El pedido y las medidas

 

Cristina Fernández de Kirchner recibió a dirigentes del Frente Sindical y de la Corriente Federal de Trabajadores. Luego del encuentro con Sergio Massa, el nuevo ministro de Economía, la Vicepresidenta mantuvo una conversación extensa junto a Pablo Moyano, co-secretario de la CGT, Omar Plaini, secretario de Políticas Económicas y Sociales de la CGT, Mario Manrique, secretario gremial de la CGT y Walter Correa, secretario general del sindicato de Obreros y Curtidores en la CFT de la CGT. El encuentro había sido solicitado después de que CFK recibiera a Héctor Daer, otro de los líderes de la CGT. Al finalizar, Plaini catalogó a la reunión como “muy buena” y expresó que intercambiaron “inquietudes”. En la presentación de medidas económicas, Sergio Massa incluyó la mejora de las asignaciones familiares, uno de los pedidos principales que los referentes gremiales le hicieron a CFK.

Mientras la pérdida adquisitiva del salario no se recupera, una de las preocupaciones principales que los dirigentes sindicales le transmitieron a CFK fue la idea de universalizar el pago de las asignaciones familiares. “De los seis millones de trabajadores registrados sólo dos cobran la asignación, porque hay un tope de la época de Cavallo que deja afuera a más de cuatro millones”, explicó el secretario general de Canillitas. Sin embargo, el tema no es nuevo y lo vienen trabajando hace tres meses en conjunto la Corriente Federal y el Frente Sindical. Las alternativas que plantean son dos. La primera es la modificación del tope máximo, la segunda que lo cobren todos los trabajadores. 

En el Palacio de Hacienda el anuncio fue concreto. “Vamos a convocar a entidades empresariales y de trabajadores a los efectos de asegurar un mecanismo que permita recuperar ingresos en trabajadores del sector privado que incluye la mejora de las asignaciones familiares”, leyó Massa. Para el pago del salario familiar se consideran los ingresos del grupo familiar (IGF) que consisten en la suma de todos los ingresos de los integrantes del grupo familiar. Actualmente, el tope máximo familiar es de $316.731, pero si un integrante percibe un importe superior a $158.366, se excluye al IGF del cobro de asignaciones familiares.

Otro de los proyectos que le acercaron los gremialistas a la Vicepresidenta apuntó a los proveedores tanto del Estado nacional como de las provincias y de los municipios. El planteo es que se les exija a todos los proveedores tomar en sus plantillas un porcentaje de trabajadores que están en la informalidad. “Esto generaría miles de empleos de forma genuina”, porque “de lo contrario no serían más proveedores”, dijo Plaini en diálogo con El Cohete a la Luna.

En línea con la creación de trabajo formal pusieron sobre la mesa las oportunidades que brindan los centros de formación profesional con los que cuentan las organizaciones sindicales. Manrique comentó que pueden “ayudar absorbiendo a compañeros y compañeras de los planes sociales, mandándolos a los centros de formación”, para que “aprendan un oficio y se capaciten”. Según explica, el resultado es “mano de obra preparada” en un año. El plan refleja una “capacitación con salida laboral”. 

En el encuentro también debatieron sobre la política bi-monetaria. Específicamente sobre la necesidad de una moneda de transacción y una moneda de reserva. Sobre esto, Cristina ratificó que el tema merece un “gran acuerdo político” de todas las fuerzas. Además coincidieron en la conceptualización del salario, ingresos, empleo y trabajo. “Empleo no es lo mismo que trabajo y salario no es igual a ingreso. Cuando hablamos de salario nos referimos a trabajadores que no solamente están registrados”, opinó el canillita y agregó que el riesgo de la deformación de los conceptos es “descontextualizar las cosas”. Plaini considera que “en la era de las nuevas tecnologías” es fundamental “no renunciar al empleo”. En este sentido indica que el país “necesita generar trabajo privado” y a “todo lo que tiene valor agregado”. Le preocupa ver “compañeros que crean que la solución pasa por la llamada economía popular”, porque cree que el diagnóstico no es correcto y que aquello tiene que ser “una expresión totalmente acotada”.

La dirigencia sindical más cercana a la Vicepresidenta observa que el gobierno reestructurado tiene más de un año por delante para “sentar las bases” de un “nuevo modelo industrial y de desarrollo”.

En los últimos días, los gordos e independientes de la CGT se opusieron a una suma fija por decreto. Sin embargo, en el Frente Sindical explican que el aumento “no invalida las paritarias”. Plaini expone que “sería muy bueno que el gobierno además de las paritarias pueda hacer un aumento generalizado para achicar la asimetría que hay en el mundo laboral entre los que más y menos ganan”. En el mismo sentido, Manrique cuenta que “hay sectores que pueden discutir muy buenos salarios” y otras actividades que tienen “sueldos bajos convencionados”. Por ello, opina que la suma fija es una ayuda para algunos sindicatos. 

En la CTA de los Trabajadores consideran que ante el “contexto de emergencia”, la suma fija es una medida esencial. Su pedido ya circula por las redes sociales. Lo cierto es que la medida aún está en estudio, pero de concretarse sería la segunda vez que el gobierno de Alberto Fernández haga entrega de este tipo de aumentos. La última había sido en diciembre de 2019, a días de la asunción presidencial.

 

 

El 18 de agosto se reunirá el Consejo del Salario. Si bien el aumento del salario mínimo no impacta en los pisos salariales del sector formal, sirve como referencia para el sector informal y el aumento de los planes. Según Manrique, “lo importante es empezar a inyectarle poder adquisitivo a los trabajadores activos”. Al mismo tiempo, quienes no son beneficiarios de planes ni de un trabajo formal quedan a la espera del diseño de políticas que bajen la informalidad. 

Un día antes, los sindicatos tendrán una nueva fecha para salir a la calle. La marcha será contra los “especuladores que desestabilizan la economía” e irán desde el Obelisco al Congreso de la Nación. Después de los cambios en el gobierno, circularon rumores que ponían en duda la movilización. El toma y daca narra que esto implicaba un decreto que aliviaría el déficit de las obras sociales a cambio de la suspensión de la marcha.

Manrique expresó que como dirigente le “daría vergüenza cambiar una marcha por la plata” que les “deben a la obra social”. La movilización del 17 fue aprobada por el Consejo Directivo de la CGT. “No la pueden suspender dos o tres dirigentes, por más amigos que sean”, continuó el secretario adjunto de SMATA. “Oficialmente no hay ninguna suspensión y si la hubiera, el Frente Sindical junto con la Corriente Sindical van a marchar igual”, puntualizó, porque “este gobierno necesita empoderarse”. “¿Quién más que el movimiento obrero puede empoderar a un gobierno para que pueda hacer las cosas para que los trabajadores estén mejor, para que los compañeros desocupados puedan acceder al trabajo digno?” remató.

 

 

 

 

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