El pilar de la Universidad

 

La sala I de la Cámara Federal de San Martín ratificó un fallo del Juzgado Federal de Campana y declaró la inconstitucionalidad de una resolución del Ministerio de Capital Humano que ponía en entredicho la creación de la Universidad Nacional de Pilar y otras cuatro instituciones de educación superior. 

La decisión del tribunal de apelaciones se produjo en un contexto en que en todas las sedes universitarias del país se intensifican los reclamos por el presupuesto y los salarios del mundo académico. Su poda por inflación amenaza el derecho de acceso a la educación superior pública y la autonomía y autarquía que la Constitución reconoce a las universidades nacionales. 

Tanto la resolución del Ministerio que conduce Sandra Pettovello como el debate parlamentario que en 2023 había concluido con la creación de esa media decena de casas de estudio resultan nuevos condimentos para un tema que el propio gobierno de Javier Milei colocó al tope de la agenda pública. 

Las intervenciones, silencios y ausencias en el Congreso cuando se discutió la creación de las nuevas universidades y la invasión por parte del Ejecutivo de las potestades de otros poderes, un año más tarde, al pretender revisar la decisión parlamentaria, aportan mayor nitidez a la radiografía del escenario. 

La determinación de la Cámara resulta únicamente aplicable a la Universidad Nacional de Pilar, que entabló la demanda en cuestión, pero los razonamientos del tribunal ilustran un comportamiento general del gobierno de Milei hacia las normativas que aseguran la independencia de poderes y otorgan autonomía a las instituciones universitarias. 

 

 

La génesis

La Universidad Nacional de Pilar nació el 29 de septiembre de 2023, cuando el Senado completó con su media sanción la aprobación de la ley, única vía para crear o cesar instituciones universitarias. En el caso de la UNP, la aprobación obtuvo 59 votos positivos contra uno negativo. El mismo día, se votaron afirmativamente los proyectos de creación de las Universidades Nacionales del Delta, Río Tercero, Ezeiza y de Madres de Plaza de Mayo. 

La Cámara Alta tomó en cuenta, entre otros elementos, el necesario informe previo del Consejo Interuniversitario Nacional, que agrupa a las instituciones del sistema. Al aconsejar la propuesta para Pilar, el CIN había considerado que la creación de la nueva Universidad podía contribuir a resolver problemáticas de la zona:

• los índices de necesidades básicas insatisfechas que padece ese partido bonaerense, de casi 400.000 habitantes, son cinco puntos más elevados que el nivel general de la provincia de Buenos Aires; y
• en el mercado de trabajo, el 42,1% de la oferta no cubierta de puestos en el distrito obedecía a carencia de calificación profesional, el 23,6% a la falta de calificación técnica y el 34,3% a baja calificación operativa.

El 12 de octubre la ley fue publicada en el Boletín Oficial y adquirió vigencia, tras lo que se iniciaron los habituales procesos de consolidación institucional. En los meses siguientes, la Universidad selló un convenio con el municipio local para contar con su primera sede y aprobó su Estatuto. En enero finalizó el periodo de normalización, cuando la Asamblea Universitaria celebró su primera sesión y ratificó a la interina Elizabeth Wagner como rectora. 

 

 

La previa

El debate más candente se había dado en Diputados, que trató el tema el 19 de septiembre. Había pasado sólo un mes de las elecciones primarias en que Javier Milei sorprendió con su victoria, un dato de contexto que ayuda a comprender el tono de algunas de las intervenciones. En los discursos sobrevolaron acusaciones por “populismo” y “electoralismo” hacia el gobierno de entonces. Esas conclusiones omitían considerar que algunas instituciones ya existían y sólo se proponía reconocerles una nueva jerarquía, mientras que en otros casos los proyectos habían sido presentados en varias ocasiones y representaban la culminación de viejos anhelos de sus comunidades. En Pilar y sus alrededores, por ejemplo, se habían reunido más de 70.000 firmas de apoyo. 

Diputado por entonces, Milei no se pronunció y la única voz libertaria que amenizó la velada fue la de José Luis Espert, parte del pelotón de opositores de voto negativo. En su caso, adornado con los habituales calificativos que destina a quienes integran el kirchnerismo o sectores aledaños. 

El principal argumento de quienes votaron en contra se basó en una dicotomía que la diputada radical Danya Tavela reveló falsa: la que supone que no deberían crearse universidades cuando restan por resolver problemas en los peldaños previos de la educación pública. Además de que ambos elementos no son mutuamente excluyentes, la apertura de instituciones académicas acerca a las ciudades sede recursos económicos y educativos para mitigar algunas de esas problemáticas. Casi un año más tarde, Tavela sería autora de uno de los proyectos de la ley que se proponía recuperar el presupuesto universitario y Milei acabó vetando. 

El diputado Alejandro Finocchiaro, que en 2024 contribuyó a dejar firme el veto, también había intervenido en el debate parlamentario que enfocó en la propuesta de creación de las cinco universidades nacionales. Fue coherente con la premisa que explicitó recientemente y su voto resultó negativo. Ni entonces ni ahora el ex ministro de Educación levanta la mano cuando lo hacen sus pares kirchneristas, aunque eso suponga negarse a crear instituciones educativas o a darles el financiamiento que las ya creadas necesitan. La pregunta que sobrevuela es qué haría si le jugaran con psicología inversa. 

El radical Rodrigo de Loredo, por su parte, se mostraba en 2023 más refractario del neoliberalismo que en la actualidad. Como dentro de las universidades nacionales por crear estaba la de Río Tercero, el diputado cordobés destacó que la decisión podía mitigar el daño causado a la población por la voladura de la Fábrica Militar en 1995. “Me cuesta aún dimensionar cuán mal hemos hecho las cosas en la Argentina, que veo que hoy aparecen expresiones políticas a las que electoralmente no les va mal, que reivindican aquellos gobiernos y aquellas gestiones”, dijo en obvia referencia al fanatismo del victorioso candidato respecto de Carlos Menem. Con un espíritu combativo que en gran medida se extinguió el 10 de diciembre, anticipó que “la historia muchas veces sucede la primera vez como tragedia y la segunda vez como una farsa”. 

 

 

Sandra, la impredecible

Ya con Milei en la Presidencia, a fines de febrero, el nuevo Ministerio de Capital Humano —que había rebajado la Educación a Secretaría— emitió una resolución que disponía la revisión de la creación por ley de las cinco nuevas universidades nacionales y paralizaba los procesos de consolidación institucional ya en curso. 

Como entendió la Justicia al determinar esta semana la inconstitucionalidad de la resolución, lo dispuesto por Pettovello invadía el ámbito del Poder Judicial como instancia de impugnación y menoscababa la autonomía universitaria de las instituciones afectadas, reconocida por la Constitución. Adicionalmente, tomaba la curiosa forma de un veto retroactivo sobre una ley ya promulgada, pasando por encima de lo resuelto por el Congreso, en uso de facultades que le son exclusivas. Precedentes a todas luces peligrosos para el resto de las universidades nacionales y el conjunto del andamiaje republicano. 

En su fallo, la Cámara dedica un párrafo a un concepto caro a la prédica neoliberal. “El reconocimiento de la estabilidad del acto administrativo responde a la finalidad de alcanzar la ‘seguridad jurídica’”, escribieron los camaristas Marcelo Fernández, Juan Pablo Salas y Marcos Morán. Los jueces advirtieron que en caso de que se reconociesen al Ejecutivo potestades ilimitadas en el tiempo y las formas, “se estaría habilitando a que adoptase todo tipo de comportamientos erráticos, contradictorios y, en definitiva, impredecibles”. 

La resolución judicial no será, sin embargo, el último capítulo de la historia. El proyecto de Presupuesto 2025 contempla para cuatro de las cinco nuevas universidades nacionales sólo 800 millones de pesos por cada una. En conjunto, las más jóvenes instituciones universitarias del país recibirían el 0,14% de un total ya ferozmente afectado por la motosierra.

 

 

 

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