El poder del agua y el agua del poder

 

Las altas temperaturas que azotaron al país y a la región agudizaron problemas en el abastecimiento de bienes esenciales hasta provocar la movilización de distintas poblaciones. Entre otros, sobresalieron los prolongados cortes de energía eléctrica en la Ciudad de Buenos Aires y aledaños y la falta de agua potable en zonas del Gran Mendoza.

Mendoza, la provincia donde nací y resido, se ubica en la denominada “diagonal árida sudamericana”. Según su historia conocida, que abarca parte del período anterior a la dominación española, el manejo del agua que desciende de la montaña por fusión de glaciares y nieves –el aporte pluvial no es relevante– ha tenido una centralidad excluyente: la escasez relativa de las precipitaciones condicionó a tal punto la producción y reproducción social que el agua adquirió un valor estratégico adicional al que ya tiene en todas partes y se constituyó en un preciado objeto de disputa. Por esta razón, para aproximarnos al problema específico que abordaremos aquí, es necesario recorrer sucintamente algunos tramos de esa historia y de esa geografía.

De la relación dialéctica entre nuestra especie y la naturaleza surgieron allí fuertes fragmentaciones en la distribución territorial y en la configuración de la sociedad. El cuadro resultante muestra tres  oasis artificiales principales bajo riego, algo así como islas verdes en medio de vastos espacios desérticos no irrigados y casi totalmente despoblados. Para tener una idea: el área metropolitana del Gran Mendoza –que integra el oasis norte, comprende los departamentos Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Maipú y Luján y es uno de los conglomerados urbanos más importantes del país– contaba, según el censo de 2010, con 1.025.382 habitantes, es decir, el 59% de la población de la provincia que, sin embargo, ocupaba el 0,17% del territorio provincial. El oasis norte se desarrolló en torno de los ríos Mendoza –el más importante de la provincia– y Tunuyán inferior; el oasis central en torno del Tunuyán superior y el oasis sur a la vera de los ríos Diamante y Atuel. Las zonas no irrigadas constituyen más del 90% del territorio provincial.

Por la Ley de Aguas de 1884, aún vigente, el consumo humano es prioritario con respecto de otros usos como riego, producción de energía, turismo, etc. Los promedios de consumo en períodos prolongados durante el siglo pasado y primeros años del presente indican, por ejemplo, que en el caso del Río Mendoza no se utilizaba más de un 10% del caudal para producción de agua potable. Este porcentaje se ha incrementado en los últimos años debido a factores como el crecimiento de la población y la caída de los caudales en todas las cuencas provinciales. Hoy supera el 30%.

La provisión de agua para los distintos usos se realiza a través del subsistema superficial que consta de presas de embalse, diques derivadores, canales con diversas capacidades, hijuelas y acequias y de la explotación de acuíferos subterráneos, que pueden recargarse natural o artificialmente. A pesar de que las principales normas vigentes no hacen distinciones importantes respecto del estatus jurídico de las aguas superficiales y las subterráneas, en la práctica se aprecian importantes diferencias en los manejos político y económico de unas y otras, más allá de las impuestas por la operación técnica.

 

 

Cómo se invirtió la ley de la gravedad

Mendoza es un lugar en el que el escurrimiento natural del agua, según la ley de la gravedad, se convirtió en escurrimiento contra-gravitacional en términos sociales: escurre de abajo hacia arriba, hacia el poder del capital.

Entre los aspectos que involucran al agua y su rol en el complejo vínculo de una sociedad humana con su medio, es fundamental analizar aquellos que son a la vez causa y efecto de las relaciones de poder en la administración de ese recurso vital. Por lo tanto, las transformaciones socio-ambientales de los oasis de riego de las tierras secas de Mendoza, en un período de tiempo dado, no se comprenderían acabadamente si se soslayaran enfoques que den cuenta de la incidencia del agua en la producción y reproducción del poder. En otras palabras, es necesario explicitar los factores políticos, económicos, sociales y ecológicos que reflejan que los flujos de agua, de capital y de poder estuvieron y están materialmente unidos, lo cual que quiere decir visibilizar los intereses, ideologías, relatos e incluso las concepciones científicas que justificaron lo que se ha denominado “misiones hidráulicas”, así como las consecuencias de la manipulación del llamado “ciclo hidrológico”.

En Mendoza, la misión hidráulica que dio forma por más de 100 años al esquema de circulación del agua puede ubicarse a fines del siglo XIX y principios del XX. Contó con intelectuales orgánicos que se fueron sucediendo hasta hoy: ingenieros como el italiano César Cipolletti y el argentino Galileo Vitali, agrimensores como el francés Julio Balloffet y abogados como Guillermo Cano, Joaquín López y Miguel Mathus Escorihuela.

El proceso histórico estuvo condicionado por la relación que se dio entre el manejo del agua y la consolidación de un complejo agroindustrial centrado en la vitivinicultura, que se afianzó a fines del siglo XX bajo el paradigma de la dominación de la naturaleza y los ríos cordilleranos para rescatar las tierras semiáridas mediante el riego en gran escala: las tierras sin derecho de agua tienen muy bajo valor económico porque las lluvias no cubren las necesidades de ningún cultivo.

Así, la especialización vitivinícola y su correspondiente misión hidráulica implicaron un vínculo rígido entre la propiedad de la tierra y la disponibilidad hídrica –a través del “principio de inherencia”, introducido por la Ley de Aguas y elevado al rango constitucional en 1894 y 1916– por un lado, y el gobierno del agua por parte del Estado oligárquico por otro; es decir, una rápida y sólida estructuración social en función de los intereses de los sectores dominantes locales mediante el gobierno del agua, en momentos que se producía una significativa inmigración de hombres y mujeres procedentes de Europa, sobre todo de países con tradición vitivinícola. Esta nueva población, expulsada por la situación europea y atraída mediante diversas estrategias, fue actora relevante: no fueron pocos los inmigrantes que se convirtieron en propietarios de tierras e industriales bodegueros, grandes y pequeños.

El agua superficial desviada y canalizada terminaba en las fincas y se consolidó así una estructura de derechos de acceso que regulaba la circulación y le daba legalidad y estabilidad a la distribución y también control social a través de las asociaciones de usuarios conocidas como “inspecciones de cauce”. La integración de partícipes políticos, económicos y tecnológicos estableció una determinada geometría de poder que ayuda a comprender, entre otras cosas, daños socio-económicos y ecológicos que produjo el sistema, como el secamiento del complejo lagunar Guanacache en la cuenca inferior del Río Mendoza, drama que todavía sufren los pobladores lugareños. No obstante, es indudable que este ciclo hidrosocial reflejaba en cierta medida un sistema de gestión colectivo.

Pero el modo de acumulación agroindustrial mendocino empezó a mostrar claros signos de agotamiento en la década de los '80 del siglo pasado. En esos años –y sobre todo en los '90– se consolidó lo que se conoce como globalización neoliberal en materia agroalimentaria, con el llamado “tercer régimen agroalimentario mundial”, una de cuyas características está dada por las grandes corporaciones como actores principales. Asimismo, esta fase de reestructuración capitalista generó notables cambios en la dinámica de urbanización. Ambos fenómenos impusieron un claro dominio hegemónico sobre las políticas del Estado provincial, tuvieron fuerte repercusión en el manejo del agua en Mendoza e incidieron negativamente en la siempre difícil disponibilidad de agua potable por parte de vastos sectores populares.

El centro de esta transformación agrícola fue el oasis central en la cuenca del Tunuyán superior y se plasmó en la extensión de la frontera agrícola hacia el piedemonte, a través de grandes extensiones sembradas con uvas de alta calidad para la producción de vinos de exportación con nuevas tecnologías. Las hay también para producción de frutales para exportar, pero en menor medida. Los grandes capitales, la mayoría de origen extranjero –algunos vinculados a fondos de inversión y al sector financiero– han sido los inversores excluyentes. La conveniencia del negocio estuvo dada por cuanto se trataba de tierras de escaso precio hasta ese momento –más si se las comparaba con los valores internacionales–, pero con suelos aptos. La irrigación fue íntegramente resuelta con perforaciones del acuífero subterráneo costeadas por los propietarios, que contaron con ventajas impositivas y no tuvieron dificultades en obtener la correspondiente concesión.

Lo cuestionable no son estas inversiones en un país y una provincia que además de sed de agua tienen sed de divisas, sino la ausencia del Estado, que permitió la concreción de estos proyectos con bajas regulaciones. Estamos hablando de miles de hectáreas cultivadas en tierras secas, lo que derivó en una sobreexplotación del acuífero subterráneo y la consecuente salinización y contaminación de las aguas en la cuenca inferior del Río Tunuyán: no sólo se ha visto afectada la producción de los cultivos, sino también el abastecimiento de agua para consumo humano, por cuanto en algunas zonas las redes se alimentan con agua subterránea.

 

 

Mercados

Conviene aclarar que, en otros tiempos, la institución que otorgaba las concesiones era la Legislatura provincial. En la actualidad, esta prerrogativa la ejerce el Departamento General de Irrigación, un cambio que contribuyó a que se facilitaran las irregularidades y se generalizara la anarquía en la explotación y aprovechamiento del agua subterránea. Esta es una de las causas de los graves problemas de (des)abastecimiento de agua potable para consumo de las poblaciones vulneradas: el piedemonte del área metropolitana es el escenario urbano puro y duro de los intereses y narrativas dominantes, un monumento a la fragmentación social donde en los barrios pobres no se puede tomar un vaso de agua mientras ven cómo riegan grandes jardines en el barrio privado que tienen cerca.

La Favorita, barriada ubicada en el piedemonte de la Capital –muy cerca de Dalvian, el primer barrio privado que se emplazó en Mendoza, del grupo Vila– es uno de los territorios cuyos pobladores se movilizaron por la falta de agua: hace 30 años que padecen semejante situación en cuanto sube la temperatura. Algo parecido ocurre con La Estanzuela, ubicada en el oeste de Godoy Cruz. Cerca se encuentra otro barrio privado, Palmares Valley, cuya cabeza visible es Mario Groisman, un empresario dedicado a negocios inmobiliarios de alta gama.

 

 

 

No es necesario destacar la ausencia allí de inversión pública, pero sí es oportuno señalar que la informalidad urbana no se acota a los espacios ni a las actividades que desarrollan los sectores populares, sino que es ni más ni menos que una lógica hegemónica que practican con dedicación los sectores dominantes y dirige la construcción –y destrucción– y control del espacio urbano.

Por otra parte, no es casual que la privatización de buena parte del agua haya comenzado con  la caída del grupo Greco y la reconfiguración socioeconómica que impuso a sangre y fuego la última dictadura, dejando a miles de pequeños productores en situación de exclusión socioproductiva. En ese entonces se autorizó el denominado “mercado de flujos”, que permite la transferencia –por venta al valor del canon de riego– de volúmenes que en determinadas circunstancias sobran a algún regante y faltan a otro: así surgieron los llamados “bancos de agua”. Posteriormente se pasó a una fase superior, que consiste en el funcionamiento de un mercado de compra-venta de concesiones, es decir, un mercado de derechos de agua que rige la explotación del agua subterránea: se ciega un pozo que ya no interesa o no puede ser usado por el titular de la concesión, quien la vende a alguien que perfora en otro sitio. Es un mecanismo que no tiene nada que envidiarle a la privatización pinochetiana que hasta hoy rige en Chile, que elude el control estatal, ha agudizado el uso antisocial e irracional del agua y ha dado lugar a una alta concentración de la explotación en manos de quienes pueden pagar: algunos pozos se han vendido en más de 100.000 dólares.

  

 

La cuestión de la escasez

Es indiscutible que estamos frente a una disminución de caudales de los ríos mendocinos en relación con promedios realizados con datos correspondientes a series anteriores de 10 años de extensión. Hay numerosos indicios de que se trata de un fenómeno multicausal en el que inciden el calentamiento global y ciclos naturales. A su vez, es comprobable que la disponibilidad total de agua está condicionada por pérdidas en los canales, hijuelas, acequias y deficiencias varias en las redes de agua potable y que la demanda crece con el aumento de la población, todos factores de índole biofísico-atmosférica. En este contexto, la empresa estatal AYSAM (Agua y Saneamiento Mendoza), principal proveedora del agua potable por redes, aumentó la tarifa un 100% en 2020 y un 60% en 2021, con lo que según su titular, Alejandro Gallego, apenas cubre los gastos operativos. La tarifa es aproximadamente un 25% más elevada que en CABA para prestaciones equivalentes.

La historia oficial y dominante de la provincia nos cuenta que las últimas décadas del siglo XVIII y las primeras del siglo XIX pertenecen a los “domadores del agua” y al “labriego tesonero”, quienes realizaron un rico despliegue de recursos técnicos, institucionales, organizacionales, legales y políticos para la construcción del “modelo vitivinícola tradicional”, “motor del progreso” y base de la “identidad mendocina”, fruto de la combinación de distintos factores aunados en una causa común: “vencer al desierto”. La versión se completa con el tramo que corresponde a la etapa neoliberal, cuyo discurso puede conocerse a través de las páginas publicitarias –para atraer turistas– de las grandes bodegas propietarias de extensas plantaciones en el piedemonte o de la propaganda para venta de parcelas en los cientos de barrios privados existentes o en ejecución, muchos de los cuales se encuentran en terrenos que hasta hace unos años eran fincas en producción y otros en el agreste piedemonte.

Es evidente que esta interpretación de la historia es contradictoria con el breve análisis que he realizado. Se basa en un nada ingenuo enfoque meramente biofísico y atmosférico del ciclo hidrológico y en prejuicios ideológicos a partir de los que elude la centralidad política en el manejo del agua: nos habla de la escasez en términos absolutos, sin contemplar cuestiones clave. Así, encubre daños como los citados en Guanacache y los más recientes producidos con la expansión productiva y habitacional hacia el oeste y tierras antes cultivadas. En otras palabras, el discurso dominante no da respuestas a preguntas como: ¿por qué el agua abunda siempre para los (mismos) unos y falta para los (mismos) otros? El agua en Mendoza es escasa, para qué usos y para quiénes? ¿A quiénes benefician las soluciones técnicas? Interrogantes cuya satisfacción podría ser un primer paso para alcanzar en Mendoza una distribución socialmente justa de ese líquido vital que se llama agua.

 

 

 

Mario de Casas fue  vice presidente del directorio de EMSE (Energía Mendoza Sociedad del Estado), presidente por concurso del EPRE (2003/ 2007), el ente que regula la energía eléctrica en Mendoza, y presidente del ENRE nacional entre 2007 y 2014.

 

 

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