamistas del Estado, pujan por mantener fijo el tipo de cambio para comprar dólares baratos, y así fugar las ganancias en pesos que están obteniendo con las altas tasas de los bonos del Estado en pesos (carry trade). En tanto que las Cámaras Aceiteras y Cerealeras (CIARA-CEC) promueven una devaluación para licuar sus costos en pesos en la Argentina y maximizar el rendimiento de sus exportaciones, que cobran en dólares. Hacia adentro de cada vector, también se cuecen habas. En la AEA, la caída del consumo golpea a Arcor. La paralización de la obra pública perjudica a Roggio. Estas tienen una interna con Techint, ya que la obra pública se frenó para todos… menos para Techint, que continúa con la reversión del gasoducto norte. Además de que Tecpetrol, subsidiaria de la ítalo-luxemburguesa, espera grandes beneficios con la liberalización del mercado exportador de hidrocarburos.

De estos tormentosos y cruzados intereses, se ha parido el RIGI. Para maquillar la malignidad de la criatura se proclama que, cuando crezca, atraerá inversiones.

 

Amenities fiscales

En la Rebelión del Atlas, Ann Ryan retrataba al estereotipo de empresario capitalista como un valiente que sostiene al mundo. A pesar de que habitar el eslabón más privilegiado no hace de ese habitante el sostenedor de toda la cadena, la épica del egoísmo de Ryan fue tomada como biblia por los efectores del capitalismo financiero. Últimos que, auto-percibiéndose como titanes, integran, sin embargo, la especie más cobarde del ecosistema mercado.

El sacrificado empresario pyme ata los activos que invierte al espacio donde monta su taller y a la demanda del mercado local que debe abastecer. Si le va mal, se hunde con su empresa. En cambio, el capitalista financiero, ante el menor ruido de una ramita que se quiebra, con un clic en la PC huirá con sus activos a la velocidad de la luz a otra latitud. De allí que es una fantasía de que los capitales vendrán si se le dan incentivos legales, jubileos impositivos y diplomacia obsecuente. El gran capital financiero es un conjunto de símbolos des-territorializados. No arraiga. No es un CEO de traje que llega con dos valijas de dólares a construir puentes, abrir rutas, instalar maquinarias, edificar puertos, levantar fábricas. No. Eso no sucede, por más privilegios fiscales que les demos. Y esto puede probarse con números.

La Argentina tiene suscritos 61 Tratados Bilaterales de Inversión (TBI). Estos tratados otorgan ventajas a los inversores del país extranjero que firmó un TBI con la Argentina por sobre los nacionales. Entre el abanico de canonjías concedidas al extranjero, está el saltarse el sistema judicial argentino y demandarnos directamente ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en Washington. El CIADI es una oficinita arbitral del Banco Mundial que viene laudando a favor de las empresas extranjeras (y contra la Argentina) en el 88% de los casos en los que nos demandaron.

A Brasil no lo pueden demandar ante ese William Boo, ya que no tiene ningún TBI activo. Sin embargo, Brasil atrae el 41% de toda la inversión extranjera que viene a Latinoamérica (es el quinto país receptor en el mundo), mientras la Argentina solo pesca el 7%, muy por detrás de México, Chile y Colombia. En la última presidencia de Cristina Fernández, la Argentina recibió un 30% más de inversión extranjera directa que lo que recibió en el Macrismo, a pesar de la sobreactuación business friendly del último. Como bien señala Federico Inchauspe que relevó el tema, la inversión extranjera directa en países periféricos depende de la baratura en la mano de obra y de la abundancia de recursos naturales que el receptor ofrezca. No de amenities fiscales.

Alien, el octavo pasajero

El proyecto de ley Bases anida en su Título VIII el alien parasitario del RIGI. Más traicionero que caballo de Troya. Con 64 artículos divididos en 12 capítulos, es un código de las prebendas al capital concentrado, establecido con pretensión supra-constitucional.

El RIGI consagra para las grandes empresas la posibilidad de crear un nuevo sujeto jurídico, un hijo denominado VPU (Vehículo de Proyecto Único). El VPU será un privilegiado que vivirá al margen de las regulaciones tributarias, aduaneras y cambiarias a las que el resto de los mortales debe someterse. El RIGI menciona en 32 ocasiones la pertinencia exportadora de los VPU y, en un artículo específico, a las concesiones mineras, petroleras y gasíferas. Así que ya interpretamos por dónde va el nene.

Al VPU no lo imaginemos como una fábrica de chimeneas humeantes llena de operarios construyendo algo. El VPU es, en la práctica, un nuevo sujeto que solo vive en un registro, un papel o en la memoria de una PC. Puede ser un VPU una sociedad anónima preexistente, o recién fundada, o incluso las unipersonales. O la sucursal de una sociedad extranjera. O un concesionario de un servicio público. O también un contrato asociativo entre dos firmas pre-existentes. Todos pueden travestirse de VPU. Constituida la formalidad del VPU, en su nombre se podrá hacer una inversión de 40 millones de dólares que deberán integrarse a lo largo de dos años de un proyecto.

¿Por qué conviene hacer un VPU? Conviene porque los negocios que se hagan a nombre de esta cáscara virtual, de este hijo descomedido, pagarán diez puntos menos de impuesto a las ganancias que los demás. También se les suspenden el impuesto a los dividendos distribuidos. Pueden cancelar IVA con certificados de crédito fiscal. Están eximidos de impuestos provinciales y municipales. En caso de que se apropien indebidamente de los recursos de la seguridad social (los descuentos que les retienen a los trabajadores para que se jubilen), la AFIP no los denuncia. Si se exporta a nombre de un VPU, la cosa se pone mejor todavía. Los VPU no tendrán que cumplir con cuotas ni cupos para abastecer al mercado local. Piensen en lo que pasaba con el trigo, con los VPU ya no pasará. Y al tercer año ya no pagarán retenciones. Ni tendrán que liquidar los dólares que reciban en cobro por sus exportaciones… pudiéndolos dejar afuera del país. Todas estas gangas serían conferidas si se sancionara la ley Bases con un nivel meta-soberano. Según su artículo 128, en años futuros, con una nueva composición, el Congreso, que es soberano por la Constitución para dictar las leyes de la nación, no podrá, sin embargo, derogar el RIGI. Y si lo hiciéramos, el VPU tendría la potestad de quejarse al CIADI, donde ya sabemos cómo nos va a ir.

Una guarida fiscal, pero con recursos naturales

Si se sancionara el RIGI, los contadores y los abogados podremos predecir el futuro: no va a entrar un solo dólar de inversión. Lo que va a pasar es que, por ejemplo, dos firmas que ya operen en la Argentina (que puede tener hasta el mismo dueño) armen un joint venture —contrato de colaboración empresarial— y den cuenta como VPU al hijo malcriado. Luego pedirán un crédito a la banca local o extranjera y lo registrarán como la inversión que hace el VPU, mientras que en la realidad las empresas padres seguirán haciendo lo que ya hacían antes. Y al crédito se lo guardarán. La deuda se pagará sola con lo que el VPU les ahorre en impuestos y derechos fiscales a estas dos empresas, ya que por esa canaleta virtual registrarán sus ganancias. Incluso, ni falta hace que pidan un crédito. Podrán con contabilidad creativa registrar como inversión del VPU su Capex o hasta su propio capital de trabajo. Nunca habrá aumento real de la dotación de capital fijo en el territorio.

Otra opción es, en vez de hacer un joint venture, buscar a un primo y hacerle registrar una Sociedad Anónima Unipersonal, que luego se acogerá al RIGI como VPU. En caso de que el interesado sea una sociedad extranjera que quiera sacar litio pagando menos de lo que hoy paga, puede abrirse una Sociedad Vehículo, SPV. Para constituirla alcanza con alquilar una oficina de 60 m² en Puerto Madero. Luego la pone como VPU. No importa que la Sociedad Extranjera que constituye su SPV tenga el domicilio en una guarida fiscal. Todo esto ya se está dispensado por la Resolución 10/2024 de la Inspección General de Justicia, que se basó en la desregulación amplia del DNU 70/2023. Así se aceitan estos mecanismos no libertaria sino libertinamente. Y ahí está La resolución. Aguardando que se apruebe el RIGI.

Con este tipo de regulación que desregula, la Argentina se convertiría en una guarida fiscal para extractores de recursos naturales.

La banda de los monos

La banda de Los Monos rosarinos conformó 40 Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS, régimen instituido en el gobierno de Macri) para lavar el dinero habido en el narcotráfico. Debido a esto, durante el gobierno de Alberto Fernández, se les impusieron a las SAS mayores restricciones. Pero hoy, el Estado se está replegando (resoluciones 11/2024 y 12/2024 de la IGJ). Volverá el carnaval de las SAS.

El avance de la miseria planificada trae externalidades previsibles. Los gestos marciales y adustos que la ministra de Seguridad pone cuando dice la palabra “narcotráfico” no se condicen con el lavadero de activos que se está institucionalizando en la Argentina. Con avivadas como el RIGI y el relajamiento en el control de las sociedades comerciales.

En cuanto a la tríada dominante, aquel que esté enrolado en el vector de grandes empresarios locales (AEA) pero que no se dedique a la exportación de recursos naturales (sí al mercado doméstico) debería empezar a preocuparse. Al fin y al cabo, el león es un animal que suele comerse a los cachorros de su propia manada.

 

Javier Ortega es doctor en Derecho Público y Economía de Gobierno. Docente UNDAV y UNLa.

 

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