OTRO JUEZ FUE VISITADO POR LA AFI

 

“Los dos vinieron al juzgado”, dice el juez de Garantías de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale. “Sebastián De Stéfano, con más pinta de arrogante, petiso, creo que tenía anteojos y traje. Fernando Di Pasquale, más flaco y alto, de traje, sin corbata. Se sentaron. Trajeron un sobre cerrado. Me trajeron un borrador del requerimiento fiscal. Era como si fuera el pedido en borrador hecho por los fiscales. O sea, como si fuera la resolución fiscal con el pedido de detención de Hugo y de Pablo Moyano, de los dos como jefes de una asociación ilícita”.

Vitale habla por primera vez de lo que declarará el próximo miércoles 3 ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso. La Bicameral solicitó su testimonio la semana pasada luego de escuchar al juez de Avellaneda Luis Carzoglio, quien por primera vez dijo que los dos visitantes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) también le entregaron un sobre con indicaciones al juez que lo había antecedido en la causa contra la barra brava de Independiente. Gabriel Vitale fue el primer juez de la causa, ordenó 45 allanamientos y 23 detenciones el 30 de noviembre de 2017 y observó cómo la investigación pegaba un giro completo en diciembre de ese 2017 con la oposición de Camioneros a la reforma previsional y la reforma laboral que rompía el idilio de Mauricio Macri con Hugo Moyano.

“Ese es el dato político que cambió la historia de la causa –dice el juez—: pasamos de investigar choripanes y barrabravas a la idea fija de la detención”. Vitale no los detuvo, dijo que no a los visitantes y una semana después le quitaron la causa, que así pasó al juzgado de Carzoglio. En el medio, le pidieron una y otra vez que aceptase a Pablo “Bebote” Álvarez como arrepentido, vio a un socio del secretario de Seguridad Interior de Patricia Bullrich asumir su defensa y al fiscal dilecto de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, tomar la causa por asalto, desplazando a la fiscal natural.

 

 

 

 

–Carzoglio dijo que a usted también le dieron un sobre con la detención de Moyano. ¿Cómo fue?

–Carzoglio dijo lo que decía desde hace tiempo, pero esta vez entregó a la Bicameral la denuncia que yo presenté en junio de 2019 ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia con lo que pasó en Lomas de Zamora. A él lo visitaron después que a mí y, si no me equivoco, le entregaron una resolución sólo con la detención de Pablo Moyano. A mí no me trajeron la resolución, me trajeron el requerimiento fiscal como si fuese el pedido en borrador. Yo tenía relación con Carzoglio, siempre tuve buen vínculo. Cuando la Cámara de Apelaciones dispuso que le mandase la causa, fui a verlo y le di copia de lo que me habían dado para que supiese cómo venía la mano. Su borrador tenía formato de resolución, lo que me parece más grave todavía. El mío era un escrito sin pruebas suficientes con pedido de detención de los dos. Creo que uno de los datos interesantes del sobre que me trajeron es que muestra la relación que existía entre la AFI, el Procurador y el Ministerio Público Fiscal de Lomas de Zamora.

–¿Qué le dijeron? ¿Lo llevaron firmado?

–No estaba firmado. Era un borrador, avanzado un 95%. Tenía pedidos de allanamiento y detenciones con la figura de la asociación ilícita que usaban para todo, porque sólo necesitaban probar que eran parte del mismo club. En Provincia, la fiscalía selecciona la fuerza que va a colaborar en una causa, no lo hace el juzgado. Si un fiscal quiere utilizar a Gendarmería y a la Policía Federal como en estos casos, es muy difícil decir otra cosa. A esa altura, en la causa ya había detenciones. Estaba detenido “Bebote” Álvarez, que había declarado varias veces, y los fiscales habían torcido el eje de la investigación apuntando a Hugo y Pablo Moyano. Nosotros habíamos pasado de investigar choripanes y barras bravas a ellos, que estaban investigando cuentas de jugadores en Liechtenstein, literalmente. Voy a detallarlo ante la Bicameral, pero en ese momento, los fiscales decían que tenía pruebas contra los dos.

–¿Qué ocurrió en la visita?

–Me llamó por teléfono Fernando “El Chino” Cornes, del Ministerio de Seguridad de Nación, quien colaboraba con los fiscales, Scalera y el resto. Al comienzo, yo sólo sabía eso; más adelante vi que trabajaba en Inteligencia Criminal con Gerardo Milman. También lo mencioné en la denuncia ante la Corte. Cornes trabajó con los fiscales, conmigo y después con Carzoglio. Y fue la persona que me dijo que la gente de la AFI quería traer el supuesto requerimiento: que tenían elementos para demostrar la asociación ilícita. Después vinieron De Stéfano y Di Pasquale con el sobre cerrado.

–¿Qué le dijeron?

–Llegaron. Se sentaron. Y me plantearon que tenían la investigación delegada por el Ministerio Público. Di Pasquale estaba a cargo de un área financiera (NdR: era contador y director operacional de análisis) y probablemente eso le sirvió para analizar transferencias del club. Yo me mantengo más o menos al día con estudios de derecho penal y doy clases, y puedo decir que era un lío de conexiones entre cuentas, pero no tenían nada que ver con lo que estábamos investigando. Nada que ver. Me dejaron el borrador en un sobre. Me acuerdo que era color madera, la presentación tendría unas 20 ó 30 carillas. Faltaba terminar, no estaba la firma, ni nada, pero estaba casi terminado.

 

 

 

 

Nada de todo esto se conoció hasta ahora. La causa empezó con una denuncia de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte bonaerense (APREVIDE). Al comienzo era contra todas las barras de la zona: Independiente, Lanús y Banfield y enfocaba al empresario Christian Bragarnik, un traficante de personas jóvenes con pantalón corto, explicó Horacio Verbitsky, igual que Gustavo Arribas, pero muy próximo a Daniel Angelici, una de las ramas más antiguas y lucrativas del macrismo. La causa se dividió. El caso de las barras de Independiente buscó la relación con la venta ambulante, policía, ingreso de armas y violencia. Vitale quedó al frente como juez de Garantías. Instruyó la fiscal Viviana Giorgi, intervinieron Gendarmería y Policía Federal. Y Milman, personalmente. Milman es de Avellaneda y siguió la causa a través de dos vías: una directa a través del “Chino” Cornes como auxiliar y evidente enlace con la AFI y otra circular a través de Rubén Reznik, el defensor del “Bebote” Álvarez. Reznik era amigo personal del segundo de Bullrich, ex socio de su estudio jurídico y asesor del ministerio. El 30 de noviembre, con la detención de 23 personas, entre ellas el propio “Bebote” Álvarez –detenido antes por otra causa—, comenzaron las presiones sobre Vitale para que lo aceptase como testigo arrepentido. Ese fue uno de los hitos de la causa, cimbronazo con la fiscal Giorgi y su sucesor Scalera. Cuando De Stéfano y Di Pasquale lo visitaron, el juez ya tenía una recusación de Reznik y el “Bebote” y estaba a las patadas con los fiscales.

–A Carzoglio le hablaron de Macri. ¿A usted? ¿De Stéfano dijo algo?

–No hizo tanto alarde, creo que porque tengo un estilo totalmente diferente a Carzoglio. Los recibí de manera formal con alguien más en mi despacho. No estuve a solas. Dijeron que tenían la investigación que venían haciendo. Mi relación con la fiscalía estaba muy deteriorada. Me llevaba mal con Scalera, que pedía cualquier cosa. Ellos dejaron el escrito y dijeron que lo conversábamos. Dije: “Perfecto”. Se fueron. Era viernes. No sabía qué iba a encontrar en los papeles. Tal vez tenían a Hugo Moyano con los dedos en los choripanes. Hablé con mi gente. El lunes les dije que para mí no había pruebas: ni de cerca para Hugo, y el resto del escrito era una suerte de reconducción de los datos hacia Pablo Moyano, bastante fuertes y que se notaban armados. Yo tenía la causa desde hacía tiempo. Lo que trajeron no había salido nunca en la investigación, no estábamos trabajando temas como cuentas en el exterior o supuesto vaciamiento del club. Me acuerdo que marqué con fibra azul los papeles, puse: “Falta esto, aquello” y pregunté cosas como: “¿De dónde sacaron esto?” Escribí una serie de apreciaciones, hablé con la gente del juzgado, coincidimos y le devolví una copia al “Chino” Cornes diciéndole: “Falta todo eso, cuando lo tengan, véanme”. A la semana siguiente me sacaron la causa.

–La causa se la sacó la Cámara de Apelaciones.

–Sí, en un planteo viejo de competencia que resolvieron justo cuando dije que no iba hacer las detenciones. Me sacaron la causa y se la mandaron a Carzoglio. Y yo le dije: “Ojo, que van a venir por acá”. Un dato interesante es que mientras la causa pasaba de un lado al otro, hubo uno o dos meses hasta que Luis resolvió. En el medio llamaron a (el juez federal de Quilmes, Luis) Armella para detener a Hugo Moyano. Me consta de buena fuente. Y Armella, que se decía amigo de Mauricio Macri, se negó.

–Entonces no hubo uno ni dos pedidos, sino más. La Bicameral podría llamar a Armella.

–Me gustaría aclarar algo que también dijo él. Cuando los fiscales pedían detenciones o allanamientos, los hicimos. No pusimos palos en la rueda ni pisamos la causa. Querían intervenciones telefónicas, se las dábamos. Querían allanar, también. Pero cuando traen fruta, traen fruta, y eso se nota. Una vez me pidieron allanamientos, perfecto. En el medio vi uno a la sede de Camioneros para secuestrar banderas, textual. Dijimos que no. ¿Para qué era eso? ¿Qué interés podría tener? Yo creo que querían la escena, las cámaras, el show. Por eso, las cosas que no tenían que ver con la investigación se rechazaron y eso tensó la relación con los fiscales, hasta que se rompió.

 

 

 

 

 

“Bebote”

–El punto más caliente fue la discusión de incluir al “Bebote” Álvarez como arrepentido. ¿Cómo fue?

–Hubo dos situaciones interesantes. El tema del arrepentido era una figura que había sido criticada. Raúl Zaffaroni lo había hecho. Había discusiones, pero en este caso particular el abogado del “Bebote” Álvarez era Reznik, amigo y ex socio del Milman, responsable de Inteligencia del Ministerio de Seguridad, una de las fuerzas que, además, utilizaban los fiscales. Todo estaba armado. La pauta más clara era el modo en el que torcían la investigación. “Bebote” habló seis o siete veces. Una, cuando lo detuvieron. Pocos días después vino la fiscal a mi despacho, aún teníamos buena relación, y me dijo que quería declarar como arrepentido. Yo le dije que tomase declaración y veíamos, porque no había que resolverlo en ese momento. Así declaró unas seis veces. Quería asegurarse la prisión domiciliaria. La fiscal avanzó y antes de que Scalera le sacase la causa, me dijo que quería apuntarle a Hugo y a Pablo Moyano. Yo conocía la causa. La teníamos hacía un año con intervenciones telefónicas y no había pruebas para eso. Tuvimos una discusión fuerte. Ella se fue, pero se quedó el Ministerio de Seguridad de Nación con Cornes y la gente de Milman.

–En la causa después entró el fiscal Scalera. ¿Cuál es el segundo dato interesante?

–En noviembre habíamos detenido personas. Algunos recuperaron la libertad porque tenían relación coyuntural con la barra, otros tenían antecedentes y otros estaban más involucrados. Hasta ahí la investigación era la barra y la relación entre ellos. En Provincia, la investigación la maneja el fiscal. Cuando tiene que allanar, pide autorización al juez y puede describir algo. Cuando los fiscales pidieron los allanamientos y las 23 detenciones, le agradecieron al club. Pusieron que los hechos se habían podido investigar por la colaboración de la Comisión Directiva de Independiente, que habían facilitado videos y una serie de cosas. Hablaron de la colaboración de Hugo y Pablo Moyano. Treinta días después, pidieron la prisión preventiva para la gente y mencionaron 119 veces a Hugo y Pablo Moyano para involucrarlos en el hecho. 30 días después, 119 veces. Obviamente, en el medio hubo declaraciones del “Bebote” Álvarez con el ex socio de Milman como defensor, pero el dato político más importante, a mi criterio, es que había fracasado la ley de reforma laboral: eso cambió todo.

 

 

 

 

 

El dato político

–Eso ocurrió entre noviembre y diciembre de 2017. El gobierno logró aprobar la reforma previsional en vísperas de Navidad en medio de protestas en Plaza Congreso. Luego estuvo la reforma laboral, que no se llegó a tratar. Fue una marca irremontable para Macri.

–Ese es el dato político. Esa situación quebró la relación de los Moyano con el gobierno. Antes se sacaban fotos con la estatua de Perón, pero en ese momento los empezaron a perseguir por todos lados. Tenían otras seis causas federales. En Lomas de Zamora con Federico Villena, en Quilmes con Luis Armella, en un juzgado penal económico, en Córdoba.

 

 

 

 

 

–Alguna vez usted dijo que no puede leerse nada de esto como algo contra Camioneros, la UOCRA o los gremios. ¿Puede explicarlo?

–Para mí hay un error al reducir esto a lo gremial porque, en realidad, usaron el mismo mecanismo para todo el que se opusiera. Lo viví en carne propia. Me investigaron a mí, a mi esposa, a mis hijos, a los 15 integrantes del juzgado. Se metieron en la sucesión de mi papá, escanearon mi vida por todos lados sin una causa. Hicieron pedidos insólitos a Migraciones, a la AFIP, al Banco Central, a las compañías de teléfonos. En la Provincia, cuando un fiscal recibe una denuncia anónima puede mandar oficios y pedir información sin intervención del juez de Garantías. El juez no sabe nada hasta que el fiscal pide una medida de coerción. En mi caso, me hicieron una auditoría insólita. Terminé una resolución un viernes, la subí al sistema, hice unas correcciones y firmé el miércoles siguiente. Los fiscales entraron al sistema, vieron las fechas y dijeron que como la resolución tenía una fecha previa existía una falsedad ideológica en un instrumento público. Un disparate. Con eso hicieron una denuncia penal, los jueces se excusaron y en 2019 dos de esos fiscales —Scalera y Sebastián Bisquert— pidieron la causa que estaba sin avance, sacaron copia e investigaron sin juez. Tiraron todo tipo de oficios para averiguaciones.

–Es lo mismo que hacía el fiscal Juan Ignacio Bidone de Mercedes a pedido de Marcelo D'Alessio.

–Exactamente, esa es la comparación. Bidone hacía lo mismo hasta que Alejo Ramos Padilla descubrió la conexión con D'Alessio. En Lomas hacían lo mismo en conexión con la AFI. Hablo de la AFI porque es la agencia institucional, pero no sé quién lo trataba. Yo denuncié a tres fiscales: Scalera, Bisquert y Pablo Rossi. No fui el único que lo sufrió. El sistema les permitía investigar cualquier cosa, guardar los datos y tener un legajo o la famosa carpeta: si encontraban algo, lo guardaban y si no, archivaban. De esto habló uno de los ministros de la Corte de la Provincia, Eduardo De Lázzari, cuando (Julio) Conte Grand licenció al fiscal general de Lomas, Enrique Ferrari. Fue el único que se opuso y dijo que existía un sistema que rompía todas las garantías del derecho: abrían una causa en la que investigaban cualquier cosa de manera ilegal.

Hoy Vitale tiene dos causas penales en contra. Y tres pedidos de juicio político, dos del Procurador Julio Conte Grand. Hizo presentaciones ante la Relatoría Especial para la Independencia de Jueces y Abogados de la ONU y a la Corte bonaerense, pidió acciones urgentes y describió la diseminación de este tipo de práctica sobre los jueces penales y del fuero civil y comercial del departamento judicial de Lomas de Zamora. Lo acompañó la Asociación de Juristas Bonaerenses y la Comisión Provincial por la Memoria.

 

 

 

 

 

De Garavano a Vidal

La Bicameral escuchará a Vitale en el marco de una serie de testimoniales que tienen en el centro la figura de De Stéfano. La semana pasada declararon Carzoglio y su secretario penal, quien recibió la llamada de un fiscal de Lanús antes de la visita de los dos agentes de la AFI. La próxima semana también declarará Leandro Araque, policía de la Ciudad de Buenos Aires en comisión en la AFI que integró la Súper Mario Bros. Araque testimonió el viernes en el juzgado de Ernesto Kreplak de La Plata y admitió haber participado en la investigación sobre Juan Pablo “El Pata” Medina. Esa causa recogió esta semana una perla de María Eugenia Vidal: tres sugerentes llamadas al hilo el 17 de agosto de 2017:

• A las 10:31:32 se comunicaron Vidal-Villegas.
• A las 11:33 Villegas se comunicó con De Stéfano.
• Minutos después, De Stéfano se comunicó con Armella.

 

 

 

 

 

 

Las llamadas pueden ser importantes. El 17 de agosto, Armella decidió quedarse con la causa contra la postura de la fiscal, según la cual no podían investigar los hechos porque todo había ocurrido en La Plata y Ensenada.

El mapa de las causas del macrismo tuvo otros avances impensados: la fiscal Paloma Ochoa pidió la indagatoria del ex ministro de Justicia Germán Garavano y del director del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, Francisco Lagos, por financiamiento indebido al arrepentido y testigo estrella del caso Ciccone, Alejandro Vandenbroele, la persona que más dinero recibió del Programa: más de 4 millones de pesos, incluido un hotel boutique en Mendoza. El juez Marcelo Martínez de Giorgi citó a Mariano Macri y a la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, en la causa de espionaje iniciada en Lomas de Zamora. Caamaño llega tras el hallazgo del monumental archivo de audios. Mariano porque dijo que su hermano Mauricio puso a Arribas en la AFI para continuar con “los carpetazos”, “seguimientos” y “escuchas ilegales”. El juez también pidió a la Ciudad de Buenos Aires datos del número de policías enviados en comisión y, como un círculo que muestra que todo tiene ver con todo, pidió copia del testimonio de Carzoglio a la Bicameral de Inteligencia.

 

 

 

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