El plan agobio y la respuesta popular

 

El paro de actividades convocado para el día 30 sigue sacudiendo en las vísperas a la superestructura sindical. Una nutrida convocatoria realizada desde las 70 regionales del interior de la propia CGT, encabezada por el Frente Sindical para el Proyecto Nacional, acompañado por las tres CTA, los movimientos sociales y demás sectores que no concurren al Consejo Directivo de la vieja central residual, deja abierto un debate que de ninguna manera se cerrará tras la medida de fuerza. La iracunda reacción del barrionuevista Carlos Acuña contra el camionero Hugo Moyano, la contundente negativa del eterno oficialista Andrés Rodríguez de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) en apoyar la medida, la episcopal parada de Héctor Daer explicando lo inexplicable, señalan la profundidad de las heridas que ocasionó la iniciativa de los combativos. El poroteo de fuerzas se realizará contando la cantidad de sindicatos locales que se sumen al paro aun cuando sus conducciones nacionales no adhieran a la medida. En ese sentido el panorama luce optimista para quienes están a favor de la lucha. En el medio quedó Antonio Caló —hombre de la UOM de histórica relación con Dante Sica—, quien convocó a un paro de 24 horas para el Jueves Santo, tal vez especulando con que le dictaran la conciliación obligatoria, cosa que ocurrió de inmediato, Esa medida le permitió ampararse en la interdicción legal de su gremio para no sumarse el día 30 por fuera del paraguas de la CGT. Todo ello pese al mandato expreso del Congreso Nacional de Delegados Metalúrgicos para exigir un paro nacional antes de fin de abril y estar al frente de uno de los sindicatos que más puestos de trabajo tributó a la hoguera del industricidio macrista.

El Gobierno está lanzado a declarar la ilegalidad del paro. La jugada de Cambiemos para debilitar el 30A es tejer vínculos con los triunviros residuales y meter miedo.

 

 

Quienes siguen la prensa escrita saben que la contundencia de un paro siempre se plasma en una foto que se toma cerca del mediodía. A esa hora la imagen de la Capital Federal traducirá el éxito de la medida de fuerza, su debilidad o su fracaso. Por estos días son muchas las deliberaciones en curso. El transporte es determinante. Los aviones no volarán porque tanto los pilotos como los empleados de tierra (APLA y APA entre otros) están entre los convocantes. “En esta realidad hace falta confrontar”, aseguró el piloto Pablo Biro. Pese a negativas varias, la posibilidad de parar el transporte aparece real y amenaza el menguado poder de fuego de la histórica central. El titular de los jefes ferroviarios, Adrián Silva, aseguró que “la circulación de los trenes se afectará seriamente” y exigió definiciones en la CGT. Los trenes cuentan con la seccional Sarmiento que responde al Pollo Sobrero, más la posible adhesión de los señaleros. En los subterráneos el paro demostrará una vez más la contundente presencia de los metrodelegados del Beto Pianelli. Por el lado de la UTA el panorama es incierto: está en juego la aproximación de Moyano al ex secretario de Organización del gremio, Miguel Angel Bustinduy, aun con decisiva influencia en las líneas urbanas de la megaempresa DOTA pese a su ruptura con el secretario General Roberto Fernández. Pablo Moyano logró abrir el paraguas de la Federación Internacional del Transporte (ITF), que declaró su apoyo a los gremios afiliados en nuestro país frente a la medida.

Existe un contexto donde prospera el caldo de cultivo en que se mueven los movimientos sociales y la izquierda, que pretenden respaldar con piquetes la protesta en lo que sería una áspera disputa por el control de las calles con las fuerzas de seguridad. La apuesta es consistente con la desesperación de masas del pueblo empobrecido que no puede ni quiere esperar ni las ayudas que nunca llegan ni las lejanas elecciones. La semana próxima será determinante en las negociaciones intersindicales. Un paro contundente puede certificar la defunción de lo que queda del triunvirato original. En el interior del país, tanto a nivel de las conducciones locales de los sindicatos como de las regionales de la CGT, se juega una final entre el viejo verticalismo y las nuevas generaciones de dirigentes más fidelizados a sus propias bases que a los veteranos dirigentes nacionales acomodados a todas las coyunturas políticas.

El 4,7% de inflación sorprendió a propios y extraños. Todos esperaban una cifra alta pero nadie la imaginó de esa dimensión. La espiral inflacionaria es producto de la pérdida de confianza de los formadores de precios en la política de Macri, sumada a la caída del consumo y a imprevisibles medidas que se anunciaron sin convicción. Esto permite que, ante los rumores de algún tipo de control sobre los precios, la remarcación preventiva anule sus efectos en el bolsillo de la población. Al decir de Eduardo Basualdo: “La ruptura entre el gobierno y el poder económico es irreversible, los cuadernos no son gratis”.

La síntesis de la crisis se hizo patente el martes 16, cuando un nutrido despliegue policial ubicado en la Plaza de la República custodiaba los canteros e impedía el paso de un centenar de cartoneros que protestaban porque el gobierno colocó contenedores de residuos en la nueva peatonal Corrientes para impedir el acceso de los más empobrecidos a la basura. Un sofisticado mecanismo de apertura impide a los que se la rebuscan con el cartón y las sobras de comida aliviar su tragedia. “Nuestros compañeros vienen siendo hostigados de todas formas. Ellos defienden el gran negocio de la basura que quieren seguir sosteniendo”, afirmó Jacquelina Flores, representante de los cartoneros en la CTEP.

La santiagueña Viluco, empresa enamorada del Procedimiento Preventivo de Crisis (desde 2010 presentó 10 pedidos), ratificó en una audiencia su determinación de despedir a 117 de los 200 trabajadores de su planta de biodiésel instalada en la localidad de Frías. El Sindicato de Aceiteros rechazó la medida en la mesa de diálogo conformada para tratar la crisis, que continúa sin salida.

El miércoles 17 se firmó la paritaria bonaerense y se destrabó el conflicto docente. En una nota firmada por su secretario general Roberto Baradel, el Suteba comunicó que se dejaron sin efecto los sumarios iniciados a los maestros que adhirieron a las medidas de fuerza, se abonarán los días caídos y se valida el acuerdo paritario de doce puntos referidos a las escuelas seguras firmado en 2011. La recuperación salarial de 2018 más la cláusula gatillo completan el 100% del pliego reivindicativo con el que todos los gremios docentes sostuvieron, aún sin paritarias durante todo 2018, dos años de una lucha sin cuartel. El volumen de trabajadores implicados en la demanda, el grado de unidad mantenido entre todas las representaciones docentes, sumado a las dificultades que afrontaron de parte del gobierno del Hada Buena, colocan esta lucha al frente de todos los triunfos obtenidos en la era macrista por parte de los asalariados. El desgaste sufrido por María Eugenia Vidal no es un dato menor. Atada al vértigo de la caída de imagen del Presidente y doblegada por la resistencia de los asalariados, se siente compelida a emprender su propio camino político.

Por su parte, otros gremios de educadores siguen en conflicto. Con las paritarias 2019 sin ofertas ciertas, los docentes universitarios anunciaron un paro de 48 horas y la reunión que debía realizarse fue cancelada por el gobierno a raíz del aviso. En Córdoba, ADIUC denunció un "apriete gubernamental" en el debate por los salarios. Cientos de trabajadores y trabajadoras, en su mayoría investigadores de organismos estatales como CONICET, CNEA, INTA o INTI, marcharon con antorchas desde Palacio Pizzurno hasta la Plaza de Mayo para repudiar los ajustes y despidos en las áreas de Ciencia y Tecnología llevados adelante por el gobierno de Macri. Manolo Sueiro, adjunto de ATE Capital, afirmó que “el presupuesto del FMI traerá graves consecuencias en el desarrollo científico-tecnológico”.

En la provincia de Buenos Aires los pocos puertos que quedaban en manos del Estado están siendo traspasados a manos privadas, mediante su escamoteo con la figura de los consorcios administradores. Los conflictos se registran en los puertos de San Nicolás, San Pedro, Mar del Plata y Dock Sud desde tiempo atrás, ahora potenciados porque a la recesión creciente se agrega el impulso que el ministro de la Producción Javier Tizado (hijo de un gerente histórico de los Rocca en Techint) le dio a la instauración de los consorcios pese a la creciente oposición de todos los interesados. Su negativa a dragar el puerto de Dock Sud, que genera los reclamos de YPF y de Shell, pertenece al peor manual de la extorsión. Dock Sud pasó al esquema consorciado y el secretario General del gremio SUTAP, Adolfo Barja, aseguró que “no existen motivos económicos, ni laborales ni de peso estratégico para semejante entrega del patrimonio provincial. Se trata de manotazos de ahogado para cubrir las innumerables denuncias penales en otros consorcios por el manejo de contrataciones, de dragados no realizados, de subsidios selectivos y dirigidos”. A ello se suma la interna salvaje entre el ministro Tizado y el subsecretario de Puertos, Rodrigo Silvosa, que enriquece la crisis portuaria con un escándalo.

La fase de la crisis política actual y su devenir vertiginoso pareciera enviar al baúl de los recuerdos las luchas más importantes que suceden en esta etapa. El escándalo mediático y judicial conducido desde el propio gobierno lleva la confrontación social a territorios más alejados de la realidad material. Los tribunales, en especial Comodoro Py, y los estudios de televisión crean una realidad que invisibiliza las protestas cotidianas en las calles, en las puertas de las fábricas, en los cortes de ruta y en los acampes. Sin embargo la realidad social cotidiana es abrumadora y obliga al ejercicio de la memoria.

Al amanecer del miércoles se llamó desde las redes a una asamblea en las puertas de los diarios Clarín y Olé, por casi 60 cesanteados sin notificación previa y sin haber planteado procedimiento preventivo de crisis alguno. La asamblea de trabajadores decretó el paro y exige la reincorporación de todos los echados. Las escenas vividas traen el recuerdo de los 200 despidos, incluidos entonces sus delegados gremiales, cuando Patricia Bullrich era ministra de Trabajo en tiempos de la Primera Alianza. Ahora es ministra de Seguridad de Macri y la policía no sólo custodia el edificio de Clarín sino que filma las asambleas de trabajadores en la calle. Al grito de “¡Que se vayan!”, los espías fueron corridos por los laburantes.

 

 

Con Bullrich en Seguridad, si una empresa decide despedir tiene asegurada la custodia de sus intereses. Por estos días hizo lo mismo en la empresa Interpack, de Lomas del Mirador. La Policía de la Ciudad detuvo a la junta interna dentro del edificio de Laboratorios Craveri en Caballito. El Estado se ha lanzado contra los trabajadores a discreción. También una Justicia Penal clasista se encarniza para hacer sentir el rigor sobre las espaldas de quienes protestan. A los cuatro colectiveros de la línea Este de La Plata, detenidos el 3 y 4 de abril, se agrega ahora el inicio del juicio a los tres de Las Heras, compañeros petroleros de Mendoza, imputados por una supuesta “coacción y entorpecimiento de la actividad económica de una contratista” en 2014.

Tras el cierre de la emblemática Radio El Mundo, unos 60 empleados perdieron su puesto de trabajo. Desde el SUTEP (Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público y Afines) le reclaman al ENACOM por el mantenimiento de la fuente laboral. Los trabajadores de Noticias Argentinas reclaman ante Fenix Entertainment Group, la dueña de la firma, la regularización del pago de salarios y la cancelación de las deudas acumuladas. Mientras tanto, las empresas precarizadoras sin ley y sin orden desoyen el fallo de un juez que prohibió su actividad hasta que tomen una serie de medidas para cuidar la vida de los trabajadores de Rappi, Pedidos Ya y Glovo. Los damnificados se movilizaron luego de que la Justicia porteña prohibiera el funcionamiento de las bicicletas hasta que cumplan con el Código de Tránsito. Con dolor sufrimos la pérdida de un joven repartidor de Rappi, sin ART ni derechos, con la justicia clasista en su contra o mirando para otro lado. Murió arrollado por un camión en Puerto Madero y el informe de la policía de Rodríguez Larreta afirma que no estaba trabajando. La aplicación estaba activada y “mientras hacían los peritajes, sonaban alertas de pedidos”, se denunció en las redes. Era un trabajador de 20 años de nacionalidad boliviana, que luchaba por sobrevivir en dos ruedas.

La muerte sobrevoló en la estación Lavalle de la línea C de subtes a una jubilada que no puede comprar sus medicamentos ni comida y se arrojó a las vías. La conductora logró frenar la formación y le salvó la vida. El terrible episodio golpea la retina y las mentes de los trabajadores del subte, que sufren las consecuencias de transportar tanta gente angustiada por la crisis. En Mendoza, el ex trabajador del SENASA de Mendoza Juan Sebastián Abbona se suicidó a los 33, deprimido por el año que pasó desde su despido sin poder conseguir trabajo. Nada es gratuito. Pese a la exagerada presencia de la palabra “alivio” en el relato del PRO, solo hay angustia, agobio, zozobra, opresión en la vida de los trabajadores.

 

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