Se corta la luz, vuelve la luz. Se desobedece una orden judicial, luego se cumple. Se saca a los dueños, se pone a los veedores al frente de la empresa. La sucesión de nuevas intervenciones, allanamientos, detenciones, deudas y pagos tardíos a los trabajadores en torno a Vicentin parecen, a esta altura, las subtramas y montajes paralelos de un novelón dramático, bien argentino, siempre al borde de la tragedia.
A mitad de semana, el juez civil y comercial de Reconquista a cargo del concurso preventivo, Fabián Lorenzini, sacudió la trama mayor y dictó una nueva intervención. La medida apunta a desplazar por 120 días al actual directorio de Vicentin, cuatro de cuyos integrantes están presos en una causa por presuntas estafas, y más de una decena están imputados por ese delito y el de administración fraudulenta. Evitar la quiebra de la agroexportadora es el principal objetivo de la intervención judicial, cuya decisión estuvo motivada, entre otras razones, por los informes de los veedores que muestran el crecimiento de la deuda posconcursal: al 11 de abril trepaba a 12.536.732.386 pesos. “Es necesario emplear todos los recursos y mecanismos disponibles para evitar la liquidación de la concursada”, destaca la resolución judicial, y a la vez nombra como administradores a los actuales veedores Andrés Shocrón y Guillermo Nudemberg.
Mientras eso sucedía, el complejo quedó a oscuras por el corte del suministro eléctrico en su planta en Avellaneda, Santa Fe, a partir de una deuda multimillonaria. Se calcula que la empresa debe al menos 600 millones de pesos a la cooperativa de Avellaneda, que ya entró en crisis financiera. Harta por el atraso, la cooperativa en un principio desobedeció una orden judicial que impedía el corte, pero poco después la cumplió y se evitó el colapso energético. Además de la intervención de la administración por el plazo de 120 días prorrogable, el juez estableció en su resolución que “los proveedores de gas, energía eléctrica, servicios informáticos, seguridad, transporte, telefonía, seguros” y otros “se abstengan de interrumpir o suspender la provisión de tales bienes o servicios” por 60 días. Y que, en caso de que ya hayan sido suspendidos, los restablezcan.
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El impacto del desastre no es sólo social, económico y judicial sino también político. A punto tal que Gonzalo Braidot, actual intendente de Avellaneda, dijo que si Vicentin no “normaliza” sus pagos la cooperativa eléctrica local entrará en situación de quebranto. “Sabemos que hay grupos económicos importantes que quieren quedarse con esta empresa, que es una unidad de negocios rentable. Los rehenes son los trabajadores, somos las ciudades”, declaró a un medio local. En tanto, los veedores repudiaron el corte de luz y dijeron que la región corrió un gran riesgo: dada la magnitud del establecimiento, pudo haber ocurrido una explosión.
La otra novedad fue que la empresa pagó en tres cuotas el 80% de los sueldos de marzo, con lo que las plantas volvieron a operar con normalidad salvo la de San Lorenzo, una de las más grandes, cuya realidad sigue siendo incierta. Desde el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento San Lorenzo (SOEA) destacaron que la aceptación del acuerdo no implica el cierre del conflicto. “Este es un paso para no dejar a los compañeros sin ingresos, pero seguimos exigiendo que aparezca el dinero para garantizar el 100% de los salarios y que se reactive la producción”, dijo Daniel Succi, dirigente del SOEA.
Bajo el contexto de una empresa que apenas puede cumplir con sus salarios, con asambleas frecuentes en los portones de las empresas, los trabajadores advierten que peligran más de mil puestos de trabajo. Y todo mientras la Justicia sigue avanzando, inesperadamente por la impunidad brindada durante años, con pruebas firmes por el vendaval de estafas de los empresarios. En paulatino deterioro, Vicentin entró en default en diciembre de 2019 con deudas superiores a los 1.500 millones de dólares. En febrero de este año llegó a pagar el sueldo en tres cuotas, lo que evidenció su presente de ingresos limitadísimos y costos fijos elevados. El pago llegó luego de una multitudinaria marcha que un grupo de trabajadores protagonizó en una de sus plantas, después de que el Ministerio de Capital Humano dictara la conciliación obligatoria porque los gremios aceiteros habían anunciado un paro nacional, y de que el SOEA sostuviera como medida de fuerza la “retención de tareas” en las plantas que la compañía administra en Ricardone, en Renopack —otra firma del grupo—, el puerto de San Lorenzo y la planta de biodiesel de Explora —también del holding— por el despido de cuatro trabajadores. Entendiendo el conflicto en su totalidad, el gremio denunció una suerte de “revancha patronal” que se tradujo, en los últimos tiempos, en un combo de ajuste salarial, cesantías, militarización y cierre temporario de las plantas.
Lo que sorprendió a propios y extraños, sin embargo, fueron los movimientos de la Justicia santafesina al dictar la prisión preventiva por 120 días para Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti, ex ejecutivos y directivos de primera línea de la agroexportadora. Los acusa de administración fraudulenta, defraudación y asociación ilícita junto a otras 15 personas. De acuerdo a la pesquisa, habrían armado una estructura financiera para desviar fondos de forma sistemática mientras la empresa ya se encontraba en crisis. Lo habrían hecho a través de triangulaciones con empresas satélites y la emisión de facturas apócrifas que llegaron, según estimaciones oficiales, a más de 6.000 millones de pesos. A modo de ejemplo, los fiscales determinaron que se usó el dinero para gastos personales, como el pago de honorarios a los abogados que los defienden en la investigación penal. Además, se los acusa de continuar operando compulsivamente y a sabiendas de que la compañía era insolvente a nivel financiero, generando nuevos compromisos de pago que nunca se saldaron. Hasta el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, enterado de los fraudes de Vicentin, apoyó públicamente la decisión de la Justicia.
Los fiscales Sebastián Narvaja y Miguel Moreno, a cargo de la pesquisa, explicaron que en la causa madre la estafa asciende a unos 700 millones de dólares. Dicha investigación, en rigor, se encuentra esperando la audiencia preliminar, último paso previo al juicio oral. El fiscal Moreno se refirió a los detalles de los delitos: “[La pesquisa comprueba que] las conductas que verificamos hacía unos tres años en aquella imputación se siguieron desarrollando en el tiempo y muestra un modus operandi: la asociación ilícita mutó de tener como objetivo obtener ganancias ilícitas o defraudar y administrar fraudulentamente a consolidar el provecho del delito y obtener impunidad para los integrantes”. Y confirmó algo grave en torno al poder de la prensa que protegió a la empresa, en relación con la consulta sobre la existencia de pagos a periodistas porteños por parte de la firma. “Esos periodistas han desinformado en cierta forma a través de cuentas de Twitter, han cuestionado mediante falacias el accionar de la fiscalía en la causa Vicentin”, dijo Moreno, corriendo el velo de la impunidad.
La incertidumbre es moneda corriente en Vicentin. Mientras acumula deudas de todo tipo y color, con un directorio roto y linaje en disputa —las denuncias judiciales fueron originadas, en gran parte, por parientes o conocidos de los empresarios imputados—, Vicentin enfrenta el riesgo de una paralización total de sus plantas, con sus trabajadores en angustiante incertidumbre, sin inversores, contratos ni granos. Y en el ocaso de una historia con final anunciado. La cerealera responsabiliza a la Justicia local y apunta a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación falle a su favor. Señala la escasez de materia prima y la dificultad para cerrar nuevos contratos de molienda como factores de la parálisis de la producción. Los trabajadores, por el contrario, hablan de un manejo ineficiente de los recursos y una mala administración, que derivó en un desastre financiero que se arrastra de años.
La cerealera, concursada desde marzo de 2020, empezó en ese tiempo a ser investigada por el Juzgado Civil y Comercial de la ciudad santafesina de Reconquista. Lo cierto es que, en el último tiempo, los veedores detectaron un volumen muy importante de erogaciones correspondientes a “acuerdos desvinculatorios”. Lo llamativo es que las desvinculaciones no corresponden en su mayor parte a personal desafectado por la crisis de ingresos que registra la empresa, sino a gerentes de la compañía que, de esa manera, pactaron montos millonarios a su nombre.
La crisis de Vicentin se remonta a diciembre de 2019, cuando la empresa se declaró en cesación de pagos –que la situó al borde de la quiebra–, lo que derivó en un concurso de acreedores que aún no se resolvió. A la par, los principales acreedores continúan presionando para que avance el proceso de cramdown, una instancia que permitiría que otros actores tomen el control de la firma si no se llega a un acuerdo definitivo. Pero eso no es todo, porque además de las dificultades económicas y sindicales Vicentin enfrenta cuestionamientos por parte de la Justicia. Existen denuncias en su contra por presuntas irregularidades en su manejo financiero previo al default de 2019. Algunos sectores sostienen que hubo desvío de fondos y maniobras que perjudicaron a los acreedores, lo que generó investigaciones y procesos judiciales en curso. La caída fue en picada: se le sumaron permanentes conflictos laborales, multas por desobediencia judicial y un directorio sospechado por estafas millonarias.
El gigante empresarial, que llegó a alcanzar los primeros puestos en el ranking de embarques de granos al exterior con una facturación de 4.000 millones de dólares, ocupando el puesto 29 entre las 50 mayores riquezas del país y siendo la firma que más creció durante el macrismo, yacía hasta hace poco con sus bienes embargados e inhibidos y con sus directivos sin poder salir del país, sospechados de millonarias estafas. Todo eso se reactivó de nuevo. El vaciamiento resultó obsceno, tanto como sus deudas pesificadas. Vicentin, de forma sucesiva, continuó acumulando favores judiciales. Los trabajadores temen que, a la corta o la larga, el juez Fabián Lorenzini –sospechado de ser amigo de la empresa– avale el achicamiento y desguace del grupo. Hasta los acreedores privados, en un hecho inédito en lo financiero, creían que el salvataje del Estado era urgente y necesario para que Vicentin no terminara en manos extranjeras. Sin embargo, nada puede normalizarse si los investigadores judiciales no despejan primero el enigma: dónde están los más de 1.500 millones de dólares que faltan de su magnánima deuda. Algo que todavía sigue sin revelarse.
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