Jorge Macri abrió el período de sesiones ordinarias en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el viernes 1 de marzo por la mañana.
Uno de los ejes de su discurso se centró en enfatizar que “el contexto económico y social” le “obliga a actuar con precisión y austeridad”.
Agregó que “la sociedad está cansada del despilfarro” y destacó que en su gestión “la senda de la austeridad es innegociable”. En este sentido, manifestó: “Achicamos la estructura de gobierno tomando la decisión de reducir el 30% de los contratos temporales y no renovar los contratos políticos”, medidas que representaron “un ahorro de más de 35.000 millones de pesos”.
Macri estaba refiriéndose al despido de trabajadoras y trabajadores con contratos precarizados del Ministerio de Ambiente y Espacios Públicos, Ministerio de Educación, Prevención del Delito, Ecoparque, Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), agentes de tránsito y del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, comunicados por WhatsApp y presentados como un recorte del gasto en contratos “de la política”.
Esta no fue la única medida para evitar el “despilfarro”. En los primeros 80 días de gestión, Jorge Macri impulsó:
—Recortes en Cultura. El GCBA ajustó el presupuesto del Programa Cultural en Barrios, que funciona desde la vuelta de la democracia y ofrece más de 600 talleres gratuitos en 36 escuelas y espacios culturales en horario vespertino, del que participan, según datos oficiales, más de 30.000 personas.
—El cierre de Puerto Pibes, un espacio ubicado en Costanera Norte que depende del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, creado como un albergue de turismo social para niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad al que luego incorporaron actividades vinculadas a la recreación, capacitación y educación ambiental.
—El aumento de un 505% de la tarifa del subte (tarifa actual: 125 pesos, a partir del 1 de abril: 574 pesos; 667 pesos a partir del 1 de mayo y 757 pesos a partir del 1 de junio) e incrementos en el peaje del orden del 185%. El costo de transitar en auto por las autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Alberti, Salguero, Sarmiento, Illia y Paseo del Bajo pasará de $910 en hora pico a $2.276. En junio, habrá un segundo incremento del 35%, que acumulará una suba del 185% total.
—La implementación de un sistema de prioridad para los porteños en el sistema de salud.
En la Ciudad, Macri busca justificar y profundizar el ajuste amparado en el discurso motosierra de Milei, pero el “No hay plata” no cierra por ningún lado.
Veamos algunos ejemplos concretos:
El Presupuesto 2023 terminó con un superávit de 280.000 millones de pesos (poco más de 325 millones de dólares), gigantesca cifra que equivale al 8,3% del presupuesto total para la ciudad y, por ejemplo, al doble del presupuesto aprobado para el Municipio de Moreno.
El presupuesto 2022 también había terminado con un gigantesco superávit de 130.000 millones de pesos, de los cuales nunca se supo su uso y destino.
Macri también cuenta con los 350 millones de dólares que dejó Larreta en el Fondo Anticíclico anunciado en noviembre del año pasado.
Poner en “crisis” los privilegios
El nuevo Macri aseguró en su discurso: “Vamos a poner en crisis muchas de las cosas que se venían haciendo en la ciudad. Es momento de salir del piloto automático y dar nuevas discusiones”.
Bienvenidas sean las nuevas discusiones, la principal que hay que dar es sobre quién debería recaer el ajuste, eufemísticamente denominado “austeridad”.
¿Sobre las políticas culturales, sociales o de salud? ¿Sobre los trabajadores que operativizan estas políticas públicas? ¿Sobre la población indigente o pobre? ¿O sobre los privilegios que reciben las grandes corporaciones económicas que hacen sus negociados con recursos públicos de los porteños y porteñas?
Aquí recomendamos, en los propios términos de Jorge Macri, unos “despilfarros” que se deberían poner en “crisis”:
- Paraísos Fiscales: Con la política de distritos económicos, este año, el GCBA va a dejar de percibir 54.366 millones de pesos sólo si se contabilizan los recursos fiscales que se pierden en tres de ellos. Recordamos que los distritos son polígonos donde el GCBA subsidia con créditos fiscales hasta un 70%, en algunos casos, lo que las empresas invierten. Con la nuestra, grandes empresas hacen negocios casi totalmente gratis. En la ciudad existen los siguientes distritos: Distrito Tecnológico, Distrito de las Artes, Distrito del Diseño, Distrito del Deporte, Distrito del Vino, Distrito Audiovisual y de las Artes, Distrito de Transformación del Área Céntrica y el Distrito de Integración Productiva e Impulso al Trabajo en Barrios Populares.
El 27 de febrero, el Juez Guillermo Martín Scheibler, titular del Juzgado de 1.ª Instancia en lo CATyRC N.º 13, en los autos caratulados “Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad y Otros c/GCBA s/Amparo – Ambiental”, Expte. N.º 63372/2022-0, a través de una sentencia histórica, hizo lugar a la acción de amparo y declaró la nulidad de la Ley N.º 6447 que creó el Distrito del Vino. El Tribunal entendió que para la sanción de esta ley debió seguirse el procedimiento de doble lectura previsto en los arts. 89 y 90 de la Constitución de la Ciudad, y que debió convocarse a audiencia pública porque implicaba legislar sobre “excepciones a regímenes generales” y sobre materia ambiental.
Esta ilegalidad e inconstitucionalidad reconocida por el Tribunal fue replicada en el trámite parlamentario de cada uno de los distritos. Los gobiernos macri-larretistas aprobaron los distritos sin cumplir el procedimiento de sanción de leyes que establece la Constitución de la Ciudad (doble lectura) y sin convocar a audiencia pública. Cada uno de los distritos habilita negociados escandalosos y, por lo tanto, fueron aprobados en la Legislatura de forma muy poco transparente, a espaldas de la ciudadanía, sin su participación y tan apresuradamente que se comieron varios pasos del procedimiento constitucional para aprobar este tipo de leyes que otorgan privilegios.
Como si esto fuera poco, Macri en su discurso anunció que impulsará conversaciones con el Estado nacional para la creación de una zona franca para los sectores privados porteños.
- Brutos ingresos para las corporaciones: En plena campaña electoral el año pasado, Larreta favoreció a las grandes corporaciones con la disminución de sus impuestos. Mediante la Ley N.º 6.655 se dispuso la reducción de las alícuotas del impuesto sobre los Ingresos Brutos para las siguientes actividades:
—Industria manufacturera: Del 1,50% al 1%.
—Construcción: Del 2,5% al 2%.
—Actividades primarias (agricultura, ganadería, caza, silvicultura, extracción de hidrocarburos y minería): Del 0,75% al 0%.
El costo fiscal de esta medida fue de aproximadamente de 38.000 millones de pesos para el año 2023.
Esta medida estaba alineada con la carrera presidencial de Larreta, ya que tenía impacto federal al beneficiar tanto a las empresas radicadas en CABA, como también a aquellas industrias que, a través del convenio multilateral, poseen actividad comercial en CABA y en otras provincias. Por ejemplo, en el caso del sector primario, 7.970 empresas beneficiadas con esta baja de alícuotas, 7.898 (la mayoría del rubro ganadería y agricultura) presentan actividad en CABA y en otras provincias, en tanto que las restantes 72 se encuentran radicadas exclusivamente en la Ciudad.
El GCBA le bajó impuestos al núcleo más concentrado del empresariado a través de la reducción de la alícuota del impuesto sobre los Ingresos Brutos, un impuesto sobre la facturación empresarial, que no obliga a las empresas beneficiarias a trasladar parte de lo que se ahorran a una rebaja de precios.
Estos beneficios fiscales fueron sostenidos en la Ley N.º 6711, “Ley Tarifaria para el año 2024”.
- Capitalización privada de la plusvalía urbana: Otra de las medidas de Larreta en su búsqueda de “apoyos” electorales fue la reducción del monto a pagar por el “Derecho para el Desarrollo Urbano y el Hábitat Sustentable”, denominado coloquialmente el impuesto a la plusvalía.
La Ley N.º 6641 eximió del 80% de este pago a los desarrollos inmobiliarios localizados en los barrios de Constitución, Barracas, San Cristóbal, La Boca, Parque Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Nueva Pompeya, Flores, Floresta, Vélez Sársfield, Villa Luro, Parque Avellaneda, Villa Soldati, Versalles, Liniers, Mataderos, Villa Lugano y Villa Riachuelo.
Macri anunció en su discurso la reforma del actual Código Urbanístico y la puesta en marcha de la Mesa de Desarrollo del Sur. Se prepara para generar plusvalía en el sur de la ciudad, que luego captarán las corporaciones privadas.
- Pauta para tirar al techo. En el año 2023, se había aprobado por ley de presupuesto gastar $9.416 millones en publicidad y propaganda, lo cual ya era un aumento enorme respecto de 2022 (171% de incremento). Al final de año, Larreta terminó gastando $40.777 millones, lo que equivale a $111 millones por día destinados a pauta oficial.
¿Macri implementará una austeridad comunicativa con fondos públicos? En su discurso no hizo mención a este despilfarro.
- Espacios públicos gastronómicos. Por la crisis que generó la pandemia y las medidas de aislamiento y distanciamiento en el sector gastronómico, el GCBA decidió no cobrar ni un peso por la ocupación del espacio público que efectivizan con mesas y sillas miles de locales gastronómicos en toda la ciudad.
Esta ayuda estatal en situación de emergencia se transformó, terminadas las medidas de restricción de la pandemia, en una privatización del espacio público generalizada y masiva en la ciudad que en muchos casos dio origen a polos gastronómicos a cielo abierto con sus problemas ambientales, de contaminación acústica y de accesibilidad.
Los negocios gastronómicos continúan al día de hoy sin pagar un peso por la ocupación de cientos de miles de metros cuadrados de espacio público que usufructúan diariamente mientras en la ciudad crecen los hogares indigentes y pobres.
En conclusión, cientos de miles de millones de pesos podrían incorporarse a los recursos estatales si Jorge Macri decidiera poner en “crisis” estos exorbitantes privilegios otorgados a las corporaciones con recursos públicos. ¿Por qué la ciudadanía porteña debe seguir sosteniendo los privilegios de estas empresas, mientras la ciudad ni siquiera garantiza la gratuidad de los comedores escolares para quienes asisten a las escuelas públicas de CABA? Por poner solo un ejemplo.
Es profundamente injusto que el ajuste recaiga sobre la prestación de servicios públicos, las y los trabajadores y la población en general, mientras el GCBA nos obliga a seguir manteniendo los privilegios a los privilegiados de siempre.
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