El Regalo De Navidad

 

Diciembre de 2005. Senado. Todavía no había nacido la 125. Cristina Fernández pide la palabra. Lee artículos de distintos diarios. Y una queja de La Nación. “El Consejo de la Magistratura está formado por estamentos: los abogados son una corporación, los jueces son una corporación y la idea es que los distintos sectores se vayan equilibrando”. Entonces, Cristina deja la columna y aclara que leía textualmente críticas al Consejo “de las que hay por toneladas y para todos los gustos: problemas de administración, de funcionamiento, de cuerpo elefantiásico en cuanto a la estructura, y así podríamos citar numerosos artículos”. Y dijo: “Bastó que abordáramos una reforma del Consejo, tan denostado por estos medios, para que inmediatamente todo se revirtiera, y pasara a ser la panacea o quintaesencia de la administración de justicia, y quienes intentamos una reforma de este cuerpo, pasemos a ser una suerte de desaforados que queremos manejar la Justicia”.

Quince años después, la Corte Suprema de Justicia se dispone a firmar un fallo sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de aquella reforma del Consejo de la Magistratura, promulgada en febrero de 2006. En el Acuerdo del jueves pasado, los cuatro supremos decidieron buscar una vía de consenso para sacarlo. Según una vocalía, antes de Navidad. Aquella reforma redujo el organismo de 20 a 13 integrantes y quitó de su conducción al presidente de la Corte. El fallo podría devolver todo al esquema anterior. El oficialismo en el Consejo de la Magistratura da por descontado un fallo adverso. Aún falta saber si la decisión vendrá sola o acompañada por un changüí de 180 días para que el Congreso dicte una nueva ley, prácticamente inalcanzable en el contexto de consensos difíciles. La reforma no fue la mejor, el diseño no terminó con las lógicas endogámicas del sistema de justicia, el Congreso no buscó caminos alternativos para buscar otro proyecto, pero el aventón de esta agenda parece dirigido directo a CFK en un momento de debilidad del gobierno, urgencias múltiples y mientras un sector de la prensa pide juicio político a quienes la sobreseyeron por Hotesur y Los Sauces.

 

 

 

 

“Ya habría una decisión no firmada que indica que la Corte decidió declarar inconstitucional la ley de 2006”, dice Alberto Lugones, vicepresidente del Consejo de la Magistratura en representación de los jueces. Lugones no es brujo: la misma información circula de boca en boca entre consejeros y diversos referentes del gobierno que tuvieron contacto con los supremos. El jueves, desde el Consejo analizaban si era conveniente apurar un proyecto de ley para ganarle al fallo, iniciativa que cobraba aire en la Rosada. Pero dijeron que no, convencidos de que con esta movida la que se quema es la Corte. El caso estaba en agenda desde hace tiempo. En 2018, la Corte recibió al entonces jefe de gabinete, Marcos Peña, quien pidió dos años de plazo para buscar una ley en el Congreso. La Corte aceptó. En octubre de este año, Ricardo Lorenzetti anunció que el tema volvía a la agenda. Ahora habría llegado la hora. Aunque a su alrededor sostienen que el acuerdo podría salir antes de Navidad, el resto de las vocalías no antedata las fechas. Sólo dicen que para sacar un fallo hacen falta tres voluntades, entre las que no cuentan al rafaelino.

"El tema es así –explica un antiguo consejero–. El Consejo de la Magistratura es uno de los órganos creados por la Constitución de 1994, como resultado del Pacto de Olivos, que compensó con organismos de control la reelección de Carlos Menem. En 1997, la ley 24.937 estableció que tendría 20 integrantes: 4 jueces, 8 legisladores, 4 abogados, 2 académicos, 1 representante del Poder Ejecutivo y el presidente de la Corte como presidente del Consejo. En febrero de 2006, la ley 26.080 redujo los miembros a 13: 3 jueces, 6 legisladores, 2 abogados, 1 académico y 1 representante del Poder Ejecutivo. El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires promovió una demanda ante la supuesta falta de integración equilibrada porque el Poder Ejecutivo terminaba teniendo mucho poder. La Cámara en lo Contencioso Administrativo la declaró inconstitucional y ordenó que hasta que no se dicte una nueva norma equilibrada debía aplicarse la integración anterior de 20 miembros”. La misma persona explica lo siguiente: “El expediente fue enviado a la Corte hace varios años: la Corte tiene la causa encanutada desde entonces, esperando el momento oportuno para desembarcar en el Consejo”.

 

 

 

 

“Es posible que la Corte le de un plazo de 180 días al Congreso para discutir una ley. Lo que no se sabe es si, además, incluirá otra propuesta porque los plazos son muy cortos y de muy difícil cumplimiento porque se necesitan mayorías absolutas en ambas cámaras, un número que hoy es muy complicado de obtener y más cuando se produzca el cambio de legisladores elegidos en la elección reciente”, dice Lugones. El Plan B sería una alternativa a la discusión del Congreso. “Podrían decir que en caso de que la ley no salga, todo vuelve al organigrama previo a 2006. En ese caso, se plantearán varias cosas. Una es que la integración del Consejo tendrá un ministro de la Corte. Otra son los mandatos de los consejeros porque la ley vieja admitía reelecciones, pero la nueva ley no las admite”. Por lo cual, los tiempos de discusión en el Congreso también jugarán para estas definiciones.

 

 

 

 

 

La teoría del cambio

¿Qué pasó desde la sanción de la ley? ¿Sirvió el modelo 2006? El nuevo Consejo empezó a funcionar rápidamente. El oficialismo buscaba generar un órgano con mayor eficiencia, romper con el corporativismo y dar un mayor peso político al Consejo con representación del voto popular, para lo cual eliminó la representación de las segundas minorías parlamentarias porque dejaban en paridad de cuatro a cuatro a los oficialismos surgidos del voto. Poco después de iniciada la nueva gestión, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) publicó un primer análisis que sostenía que los objetivos parecían loables, pero no se habían logrado. Había aumentado la representación oficial: para 20 consejeros, el oficialismo tenía 5 integrantes y con el esquema de 13 consejeros seguía teniendo 5; también consideró que la eliminación de las distintas minorías empobreció el debate político y devolvió mayores poderes a la corporación judicial porque muchas funciones del Consejo pasaron a la Corte, como la elaboración del presupuesto y la tarea de superintendencia. Muchos años después, la cosa no parece distinta. Y la discusión por el número es el problema menor.

Sebastián Pilo es abogado y codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). En diálogo con El Cohete, analiza qué sucedió: “Ya pasó mucho tiempo desde la reforma y es buen momento para evaluar qué funcionó y qué no funcionó. Hoy todavía no se cumplen cosas como distribuir funciones entre Consejo y la Corte, que la Corte debería orientar todos sus esfuerzos a la cuestión jurisdiccional y el Consejo resolver sus debilidades institucionales para absorber sus funciones eficazmente, pero pasaron 27 años desde la reforma de la Constitución y eso no ocurrió. Y el costo es la confusión que tenemos, por ejemplo, a la hora de saber qué es competencia de quién. El Consejo supuso un cambio fundamental en el mecanismo de selección de jueces y juezas, obviamente respecto del sistema anterior: hubo un avance porque tiene sus componentes competitivos y es un ámbito colegiado, pero seguimos teniendo la sensación de que los concursos son manipulados, en parte por debilidades del diseño del sistema de concursos y en parte por las lógicas de funcionamiento del Consejo, donde priman criterios más de repartija con  transversalidades entre sectores. Esta es la lógica de la corporación judicial”.

—De alguna manera, son los mismos problemas que advertía CFK en el origen. ¿Qué cambió?

—Yo no puedo decir que la reforma haya logrado revertir los problemas. Eso no quiere decir que no haya habido avances, pero no se lo podría atribuir al cambio en la composición del Consejo. Más allá de los méritos de la reforma o del diagnóstico que se hizo para justificarla, que podría ser compartido, uno podría imaginar que esa solución no era adecuada para el problema a la luz de los resultados: pasaron varios giros desde la reforma y no hubo grandes cambios a partir de los que se podría decir que se cumplió con el objetivo.

 

 

 

 

—Se decía que el nuevo diseño iría contra la lógica de una Justicia que se protege a sí misma. Y hoy persisten las mismas críticas.

—Es cierto que los factores del Poder Judicial actúan de una manera corporativa y esa mirada tiene que ser sopesada, pero no diría que la solución es generar un desequilibrio en favor de los sectores políticos partidarios, porque terminan teniendo más acuerdos que disensos. No es cierto que haya un enfrentamiento abierto al interior del Consejo con la corporación judicial. O que generar desequilibrio logre vencerlo: la realidad es que la práctica corporativa está más vigente que nunca y lo que ocurrió es que sólo cambiaron las relaciones de fuerza a la hora de la repartija. Lo que hay que romper es esa lógica. Si se logra romper eso, la discusión de cuántos votos tiene cada sector no va a ser la más importante y no vamos a tener problema en construir un Consejo adecuado al equilibrio que plantea la Constitución. Me parece que el problema no es de diagnóstico, sino el modo. Falló la teoría del cambio en la implementación de la reforma a la luz de los resultados.

—La Corte ahora podría volver a la situación previa a 2006. Eso incluye el desembarco del presidente del máximo tribunal en el Consejo y refuerza la lógica del autogobierno del Poder Judicial. Pero hay otras lecturas. ¿Cuál es la tuya?

—El problema es que se mezclan tres discusiones:

1. El tamaño: si 13 es mejor que 20. No necesariamente un Consejo más grande es mejor.
2. El equilibrio: el mandato constitucional es relevante. No es menor. Más allá de cuántas personas sean, es fácil advertir que no está ese equilibrio.
3. El rol de la presidencia.

Creo que estamos en un punto donde todas las situaciones son malas. La correcta sería que el Congreso llegue a los acuerdos para generar un marco normativo acorde a la Constitución y que sea el resultado de una decisión política. Si la propia Corte asume la presidencia y eso surge de una sentencia judicial y no del Congreso, no es el mejor resultado. Tampoco sé cuáles son las opciones que tiene la Corte. No tiene muchas. Lo ideal es que el Congreso se pueda poner de acuerdo. Sé que no es el escenario óptimo, pero quiero guardar una cuota de esperanza.

 

 

Llave en mano

El Consejo de la Magistratura formó parte de los puntos discutidos por el Consejo Consultivo convocado por el gobierno el año pasado. Omar Palermo es jurista, magistrado de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, integró el Consejo Consultivo y propuso no menos política sino más política, entendiendo que actualmente el organismo se encuentra regido por las lógicas e idiosincrasias de los actores del propio sistema judicial. “Si nos regimos por el ideal planteado, las reformas deberían apuntar a fortalecer el peso de las miradas externas, de modo de debilitar su endogamia y tornar a la estructura más permeable a lo que ocurre fuera de ella –explicó–. Para ello, el punto de partida debe ser el reconocimiento del valor de la participación ciudadana. Y el modelo debe anclarse en una visión plural que proyecte e impacte tanto en su integración como en la definición de los procesos y responsabilidades”.

La propuesta de mayoría acercó un esquema de 16 integrantes: 4 legisladores, 4 jueces, 4 abogados y 4 académicos. Pero concluido el trabajo, nadie convocó al grupo. Hoy dicen que ese proyecto podría ser una base para discutir en el Congreso. Andrés Gil Domínguez es uno de los que lo sostiene: “Trabajaría en una ley con todas las recomendaciones que hizo el Consejo Consultivo al Presidente sobre el Consejo de la Magistratura. En primer lugar, una integración donde los cuatro estamentos tengan la misma cantidad de representantes con paridad de género. Que todas las funciones administrativas sean del Consejo y que la Corte no pueda seguir teniendo esas competencias. Hay otras cuestiones como la selección y capacitación de jueces. Esta ley es inconstitucional. El funcionamiento de la Corte también es inconstitucional porque muchas de sus funciones corresponden al Consejo. Esto es muy nocivo. Y la propuesta que presentamos tuvo alto grado de consenso”.

El Consejo de la Magistratura está pensado como organismo de control del Poder Judicial. La discusión de fondo es esa, dice una experta, y no hay que tenerle miedo a la palabra control. “Así como el Ejecutivo es controlado por el Congreso; el Congreso es controlado por el Ejecutivo y el Judicial, ¿quién controla al Poder Judicial? El Consejo de la Magistratura es el organismo de control para el Poder Judicial, porque con la muletilla de la independencia se pierde de vista que los integrantes del sistema de justicia son funcionarios públicos como las personas que integran el resto de los Poderes del Estado, y un elemento de control no recorta la independencia sino que, por el contrario, la mejora y la refuerza”.

 

 

 

 

 

Caras

La revista Caras mencionó a Horacio Rosatti como celebrity, que así se metió en la ventana del glamour. Ricardo Lorenzetti, que le viene armando programas paralelos en su campaña permanente a la presidencia que perdió, apareció esta semana en una galería de fotos de familia rodeado de todos los que pudo juntar. Fue en el Salón Regence del Hotel Alvear. Estuvieron el lobbista de Estados Unidos Gustavo Cinosi y el empresario Daniel Hadad con nuevo look en el pelo, a quienes escucharon celebrar al supremo con una frase: “¡Nace un candidato!” Horacio Verbitsky escribió hace tiempo que la eventual candidatura de Lorenzetti como vicepresidente de Julio Cobos fue mencionada por primera vez en enero de 2010 por el ex diputado radical Daniel Katz. En aquel momento, se había instalado un consenso político-mediático sobre el presunto agotamiento del actual ciclo político y el riesgo de que su desplome tuviera consecuencias económicas y sistémicas catastróficas. La entonces embajadora de los Estados Unidos, Vilma Martínez, informó con entusiasmo a su gobierno que el presidente de la Corte formaba parte de un grupo secreto que procuraba superar “la desunión de la oposición” al kirchnerismo y “desarrollar una agenda en común para el mediano plazo”. Según su confidente, la diputada macrista Gabriela Michetti, ese grupo se reunía en secreto desde mediados de 2008, luego del voto de Cobos en el Senado contrario al gobierno que integraba. Además de dirigentes políticos, tanto radicales como justicialistas, participaban varios hombres de negocios y banqueros. Cuando Wikileaks sacó a luz la historia de ese grupo, Lorenzetti no desmintió su pertenencia. Ahora su entorno sostiene que no hay candidatura, sino construcción de alianzas como modo de edificar poder. Las alianzas incluyen, como entonces, las usinas locales de la Embajada de Estados Unidos. En las fotos también estuvo el rabino Isaac Sacca, amigo y accionista del Alvear, y Adrián Werthein. En 2015, cuando Lorenzetti aún conducía el tribunal, Werthein celebró en la Corte el final del mandato de Cristina Fernández. Este año llamó al entorno de Carlos Rosenkrantz para decirle que como representante del Congreso Judío Latinoamericano apoyaba la candidatura de Lorenzetti para la elección del Palacio. Colgó. Poco después alguien llamó otra vez a la Vocalía para pedir disculpas y advertirle que el multimillonario empresario hablaba en nombre de sí mismo porque ya no representaba a la institución.

 

 

 

 

 

Las fotos del Alvear mostraron a otras figuras con las que Lorenzetti hizo gala de sus alianzas, retratadas en Infobae:

• La mitad de la Cámara de Casación Penal: Gustavo Hornos, Mariano Borinsky, Javier Carbajo, Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Daniel Petrone.
• El camarista federal Martín Irurzun.
• El fiscal Guillermo Marijuan.
• Y los jueces federales de primera instancia Ariel Lijo y Julián Ercolini.

El Cuarto Piso tomó nota de esas fotos, pero no vieron muestra de poder, sino de raleo: por ejemplo, sólo estuvieron dos de los doce jueces federales, aunque admitieron bastedad en Casación. Esta es la invitación que entró a incontables teléfonos celulares de cámaras y fueros diversos, con link que pedía confirmar inscripción y de paso tantear que no estaría solo en el evento.

 

 

 

 

Esta semana hubo elecciones en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN). Ganó la Lista Bordó, como desde hace veinte años. La novedad fue que la Lista Celeste, de los sectores más progresistas, logró acercarse a los números por primera vez: perdió sólo por 39 votos. Y ganó en el interior. La segunda noticia fue que para evitar la derrota, la Bordó contó con la asistencia de la Corte. Según cuentan en la Asociación, la Corte movilizó a gran parte de la tropa de secretarios letrados para votar, cuando nunca lo hacía. El recuento fue: Bordó, 855; Celeste, 816 y Compromiso, 439. Y las diferencias: en Py, de 38 votos; en Rosario, de 31 votos; en Córdoba, de 32 votos. Todos ellos a favor de la Bordó. En las mesas de Lavalle, donde iba a estar el fuerte de la Lista Celeste, la Bordó emparejó con la Corte y el Ministerio Público Fiscal. Hubo sorpresa en Comodoro Rivadavia, territorio del camarista Javier Leal de Ibarra. La Celeste descontaba una victoria, pero perdieron por 29 votos. La evaluación es que el camarista movilizó a su gente enojado porque el Consejo avanzó con las ternas para activar la Cámara Federal del santacruceño pueblo de Piedra Buena.

La Cámara de Casación Penal tiene los aires caldeados: rotará la presidencia. Gustavo Hornos intentó convocar a plenario para el martes, pero la reunión pasó para el jueves. Quien asuma la presidencia abandona de manera transitoria la silla que ocupa como titular de su sala. El sucesor debería ser Alejandro Slokar, pero necesita votos de colegas con los que este año se enfrentó porque objetó las visitas de Hornos y Borinsky a Mauricio Macri. El otro candidato es Daniel Petrone, también invitado del Alvear e integrante de la Sala I de la Cámara de Casación con Ana María Figueroa y Diego Barroetaveña. Es la Sala que decidió el sobreseimiento por Dólar Futuro, que tiene la decisión final del sobreseimiento por el Memorándum con Irán y, a partir del viernes pasado, también debe revisar el sobreseimiento por Hotesur y Los Sauces. Ese mismo día, la Sala rechazó una nulidad del juicio oral. La decisión de apuro, horas antes del fallo del Tribunal Oral Federal 5 que finalmente anula el juicio, salió por dos votos a uno. La candidatura de Petrone a la presidencia de la Casación pone a rodar una de las tres sillas de esa Sala que tendrá la última decisión.

Por cada una de estas escenas, vale repreguntar: ¿Quién controla al Poder Judicial?

 

 

 

 

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