El Papa en su laberinto

 

A cinco años de asumir Jorge Bergoglio el papado, el Consejo Cardenalicio que formó casi de inmediato y al que Francisco llama “mi gabinete de cocina”, tiene a tres de sus nueve arzobispos cuestionados: dos por pedofilia –el australiano George Pell y el chileno Javier Errázuriz—y el coordinador del grupo, el hondureño Oscar Rodríguez Madariaga, acusado de turbiedades financieras y actos de corrupción.

De modo que la sesión número 25 del llamado C9, en junio pasado, tuvo inasistencias. El Papa lo formó esperanzado en lograr lo que llamó “un cambio de paradigma” en la iglesia católica, en continuidad con los trabajos iniciados en el Concilio Vaticano II (1962-5), y una revisión de la Constitución Apostólica Pastor Bonus hecha en 1988 por Juan Pablo II y que regula el funcionamiento de la curia romana.

Es que la burocracia vaticana enlentece las intenciones reformistas del Papa. Por ejemplo, a recomendación del C9 (era originalmente C8 pero tuvo que incorporar a su secretario de Estado vaticano, cardenal Pietro Perolin, ante las bajas obligadas) había formado ya en 2013 una comisión de asesoramiento y prevención sobre el tema de pedofilia. (Efectivamente, arzobispos luego acusados de pedofilia propusieron una comisión sobre el tema.) La comisión debía examinar programas ya establecidos de protección a los niños y sugerir nuevas iniciativas, como entrenamiento de curas y personal eclesiástico en contacto con niños, elaboración de códigos de conducta profesional, vigilancia sobre el desempeño al respecto de los curas y examinar la posibilidad de la iglesia de cooperar al respecto con las autoridades civiles, el apoyo a las víctimas, a sus familias y a las comunidades afectadas.

Esta comisión se integró con laicos, como la psiquiatra británica Lady Sheila Hollins, además de víctimas. Pero pronto se disolvió ante la frustración de sus integrantes por la imposibilidad de progresar. En su momento, señala The Guardian, el Papa Francisco enfrentó a la intransigente burocracia eclesiástica, pero la jerarquía vaticana fue renuente a cooperar con la comisión, al punto de retacearle recursos para trabajar. “Pero sobre todas las cosas –agrega el diario británico—, ha habido desde el seno de la iglesia una resistencia cultural sobre el tema del abuso sexual”. Agrega que “la relación del obispo y el cura es de naturaleza paternal. Si el cura yerra, el obispo se puede concentrar más en el perdón que en el castigo; el gran objetivo es impedir la divulgación de lo sucedido. El silencio debe amparar la reputación de la iglesia”.

 

La vergüenza

En el viaje de enero a Chile y Perú, el Papa pareció haberse sumado a la corriente dominante en su iglesia, pues negó reiteradamente viejas y nuevas acusaciones de pederastia clerical imputándoles ser “afirmaciones izquierdistas”, ausencia de pruebas y calumnias. Y no fue lo abrumador de las denuncias concretadas sino la difusión que tuvieron lo que venció el silencio de la iglesia católica y obligó en mayo al Papa a manifestarse “sinceramente avergonzado de no haber escuchado, ni yo ni las autoridades eclesiásticas, a las víctimas de abuso sexual”.

Francisco hizo entonces algo que Papa alguno había hecho: se refirió –y lo hizo repetidamente— a “una cultura del abuso y de encubrimiento sistemático que permite que el abuso se perpetúe”. Su antecesor Benedicto XVI había castigado a los obispos irlandeses sólo “por sus muchas veces inadecuadas respuestas” a los casos de abuso, quedando lejos de definir un sistema de poder diseñado para proteger a los pederastas y rehuir a las víctimas.

Así las cosas, el 27 de julio el Papa dio una señal muy fuerte sobre el posible cambio de rumbo. Por primera vez en la historia católica, un cardenal fue destituido por pedofilia: acusado por una víctima de 47 años atrás (luego surgiría una segunda) a través del New York Times, el cardenal y arzobispo emérito de Washington Theodore McCarrick deberá permanecer recluido y apartado de sus funciones por orden del Papa, hasta que se aclaren las acusaciones que pesan sobre él. (Había denuncias anteriores a las que no se les dio curso.) El Papa Francisco le aceptó la renuncia en menos de un día y dispuso que el estadounidense permanezca “en una casa que le será indicada para una vida de penitencia y oración, hasta que las acusaciones se aclaren a través de un regular proceso canónico”.

El proceso canónico a McCarrick –que no ante la justicia civil, que debería corresponder—sólo tiene como antecedente en la iglesia católica la renuncia del prelado francés Louis Billot en 1927, y por razones políticas: su apoyo al movimiento derechista y monárquico Action Française en discrepancia con la palabra del Papa Pio XI.

La medida sobre McCarrick correspondería en el mundo civil a la prisión preventiva a la espera de que se celebre el juicio. Pero es algo más grave, pues ya fue despojado de los honores de su cargo y ya no viajará en nombre del Papa.

La Conferencia de obispos católicos de EE.UU. no ha respondido a los reclamos de amplias reformas desde que las acusaciones contra el cardenal McCarrick se hicieran públicas en mayo. El presidente de la conferencia, el cardenal Daniel N. DiNardo, emitió un breve y sobrio comunicado al día siguiente de que el Papa aceptara la renuncia de McCarrick, señalando que esta aceptación “refleja la prioridad que el Santo Padre da a la protección y cuidado de toda nuestra gente y la manera en que fallas en esta área afectan la vida de la Iglesia en los EE.UU.”.

Por su parte, Terence McKiernan, presidente de BishopAccountability.org, que documenta escándalos de abuso sexual en la iglesia y aboga por las víctimas, instó a hacer públicos los procedimientos del proceso canónico contra McCarrick y a abrir una investigación sobre cómo pudo avanzar su carrera eclesiástica pese a las repetidas advertencias en su contra.

“Los jerarcas responsables deben ser identificados y disciplinados, y el expediente de la investigación debe ser hecho público”, dijo McKiernan en un comunicado. The New York Times señala que hay mucho que necesita ser aclarado en los alegados abusos de McCarrick, “incluyendo quién de la jerarquía eclesiástica sabía qué y cuándo, y si, actuando como supervisor, McCarrick tramitó adecuadamente acusaciones de abuso sexual en su diócesis”.

 

Primeras veces

“La renuncia de un hombre no es el fin; es en realidad el principio”, afirmó Patrick Noaker, el abogado que representa a los dos hombres que declararon que el cardenal había abusado de ellos como menores. “Ahora tenemos que ir y averiguar si también otros fueron dañados”.

Este caso se suma a otros, cada uno de características peculiares. Cuatro ejemplos: Keith Patrick O’Brien, arzobispo de St. Andrews y Edimburgo, renunció al arzobispado en 2013 luego de acusaciones de conducta sexual inapropiada con un joven sacerdote. Pero siguió perteneciendo al colegio de cardenales hasta su muerte en marzo último.

En abril, el cardenal George Pell, que como jefe de las finanzas vaticanas es uno de los más altos jerarcas de la Santa Sede y además integra el Consejo Cardenalicio formado por Francisco, fue obligado a presentarse ante la justicia australiana bajo diversos cargos de abuso sexual. Al mes siguiente, Philip Wilson, arzobispo de Adelaida, fue condenado por la justicia ordinaria por haber encubierto una acusación de abuso sexual en los '70. Así, Wilson se convirtió en el más alto jerarca de la iglesia católica en ser condenado por la justicia, y el lunes pasado, el Papa “le aceptó” la renuncia.

El mes pasado, monseñor Carlo Alberto Capella, un hoy ex diplomático del Vaticano que estuvo destacado en Washington, fue encontrado culpable de poseer y distribuir pornografía infantil por un tribunal vaticano, y condenado a cinco años de cárcel. Así, es el primer caso en la historia moderna en la que un tribunal del propio Vaticano juzga un caso de abuso sexual clerical. El reo enfrenta ahora un juicio canónico, que puede expulsarlo de la clerecía.

Estos casos son sólo parte de la torta de corrupción moral con víctimas a diestra y siniestra que emergen imparables y como pus luego que el Papa tuviera que retroceder sobre sus dichos, disculparse y aceptar la renuncia de tres obispos chilenos: Juan Barros, Gonzalo Duarte y Oscar Muñoz; este último canciller de la arquidiócesis de Santiago de Chile y a cargo (faltaba más) del archivo y trámite de las investigaciones por abuso sexual. A esto se sumó la aceptación de la renuncia del arzobispo Cristian Caro Cordero. En cuanto al arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Ezzati, tiene que declarar ante la justicia como acusado por encubrimiento y obstrucción de la justicia, y hay otros cuatro religiosos encausados por lo mismo.

Suma y sigue. La Unidad especializada en derechos humanos, violencia de género y delitos sexuales de la Fiscalía de Chile tiene hoy 37 causas abiertas por abuso sexual y pedofilia que involucran a 36 sacerdotes y 22 trabajadores de la Iglesia Católica. De las 104 víctimas, 52 eran menores de edad. De las causas abiertas, cinco involucran a altas jerarquías y obispos responsabilizados por encubrimiento y obstrucción de la justicia. A estas causas se suman 43 personas investigadas en el marco de delitos de índole sexual, pero sin proceso abierto por el momento.

La iglesia chilena intentó atajar este desborde de impudicia que brota desde su seno, promulgando a través de cada obispo el documento titulado Cuidado y Esperanza, consistente en lineamientos “para tratar los casos de abusos sexuales a menores de edad”. Entró a regir el 16 de julio de 2015, “en la solemnidad de Nuestra Señora del Carmen, madre de Chile”. Se lo criticó desde el movimiento laico por dos razones: no contener cláusula alguna sobre la aplicación del principio de «tolerancia cero», ni mandato alguno para que los obispos informen de los delitos sexuales a la justicia civil; en su lugar, se les recuerda a las víctimas y a sus parientes que es su responsabilidad hacer la denuncia.

El escándalo amenaza la fe católica de los chilenos. De acuerdo a Latinobarómetro, la confianza en la iglesia católica cayó de 80% en 1996 a 34% en 2017, lo que cuadruplica la caída general de la confianza en toda América Latina. Y por primera vez, Chile estuvo a la cabeza del continente entre quienes no profesan fe alguna. Con este fracaso demostrado, la iglesia chilena debió pegar un fuerte giro en su actitud y dejar de tratar la pedofilia sólo como un pecado y pasó a alentar a las víctimas a hacer la denuncia ante la justicia.

Esto de acotar la responsabilidad al cura tiene un correlato económico, que quiere evitar las demandas monetarias por daños, donde el objeto de la demanda pase a ser el cura felón y no la iglesia. En la anterior andanada de juicios por pederastia clerical, a principios de siglo, la iglesia hubo de pagar montos crecientes: 85 millones de dólares en Boston, 210 millones en St. Paul y Minneapolis y finalmente 660 millones en Los Angeles.

Australia es un frente en el que los casos denunciados de abusos sexuales por parte del clero se cuentan por miles. Allí una comisión oficial señaló que había recibido 4.500 quejas por presuntos abusos a menores cometidos en los últimos años por parte de miembros de la Iglesia, con una fuerte presencia en el país. La justicia civil está llevando a cabo un gran número de procesos por este tipo de delitos cometidos en instituciones públicas y religiosas. Como ya se mencionó, tiene felones de alto rango: a principios de mes, el ex arzobispo de Adelaida, Philip Wilson, fue condenado a un año de prisión por encubrir casos de pederastia en la década del '70. Y el número tres del Vaticano, el cardenal George Pell, afronta allí desde hace un año un juicio por encubrimiento de abusos.

 

Bergoglio

En cuanto a otros países, la organización BishopAccountability.org da cuenta de 800 curas acusados en Holanda, 337 en Irlanda, 504 en Bélgica y 6.275 en EE.UU. En referencia a la Argentina, país del que el Papa fue arzobispo, BishopAccountability.org identificó “más de 70 clérigos que fueron denunciados por abusar sexualmente de menores de edad o de adultos vulnerables”.

La mayor parte de estos casos, especifica, se refieren a presuntos abusos que se produjeron en los últimos 20 años; el registro público disponible en Internet contiene muy escasa información sobre los abusos sexuales del clero en Argentina antes del año 1995.

Jorge Mario Bergoglio fue arzobispo de Buenos Aires desde 1998 hasta 2013 y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina del 2005 al 2011. Durante esos años, mientras los funcionarios de la Iglesia en Estados Unidos y Europa empezaban a abordar la catastrófica situación causada por la ola de abusos sexuales contra niños cometidos por el clero –y hasta los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI se pronunciaban públicamente sobre el asunto–. Bergoglio guardó silencio sobre la crisis de abusos en Argentina, afirma la organización BishopAccountability.org en su página web.

“Él no entregó ningún documento, no mencionó los nombres ni la cantidad de sacerdotes imputados, no dio ningún tipo de instrucciones acerca de cómo afrontar el problema del abuso y ni siquiera le pidió perdón a las víctimas”, afirma BishopAccountability.org.

En cuanto al Uruguay, esta web da cuenta de un único caso reciente, el del obispo de Minas Francisco Domingo Barbosa Da Silveira, por relaciones homosexuales con dos personas, con prisión ambulatoria al momento. Según fuentes policiales, los presos fueron contratados para realizar trabajos en el obispado. En diciembre de 2008, tras una cena, el obispo habría mantenido relaciones sexuales con los presos, acto que fue grabado con un teléfono móvil. La grabación habría sido empleada posteriormente para chantajear al obispo. El 1 de julio de 2009 el papa Benedicto XVI aceptó la renuncia del obispo de sus funciones de acuerdo con el artículo 401,2 del Código de Derecho Canónico, que dice: «Se ruega encarecidamente al Obispo diocesano que presente la renuncia de su oficio si por enfermedad u otra causa grave quedase disminuida su capacidad para desempeñarlo».

Tras el escándalo sexual en Uruguay, Barbosa Da Silveira se trasladó a España y colaboró con la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora del barrio madrileño de Aravaca, y falleció en 2015.

El Papa viajará a Irlanda el 25 de agosto para participar, durante dos días, en el Encuentro Mundial de las Familias. El país tiene un extenso historial relacionado con los abusos que desembocó en la explosión de un gigantesco escándalo de pederastia entre finales del siglo pasado e inicios de este.

A pesar de la purga que vino después, la Iglesia católica, que en otros tiempos fue allí una institución muy respetada y con un peso mayúsculo, aún está intentando levantarse después del descrédito y sigue lidiando con la caída en picado del número de vocaciones. Según medios italianos, la posibilidad de que el Papa Francisco se reúna allí con víctimas de abusos está cobrando fuerza aunque no aparece en el programa oficial de la visita apostólica.

 

 

 

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