El revanchismo oriental

 

El gobierno del diligente Luis Alberto Lacalle no quiere ser gradualista como el de Mauricio Macri, rasgo al que le atribuye su derrota electoral, sino que basado en su ejemplo va por el método del shock, para hacer lo mismo pero más rápido; mucho más rápido. Para fin de julio, o como máximo para fin de agosto, habrá modificado 30 políticas sociales,modificado o anulado 60 leyes producto de 15 años de gobiernos progresistas en el Uruguay, y así establecido la urdimbre política y filosófica fundacional de una nueva era que retrotraiga al país de centroizquierda que es, hacia la senda autoritaria y conservadora.

El instrumento será una ley de urgente consideración, que tiene un plazo total de 90 días para ser tratada por ambas cámaras legislativas y su asamblea general, y en caso de que no se apruebe un proyecto alternativo, se da por aprobado el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. El instrumento viene de la reforma constitucional de 1966, facturado con la intención de darle más poder al Ejecutivo en un país de régimen semipresidencialista, ante una asamblea legislativa balcanizada. No fue hecho para una ley ómnibus de 502 artículos, pero será usado para eso en nombre de una urgencia injustificable, para concretar una política regresiva desde el gobierno logrado por una coalición de cinco partidos ligados esencial y exclusivamente por la idea de desplazar al Frente Amplio del poder.

La exigua mayoría determinante es de tres fuerzas: el Partido Nacional (PN), en la presidencia con 28%, el Partido Colorado (PC) con 12%, y Cabildo Abierto (CA) con 11%; el Partido Independiente obtuvo un legislador y la restante fuerza, ninguno. Tanto el PC como el CA encabezado por el general Guido Manini Ríos ya señalaron diferencias con el texto que Lacalle dijo que enviaría antes de fin de mes (con lo que empezarían a correr los plazos), y tanto PC como CA ya dijeron que había artículos que no votarían, pues no es el mismo que acordaron al principio de la campaña. Y el PI dijo que con la pandemia presente, no es un buen momento para tratar la ley. Son las primeras fragilidades de la endeble coalición, a la que la aprobación de estos 502 artículos quiere adelantarse. No importa ni que se doble ni que se quiebre el texto en el Parlamento, pues el proyecto se dirige hacia una aprobación tácita en 90 días; darle esa alternativa obligada justifica la necesidad de que el proyecto sea “de urgente consideración”.

Entre otras disposiciones, el proyecto deroga el monopolio de combustibles, hecho particularmente notable porque el gobierno del padre del actual Presidente, Luis Alberto Lacalle Herrera, quiso derogarlo por una ley más amplia de empresas públicas a 50 días de asumir la presidencia en 1990, y esta fue derogada en un plebiscito.

El texto propuesto también afecta el derecho de huelga según la central obrera, cambia el régimen de participación de la empresa privada en empresas públicas, eleva el monto a controlar por el Estado para evitar el lavado de dinero de cuatro mil a cien mil dólares, aparentemente reingresando en la zona gris que imponen los organismos internacionales de control y de la que Uruguay salió durante el gobierno del FA. En materia de educación, favorece la privatización. Sobre vivienda, propone una política focalizada en los asentamientos, o villas miseria, y es criticada por las gremiales del ramo por “voluntarista”; también favorece la inversión privada y no conecta con políticas sociales. En materia de telecomunicaciones abre la red estatal de fibra óptica a la empresa privada. Y en el de comunicaciones, favorece la ampliación de grupos privados en la propiedad de medios de difusión. Las medidas que propone para el agro son cuestionadas por los pequeños productores desde su gremial:”Nos da más incertidumbres que certezas”

Modifica asimismo la reciente reforma del régimen fiscal, que agilizaba los procesos al promover acuerdos, y eximía de la prisión a gran número de procesados por delitos leves y sin riesgo de fuga. El titular de Fiscalía General, Jorge Díaz, no sólo critica el texto propuesto por provocar “dificultades en el funcionamiento y agravamiento de problemas”, sino que señala que “aumenta las potestades autónomas de la policía”.

La materia de “seguridad” ocupa el 21% de los 502 artículos del proyecto de ley, y multiplica en forma geométrica esas potestades autónomas. Por ejemplo:

• Exime de responsabilidad a la policía en casos de legítima defensa personal y de defensa de derechos patrimoniales, independientemente de si hay o no agresión física, si juzga suficiente la provocación y si se produce en ambientes abiertos de la casa urbana, como balcón, azotea o jardines, y en el total del predio en establecimientos rurales. Esta defensa es válida “sin perjuicio de prueba en contrario”.
• Aumenta las penas por homicidio y también por facilitar o consumar otro delito “aunque no se haya realizado".
• Impone pena máxima a todos los delitos por estupefacientes, rapiña con privación de libertad, copamiento y receptación.
• La resistencia al arresto se pena entre seis meses y tres años, tanto la de la persona como a quien facilite la fuga u obstaculice la acción de la autoridad; si hay agresión a la autoridad, la pena sube a cuatro años; el encubrimiento es agravante en cualquier tipo de delito.
• El mínimo de edad para considerar la violación pasa de doce a quince años.
• Aumenta la pena de receptación si se trata de implementos de uso policial.
• Por dañar un mueble o inmueble policial, la pena va de uno a tres años.
• La autodefensa el policía la ejerce con prescindencia de no haya existido o ya haya cesado la agresión.
• El agravio a la autoridad policial es asunto serio: se lo considera si el policía alega menosprecio, menoscabo, insulto, afrenta, y esto de palabra, por escritos o por hechos, con una pena de 3 a 12 meses. Agrava la pena un 50% si el agravio lo hacen tres o más personas, si el funcionario es de nivel jerárquico y si sucede en inmediaciones de su sede de servicio o de su domicilio.
• La pena por evasión se la lleva de uno a cinco años, y se considera delito de evasión el no volver a tiempo de una salida transitoria.
• Pasó a ser delito ocupar espacios públicos pernoctando, en un país donde hay dos mil personas sin techo en su capital; la pena va de siete a treinta días de trabajo comunitario.
• La policía pasa a estar habilitada a pedir documento de identidad a cualquier persona, registrarla, registrar sus pertenencias y su vehículo, y a llevarla detenida para corroborar su identidad por 24 horas. En las mismas condiciones, también puede llevarse detenido a uno o varios testigos.
• El atentado violento al pudor se restringe a menores de doce años.
• La policía usará violencia de entender que no hay otro medio para proteger derechos de los habitantes, lo cual incluye su propiedad, y lo hará no sólo ante el hecho de la transgresión sino también al advertir la inminencia de un daño, sea con un arma, con un arma impropia o sin ella.
• Cuando deba disolver reuniones o manifestaciones, el policía queda eximido de identificarse y también de advertir sobre lo que hará, en la medida en que suponga existe un peligro inminente para él o para terceras personas.
• La presunción de inocencia es atributo del policía, en tanto se entiende que su actuación es acorde a las disposiciones.
• Extiende los beneficios por muerte en acto de servicio al propio fallecido, con lo que incrementa sus bienes a heredar.
• Se establece que el personal policial retirado puede portar arma corta y reprimir delitos en flagrancia, lo que se considerará “acto directo de servicio”.
• Los policías retirados quedan sujetos al régimen disciplinario policial por dos años, y quedan impedidos de “realizar manifestaciones que atenten contra el respeto a los poderes del Estado y sus autoridades, o critiquen a la institución”.
• A los adolescentes, les restringe el régimen de semilibertad en ocho delitos. (Esto no considera que la falta cometida por un/a menor de 18 años es una infracción, no un delito, y no debe ir a su expediente.)
• Trabajo obligatorio para los presos.
• Todas estas medidas comprenden al personal militar. Las Fuerzas Armadas, principalmente Ejército, pasaron a tener a su cargo la custodia de una franja de 20 kilómetros a lo largo de toda la frontera con Brasil y Argentina, excepto en los centros poblados; esa superficie equivale al 18% del territorio nacional

Es notable que en medio de la pandemia, nada de su articulado se refiera a ella. El texto acordado por los integrantes de la coalición hoy en el gobierno y con el que se hizo campaña electoral no es exactamente este sino otro. El general Manini ya dijo que sólo votaría lo que aprobó en ese primer momento.

El nuevo texto surge enteramente del programa del Partido Nacional, y más que estar gobernado por una coalición, parece un gobierno del PN con apoyo parlamentario y ministerial de sus socios políticos. Luego del triunfo electoral se emitió un borrador del proyecto de ley de urgencia que pasó a ser discutido por la ciudadanía en general; se le corrigieron bastantes cosas, se hizo una nueva versión de 497 artículos y de esta, critica mediante, surgió la actual de 502 que Lacalle anunció será la que se presentará.

La posibilidad de discutir los sucesivos textos es ofrecida por el gobierno como muestra de transparencia y ejemplo de discusión democrática del proyecto, pese a que no se da todavía en el debido marco institucional del Poder Legislativo y no tiene implicancias prácticas el hacerlo.

La factibilidad de su debate parlamentario es más que dudosa, dado que el proyecto no podrá ser tratado debidamente ante el confinamiento y la distancia social que impone el Covid-19. El 23% de los legisladores tiene 65 o más años, entre ellos dos ex Presidentes, y por lo tanto están en edad de riesgo. En principio será dificultosa la labor de las comisiones, a la que la asistencia de legisladores, taquígrafos y especialistas a consultar debe ser presencial según el reglamento; modificarlo requiere 3/5 de votos que el oficialismo no tiene. Hoy el Senado está sesionando en el recinto de Diputados, para poder mantener distancia social; no se sabe cómo haría Diputados y con qué legalidad para cambiar de sede ni hay planes a la vista para dotar al Parlamento de infraestructura para el teledebate.

El confinamiento a que obliga la pandemia resulta ser funcional a la aprobación tácita que lo hará ley, aunque la insistencia en este proyecto pone reversa al clima de unidad y solidaridad generalizada ante la pandemia, que llevó a que el Presidente tuviera hace muy poco una buena imagen del orden del 75%; hoy es del 40%. Es que para este gobierno, lo peor de la pandemia ya pasó: “Nada indica que vayamos a estar peor”, declaró Lacalle, ignorando que no hay vacuna, que no se hacen suficientes tests ni siquiera en la capacidad de mil diarios que se afirma tener, y que no hay cautela ante la posibilidad de un rebrote de la epidemia.

El tamaño del país hace que las cifras de muertos e infectados (9 y 493 el miércoles) aparezcan pequeñas ante las del resto del continente. Pero si se toma la tasa de incidencia acumulada por 100.000 habitantes (que publicó El Cohete el domingo pasado), Uruguay tiene 12,21, casi tres veces más que los 4,19 de Argentina, y un tercio más que los 8,4 de nada menos que Brasil. Sólo la presión sindical logró que se pusieran condiciones sanitarias garantistas a la reanudación de trabajo en la industria de la construcción, 45.000 obreros en 2.000 obras. Y el 22 abrirán 793 escuelas rurales, también con los sindicatos logrando tests epidemiológicos que deberían garantizar que no se esparza el contagio. Pero el enfrentamiento para prevalecer sobre la fuerza sindical está planteado: en tiempos de cuarentena, el gobierno le negó el miércoles a la central obrera el uso de la cadena nacional para el 1° de mayo.

 

 

 

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