El orden de las cosas

 

Enforcement

No tenemos una palabra exacta en castellano equivalente al vocablo inglés enforcement, pero podría ser traducida como capacidad de coerción, de hacer cumplir la ley.

En su devenir a lo largo de 40 años de democracia, el Estado nacional argentino ha ido perdiendo su capacidad para hacer cumplir la ley, que en casos extremos ha llegado al punto de que la ley se cumple “a voluntad” del sujeto que debería estar sometido a ella.

No estamos hablando aquí de si la ley es buena o mala, si es justa o injusta. Simplemente de la potestad básica del Estado —de cualquier Estado— de hacer cumplir la ley. Sin esa potestad, el Estado se esfuma, y la regulación de la vida social queda librada a la fuerza de los actores que interactúan. Nos acercamos a la situación hobbesiana de una sociedad donde impera la ley de la selva.

El debilitamiento del Estado no es igual en todas las áreas de la vida social ni para todos los sectores sociales. Por ejemplo, muchas veces se ha señalado que el Estado municipal porteño, más que interesado en que el tránsito funcione ordenadamente, de acuerdo con principios elementales de convivencia, parecería interesado en que se multipliquen las infracciones para poder recaudar fondos con los cuales completar sus arcas.

Y es un dicho popular no desmentido que las cárceles están llenas de pobres. ¿Son menos apegados a la ley que los ricos? No, es más fácil social y políticamente caerles con la fuerza estatal a los débiles y desprotegidos que a los sectores con más recursos económicos o que cuentan con una robusta red de relaciones sociales.

En el terreno económico, la erosión de las capacidades estatales para hacer cumplir la ley ha llegado a niveles insólitos.

Ha sido la combinación, a lo largo de décadas, de las ineficiencias de la Administración pública, la corrupción o complicidad de funcionarios venales o miedosos, de las reformas neoliberales que achicaron y debilitaron las capacidades regulatorias del sector público, del aparato judicial que ha sido reiteradamente denunciado por complicidad con sectores de la delincuencia económica, más la constante prédica ideológica de la derecha económica y social contra toda capacidad del sector público de controlar las prácticas económicas ilegales y sancionar a los infractores.

Los sectores populares, más sometidos a las regulaciones estatales —a veces muy arbitrarias—, no han visualizado la importancia de que el enforcement se extienda también a los poderosos.

Lo ocurrido la semana pasada con el desabastecimiento de combustibles puede ser incluido en la larga lista de anomias y desvaríos que ha sufrido la sociedad argentina por culpa de esta conjunción lamentable de Estado sin capacidad de regular y sancionar y empresarios privados acostumbrados a que todo vale para ganar más plata, incluso generar a propósito daño a la sociedad. Dirán que son efectos colaterales de un intento de maximización de las utilidades. El problema es que no incorporan a su comportamiento la caída de las utilidades que les podrían provocar sanciones reales y contundentes por dañar la convivencia social.

Recordemos que apenas unos diez días antes, el Estado había tenido que reaccionar contra “las cuevas”, en las que no sólo se negociaban ilegalmente dólares —una práctica totalmente naturalizada, otra ley que no es ley—, sino que se organizaban acciones desestabilizadoras contra la moneda nacional, tanto para obtener mayor rentabilidad especulativa como para favorecer a los candidatos más extremistas en lo económico.

Este último punto es muy importante: hoy las prácticas económicas disruptivas tienen la función de promover la llegada al poder de los partidarios de transformar directamente la anomia en ley. Es una forma clara de pensar al libertarianismo: su “no al Estado”, es el sí al ejercicio salvaje del poder económico sobre toda la población, sin ninguna restricción que atienda a la paz y a la convivencia social.

Gracias a que se tomó la decisión de intervenir en el asunto de las cuevas, se descubrió una larga cadena de ilícitos que permitían tanto un enriquecimiento ultra-rápido de sujetos audaces, como la generación de un “prestigio” social vinculado a la viveza de explotar los vacíos de control que deja sistemáticamente el Estado argentino.

En este nuevo episodio de los combustibles, en pleno proceso electoral donde todo lo que ocurre tiene una resonancia política especial, se redujo sustancialmente la oferta de nafta en las estaciones de servicio por unos días, hasta que el ministro de Economía debió lanzar un ultimátum a las empresas petroleras, para que regularizaran los envíos al mercado.

Explicó el ministro que, a pesar de numerosas ventajas que el gobierno le viene otorgando al sector para promover más su rentabilidad y generar una expansión de la producción, la perspectiva —imaginaria— de una devaluación o de una renegociación al alza de los precios de los combustibles había generado la retención del producto con el malestar y los inconvenientes públicos esperables.

Pero más allá de que el incidente finalmente se superó, es claro que hay una forma de funcionamiento empresarial generalizada cuya regla parece ser: la ley se puede violar, hasta que no se demuestre lo contrario. Y también parece estar establecido implícitamente que a la sociedad se la puede jorobar de mil formas, hasta que no haya una explosión de furia o no surja un movimiento político creíble que imponga otro orden de cosas.

A esa forma de acción antisocial apuesta una ex candidata tan fracasada como miserable, que confiesa sin tapujos su deseo de que “todo explote”. Nunca fue tan clara la estrechísima conexión entre la derecha política y el mal funcionamiento económico.

 

 

¿Cuál es el verdadero capitalismo?

¿Es cierto que capitalismo y acciones delincuenciales son inescindibles, como se sostiene desde el poder económico, denunciando como “anti-empresario” toda aquella acción estatal para hacer cumplir las leyes vigentes, en el caso de que quienes deban cumplirla sean grandes empresarios?

¿Arruina el “clima de negocios” capitalista que el Estado aplique sanciones reales a las empresas que violen las leyes que amparan a la sociedad, o a las disposiciones que protegen el bien común?

Si fuera así, ¿no sería una confesión de que los grandes conglomerados sólo pueden ser suficientemente rentables —de acuerdo con sus parámetros— con base en actividades ilegales o en entornos sociales devastados por las malas prácticas corporativas?

Lo interesante es que en la sociedad argentina no hay respuestas contundentes a estas preguntas. No las hay, porque la esfera de la acumulación basada en producir riqueza y la acumulación basada en robar/estafar/despojar a usuarios, consumidores o a toda la comunidad no están claramente delimitadas.

El ministro Massa debió lanzar un mensaje en ese sentido: queremos que acumulen, que les vaya muy bien. Pero respeten alguna línea roja: el mínimo bienestar de la población.

Es evidente que esa línea roja social, que distingue la actividad empresaria del cuatrerismo, no existe ni en las petroleras, ni en la industria de la carne, ni del azúcar, ni del aceite, ni en los bancos, ni en las telecomunicaciones, ni en otras ramas importantes que definen el nivel de vida de los argentinos.

Las incursiones para saquear el bolsillo popular, los ahorros de los sectores medios o las actividades estatales imprescindibles para el funcionamiento armónico de la sociedad se realizan a voluntad y sin castigo.

Durante el gobierno de Alberto Fernández, con el verso de “la libertad económica” se hizo retroceder al gobierno de toda política pública que intentara poner algún coto a la voracidad privada. El episodio Vicentin es un ejemplo paradigmático de todo lo que estamos señalando.

El gobierno renunció a toda defensa seria, argumentada y sostenida del lugar de lo público como gran ordenador social y del derecho de la sociedad a ser defendida por parte del Estado. Y fue en gran medida el factor que llevó a la situación de ingobernabilidad en la que asumió el actual ministro de Economía.

En todo caso, el enforcement en Estados Unidos funciona. Hay Estado y hay ley. Por supuesto que hay infractores, y los norteamericanos son tan buenos o tan malos como los argentinos, tan morales o inmorales como nosotros. Pero saben que hay Estado, por consiguiente, hay ley, y hay ley porque hay sanciones. Sanciones justas, creíbles y sin distinciones de clase son la base imprescindible para reconstruir una gobernabilidad al servicio del conjunto de la sociedad.

 

El reordenamiento partidario

La derrota en la primera vuelta de Juntos por el Cambio, y la consiguiente disyuntiva de votar o no a Javier Milei, llevó las tensiones internas de ese frente de derecha al punto del estallido. La desmesura de Milei, tanto programática como comunicacional y humana, empujó al extremo lo que puede sostenerse razonablemente en nombre de la República y la mesura, elementos que constituyen la impostura tradicional de ese espacio.

Las puntas doctrinarias más estrafalarias del mileísmo, como la libre compra venta de órganos, junto con la definición pro dictatorial de su candidata a Vicepresidenta, y el evidente aventurerismo financiero que lo caracteriza, llevaron a que los sectores más prudentes de JxC no pudieran sostener el viraje dramático que le imprimió Mauricio Macri a esa alianza.

La partición de Juntos por el Cambio plantea el interrogante de si esto se plasmará también en el surgimiento de dos vertientes diferenciadas de la derecha: la extremista, con nulo apego a las instituciones democráticas, con fuertes lazos con el capital financiero y alta preferencia por los negocios rapaces y cortoplacistas, y la derecha moderada, con mayor capacidad de diálogo y apego democrático, enmarcada también en el neoliberalismo económico, pero menos sesgada hacia la violencia.

No menor conmoción planteará en el espacio peronista un eventual triunfo de Sergio Massa, quien se transformará en la principal figura de ese sector político partidario y al mismo tiempo Presidente de la Nación. ¿Dónde se colocará el kirchnerismo? ¿Qué perfil asumirá el exitoso gobernador de la provincia más importante del país, Axel Kicillof?

El propio mileísmo parece haber sentido el cimbronazo de la alianza con la parte más turbia de “la casta”, el dirigente empresario protagonista del estrepitoso fracaso de 2015-2019. Figuras ya electas con las boletas de La Libertad Avanza han tomado distancia de la conducción de Javier Milei. No sabemos aún cómo repercutirá este viraje oportunista y descarnado en quienes esperaban de él la destrucción inmediata y contundente del andamiaje social y económico que los oprime.

Sin que tenga peso electoral, pero de evidente valor simbólico, se están observando una serie de adhesiones a la candidatura de Sergio Massa por parte de figuras intelectuales y políticas que van del centro a la derecha, y que en todos estos años formaron parte monolítica del ejército que atacó constantemente al kirchnerismo —y también al actual gobierno— y silenció las tropelías económicas, judiciales e institucionales del macrismo.

Desde comunicadores famosos, hasta intelectuales republicanos y políticos de centro que hicieron de furgón de cola de la conducción cambiemita, anuncian su intención de votar en blanco e incluso de adherir al voto a Sergio Massa.

Es evidente que hay un sismo profundo, que las cosas llegaron a un límite y que la alianza con Milei puso la situación en un plano de lo insoportable. Se podría argumentar que tardó mucho tiempo en tocarse el límite de la decencia intelectual y moral, pero parece que al fin apareció.

Queda del lado del ultra-derechista lo peor del macrismo, junto a un conjunto de personajes dudosos, con fuerte apego a la irregularidad económica, la timba financiera, el aventurerismo irresponsable y la simpatía con el terrorismo de Estado.

La opción debería ser muy clara para la mayoría del electorado, y el hecho de que no haya una contundente diferencia a favor del candidato más democrático, preparado, equilibrado y con propuestas viables debe constituir en sí un problema serio a ser abordado con posterioridad a las elecciones.

 

 

Expectativas

El enforcement no es una palabra comunista, sino una capacidad pública fundamental para que la sociedad, cualquier sociedad, pueda funcionar. Increíblemente, esa cuestión elemental está profusamente confundida en la Argentina.

Un gran debate público en relación con estas cuestiones claves está aún por realizarse. Sería de gran utilidad para la sanidad política del sistema, sobre todo para que las víctimas de la anomia no terminen enamorándose del discurso de sus victimarios.

Precios, tipo de cambio, tasa de interés, recaudación impositiva, gasto social, deben ser variables protegidas de la ley de la selva y del imperio de los más fuertes. ¿Se podrá pensar en una nueva gestión nacional eficiente en ese sentido?

Ojalá la recuperación de la capacidad de imponer la ley también a los poderosos sea una de las claves del éxito de un próximo gobierno al servicio de la producción y el trabajo nacionales.

 

 

 

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