El perseguidor

 

La renuncia del presidente del Superior Tribunal de Justicia, Pablo Baca, no desactiva el impacto de la primera sesión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado que trató el pedido de intervención federal al Poder Judicial de la provincia. La senadora Anabel Fernández Sagasti recordó allí el paso reciente por la provincia del Consejo Federal de Procuradores, Fiscales , Procuradores, Defensores y Asesores generales de la República Argentina. Grabados con una cámara oculta por Gerardo Morales, en el mes de septiembre advirtieron que era necesario el remedio de la intervención federal para un Poder Judicial que consideran colonizado por el poder político de la provincia.

El Cohete a la Luna entrevistó a quien entonces era el titular del Consejo, Mario Oscar Bongianino, procurador de La Pampa. Estuvo en Jujuy en septiembre. Y hoy dice que la injerencia del poder político en la justicia jujeña es desmedida. “Eso queda de manifiesto para quien quiera mirarlo. O intente mirarlo. No hay miradas meramente objetivas, pero si uno intenta ponerse lo más objetivo posible, eso se nota claramente”.

Bongianino viajó con Procuradores de otras provincias a atender la situación del fiscal Alejandro Ficoseco, fiscal general ante el Superior Tribunal de Justicia, sobre quien se cernía un juicio político. Bongianino y los Procuradores consideraban que era una persecución política y plantearon la necesidad de una intervención federal. Morales los convocó a su despacho en ese contexto, cuando estaban por subirse al avión de salida. Grabó la reunión sin avisarles y publicó más tarde una edición en la que suprimió la voz de los fiscales. En el mes de diciembre, y después de cuatro años de participación, el Consejo expulsó al jefe del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy, Sergio Lello Sánchez. Lo declaró inepto éticamente para participar de las actividades por haber invocado públicamente al Consejo con argumentos falsos. Fue la primera vez en la historia del organismo que sus integrantes tomaron una decisión del tipo. Y se hizo a pedido de los Procuradores generales de la provincia de Buenos Aires, San Juan, Corrientes, Chaco, Santiago del Estero, Rio Negro y Santa Cruz.

–¿Cuándo y por qué decidieron el viaje a Jujuy?

–Desde el Consejo Federal de Procuradores, el año pasado empezamos a mirar más detenidamente la situación del Poder Judicial en Jujuy. En especial el ministerio Público. El fiscal general ante el Superior Tribunal de Justicia, el doctor Alejandro Ficoseco, conjuntamente con los miembros del Tribunal de Cuentas, habían sido sometidos a un pedido de juicio político que tramitaba en la Cámara de Diputados. En ese momento, yo presidía el Consejo que representa a todas y cada una de las provincias, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y se convocó a una Asamblea extraordinaria a realizarse los días 26 y 27 de septiembre en Jujuy. El tema principal era analizar la persecución política a la que se sometía al fiscal general, la situación del Ministerio Público y de la Provincia. También había quejas de sus colegas que señalaban a nuestro entender que se había atentado contra la libertad de prensa. También fue un punto que tratamos. A raíz de eso, se pudo lograr que los juicios políticos al fiscal general y a los miembros del Tribunal de Cuentas no continuaran.

–¿Como lo lograron?

–Para eso realizamos distintas reuniones con todos los poderes locales, incluso con el gobernador Gerardo Morales, que después de varias maniobras dilatorias nos concedió una audiencia en un horario inusual. Fue a las 7 de la mañana cuando nuestro avión partía a las 10. Y esto estaba en su conocimiento porque así se lo habíamos expuesto a su secretario privado. Fuimos a la reunión. Y si bien fue en términos de personas adultas, después nos enteramos que no fue con las garantías del caso porque nos grabó sin ponernos en conocimiento y esa grabación, totalmente editada, fue difundida en los medios de Jujuy. Esta anécdota la cuento para que quienes lean tengan conocimiento de cómo son y cómo suceden las cosas en esa provincia, en lo que respecta a la intervención del poder político en el Poder Judicial.

–Usted describió que esa injerencia tiene como origen el 2015.

–Arranca ni bien asume el gobernador actual con la ampliación de los miembros del Superior Tribunal de Justicia, inmediatamente, creo que en la primera sesión Legislativa. Aumenta el número de 5 a 9 miembros, jurando como integrantes del Superior al día siguiente de la sesión, dos diputados que habían votado la ampliación, uno de los cuales es el hoy cuestionado presidente que en declaraciones en las que fue grabado admitió ciertas cosas respecto de expedientes que lleva el Poder Judicial. La otra cosa que se hizo fue la creación de la nada de un Ministerio Público de la Acusación que sustrajo todas las competencias al fiscal natural ante la Constitución, que es el fiscal general ante el Superior y se le asignó a un nuevo fiscal nombrado en ese momento, que es el doctor Sergio Lello Sánchez. Una persona que por distintos cuestionamientos de miembros del Consejo —que solicitaron en la ultima asamblea ordinaria que se considerara la situación de este fiscal—, fue declarada inepta éticamente para participar por haber invocado públicamente a este Consejo con argumentos falsos, relativos al programa de laboratorio del Consejo con el gobierno nacional. Esto, totalmente probado por su propio reconocimiento, es lo que yo puedo resumir sobre la gestiones en las que participé mientras fui presidente con mandato vencido en la asamblea de diciembre.

–Estos dos ejes se plantean también en los fundamentos del proyecto de intervención. Ampliación del STJ y creación del MPA. Jujuy dice que copió el modelo de MPA de Santa Fe. ¿Es así?

–Eso es cierto, pero hay una gran diferencia. Santa Fe tiene un esquema similar. Pero cuando allí se crea el MPA, no había un sistema acusatorio y por tanto, se crea para luego poner el sistema acusatorio. En Jujuy ya estaba funcionando el sistema acusatorio. Y se le sacó al fiscal constitucional las facultades persecutorias para ponerlo en cabeza del nuevo organismo. Esa es una gran diferencia de inicio. La otra es que el fiscal general de Santa Fe tiene un mandato de seis años, cosa que no tiene Jujuy (NdR: no tiene límite en el mandato). Y por otra parte, no se le sustrajo ninguna competencia. Simplemente se creó un ministerio sin sustraer competencias al Procurador General que estaba antes a cargo del MP.

–¿Qué hizo en Santa Fe con la estructura fiscal?

–Era una estructura fiscal muy flaca, endeble, la verdad que se reconvirtieron en fiscales para contestar las actuaciones de orden publico, inconstitucional y leyes. Ahí sí nació un nuevo Ministerio Público acorde al sistema acusatorio, que no es el caso de Jujuy.

–Es decir, ¿antes Ficoseco tenía las funciones de Lello Sánchez?

–Exacto.

–¿Y por qué crearon una estructura repetida: para controlarlo?

–Crearon una estructura que le saca las facultades de persecución penal y se la concede a esta otra persona. Nosotros creemos que esta Ley, en el caso de Jujuy, tiene visos de inconstitucionalidad respecto de la Constitución provincial puesto que el ministerio es una creación legal pero no tiene apoyo constitucional.

–¿Lello Sánchez participó cuatro años del Consejo Federal de Fiscales?

–Lo integró. Participó esporádicamente. No era como los demás, que concurren ante cada convocatoria. Se limitó a algunas reuniones. En una de ellas, en Tucumán, se le pidió explicación por unas cuestiones y se le hizo firmar un documento en el que él reconocía que lo que había dicho no era verdad. Ese fue un documento que, de nuevo, fue introducido en el juicio político a Ficoseco, y por esto el Consejo tomó esta drástica decisión: es la primera vez que se toma una decisión de este tipo, donde se declara a alguien inepto éticamente.

– ¿Cuál fue el motivo de la persecución a Ficoseco en Jujuy?

—Los Consejos acuden cuando alguno de sus miembros solicita que se convoque una asamblea por una cuestión puntual en alguna provincia. En el caso de Jujuy, para nosotros estaban en riesgo las instituciones. Y la división de poderes, toda vez que con el pretexto del uso de mecanismos como la remoción —que sí estaba establecido en la Constitución—, pero era utilizado haciendo uso de una mayoría parlamentaria, que sabíamos que se iba a perder, porque ya estaba el resultado de esas elecciones de la próxima Legislatura. Entonces, como ultimo accionar el oficialismo intentaba llevar adelante el juicio político. Por suerte para las instituciones jujeñas no pudieron concretarlo, tal como era el deseo que dejó expuesto el propio gobernador.

–Tengo entendido que el juicio se impulsó porque Ficoseco había elaborado un dictamen a favor del reclamo de dos empleados del MPA que denunciaban a Lello Sánchez. ¿Es así?

–Eso fue uno de los argumentos sostenidos. Y el otro son los consabidos argumentos que repite siempre el gobernador: que cuando tenía la potestad persecutoria, Ficoseco no inició, o por no haber dado instrucciones particulares contra determinados dirigentes jujeños. Lo que le dijimos al gobernador es que se olvida que esto es un sistema constitucional, un Estado de derecho. Las facultades que tiene un fiscal no en todas las provincias funcionan de la misma manera. Hay provincias como Jujuy o La Pampa, donde el Procurador General no puede dar instrucciones para que se persiga a alguien determinado. Las instrucciones son de orden general. Es decir, nunca Ficoseco pudo decir que persigan a tal persona o inicien causa a tal persona. Porque es una facultad propia del fiscal de la causa y no del fiscal general.

– Son recomendaciones sobre determinadas políticas de persecución penal.

–Sí. Uno puede decir 'me interesa como Ministerio realizar persecuciones a quienes están estafando telefónicamente a personas ancianas, ahondemos en esta problemática'. Pero no podemos decir 'persiga a Juan Pérez, que llamó por teléfono'. El ejemplo sirve para entender cómo es el caso de un gobernador que pretende que algún funcionario judicial haga cosas que él entiende que debería hacer, pero que no están en sus facultades. Un Estado de derecho se caracteriza por eso. Porque cada poder actúe en el ámbito de su competencia, porque sino tendríamos un Estado totalitario. Si alguien puede hacer todo, se resiente el Estado de derecho al resentirse la división de poderes.

–¿Esas persecuciones eran sobre Milagro Sala?

–Él nos mencionó en la entrevista que nos otorgó, a mí y a cuatro o cinco miembros del Consejo, que Ficoseco había cajoneado, así nos dijo, 60 causas. Esto es imposible porque esas causas nunca pudieron estar en manos de Ficoseco porque no tiene la potestad persecutoria, no tiene el ejercicio de la acción penal. Se le señaló eso, pero persiste en esa creencia de que el fiscal general podía hacerlo. Tal vez porque cree que al estar en la cúspide de determinado poder, se puede hacer cualquier cosa. La verdad no sé, esa es mi interpretación, no sé de dónde saca esos argumentos.

–¿Cómo fue la reunión? Él apareció muy enojado.

–A mí me reprochó que haya dicho públicamente que estaban dadas las condiciones objetivas para pedir la intervención del Poder Judicial. Me lo reprochó con tono enérgico. Que le dijera cuáles eran las causas. Y yo dije: Señor gobernador, las conocemos todos. Si quiere las enumero. Algunas de las cuales ya las mencioné, como la ampliación de los miembros del STJ de la forma en que se hizo. Porque la ampliación es constitucional, pero de la forma de Jujuy es claramente es una invasión del poder político hacia el Poder Judicial. La creación del este Ministerio de la Acusación. La asignación a la hermana de un alto funcionario a cargo de la Defensoría General. Innumerables razones había en ese momento, y eso era a titulo personal, no hablé como presidente del Consejo sino como persona, como hombre que lleva en la Justicia más de 20 años. Dije que me parecía que la única manera de solucionar esto era el remedio federal establecido por la propia Constitución nacional, que es la intervención de uno de los poderes del Estado que no cumple con las garantías constitucionales. Se lo dije de esa manera. Y él dijo: ¡Ustedes no saben nada! ¡Ustedes no viven en Jujuy! ¡Hablan porque son de afuera! Pero insisto, nosotros estábamos para opinar sobre una situación y lo hacíamos como observadores objetivos, no pretendíamos ningún resultado sino proponer el remedio a ese problema. Acertada o equivocadamente, era mi apreciación personal. Sobre todo porque me habían solicitado audiencia en carácter de presidente del Consejo, muchos integrantes del Poder Judicial que no se animaban a decir nada públicamente sobre las cosas que estaban pasando, pero sí me lo pudieron manifestar. Situaciones de acoso, persecución, muchas de las cuales luego fueron saliendo.

–Algunos casos hemos difundido en este medio.

–Muchas personas se acercaron sabiendo que estábamos para, de alguna manera, canalizar su angustia, ante la escasa respuesta que debían dar las propias instituciones.

–¿Dónde estaban las cámaras el día que los filmó? ¿Estaban a la vista?

–No, eran cámaras ocultas. No vimos a un camarógrafo filmando. No. No sé si estaban ocultas pero uno debería mirar el techo, no sé en que lugar estaría. Ninguno las vio y tampoco nos advirtieron, que es lo que corresponde. A lo mejor, si lo hubieran dicho hubiesen podido decir que son cuestiones de ética pública grabar, transparencia, pero esto fue muy desagradable. Si se hubiera filmado y no editado.. Uno es un funcionario publico y como tal rinde cuentas. Pero no se hizo y lo peor es que se trasmitió editado.

 

 

 

 

–Ahora se planteó el pedido de intervención. Y Morales se opone.

–La injerencia es desmedida del poder político en el Judicial. Eso queda de manifiesto a quien quiera mirarlo. O intente mirarlo. No hay miradas meramente objetivas, pero si uno intenta ponerse lo mas objetivo posible eso se nota claramente. El ambiente es raro, uno tiene que ir despojado, sin prejuicios, y tratando de ver esa situación, y eso es lo que se observa. Hay un clima que dista mucho de un funcionamiento normal de las instituciones. No sé si es producto de estos años o viene de lejos, pero el Poder Judicial de esa provincia no es el que uno desearía como integrante de un Poder Judicial que pretende respetar el Estado de derecho. Se entiende que las máximas autoridades de un Poder Judicial tengan vínculos con las máximas autoridades de los otros dos poderes por la propia correlación que debe existir en el Estado de Derecho, lo que no se entiende es que haya una correlación de uno sobre otro.

—¿Escuchó los diálogos de Baca sobre este tema? ¿Y la denuncia de una joven por violación?

–Una de las defensas que hizo el presidente del STJ es que lo grabaron sin su consentimiento, cosa que parece que es práctica en la provincia porque el propio gobernador nos lo hizo a nosotros. Eso como reflexión. Por otro lado, a mí me parece que los integrantes del Poder Judicial, sean jueces, fiscales o procuradores, debemos serlo durante las 24 horas del día. Somos funcionarios públicos, y hay cosas que ni aún en determinados ámbitos de confianza se pueden poner de manifiesto, porque son de una gravedad tal como lo que hemos escuchado.

 

 

 

 

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