EL PEOR FINAL Y LOS DESAFÍOS QUE ABRE

 

Finalmente esta semana la jueza federal María Gabriela Marrón le anunció a la madre de Facundo Astudillo Castro que el cuerpo encontrado en un cangrejal de Villarino era el de su hijo. Quienes participaron de esa audiencia remota describieron escenas frías en las que Cristina Castro escuchó los detalles del informe y dejó hablar a sus abogados. Era la primera certeza que recibía desde el 30 de abril, cuando el joven dejó su casa en Pedro Luro con destino a Bahía Blanca. Todo este tiempo la madre fue muy crítica del rol del Estado en la investigación y da la impresión de que será difícil que sus sensaciones se disipen. No comparte las decisiones que se tomaron en la búsqueda, y el hallazgo del cadáver aumentó aún más las desconfianzas, ya que tampoco lo encontraron los operativos policiales sino un pescador que estaba por la zona.

Las primeras horas en la investigación de los delitos son las más valiosas y lo que no se hace en esos momentos quizá no se pueda reparar. Son decisivas porque los rastros comienzan a borrarse desde el mismo momento en que se dejan. En crímenes o robos un mal arranque complicará la ruta para encontrar a los responsables, pero en casos de desapariciones de personas –sobre todo si se presume que fue contra su voluntad– puede ser más grave: ahí la respuesta inmediata es la única posibilidad de encontrar viva a la víctima. Para hallar a alguien hay que saber buscarlo y ese es quizás el principal problema cuando alguien desaparece en la Argentina.

Desde el Estado se recomienda ir a la comisaría a denunciar el caso. Aunque los instructivos para fuerzas policiales señalan que la búsqueda tiene que empezar en el momento, los relatos de agentes que mandan de vuelta a las madres y les dicen que aguanten uno o dos días se repiten todo el tiempo. Esperar, preguntar en el entorno y no preocuparse que seguro que no es nada son las frases del manual policial. Ese es el primer problema de una larga serie de obstáculos que tiene la respuesta estatal en todos los casos de desapariciones.

Cuando se denuncia un caso la investigación la lleva adelante el fiscal, pero el trabajo en campo lo hace la policía. Ninguno de los dos está acostumbrado a las tareas específicas de búsqueda de personas. Hay protocolos que esquematizan procedimientos, pero en la práctica se cumplen sólo los pasos básicos. “La Justicia empieza a investigar como averiguación de paradero. Por la cantidad de casos que tienen en los distritos y por la gravedad de alguno de esos delitos, la mayoría de los fiscales antepone esos casos delicados a los de búsquedas de personas. Se cumple primero con el recorrido burocrático, se pide registro de huellas y preguntan en hospitales y morgues. Como la mayoría de los casos de búsquedas de paradero se resuelven en 24 horas, quienes investigan están esperando un poco que suceda así y eso dificulta que a los casos más graves se los aborde de una manera distinta”, hace el primer diagnóstico el director provincial del Registro de Personas Desaparecidas bonaerense, Alejandro Inchaurregui.

Un ex perito de la Corte que no quiso ser mencionado agrega precisiones sobre los problemas que genera una investigación no especializada. “En el momento de la búsqueda de rastros muchos policías creen que los mandan a una tarea sin importancia. Con ese ánimo recogen los materiales y los relevamientos son incompletos. El otro día me llegó un expediente en el que había pocas fotos, pregunté por qué y me dijeron que como había una filmación el personal policial entendió que no era necesario. Resultado: no están los primeros planos de todos los objetos. El ejemplo del hallazgo del amuleto de Facundo Castro en la comisaría es muy gráfico. Lo empiezan a filmar luego de haberlo pasado por varias manos y lo muestran a la cámara. Lo grave es que los policías no se están dando cuenta de lo que están haciendo. ¿Cómo convencés luego a la familia de que no hay intencionalidad ahí?”

 

 

 

 

La sombra azul

A estos procedimientos habituales hay que sumarle una capa de complejidad cuando hay sospechas de participación de alguna fuerza de seguridad. En general esto sucede porque la familia hace pública una denuncia y el caso pasa a la Justicia federal. Se separa a la fuerza involucrada pero lo que se describe párrafos arriba ya sucedió. En la mayoría de los casos de desapariciones forzadas, la investigación federal tiene que desentrañar lo que pasó con la víctima, poniendo el ojo en los acusados pero con prueba generada u ocultada por ellos mismos. Cuando se presume la desaparición forzada también hay una serie de protocolos muy claros. Las dificultades, igual que cuando se hace una búsqueda común, están en el cumplimiento de esas instrucciones.

“El problema no es únicamente la falta de protocolos. Porque en realidad existen. Para empezar los de Naciones Unidas, a los que en la Argentina debería haber un alto grado de adhesión. Están los principios rectores para búsquedas de personas del Comité contra las Desapariciones Forzadas y también está el protocolo de Minnesota, que sirve para evitar que funcionarios del Estado sospechados puedan influir en la investigación y que es una herramienta muy útil si se quieren hacer las cosas bien, con guías específicas inclusive sobre la realización del trabajo pericial”, explica Luciano Hazan, presidente-relator del Grupo de Trabajo de la ONU y coordinador del Programa contra la Violencia Institucional de la Defensoría General de la Nación. “Esas normas están pero la dificultad se genera cuando, por ejemplo, en las provincias deben salir a buscar y no tienen estructuras especializadas. O peor, porque son las estructuras del Estado que participaron en la desaparición. Por naturaleza, como crimen de Estado, las desapariciones forzadas están íntimamente relacionadas con el encubrimiento. Y sin políticas específicas, es imposible evitarlo”.

 

 

 

 

Hazan explica que no hay equipos preparados para salir desde el primer día en ese tipo de búsqueda y que cuando se separa a la fuerza local y se le pide a una fuerza federal que intervenga, tampoco está especializada. “No hay alguien dirigiendo la investigación en ese sentido. Distinto sería si esa tarea la hiciera una unidad especial y alguien que sabe la metodología para investigar desapariciones desde el comienzo”, sostiene y propone mirar las experiencias de Colombia, México, El Salvador y Perú, que pese a sus dificultades tienen unidades de búsqueda en desapariciones forzadas. “Entiendo que ellos tienen realidades más complejas y que en la Argentina no tenemos un tema de sistematicidad de desapariciones. Pero creo que sí tenemos una repetición del fenómeno, sobre todo de disciplinamiento de fuerzas de seguridad a jóvenes de las clases populares que amerita tener una respuesta estatal más concreta”, concluye.

La creación de una agencia con las características que señala Hazan plantea decisiones políticas firmes. Experiencias anteriores que intentaron investigaciones en esa línea se encontraron con barreras complejas. Además del resquemor de las fuerzas locales, las gobernaciones protestaban al Ejecutivo nacional por la intervención externa, como sucedió con los trabajos de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) en otras épocas. No todos están dispuestos a que sus trapos sucios se ventilen en casos de gravedad institucional.

 

 

 

 

 

Entierros como NN en democracia

Hay una experiencia de búsquedas hechas por especialistas que puede servir de referencia cuando se piensa en un proyecto nacional. El programa “Búsqueda de personas en democracia” –que funcionaba desde 2013— unió el trabajo de identificación de cuerpos de la Procuraduría de Trata (Protex), la ONG Colectiva de Intervención Ante las Violencias (CIAV) y el Ministerio de Seguridad de la Nación.

En 2015 comenzaron a digitalizar huellas y cotejar con la lista de desaparecidos y buscados. El último informe, presentado en junio, muestra las particularidades del proceso de identificación de cadáveres. Desde octubre de 2015 hasta octubre de 2019 se realizaron 304 identificaciones de personas olvidadas en el limbo de los NN. En muchos casos el tiempo entre la desaparición y el hallazgo del cuerpo fue menor a diez días, pero su identificación se produjo meses o años más tarde. Ahí se muestra la alarmante falla en el proceso de identificación de esos cuerpos, que aún con la intervención de la fuerza policial fueron enterrados como cadáveres NN. En la mayoría de estos casos los familiares los estuvieron buscando.

La Protex confeccionó además una guía práctica de búsqueda de personas, una herramienta para que los fiscales investiguen de manera distinta a la que lo hacen con el resto de los delitos. “La intención es que se comience sin hipótesis única. Darle más elementos a los fiscales para que sepan qué hacer en estos casos. Con otros delitos vos tenés un hecho identificado y debés determinar quién lo cometió; en las búsquedas tenés un no hecho, una ausencia”, explica Alejandra Mangano, co-titular de la Protex.

Es habitual que en los procesos de búsqueda surjan problemas con la información, sobre todo del cruce de datos de personas desaparecidas y cuerpos no identificados. Los más elementales ocurren con la toma de huellas. Incluso hasta las digitales del Registro Nacional de las Personas (Renaper) muestran dificultades para ser contrastadas. Las fichas con otros datos que puedan servir para achicar los rangos de búsquedas también suelen incorporarse con errores y omisiones a los respectivos sistemas. Los peritos que se encargan de reconocimientos de cuerpos plantean que se encuentran muy a menudo con “datos sucios”, que no les permiten ser concluyentes. Un tatuaje, una cicatriz, una cirugía, un clavo ortopédico, los detalles dentales pueden faltar en el informe que se sube a los distintos sistemas policiales de los que luego se nutrirán las fiscalías. Las altas y bajas de las búsquedas también fallan y eso hace que se siga buscando a alguien que apareció o que murió. O provoca situaciones absurdas como que aparezcan en la lista de desaparecidos personas que cobran el Ingreso Familiar de Emergencia.

Por la falta de cruce de datos, la diferencia de jurisdicción a veces resulta una lejanía inexplicable. Para una fiscalía el cementerio de un partido bonaerense puede llegar a ser accesible como uno alemán, porque la información de sus cuerpos no identificados no está subida a ningún sistema. Un ejemplo es el caso de Mariela Tasat, desaparecida en 2002, cuyo cuerpo se encontró quince años después enterrado a pocas cuadras de su casa, luego de que se reabriera la causa y se pidiera la información de cementerios y morgues de Lanús.

La coordinación de toda esa información la hace en la práctica el Sistema Federal de Búsqueda (Sifebu) que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación. Registra los casos informados por las jurisdicciones y está conectado con policías provinciales y fuerzas federales. Debe además dictar protocolos de actuación y capacitación de las fuerzas de seguridad y funcionarios judiciales. Aunque es el sistema más amplio con datos para acompañar una investigación de este tipo, varios fiscales y forenses consultados para esta nota, que trabajan con el Sifebu, sostienen que es una herramienta válida pero que aún es incompleta.

“Entiendo y estoy de acuerdo con que es insuficiente. Tenemos problemas con las cargas de información. No se registra en todo el país con la precisión que nos gustaría. El canal está pero a veces no informan como pretendemos. Tenemos un desafío enorme por delante y tenemos también la necesidad de formar a los policías para que todos los trabajos puedan ser más efectivos. Necesitamos que todos hablemos un mismo idioma. Pero también tenemos por otro lado la articulación de mucha información, con especialistas en terreno, y venimos interviniendo en casos que son exitosos. Toda esa información que vamos generando nos sirve para mejorar las búsquedas”, explica la coordinadora del Sifebu, Leticia Risco. Este sistema sólo participa de las investigaciones si hay un expreso pedido del fiscal de la causa, con lo cual su accionar está limitado por esa discrecionalidad.

Con el cambio de gobierno se reflotó un viejo anhelo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que podría solucionar varios de los problemas descriptos: tener un protocolo unificado. Que tenga los lineamientos sobre los que se tienen que llevar adelante los trabajos y que no haya diferencia de metodologías para que no haya discusiones ni interpretaciones distintas. Si esto está claro y no se cumple el protocolo se pueden aplicar sanciones, algo que ahora no sucede y que relaja todas las cadenas de procedimientos. En la mesa que discute esta iniciativa está también sentado el Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. “Las reuniones se frenaron en las últimas semanas por la investigación de la desaparición de Facundo, en la que participa el EAAF, pero todos tenemos la intención de trabajar un protocolo pensando en el futuro”, explica el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla. “Argentina tiene condenas internacionales por incumplir con acuerdos y tiene que tomar nota de esas sanciones. Es la Justicia la que tiene que entregar esas herramientas a los fiscales para que se apoyen en ellas para llevar adelante sus primeras tareas. Tenemos la ventaja de contar con toda la experiencia el EAAF sobre virtudes y defectos del Estado en esta materia y nos vamos a apoyar en ellos para tener los protocolos que necesitamos. Esta decisión compromete al Poder Ejecutivo, al Judicial y al Congreso”, concluye.

 

 

 

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