El riesgo cambiario

 

Al no investigarse la deuda contraída durante la gestión de Cambiemos, el Ministerio de Economía de la Nación, durante la gestión de Martín Guzmán, no recuperó ni un solo dólar de los que generosamente le prestaron al gobierno anterior. Hubieran servido para disminuir esa deuda y sus intereses, que gravitan de sobre manera en las cuentas públicas por el monto de la deuda externa bruta, que representa el 80% del PIB y 3,8 veces nuestras exportaciones [1]. Además implican un alto riesgo e impiden que la Nación Argentina pueda acceder a los mercados internacionales de crédito.

Por lo tanto, la financiación al Tesoro de la Nación quedó limitada a los préstamos de organismos internacionales (Banco Mundial, BID, FONPLATA, CAF, etc.) para obras y fines específicos, a créditos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), y a colocar títulos de deuda (bonos) en pesos en el mercado local.

El déficit fiscal total de la Administración nacional del año 2020 fue de un tercio del gasto total [2], en torno al 8% del PIB (es en pesos y se financió en pesos, pero equivalente a unos 32.000 millones de dólares). El déficit fiscal de 2021 se redujo a 4,3% del PIB y también debió ser financiado mayoritariamente por el BCRA, y una parte menor por la colocación de Títulos del Tesoro. El ajuste fiscal permitió que disminuyera fuertemente la financiación.

Pero para este 2022, en el que se acuerda formalmente un plan de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el déficit primario debe ser del 2,5% del PIB y el BCRA sólo puede financiar el 1% del PIB. Para 2023, el Presupuesto nacional plantea que el déficit primario debe ser sólo de 1,9% del PIB y el BCRA sólo puede financiar el 0,6% del PIB.

Según el Presupuesto, las cuentas de la Administración nacional para 2023 cierran con un déficit total de 3,9% del PIB (en pesos, equivalente a unos 16.000 millones de dólares), de los cuales 1,9% del PIB es el déficit primario y 2% del PIB son los intereses del total de la deuda pública nacional. El BCRA sólo puede financiar el 0,6% del PIB: quiere decir que la Administración nacional va a tener que endeudarse y/o retrasar pagos por 3,3% del PIB, de los cuales, y siempre según el Mensaje presupuestario, obtienen unos 4.100 millones de dólares de organismos internacionales de crédito (1% del PIB). A su vez, la Argentina no puede colocar títulos de deuda en los mercados externos porque el precio de los actuales es muy menor al valor nominal [3], por ende el 2,3% del PIB de déficit es una suma más que significativa y difícil de lograr, máxime en un año electoral de cambio de gobierno.

 

 

 

Títulos de deuda en pesos en el mercado local

El problema se agrava porque la emisión de títulos en pesos de la gestión de Guzmán tiene vencimientos en la segunda parte de 2002 y en 2023. Cuando renunció, el sábado 2 de junio de 2022, totalizaban un monto de un 6,25% del PIB (en pesos, pero equivalentes a unos 25.000 millones de dólares). Con el agravante de que no conseguía extender los plazos más allá de septiembre de 2023 y cada renovación la tenía que hacer a una tasa cada vez mayor (y a menor plazo), que sin lugar a dudas fue una de las causas de su abrupta renuncia.

La gestión de Silvina Batakis, que duró del 4 al 28 de julio de 2022, fue limitada severamente cuando al entrevistarse con el jefe de asesores de la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos, David Lipton –quien fuera subdirector gerente del FMI cuando ese organismo le prestó al gobierno de Cambiemos 44. 599 millones de dólares– le dijo que no iba a devaluar nuestra moneda y que con la paridad oficial íbamos a tener récord de exportaciones este año 2022, superando los 100.000 millones de dólares, cifra jamás lograda en nuestra historia. Finalmente, en la reunión que tuvo con Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, Batakis no estuvo de acuerdo con la postura de ese organismo respecto a que el sistema previsional debía ser sólo para los más vulnerables y que los demás tenían que aportar a un sistema de capitalización.

En esas condiciones y en ese marco, asume Sergio Massa como ministro de Economía. A los pocos días de arribar al cargo, el lunes 8 de agosto de 2022 realizó un canje sobre la mayor parte de los títulos de deuda en pesos que vencían en agosto, septiembre y octubre 2022 y logró extender los plazos respectivamente a junio, julio, y septiembre de 2023 por un total de 2 billones de pesos, pero con un “bono dual”. Esto es, independientemente de la tasa, el título se ajusta por inflación o por dólar oficial (linked) a opción del tomador del bono. Por lo que cambia un instrumento en pesos (los bonos emitidos por la gestión de Martín Guzmán), que devenga una tasa fija y que está expuesto tanto al riesgo de devaluación como a un rendimiento negativo ante un mayor proceso inflacionario (licuando la deuda del Estado), por otro que le da todas las seguridades y ganancias al acreedor, de producirse una corrida cambiaria e inflacionaria [4].

El Ministerio de Economía vuelve a repetir la misma operatoria el pasado jueves 10 de noviembre de 2022, en el que se logra reducir los vencimientos de deuda que quedaban para el último bimestre del año en 931.000 millones de pesos al concluir una operación de canje en la que entregó bonos duales por ese valor, que expiran entre junio y septiembre del año entrante. El Tesoro Nacional debía afrontar vencimientos por 894.135 millones de pesos en noviembre y 847.110 millones de pesos en diciembre (quedan pendientes 810.245 millones de pesos, que es la diferencia entre los que aceptaron el canje por 931.000 millones de pesos y el total de vencimientos del último bimestre del año 2022).

El Tesoro de la Nación no sólo no cancela deuda, sino que la reemplaza por un mecanismo de ajuste no exento de riesgos en las circunstancias en las que nos encontramos. Los bonos dual, en forma mayoritaria, no logran superar el plazo del año 2023.

Debe ponderarse que el 60% de los títulos negociados en los dos canjes (el del 8 de agosto y el del 10 de noviembre de 2022) están en posición de organismos del Estado, como el Banco Central, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, y el Banco de la Nación Argentina, que se infiere que se podrán volver a renegociar el año que viene ante la imposibilidad fáctica de su amortización.

Paralelamente, el BCRA retoma su política de comprar bonos del Tesoro de la Nación. La partida de títulos públicos del balance de la autoridad monetaria aumentó 11.391 millones de dólares [5] desde el mes de mayo al 31 de octubre de 2022. Esas compras se realizaron con emisión monetaria y posterior absorción de los pesos vía LELIQ, con lo que se le debe sumar al financiamiento público, el costo cuasi fiscal de los intereses de las LELIQs.

El pasivo financiero del BCRA (Pases Pasivos, LELIQs y NOTALIQs), que funciona como encajes remunerados por la autoridad monetaria, al 7 de noviembre de 2022 asciende a 8,8 billones de pesos (es en pesos, pero al tipo de cambio oficial sería equivalente a 52.000 millones de dólares). Y los Pases son de 1 a 6 días, las Letras de Liquidez del BCRA (LELIQs) de 7 a 29 días (y es el mayor porcentaje de ese total), y las Notas del BCRA (NOTALIQs) de 30 a 180 días, creando un mecanismo de presión que tienen los grandes bancos que poseen esas acreencias sobre el BCRA y su posible conversión a divisas en caso de una corrida cambiaria. En lo que resta de la gestión del gobierno de Alberto Fernández, deberá refinanciar los títulos de deuda descriptos y, además, colocar otro tanto para financiar el déficit de 2,3% del Presupuesto 2023.

 

 

 

Un gobierno que no planifica

A la delicada situación financiera y cambiaria hay que sumarle la falta de previsión del gobierno, claramente demostrada en el caso del trigo. Se sabía que habría sequía, sin embargo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación autorizó, de la campaña en curso (que se cosecha entre fines de noviembre y los meses de diciembre y enero, según zona), DJVE (Declaraciones Juradas por Ventas al Exterior) por 8.853.664 toneladas (más 10.224 toneladas de harina), cuando la Bolsa de Comercio de Rosario estima la producción de trigo en 13,7 millones de toneladas y el consumo interno es de aproximadamente 6 millones de toneladas anuales (500.000 ton/mes). Dicho Ministerio pondera en 1,73 millones toneladas de stock la cosecha 2021/2022, por lo que los números son bastante ajustados y seguramente repercutirán en el precio del trigo, de la harina y del pan, y en su calidad.

Peores son las previsiones del BCRA, que estimó que las reservas internacionales no serían afectadas y aceptó pagar con ellas la deuda externa privada que declaran las empresas. Recién en septiembre de 2020 le puso el límite de que sólo pueden comprar para pagar el 40% de la deuda, pero ese 40% ha significado que las reservas no dejen de caer. Pese a que se tiene récord de exportaciones, el acumulado del superávit comercial en los 34 meses de gestión del actual gobierno supera los 30.000 millones de dólares y, sin embargo, las reservas brutas al 7 de noviembre de 2022 ascienden a 38.014 millones de dólares. Esta cifra es 7.176 millones de dólares menor a la de diciembre de 2019 (que eran 45.190 millones de dólares) y sólo 1.280 millones de dólares mayor a la del 31 de agosto de 2022 (que era de 36.734 millones de dólares), y eso que habían ingresado 8.143 millones de dólares de las exportaciones de la soja (a un tipo de cambio preferencial de $200) en el mes de septiembre. Seguramente, a fin de año dichas reservas serán menores a 35.000 millones de dólares, y así sucesivamente.

El BCRA sigue dilapidando nuestras reservas. Sin embargo, con sequía y todo, se privilegia la venta de trigo al exterior para conseguir los imprescindibles dólares para pagar una deuda que no se sabe a quién benefició, pero al país y al pueblo argentino seguro que no.

Se tiene la fundada sospecha de que las mismas empresas y personas que evadieron impuestos, que con esa suma compraron divisas y las fugaron, son las que tienen los medios para imponerle las condiciones al gobierno, entre ellas, la principal de todas: que no se investigue adónde fueron los dólares en que se endeudó a la Administración Nacional en la gestión de Cambiemos, causa principal del actual estado de situación.

 

 

 

 

 

[1] La deuda externa bruta de la Administración Nacional ascendía a 378.506 millones de dólares al 30 de junio de 2022.

[2] La crisis provocada por el Covid-19 y su pandemia exigió un sobresfuerzo del Estado para luchar contra ese flagelo que, a costa y sacrificio del personal de salud, logró sobrellevarse y dar una respuesta digna. El sistema no colapsó y prestó una excelente función, pero el costo fiscal del mismo y la asistencia a la población fue la contraparte.

[3] La Nación Argentina no puede colocar títulos nuevos de deuda si los que están en el mercado internacional y que formaron parte del canje del 31 de agosto de 2020 valen menos del 50% de su valor nominal e, incluso,  menos que cuando se realizó el canje.

[4] Y que es otro estímulo a los especuladores para que eso pase.

[5] Las compras del BCRA son tanto de títulos de deuda externa para que no siga descendiendo su valor, como títulos de deuda interna ante la venta masiva de fondos de inversión que quieren irse de la Argentina, o al menos disminuir el total de las tenencias. También es cierto que, hasta julio de 2022, el BCRA le prestaba al Tesoro de la Nación (Adelantos Transitorios al Tesoro), mediante la colocación de títulos nuevos que compra el BCRA al 100% de su valor y que el ministro Sergio Massa frenó. Incluso haciendo alarde de severidad, le devolvió al BCRA la suma de 10.000 millones de pesos.

 

 

 

 

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