El problema político de 2023

 

El comienzo del año electoral encontró a los encuestadores señalando con cierto nivel de consenso que la aprobación del espacio oficialista se encuentra mermada, en vista del alto grado de insatisfacción con la gestión de gobierno. Se preguntan si es posible encontrar una forma de recuperar los votos perdidos en 2021, sabiendo que las expectativas que lo llevaron a la victoria en 2019 no estuvieron bien atendidas. El cuadro no es favorable para la oposición tampoco, en vista de que se identifican con una forma de gobernar que originó los problemas que persisten, y amenazan con insistir en conducirse de ese modo en el caso de hacerse cargo del país en el próximo mandato presidencial.

La característica más mentada del descontento colectivo se identifica con el nivel de vida de los argentinos, que se percibe tan mal como en el año del cambio de gobierno, con el agravante de la decepción que provoca que la situación no se haya resuelto. Es oportuno detenerse a analizar el estado de la economía frente a 2015, antes de que el gobierno de Cambiemos la indujese en la decadencia que se mantuvo con el Frente de Todos, a los fines de dilucidar su significado como problema político.

 

 

 

El deterioro del nivel de vida

Una observación que se repite de manera congratulatoria desde el oficialismo es que la economía está creciendo en dos años consecutivos, por primera vez en una década. En contraposición a este panorama de aparente éxito, los datos económicos acusan que en los últimos años poco cambió con respecto al contexto que dejó la administración anterior. Recién este año se está alcanzando un nivel de actividad en la economía similar al de 2015, que desde entonces solamente se repitió en 2017.

 

 

Sin embargo, en los siete años de diferencia que transcurren entre el último año del gobierno encabezado por Cristina Kirchner y el que acaba de finalizar, la población argentina pasó de estar compuesta por 43 millones de personas a 46 millones, con lo que la riqueza creada por habitante se redujo. El PBI per cápita de 2022, que representa la relación entre el PBI y el tamaño de la población, se encuentra casi un 6% por debajo de su valor de 2015, y recién este año supera magramente su valor de 2019. Es decir que, en términos generales, la población se empobreció en este lapso, y el ingreso por habitante no creció de manera significativa con respecto al año del cambio de gobierno.

 

 

El indicador en sí mismo permite concluir que la situación económica de los habitantes del país empeoró de manera general, lo cual se agrava al considerar la distribución funcional del ingreso, que mide la participación en el valor agregado de la producción (VAB, sinónimo de PBI) que les corresponde a las clases sociales por su función económica. Un hecho que fue muy comentado el último año es que la remuneración al trabajo asalariado (RTA) perdió participación frente al excedente de explotación bruto (EEB), que se conforma con las ganancias empresariales, intereses y rentas que se generan en la economía. En 2016, el primer año disponible en la estadística oficial, le correspondía a la RTA el 51,8% del VAB y al EEB el 40,2%. En 2019, la RTA se redujo al 46,2% y el EEB ascendió al 42,2%. Para 2021 el EEB superó en importancia a la RTA, representando el 46,5% del VAB, mientras que la segunda alcanzó el 43,9%.

Esto significa que los trabajadores reciben una porción menor de un producto por habitante más chico, lo que se constató las reiteradas veces que se señaló que, pese a la recuperación observada en 2021 de los salarios en términos reales, los mismos equivalían aproximadamente a un 75% de su poder de compra de 2015.

 

 

 

Perspectiva para 2023

Ante estos hechos, ¿qué se puede esperar de la economía durante este año? A diferencia del 2021, cuando la recuperación de los salarios y la normalización de la actividad productiva dieron lugar a un notable impulso del nivel de actividad, en 2022 –hasta dónde permiten observar los datos disponibles– los salarios se mantuvieron creciendo por debajo de los niveles de precios registrados por los índices. En vista de la situación internacional, es un resultado previsible. Durante el año los incrementos de precios provocados por la escasez de energía y cereales que disparó la guerra de Ucrania y la acentuación de la tendencia preexistente a la elevación de los precios de los alimentos dieron lugar a lo que se llamó en el mundo la crisis del costo de vida, por la dificultad que encontraron las familias para sufragar sus gastos cotidianos. A su vez, el menor nivel de gasto agregado generó disminuciones en la tasa de crecimiento de la economía mundial. Estos problemas persisten, y en la economía argentina se vieron agravados por la devaluación permanente del peso frente al dólar y la permanencia de un esquema de retenciones que es permeable al traslado interno de estos incrementos. Por último, el crecimiento “reactivo” de los salarios, por su presión sobre los costos de las empresas, termina por acrecentar la aceleración del nivel de precios que no origina.

Las definiciones que adopta el oficialismo en este sentido no son alentadoras, puesto que se mantienen posturas sobre la economía de una impronta conservadora. Se sostiene, por ejemplo, que se espera que la inflación baje por efecto de acuerdos en torno a los precios de venta que no operan sobre ninguna causa estructural, y se ignoran completamente las acciones que puedan modificar la distribución del ingreso. Llegado el caso, los acuerdos de precios pueden servir para administrar ciertas subas, pero no para impedirlas, y más aún ante semejante presión alcista.

A su vez, se hace propia una concepción de la economía vulgar, que atribuye a la emisión de dinero a la que recurre el Estado para financiar sus gastos una presión inflacionaria, como si la masa monetaria (la unidad de cuenta mediante la que se establecen los precios de las mercancías que circulan en una economía) pudiese contener en sí misma la causa de las relaciones sociales de producción que mide y representan los precios, que en ausencia de la distorsión provocada por “la maquinita” se encaminarían por sus propios medios.

Por estas razones, el diagnóstico de que la inflación se está reduciendo y seguirá así durante el año electoral carece de fundamento. La desaceleración del crecimiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre estuvo acompañada de una aceleración del correspondiente al Índice de Precios Internos Mayoristas (IPIM), que se aboca a los precios vinculados con el abastecimiento de insumos y mercadería para la venta y permite anticipar la tendencia que luego se observará en el IPC. Como se puede ver en el gráfico 2, hasta agosto, el IPIM y el IPC mantuvieron trayectorias similares. En agosto la variación del IPIM alcanzó su pico en el año, y posteriormente fue desacelerándose, mientras se aceleraba la del IPC. Con los acuerdos de precios, se desaceleró el IPC en noviembre, pero el IPIM retomó su tendencia al alza. Es cuestión de tiempo para que el IPC vuelva a incrementarse. El hecho de que este derrotero venga acompañado de incumplimientos del programa oficial y situaciones de desabastecimiento no es sorprendente, porque se pretende que los precios no suban cuando esto es inevitable.

 

 

La consecuencia que tuvo el desenvolvimiento de estas condiciones es que la actividad económica comenzase a declinar a partir de septiembre. De momento, mientras un funcionario del gobierno expresa que su meta en torno a la cuestión de la inflación es que se reduzca para que los salarios puedan recuperarse, otro sugiere que sería conveniente adecuar las paritarias del año 2023 a las metas del programa inflacionario, lo que redundaría en que los aumentos alcancen guarismos menores a los del año 2022. Mientras tanto, se “sobrecumple” la meta del programa fiscal, finalizando el año con un déficit primario (sin contabilizar pagos de deuda pública) del 2,4% del PBI en lugar del 2,5% acordado con el FMI, gracias a la disminución en términos reales de los subsidios económicos, los pagos de jubilaciones y las transferencias a las familias, según datos el Ministerio de Economía. La perspectiva es de ajuste del gasto público y empeoramiento del poder de compra del salario por querer adecuar su marcha a una dudosa reducción de la inflación. El resultado necesario de esto es un declive del crecimiento económico, consolidando el estado de empobrecimiento de los argentinos.

 

 

 

Arquitectura política

Aunque no es tan evidente, tiene igual gravitación sobre la situación social la inercia con la que se actuó frente a los antagonismos suscitados por la conducción del Poder Judicial ante los intereses que representa la coalición gobernante. Habiéndose originado en el último ejercicio de Cristina Kirchner para acentuarse durante la administración de Cambiemos, se exaltaron con este gobierno debido a su manifestación reiterada, consistente en un accionar tendencioso en contra de figuras asociadas con el oficialismo (principalmente la Vicepresidenta), y favorables con los integrantes de la oposición cuando se vieron envueltos en escándalos con amplitud de evidencia. Por otra parte, se cumplieron siete años de encarcelamiento de Milagro Sala, lo que se recordó largamente por los sectores afines con el Frente de Todos, que resaltaron la necesidad de definir con celeridad su indulto.

La pasividad de la política económica está mancomunada con el aletargamiento en la toma de decisiones relacionadas con el uso persecutorio del Poder Judicial. La primera indica la falta de interés o de vigor para modificar las condiciones en las cuales los habitantes del país reproducen su vida y se desarrollan como individuos, mientras que la segunda denota que no se considera una prioridad el que los referentes comprometidos con un proyecto político con este objetivo puedan defenderse legalmente de las agresiones de sectores cuyos intereses se vean afectados. La renuncia a perseguir estas realizaciones vacía de sustancia al accionar oficial y le quita relevancia. El intríngulis debe resolverse con la emergencia de una arquitectura política que tenga por fin el mejoramiento del nivel de vida de los argentinos y la depuración de la relación entre el poder político y el judicial. A pesar de la urgencia con la que se presentan estos requerimientos, ningún espacio expresa, hasta ahora, claridad sobre cómo resolverlos. Tal es el problema político de la elección en 2023. Por lo que es oportuno preparar la oferta que haga propia las necesidades nacionales, para estrenarla cuando llegue el momento.

 

 

 

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