EL PRIMER CIVIL

 

Jaime Lamont Smart esperaba cumplir veinte años cuando, al caer Juan Perón, vio festejar a los antiperonistas que le habían bombardeado la Plaza de Mayo. En el lustro siguiente iniciaría su carrera judicial hacia la Secretaría del Juzgado 18 en la Capital Federal, donde ejerció en la década del ‘60. Ya con el dictador Juan Onganía, pasó a ser fiscal en 1968. Su ascenso a juez corrió por otro general, Roberto Levingston, que en 1971 lo promovió al “Camarón”, un tribunal de Cámara Federal para perseguir a la reciente guerrilla. Cuando vio a sus presos amnistiados en 1973, y tras el atentado que mató a su ex camarada de allí, Jorge Quiroga (28 de abril de 1974), se mudó a Venezuela. Regresó, con empleo seguro, sólo dos semanas luego del golpe del ‘76, convocado por el interventor Ibérico Saint Jean para ser “el único ministro civil” a cargo del área de Gobierno de la provincia de Buenos Aires desde el 8 de abril de 1976 hasta 1978, cuando tenía de secretario a César Moujan, un capitán de Corbeta, a pesar de lo cual Smart se presenta como mero subalterno de los militares.

 

 

Rápido para el empleo

Más que empleado era un empleador, a juzgar por su participación en el “Grupo Perriaux” y en ForEs, como explicó Federico Delgado en el libro Cuentas Pendientes (Verbitsky-Boholavsky, 2013). Según este fiscal, Smart ocupó roles de gobierno como parte de la misma maniobra que llevó a Guillermo Walter Klein a Economía. Fue parte del think tank que atribuía los problemas del país a las políticas de sustitución de importaciones y redistributivas, mientras hacían pasar sus intereses por los de la sociedad toda, según evidencia la causa 12071/07 (Juzgado Federal 4, Secretaría 8) sobre la complicidad civil.

Hacia octubre de 1976, Smart fue uno de los fundadores del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (ForEs), cuyo lobby se proponía “responder a la campaña anti-argentina” en sintonía con “el Proceso de Reorganización Nacional”.

Mandó en la provincia de Buenos Aires mientras la Policía bonaerense acometía La Noche de los Lápices (septiembre), secuestraba a Jorge Julio López (octubre), bombardeaba la casa de Teruggi-Mariani y se apropiaban de la beba Clara Anahí (noviembre), aunque él declara que se enteró por los diarios.

A finales de 1976, de acuerdo con el rescate de archivos que hiciera Ricardo Ragendorfer, arengó delante de Ramón Camps y Miguel Etchecolatz en la Jefatura Policial: “La subversión, señores, es ideológica. Sus infiltrados están agazapados en el ámbito de la cultura; porque todo esto fue a causa de personas, llámense políticos, sacerdotes, profesores y periodistas (…). Hay mucho aún que averiguar en el país”.

Inició 1977 con el secuestro del “grupo Graiver” —que permitió a Clarín y La Nación quedarse con Papel Prensa— y el rapto de Jacobo Timerman (15 de abril).

Tenía cerca de su sede de Gobierno a la legal cárcel de Olmos y al centro clandestino La Cacha, últimos destinos del matrimonio de Juan Reggiardo y Rosa Tolosa​, montoneros del Conurbano sur a quienes les robaron los mellizos nacidos el 16 de mayo de 1977.

Desde ForEs, según recuerda Delgado, patrocinó las Conferencias sobre la reforma judicial en 1977 y 1978, presididas por los generales Albano Harguindeguy, Ibérico Saint Jean y Oscar Alfredo Saint Jean, auspiciadas por la siderúrgica Acindar y la embajada de los Estados Unidos. Smart recuerda que lo apodaban Jimmy.

Hacia abril de 1978, era el jefe político de los policías de Berazategui que se robaron hasta un perro cuando mataron a Horacio Orué en una casa de Rafael Calzada donde secuestraron a la familia —con chicos de 9 y 14 años— a la que atormentaron en la Seccional.

Al final de la dictadura, recibió el agradecimiento de Camps en su opúsculo Caso Timerman, Punto Final (1982), por estar entre los funcionarios “que colaboraron en la investigación”, como los subsecretarios de Gobierno, Juan Torino, y de Justicia, Héctor Munilla Lacasa (Enrique Munilla será su defensor en 2011).

 

 

Democracia, divino tesoro

Luego del Juicio a las Juntas (1985), cuando los procesos continuaron con los escalafones descendentes, Smart ejerció como defensor del ex ministro de Interior Harguindeguy y del ex subcomisario Samuel Miara, apropiador de los mellizos Reggiardo Tolosa.

Recién en 2007, en el expediente 2450, Smart pasó a recibir acusaciones formales por privación ilegal de la libertad agravada y tormentos contra 300 víctimas en la Brigada de Infantería y Caballería de la Policía Bonaerense, sobre el cruce de las avenidas 1 y 60, y la Comisaría 8ª, de La Plata.

Desde entonces contó con la colaboración de Daniel Reimundes —ex secretario del Ejército con Fernando de la Rúa— que espió correos del juez Alejo Ramos Padilla sobre civiles involucrados en la dictadura, hasta junio de 2008, a raíz de lo que el general (R) sería procesado por la jueza Sandra Arroyo Salgado (2012), que lo sobreseyó cuando cambió el contexto.

 

 

 

 

 

 

Para entonces ya había sido detenido en 2009 y enjuiciado en la causa Circuito Camps. El abogado ejerció su defensa y fue uno de los tres imputados que, en septiembre de 2011, aunque se negó a responderle a las querellas, habló ante los jueces: “No me enteraba de nada. Creí hasta hace días que lo de la casa (de Mariani-Teruggi) había sido un enfrentamiento de policías, apoyados por militares, y un grupo subversivo. Eso leí en el diario El Día”. Agregó: “Nunca supe dónde quedaba Puesto Vasco; me enteré en 2008, cuando me llamaron a declarar”. Se mostró con las manos atadas: “Lo único que podía hacer era renunciar, no tenía posibilidades”.

Pero no renunció. Por eso, el 19 de diciembre de 2012 se convirtió en el primer civil condenado a cadena perpetua por “genocidio”. El encuadre legal de la sentencia por primera vez consideró su rol de “funcionario” para situarlo como “autor” y no como “cómplice”, un “cambio de paradigma” donde la figura del “autor” —según dijo uno de los jueces— permite pensar en un Estado “macro-criminal” integrado por cuadros civiles funcionarios y militares en una misma línea de autoría (Cuentas pendientes, p 221).

Smart accederá a los fundamentos del fallo horas después del siguiente aniversario del golpe.

Conocedor de los huecos del sistema judicial tanto como de los resortes del poder, se dedicó a planear estrategias y redactar recursos. Sonrió cuando supo que un fiscal recordó: “Hemos respondido presentaciones suyas y, antes de que llegasen a la Cámara, ya teníamos otra que alegaba empeoramientos de la condición de detención que estábamos contestando”.

A la vez, en 2013 se le abrió la causa 3471 “Smart, JL y otros s/ infracción art. 80, inc. 6°, del CP”. Mientras seguía imputado por una decena de casos en juzgados de primera instancia y en un Tribunal Oral, no pudo evitar su segunda condena a prisión perpetua en el juicio por La Cacha (2014). Apeló todo.

Con casi 80 años, el 5 de mayo de 2015, gracias a Gustavo Hornos consiguió que la Cámara de Casación notificara al Tribunal Oral Federal TOF 1 (Alejandro Esmoris, Germán Castelli y Pablo Vega) de que debían otorgarle la detención domiciliaria. Se topó con la negativa del magistrado Federal 3 de La Plata, Ernesto Kreplak, debido a que podía “entorpecer la etapa probatoria de otras causas”.

Smart disfrutó poco tiempo de que Kreplak fuera denunciado ante el Consejo de la Magistratura, que desestimó la acusación en los últimos meses de la Presidencia de Cristina de Kirchner.

Hacia el 40° aniversario del Golpe, ya en la administración Macri, instruyó a su abogado, Enrique Munilla, a que acusara “maniobras dilatorias”.

Paralelo a ello, desde el penal de Marcos Paz, leyó que su hijo Jaime revelaba su recomendación para otros condenados de guardar, hasta 2040, información sobre las víctimas. No tenía un hijo desobediente, sino uno que lo creía otra víctima.

 

 

 

 

Papá Smart habría de envalentonarse con el advenimiento discursivo del “curro de los derechos humanos”. Sumó solicitadas a su favor, desde la Asociación de Abogados Penalistas de Buenos Aires hasta la Corporación de Abogados Católicos. También concitó adhesiones en la Corte Suprema (Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda), de la que recibió el aval para su jubilación de privilegio con un retroactivo de 12 millones de pesos, según precisó Maine García, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) y de ¡Justicia Ya!

Consiguió que lo sacaran del pabellón de Lesa para reubicarse en la Unidad 31 de Mujeres, en Ezeiza.

Horas después del Día de los Inocentes, en 2016, mandó a su defensor a que le recordara a la Cámara de Casación que desde los 70 años tenía derecho a una prisión domiciliaria. La obtuvo ese 29 de diciembre, con las firmas de Mariano Borinsky, Ana María Figueroa y otra vez Hornos, presidente de la Sala I, que habrá de repetirle ese beneficio hacia febrero de 2017 cuando confirmó, a pesar de la oposición del Ministerio Público, que cesaba su prisión, debido a que el TOF no estaba en condiciones de juzgarlo.

Vio revocado ese fallo el 4 de abril por parte de la Corte (Lorenzetti, Maqueda, Highton y Rosatti) que señaló a la Cámara de Casación por apartarse sin justificación del criterio en materia de preventivas para casos de lesa humanidad (precedente “Acosta”, de 2012), ya que el cese de tal prisión configura “un supuesto de gravedad institucional que pone en riesgo los compromisos asumidos por la Nación”. Sólo contó con Carlos Rosenkrantz, fiel asistente a reuniones de ForEs.

Si el recurso extraordinario del fiscal Javier de Luca le pareció una de arena, recibió otra de cal hacia febrero de 2018 con el rechazo por parte de los jueces Juan Carlos Gemignani, Eduardo Riggi y Angela Ledesma, quienes ordenaron su liberación a la vez que el apartamiento del juez Kreplak.

Mientras buscaba la nulidad de las condenas en los juicios por La Cacha y Circuito Camps, habrá de leer en Tiempo Argentino que “el primero de sus objetivos es ir a vivir con su mujer Sylvia Walker en su departamento de Libertad 1642”, a media cuadra de avenida Libertador y a una de la 9 de Julio.

Celebró el Día de los Enamorados, el 14 de febrero de 2018, con una nueva orden de Casación (aunque apelada) en favor de la domiciliaria para las causas que lo condenaron a perpetua.

El 27 de ese mes, le alcanzó con que Hornos y Carlos Mahiques consideraran válidos sus informes de salud, aunque Ana Figueroa no le creyera. Recibía el beneficio en la causa 2450/2007, la única en la que no había tenido una domiciliaria, por lo que Hornos, refugiado entre escritos de Rosatti y Rosenkrantz, ratificó que ya se había pronunciado “en reiteradas ocasiones sobre la situación de Smart”, por si alguien lo hubiera olvidado.

Hacia noviembre de 2019, Smart sumó un nuevo procesamiento cuando un Juzgado federal de Lomas de Zamora ordenó la detención de los policías partícipes del crimen de Orué, al que le robaron hasta el perro.

 

 

Partos

En 2020, recibió la tercera condena a perpetua; esta vez, en la causa Brigada de San Justo. Desde octubre de ese 2020, siguió siendo juzgado junto a otros 17 represores por crímenes cometidos en los centros clandestinos Pozo de Quilmes, de Banfield y El Infierno, a la vez que se analizaba lo ocurrido con 18 embarazadas que dieron a luz criaturas no recuperadas.

El 21 de octubre de 2021 vio revocada la prisión domiciliaria por la Corte (Rosatti, Maqueda, Highton y Lorenzetti). Sin embargo, continuó en su casa.

Hacia marzo de 2022 declaró por Zoom desde su arresto domiciliario en el juicio Hogar Casa de Belén, por apropiaciones de niños y abusos en un internado de la Iglesia Católica durante la dictadura, además de por seis homicidios agravados.

A finales de julio de 2022 fue descubierto cuando se ausentó del hogar hasta las seis de la tarde, cuando tenía turno para ir al médico a mediodía.

 

 

Mientras disfrutaba de los laxos tiempos del Poder Judicial, firmó un pedido para cesar los juicios. Lo hizo junto con Alberto Benegas Lynch (1909-1999), uno de los comandos civiles del bombardeo de 1955, quien invitara al país a economistas de la Escuela Austríaca que denostaron las regulaciones estatales y los sindicatos como causantes de inflación, y cuyo hijo, con su libro, introdujo la Escuela Austríaca al mundo hispanoparlante.

 

 

Otras condenas

El 5 de mayo de 2023 fue condenado a prisión perpetua junto al ex jefe del Pozo de Banfield, Juan Wolk, por seis homicidios agravados en Brown y Llavallol en el caso del Hogar de Belén .

Desde el 9 de noviembre de 2023 debió someterse a un nuevo proceso, con una prórroga de seis meses en su prisión preventiva dispuesta por el TOF1 platense, confirmada por la Sala II de Casación (Alejandro Slokar, Guillermo Yacobucci y Angela Ledesma) compartida con el ex policía Juan Humberto Keller, únicos sobrevivientes imputados en la causa por “haber decidido y dirigido el plan criminal en virtud del cual tuvo lugar el deceso de Horacio Wenceslao Orué, la privación ilegal de la libertad seguida de tormentos de Marcelina Juani, Marcelo Juani, Ariel Juani, Raúl Aguirre y el robo a la familia Juani”, en 1978.

No se le escapó que faltaban quince días para el recambio gubernamental, cuando la Sala II de Casación instó al TOF 1 a procurar “celeridad al desarrollo del juicio” ya que advertía “la existencia de riesgos procesales que deben justificar cualquier detención preventiva”, en “salvaguarda de la responsabilidad internacional del Estado argentino”.

Este jueves 22, junto a Keller, fue condenado “a prisión perpetua, accesorias y costas, como co-autor mediato de homicidio calificado con alevosía en concurso premeditado y para lograr la impunidad (…). Abuso de sus funciones, agravado por violencia y amenazas, con tormentos, contra perseguidos políticos y por el robo doblemente agravado cometido con armas y en banda, delitos que concurren, calificados de violación al derecho de gentes, según el artículo 118 de la Constitución”.

Oyó a medias la sentencia, ya que se dedicó a vociferar hacia un costado en su sala, silenciado en la conexión remota, aunque ya sabe que el Tribunal consideró por unanimidad que se trató de un crimen de lesa humanidad, tras lo que dispuso señalizar la Comisaría 1ª de Berazategui como “un centro clandestino de detención y tortura”. Recibirá los fundamentos de ello tres días antes del aniversario del golpe.

Jaime Lamont Smart, nacido el 3 de octubre de 1935, está a un año y medio de cumplir los 90; más del triple de la edad que no alcanzaron las víctimas de la dictadura en la que fue uno de sus ministros políticos.

 

 

 

 

 

 

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