El ojo vigilante

El espionaje del gobierno de Rodríguez Larreta, en manos del juez federal Ariel Lijo

Por Juan Alonso
El alcalde y su ex ministro D’Alessandro en tiempos más gratos.

 

El dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) tiene 31 páginas y tramita en el Juzgado Federal a cargo de Ariel Lijo. Refleja un dato preocupante: el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) espió ilegalmente con cámaras de seguridad y el uso de datos biométricos a más de 9.000.000 de personas en dos años. Entre ellas, al Presidente Alberto Fernández, la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, su hija Florencia, jueces, fiscales, funcionarios porteños y del Poder Ejecutivo de la Nación, líderes sindicales, de movimientos sociales, y referentes de Derechos Humanos.

¿Cómo ejecutaron semejante maniobra? A través de un convenio con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y el tráfico de datos informáticos, en muchos casos recabados por presuntos efectivos policiales de la ciudad en noches y madrugadas. El RENAPER es el único organismo del país que posee una base de datos completa sobre todas y todos sus ciudadanos. El asunto es que en el lapso de tiempo que el gobierno encabezado por Horacio Rodríguez Larreta requirió la información, los “prófugos” y “buscados” del país no representaban ni siquiera el 10% de la base monumental que compulsaron para registrar los movimientos de personas, en una clara vulneración del derecho a la libertad y a la privacidad.

 

 

El método

La PIA notificó a casi todos los afectados por el espionaje con datos biométricos y consultas de información personal al RENAPER. En la mayoría de los casos se vinculan con fechas relacionadas con resoluciones judiciales a favor de CFK, con causas de lesa humanidad o bien con momentos en que funcionarios o funcionarias concursaban para acceder a cargos en la Nación e incluso en la CABA.

Tal situación no resulta nada casual: es una metodología que lleva impreso un patrón. Una de las víctimas es el fiscal Javier De Luca, cuyos datos biométricos fueron solicitados por el Ministerio de Justicia porteño el mismo día en el que se pronunció sobre Milagro Sala.

El espionaje incluyó a más de 70 referentes judiciales. En el caso de la jueza Marcela Pérez Pardo –esposa de Eduardo Freiler, ex magistrado destituido por Mauricio Macri y su operador prófugo en Uruguay, Pepín Rodríguez Simón–, sus datos biométricos fueron consultados en marzo de 2020, cuando estaba por definirse su juicio político.

A la jueza federal María Silvina Domínguez la espiaron en julio de 2021. “Ahora estoy en proceso de jubilarme después de 40 años en el fuero federal, pero este episodio me resulta penoso, porque denota que pidieron mis datos en el momento en que se trataba un amparo sobre la comunidad mapuche y mientras estaba subrogando la jurisdicción de Bariloche”, dijo Domínguez a El Cohete.

Todo indica que Lijo va a tener que trabajar, ya que las víctimas se van a presentar como querellantes en semanas y es muy probable que el ex ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad Marcelo D’Alessandro –el de los chats con Silvio Federico Robles, de la vocalía del presidente de la Corte, Horacio Rosatti– se vea obligado a dar mayores explicaciones.

Según la PIA, en su testimonial D’Alessandro se excusó “por el encierro de la pandemia”. Algo curioso porque, pese al Covid, el tráfico de consultas al RENAPER no paró. De hecho, la mayoría de los seguimientos con datos biométricos se produjeron en 2021 con el auge de las vacunas adquiridas por el gobierno de Alberto Fernández y aplicadas sin invertir un solo peso por parte de Rodríguez Larreta en la ciudad más rica y desigual del país.

El diario propiedad de los favorecedores de los jueces federales de Lago Escondido reflejó así el cruce entre la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti -víctima del espionaje de la administración de Rodríguez Larreta- y D’Alessandro.

 

 

 

Pero Cerruti no fue la única funcionaria del Ejecutivo Nacional espiada: hay muchos casos más que aún no se dieron a conocer. La abogada y ex ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Eli Gómez Alcorta, denunció el grave episodio desde sus redes sociales:

 

 

Gómez Alcorta menciona 9 millones de pedidos de datos biométricos y alerta con razón que entre las víctimas podrías estar vos y tu familia. Ahora bien, de la lectura de la resolución de la PIA, cuyo titular es Sergio Leonardo Rodríguez, surge una trama compleja de trazado de información entre las policías, el gobierno de la ciudad y el RENAPER.

 

 

 

Punto a punto

El twittero Marcelo D'Alessandro le dijo a la Justicia porteña: “Primero quiero aclarar, no sé si lo saben, el sistema hoy lo tenemos apagado. Como producto de la pandemia, en abril del 2020 se apagó el sistema de reconocimiento facial (…) tuvimos en ese proceso que relicitar el servicio por vencimiento de contratación. Es decir, desde abril del 2020 que se dispuso la obligatoriedad del uso del tapabocas, por todo el tema de la pandemia, quedó administrativamente suspendido. Si bien todo lo que es la arquitectura técnica, la parte física, está prendida, todo lo que es máquinas virtuales, que son las que operativizan ese software, están apagadas”.

“Nosotros buscamos lo que la Justicia nos pide –continuó el protagonista del viaje VIP a Lago Escondido–. El sistema no está identificando a cada persona que pasa. Solamente es en función de un registro que lo carga ‘la Justicia’ y seguidamente Cecilia Amigo indicó (sic) que ‘a diferencia de otros SRFP del mundo, en donde hay una tendencia a que las bases sean discrecionales, nuestra única base de datos sobre la que trabajamos es la CoNaRC [1], y todos los registros, altas y bajas de esta base de datos siempre la ejecuta la CoNaRC y nosotros actualizamos los registros diariamente a través de un web service’”.

Aquí se produce un problema para el personal de seguridad de Rodríguez Larreta: en el momento de la contestación del oficio, las personas prófugas eran 40.000, pero el sistema realizó “solicitudes de datos biométricos” hasta alcanzar los 9.392.372 de registros entre el 25 de abril de 2o19 y el 20 de diciembre de 2021, y otros 507.911 hasta el 9 de marzo de 2022, lo que da un total de 9.900.282 en casi dos años.

Entre los más destacados figuran: “Enriqueta Estela Barnes de Carlotto (presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, dos consultas); Eduardo Emilio Belliboni (dirigente del Polo Obrero, 14 consultas); Sergio Alejandro Berni (ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, 18 consultas); Roberto José Boico (juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, una consulta); Gabriela Fernanda Boquin (fiscal general por ante la Cámara Nacional en lo Comercial, cuatro consultas); Ángel Borello (dirigente social, una consulta); Myriam Bregman (diputada nacional, tres consultas); Alejandro Pedro Bulgheroni (empresario, tres consultas); Patricia Bullrich (presidenta del Partido Propuesta Republicana PRO, 18 consultas); Elisa María Avelina Carrió (referente de la Coalición Cívica ARI, diez consultas); Eduardo Francisco Constantini (empresario, dos consultas); Eduardo Enrique De Pedro (ministro del Interior de la Nación, tres consultas); Nicolás Del Caño (diputado nacional, dos consultas); Eduardo Sergio Elsztain (empresario, tres consultas); José Luis Espert (diputado nacional, ocho consultas); Dolores Etchevere (hermana del ex ministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere, siete consultas); Eduardo Feinmann (periodista, nueve consultas); Alberto Ángel Fernández (Presidente de la Nación, 76 consultas); Cristina Elisabet Fernández (Vicepresidenta de la Nación, 226 consultas); Aníbal Domingo Fernández (ministro de Seguridad de la Nación,12 consultas); Marcos Eduardo Galperin (empresario, seis consultas); Alejandra Magdalena Gils Carbó (ex Procuradora General de la Nación, dos consultas); Juan Grabois (referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, 22 consultas); Juan Carlos Hernández (jefe de la Policía Federal, diez consultas); Carlos Ernesto Stornelli (fiscal federal, cuatro consultas); (…) Gustavo Fabián Sylvestre (periodista, nueve consultas); Inés Mónica Weinberg (presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, dos consultas); Emiliano Benjamín Yacobitti (diputado nacional, tres consultas); Eugenio Raúl Zaffaroni (ex ministro de la Corte Suprema, dos consultas)”.

 

CFK resultó la más espiada y nunca estuvo prófuga.

 

 

Mamarrachadas

En la semana que pasó, otro adalid del espionaje ilegal, el fiscal Carlos Stornelli, pidió que el juez Julián Ercolini sea repuesto para investigar una causa renacida por la querella de él mismo. Pero otro fiscal, Javier De Luca, le dijo que no, y lo argumentó en un fallo que incomoda demasiado a la casta de Comodoro Py 2002.

El trámite podría resumirse así: desde octubre de 2016, el juez Federico Villena escuchó al narco Mario Segovia y con esa excusa la AFI macrista y la Corte manejaron escuchas ilegales a presos políticos, todos perseguidos por la inquisición de Macri & su Gestapo del espionaje ilegal.

El hecho principal se produjo en el Penal Federal de Ezeiza. Cuatro años después, en 2020, el fuero federal investiga a quienes ejecutaron ese espionaje, que incluyó la colocación de cámaras y la violación de la intimidad de los presos, escuchando y difundiendo sus conversaciones privadas y las estrategias de defensa en juicio. Pero algo puede fallar: los ex espías de la AFI macrista que eran policías de la ciudad fueron arrojados al vacío por sus jefes de entonces y no se sienten “cuentapropistas” como pretende la Alzada. Hoy en día están lanzando amenazas hacia arriba con escritos en Tribunales. La Cámara apartó a Ercolini del expediente, pero Stornelli lo quiere nombrar de facto. De cumplirse los deseos de Stornelli, su amigo Ercolini tendría un racimo de causas conexas. Una especie de mini Corte de los mamarrachos de Lago Escondido y sus dibujos para eludir “las dádivas” del Grupo Clarín.

 

 

Epílogo

El juez Lijo se fotografió con Gustavo Gorriz, director de la editorial Taeda y la revista DEF, en una imagen que publicó Infobae. Las fotos revelan a los mandantes del mamarracho judicial que mencionó CFK en la Plaza de Mayo. Lijo deberá dilucidar por qué el gobierno de Rodríguez Larreta usó un convenio con el RENAPER para monitorear a millones de personas en CABA.

 

Gorriz y Lijo. Foto: Infoemba.

 

 

[1] Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas, base de datos para capturar a personas prófugas.

 

 

 

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