El primer mostrador

 

En la historia de nuestro país, los más golpeados son los sectores vulnerables que no pueden acceder a los derechos básicos como tierra, techo, trabajo, educación, alimentos saludables y precios justos. Este último ítem es uno de los temas más importantes de la agenda del siglo XXI y más aún en la Argentina, donde atravesamos situaciones de vaivenes en políticas de regulación, apertura indiscriminada de importaciones que generan situaciones de desamparo hacia el eslabón más débil de la cadena que es la ciudadanía: usuarios y consumidores que llegan a la góndola y terminan siendo rehenes de malas políticas económicas y jurídicas que requieren una presencia fuerte y sólida del Estado para acompañarlos y defenderlos.

El Presidente Alberto Fernández junto a su equipo económico y social relanzaron políticas públicas dirigidas a la urgencia que acontece; el control y regulación de precios y el acceso de los mismos a la ciudadanía de una manera equitativa y saludable.

El Consejo Federal Argentina Contra el Hambre, la Tarjeta Alimentar, Precios Máximos y Precios Cuidados son sólo algunas de las medidas que buscan paliar la emergencia alimentaria en todo el territorio nacional. Sin embargo los problemas continúan, la especulación de precios es cada vez mayor y los organismos de control muchas veces no llegan al territorio a dar una respuesta y garantizar los derechos de los consumidores. Se necesitan medidas con impacto territorial, que lleguen directamente a dar respuesta a las demandas de los vecinos y vecinas que se ven afectados por los abusos en los precios.

La provincia de Buenos Aires cuenta desde hace tiempo con una Ley de Defensa de los Consumidores, en línea con la ley nacional, mediante la cual se prevé la creación de las Oficinas Municipales de Defensa del Consumidor (OMIC). Estas oficinas, de la mano con las múltiples asociaciones dedicadas a hacer efectivo el mandato constitucional en defensa de las y los bonaerenses, cuentan con un funcionamiento consolidado y con probada eficacia en el cumplimiento de sus objetivos.

La eficacia se traduce en un trabajo mancomunado de coordinación entre Nación, provincia y municipios para dar acabado cumplimiento a la cobertura constitucional del consumo de ciudadanas y ciudadanos.

En el 2020 el Senado bonaerense le dio media sanción a una ley que permite a los gobiernos locales inspeccionar, regular, controlar y sancionar a los comercios que no cumplan con los derechos de usuarios y consumidores. Desde Movimiento Arraigo queremos construir políticas que den una respuesta rápida y efectiva, políticas que cobijen a las y los vecinos desde su municipio, que es ahí donde nuestras comunidades van a hacer sus reclamos. Robustecer a los gobiernos locales es esencial para volver a pensar en una Argentina federal, donde cada pueblo, por más chico que sea, tenga oportunidades para sus habitantes y un Estado presente en todas sus medidas. Una de las mejores formas de evitar los abusos de precios y el respeto hacia los y las ciudadanas es con el correcto aprovechamiento de las OMIC, que pretendemos mejorar y ampliar con la delegación de atribuciones a los gobiernos locales.

Desde la Reforma Constitucional de 1994 se han incorporado el derecho de las y los usuarios y consumidores, habiéndose elevado su jerarquía a la máxima expresión en un estado de derecho, consecuencia de lo cual se han desplegado las normativas necesarias para proteger a todos y todas las bonaerenses en nuestra calidad de usuarios y consumidores. Nuestra propuesta pretende que los gobiernos locales tengan la potestad de realizar el seguimiento de precios, asegurando los derechos de las y los ciudadanos y haciendo respetar las medidas destinadas a ayudar a las y los argentinos que se ejecutan desde los gobiernos provinciales y Nacional.

Esta semana conocimos el valor de la Canasta Básica. Una familia tipo necesita 56.459 pesos para no caer en la pobreza. Los montos son muy altos y esto se agravará si no logramos un control estatal fuerte en el territorio. Vimos también cómo algunos fabricantes de alimentos desabastecen a las y los argentinos de productos que forman parte de los Precios Cuidados y cómo los supermercados usan estrategias para confundir al consumidor, vulnerando sus derechos. La presencia del Estado debe ser concreta y las sanciones efectivas, toda vez que los gobiernos locales están preparados para hacer este trabajo en servicio de su propia comunidad mediante la transferencia de funciones y recursos para que cada pueblo del interior de nuestro país tenga más acceso a la justicia y mayores oportunidades a la hora de comprar alimentos saludables y a precios, justos pudiendo controlar también las cadenas de distribución que son las que infieren en gran medida en el valor agregado de los productos.

El desarraigo y la desigualdad van de la mano. El pasado miércoles el gobierno nacional imputó a once empresas productoras de alimentos por desabastecimiento e incumplimiento de las normativas vigentes que fijan los precios máximos y cuidados. Fabricaban productos parecidos que no se encontraban entre los acordados con el gobierno y se los vendían a las grandes cadenas. Mientras tanto, los que sí ingresan los derivaron a los llamados “supermercados chinos” o almacenes permitiéndoles su venta a precios más elevados.

Son múltiples los territorios del interior donde la presencia de los grandes hipermercados es inexistente, donde las y los bonaerenses deben abastecerse de los pequeños comercios sin contar tampoco con la posibilidad de adquirir de productores locales. Esto es conocido por los intendentes y son ellos quienes conocen las problemáticas de la localidad, lo que hace razonable que se ocupen a través de las potestades que les permitan tomar cartas en el asunto, pudiendo inspeccionar de manera más efectiva y sancionando a los comercios que incumplan con los derechos de las y los usuarios y consumidores con multas que oscilan entre los 10.000 y los 10 millones de pesos, y puedan ser aplicadas por los 135 municipios bonaerenses.

Actualmente son las jurisdicciones provinciales las que cuentan con facultades para hacer cumplir tanto los precios máximos como los acuerdos de precios y la regulación sobre abastecimiento prevista en la Ley 20.680. Sin embargo, en nuestra provincia contamos con la Ley 13.133 de Defensa del Consumidor, que determina un minucioso sistema de control y sanción a cargo de los municipios, siendo que en materia de abastecimiento ello se encuentra en cabeza del gobierno provincial, con evidentes limitaciones operativas para su correcto desenvolvimiento por el amplio territorio a fiscalizar.

Es por ello que la iniciativa que promovemos con el diputado bonaerense Daniel Lipovetsky apunta a resolver este problema respecto del control y correcto cumplimiento de la Ley 20.680 en todo territorio de la Provincia de Buenos Aires, así como al mejoramiento de las herramientas para la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, permitiéndole a los municipios resolver de manera práctica, concreta y operativa la aplicación de esa legislación, aprovechando estructuras vigentes en cada una de los distritos.

Un país federal es arraigo. El fortalecimiento de los gobiernos locales es esencial para el cumplimiento de los derechos de los y las ciudadanas que por vivir en el interior terminan siendo, por falta de regulación y alcance estatal, un sector vulnerado. Debemos trabajar con consenso, sin especulaciones, para que todos y todas tengan las mismas oportunidades, y es por ello que resulta urgente consolidar los territorios dándoles la potestad de que gobiernen de manera cercana y eficaz en pos de su población.

 

 

 

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