El poncho no miente

 

El gobierno de Mendoza impugnó formalmente las resoluciones de un organismo público nacional que reconoció la ocupación tradicional y pública de tres lof mapuche, asegurando que ese pueblo no es originario del territorio que hoy está bajo jurisdicción provincial.

José de San Martin, el general, llegó a Mendoza en 1814 como gobernador de Cuyo para preparar la campaña libertadora hacia Chile y Perú. Él, el general, pidió permiso para ingresar al país de los pehuenches. Nomás llegar encomendó a un representante reunirse con el cacique Neycuñan en los toldos de Malalhue, al sur. En un parlamento general, dos años después, los caciques le entregaron un makun (poncho) que usó y conservó hasta su muerte en el exilio, en Boulogne Sur Mer.

Generaciones de argentinos escolarizados vieron, dibujaron, recordaron la imagen de San Martin vistiendo el poncho artesanal, prueba simbólica de la participación estratégica de los pueblos originarios en el movimiento independentista con base en Mendoza. 200 años después, el gobernador actual de la alianza Cambia Mendoza (UCR y PRO) y parte de la dirigencia política y empresaria local niegan que alguna vez hubiera vivido en las tierras del sur el pueblo pehuenche, es decir, la gente mapuche del bosque de pehuén. El poncho es patrimonio del Museo Histórico Nacional (MHN).

 

 

El reconocimiento institucional de territorios a tres lof (comunidades) mapuche por parte del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que suman poco más de 25.000 hectáreas reavivó una campaña racista justo cuando se están definiendo candidaturas electorales locales. El senador nacional Alfredo Cornejo, candidato a gobernador por el oficialismo, niega hoy lo que reconoció hace cuatro años cuando durante su gestión convocó a referentes mapuche en consulta por el proyecto de la obra hidroeléctrica frustrada Portezuelo del Viento. Durante dos semanas consecutivas, diputados provinciales del PRO intentaron tratar proyectos de declaraciones contra el INAI y las comunidades directamente vinculadas al conflicto territorial. Al mismo tiempo, autoridades de organizaciones mapuche también asistieron a la Legislatura y formalizaron una denuncia penal por racismo e intimidación pública contra el organizador de una caravana hacia los territorios recientemente reconocidos.

Andrés Vavrik, presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de General Alvear, convocó para el sábado 18 de febrero a una caravana en defensa de “nuestro territorio. No a la cesión de tierras a falsos mapuches”. El dirigente agropecuario buscaría posicionarse como candidato a un cargo electivo, indican fuentes locales.

 

 

 

 

 

El sur, siempre el sur

Mucha gente indígena se hizo criancera, productora ganadera trashumante en la diáspora de los sobrevivientes a la campaña militar que consolidó el Estado nacional. Esa población indígena y criolla pobre, como en el norte de Neuquén, sostuvo la vida en el territorio en constante conflicto con la imposición del alambrado y la propiedad privada de la tierra.

Rafael Mata Olmo, un geógrafo español que trabajó en Mendoza, dejó un trabajo fundamental sobre la apropiación, reparto y subdivisión del espacio de Malargüe que, atendiendo a la situación de los crianceros sin título de propiedad, aporta a la compresión del proceso general por el control de ese espacio. “Aportación al estudio del problema de la tierra en las zonas áridas de la provincia de Mendoza, 1874-1988” concluye justo antes de la transformación neoliberal de los ‘90 que permitió una nueva etapa de acaparamiento por parte de capitales trasnacionales.

El mayor Rufino Ortega condujo la IV división expedicionaria “al desierto”, por cuyos resultados se lo premió con 340.767 hectáreas, escrituradas en 1894. El militar inauguró el latifundio en el sur con un bloque que comprendía desde el río Malargüe al sur, el Salado al norte, la laguna de Llancanelo al este.

La venta de tierra pública en esta provincia comenzó con una ley especial en 1902. En el listado de los treinta principales compradores está Domingo Bombal, que tenía inscriptas las hectáreas en el Registro de la Propiedad desde 1881, previo a la ley. Clara Delfina Bombal, descendiente de Domingo, ya fallecida, fue una de las propietarias en condominio que accionó judicialmente contra la lof Suyai Levfv en el paraje Los Molles. Aunque muy pequeña, la fracción que le reconoció el INAI es de altísimo valor paisajístico e inmobiliario para cualquier inversor.

 

 

 

Mata Olmo documentó que el Congreso nacional creó una comisión investigadora especial por un caso de acaparamiento de tierras en la cordillera. Un informe de 1959 constató que una sociedad anónima (que ya no opera) compró los campos de Piedras de Afilar, El Álamo y Laguna Blanca anexados los unos a los otros que forman un solo paño entre los ríos Diamante, Atuel y Salado con una superficie aproximada de 940.000 hectáreas. Buena parte coincide con lo que actualmente controlan Walbrook y Sorminar, interpretamos al comparar el croquis que publicó el geógrafo con la información pública disponible de los grupos económicos. Para 1988, el autor ya llamaba la atención sobre Valles Mendocinos SA con 209.000 hectáreas, Altos Cerros SA con 104.000 y Valles Las Leñas SA, todas las que en 2001 compró Walbrook.

 

 

Discurso a la medida

Laura Chazarreta, diputada de la provincia por el Frente de Todxs, es miembro de la Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales que recibió en su momento a las comunidades mapuche que reclamaban por la criminalización del reclamo territorial. En diciembre de 2021 esa comisión se constituyó en Los Molles, constatando que las familias eran privadas de los servicios públicos más elementales como parte de las represalias estatales y a favor del reclamo de los supuestos propietarios privados. Aseguró que al menos desde entonces la Legislatura en pleno conoce el recorrido de los equipos técnicos del INAI en relación con las tres comunidades cuyos reconocimientos se publicaron en el Boletín Oficial de la Nación este año.

 

 

“La negación oficialista tiene mucho de impostura, de oportunismo político ante la definición de candidaturas”, interpretó la diputada opositora. De todos modos, consideró que existe una posición ideológica por parte del gobierno de Suárez, en alianza con una parte del Poder Judicial, que se ve en los juicios de desalojos contra veinte barrios populares en la capital provincial.

Desde 2009 la provincia tiene firmado un convenio con la Nación por el relevamiento territorial de comunidades originarias en cumplimiento con la ley de emergencia 26.160, pero jamás conformó un equipo local ni en el organigrama estatal existe un organismo que atienda la cuestión indígena. Así es que el INAI se vincula a través de la Dirección de Derechos Humanos Provincial, a cargo de Luz Faingold. En la provincia se identifican comunidades pertenecientes a los pueblos Huarpe, Mapuche, Mapuche-Pehuenche, Pehuenchue, Kolla y Ranquel, precisó el INAI en un documento.

De 35 comunidades identificadas, 20 ya fueron relevadas en el marco de la ley de emergencia. Entre 2008 y 2015 se relevaron 10, de las cuales muchas son mapuche o mapuche-pehuenche. Siete culminadas, al igual que las tres publicadas este año, pero que no despertaron conflicto ni negación como ahora. El supuesto desconocimiento por parte de la provincia y los municipios fue refutado por el INAI, recordando que todas las acciones fueron públicas y formalmente notificadas.

Hace exactamente 20 años, la comunidad mapuche Mapudungun, asentada en el departamento Las Heras, obtuvo su personería jurídica en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Renaci) del INAI. Nada objetó Roberto Iglesias, el gobernador de entonces.

 

 

 

 

 

 

Primer reconocimiento

El trabajo de Martín Vilariño “Reactualizando alianzas al pie de la Cordillera de los Andes: el parlamento de 1816 entre pehuenches y patriotas” aporta espesura a la estructura de poder territorial indígena existente en Mendoza previo a la declaración de la Independencia de 2016, que explica los alcances del intercambio de ofrendas propio del protocolo tradicional mapuche.

El cacique gobernador de las parcialidades pehuenches de Malalhué estaba en manos de Neycuñan entre 1812 y 1813. Además, para esta época los caciques Millaguin y Pañichiñe comenzaron a tener más relevancia política en el mundo fronterizo. Esos interlocutores encontró San Martín al asumir como gobernador intendente de Cuyo a mediados de 1814, quien propició un parlamento sobre el río San Pedro, cercano a las tolderías de Malalhue, y los asistentes fueron seguramente los caciques y capitanejos que respondían directamente a Neycuñan. En el mismo parlamento el comandante de frontera, José de Susso, no solo acordó nuevamente las paces con los pehuenches y les solicitó ayuda para combatir a los realistas que amenazaban la estabilidad revolucionaria desde Chile, sino que leyó, mediante la asistencia de Inalican como traductor, el pliego que San Martín le había enviado para la ocasión. En él se expresan las intenciones del gobernador de Cuyo de buscar la colaboración de los pehuenches para la seguridad de la frontera e integrarlos a su sistema de aliados para enfrentar a los realistas, interpretó el autor.

El gobernador Rodolfo Suárez, audaz, desmiente a San Martin.

 

 

 

 

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