El mundo al que vuelven los CEOs

 

Es abril de 2019. Las funcionarias y funcionarios de la Alianza Cambiemos creen llegar a las elecciones de octubre con holgura. Cristina Fernández de Kirchner todavía no ha movido las fichas del tablero político que cambiarían todo. Se creen ganadores. Laura Alonso, por entonces titular de la Oficina Anticorrupción, pulula –incesante– por los canales de televisión. Durante un reportaje con el empresario Luis Majul, admite que durante su gestión tomaron la decisión de no investigar las causas vinculadas al macrismo. Es evidente.

“Dado que he sufrido acusaciones personales sobre parcialidad o imparcialidad y también por la falta de recursos humanos, en este momento no estamos querellando en ninguna de esas causas (vinculadas a la alianza Cambiemos) porque para que me acusen de encubridora, que las lleven adelante los fiscales y jueces naturales”.

Lo de Alonso no fue un simple e inocente desliz. El macrismo se caracterizó por ser un conflicto de interés permanente. Esa fue su matriz de corrupción: un cruce ininterrumpido de negocios entre empresarios devenidos funcionarios públicos con la estructura del Estado nacional a la que pertenecían.

La Alianza Cambiemos dejó dentro de la Oficina Anticorrupción más de 130 expedientes con casos de conflicto de interés sin resolver. Ninguno de ellos fue investigado en profundidad. El lema implícito fue hacer poquito –abrir los trámites administrativos– para que nada cambiase.

El Observatorio de las Elites Argentinas de la Universidad de San Martín (UNSAM) determinó que hubo 269 funcionarios que registraron 890 participaciones en empresas privadas constituidas en el país o en el extranjero, con cruce de negocios palpables y sistemáticos.

Estos casos incluyeron al Presidente Macri, directores del Banco Central, los principales ministros del Gabinete (Jorge Triaca, Javier Iguacel, Andrés Ibarra, Dante Sica y la lista continúa), secretarios de Estado hasta agentes en ANSES, AFIP, la Procuración del Tesoro y las propias empresas públicas, sumado algunos abogados vinculados con gobierno de entonces.

La actual conducción de la OA avanza con todos los expedientes que nunca fueron cerrados con la mira puesta en la creación de una nueva reglamentación que le ponga coto a la puerta giratoria.

Los casos más flagrantes con los que está trabajando, algunos ya judicializados, lo tienen como protagonista a Mariano Federici, ex titular de la Unidad de Información Financiera, por haber saltado a la vicepresidencia de una organización dedicada a la inteligencia financiera como K2 Intelligence, un desprendimiento familiar de Kroll, “la CIA privada”; además del caso de Santiago Bausili, ex subsecretario de finanzas que negoció el pago a los Fondos Buitres con su empleador hasta los primeros días de 2016 (Deutsche Bank) y el caso Manuel Izura, mano derecha de Germán Garavano y defensor de uno de los encuadernados por Claudio Bonadío.

 

 

 

 

 

Matrix

La Oficina Anticorrupción cambiemita funcionó como un organismo parajudicial o parapolicial. De ahí la decisión de abandonar todas las querellas contra los ex funcionarios del kirchnerismo y que sea la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA), en todo caso, quien continúe con las investigaciones penales.

La descripción de una OA como dependencia parapolicial explica, en parte, la estrategia del anterior gobierno de institucionalizar los conflictos de interés como mecanismo de cooptación del Estado por parte de las grandes corporaciones económicas, el sector financiero, y bancario para beneficio propio.

La Subsecretaría de Integridad y Transparencia, actualmente a cargo de Luis Villanueva, estaba prácticamente vacía. Solamente había tres abogados para atender, entender e investigar las profusas ramificaciones de los conflictos de interés, comprendidos como una posible plataforma para la corrupción de guante blanco. En contraposición, el área que se dedicó a querellar contra los ex funcionarios del kirchnerismo contaba con 21 letrados.

 

 

 

 

El 2 de diciembre de 2019, la OA emitió un informe sobre un expediente denominado Casa Matriz, abierto un año antes, donde constaban los previsibles conflictos de 75 funcionarios. Todo había surgido de una investigación de la UNSAM que analizó, caso por caso, el listado de funcionarios de la administración pública nacional y sus empresas asociadas. El expediente colectivo se abrió en 2018 pero no se hizo nada. Alonso esperó hasta la última semana de gestión para emitir un dictamen preliminar que, presumía, caería en abstracto.

La actual conducción del organismo retomó esos expedientes para avanzar en la determinación precisa de responsabilidades sobre posibles conflictos de interés, con el objetivo de pensar nuevas reglas que, a futuro, eviten la puerta giratoria y la cooptación del Estado desde el sector privado.

“La puerta giratoria remite a la circulación por altos cargos en los sectores público y privado, flujo que puede darse tanto desde el sector privado hacia el sector público como a la inversa y que, en cualquier caso, implica un proceso de fuerte erosión de la autonomía del Estado a la hora de formular e implementar políticas públicas, ya que, de forma más o menos directa, el poder económico logra orientar el accionar estatal en su propio beneficio o apropiarse de información y redes de contactos valiosos”, escribieron Ana Castellani (actual secretaria de Gestión y Empleo Público) y Gustavo Motta sobre su investigación publicada por la UNSAM.

Durante el macrismo se multiplicó el grado de exposición a los conflictos de intereses, las posibilidades de convertir el lobby sectorial en política pública y, peor aún, logró internalizar en su propio gabinete “la lógica predatoria de las diferentes fracciones de la elite”.

De los casos menos conocidos, Alonso escondió debajo de la alfombra la situación del abogado Mariano Grondona Lynch, ex vocal en el Directorio de la Administración de Parques Nacionales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que registraba 219 participaciones en directorios de empresas privadas del país y del exterior.

O el caso de Juan Miguel Biset, ex subsecretario de Sustentabilidad Minera y representante, al mismo tiempo, de la multinacional especializada en minería, logística y energía, Vale SA. O el conflicto de interés protagonizado por Ernesto Lucchelli, ex Subprocurador del Tesoro de la Nación pero al mismo tiempo vinculado a las sociedades extranjeras Deutsche Bank (Suisse) en calidad de autoridad, y como representante en Süddeutsche Vermögensverwaltung GMBH y Deutsche Bank Aktiengesellschaft. El recuento de casos no es exhaustivo.

 

 

Doble puerta giratoria

Lo sucedido dentro de la UIF fue un caso de doble puerta giratoria. El designado por Macri para ocupar la titularidad del organismo había sido Mariano Federici, un abogado que a diciembre de 2015 trabajaba para el Fondo Monetario Internacional (FMI) pero también estaba vinculado al estudio de Juan Félix Marteau, a través de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia (FININT), uno de los principales litigantes contra la propia UIF.

Al momento de llegar al organismo, Federici era el consejero externo de FININT. Por entonces, la fundación ofrecía un curso de posgrado dictado junto a la UBA y un selecto grupo de docentes, entre quienes militaban Juan Curutchet, Germán Garavano, los jueces Claudio Bonadio, Ariel Lijo y el fiscal Raul Plee. Es decir, gran parte de la estructura de persecución judicial contra el kirchnerismo.

El combo de puerta giratoria lo concluía María Eugenia Talerico, una abogada del HSBC designada como vicepresidenta de la UIF. Su empleador era la institución más investigada por el organismo anti lavado. Hasta que asumió Macri. El 20 de diciembre de 2018, Federici cerró un expediente que tramitó durante cinco años al sostener que el banco no había incurrido en ningún error al no reportar posibles operaciones de lavado llevadas adelante por el narco Jesús López Londoño, conocido como Mi Sangre.

Federici actuó para salvar al Banco –también vinculado a una mega causa de evasión dentro del país e internacionalmente en el caso conocido como SwissLeaks—, a pesar del dictamen en contrario del Consejo Asesor del organismo. Por entonces la legisladora Elisa Carrió era bastante selectiva a la hora de denunciar posibles casos de corrupción o encubrimiento, a diferencia de lo que hizo la semana pasada cuando acusó al Gobierno nacional ante el GAFI por un supuesto plan de desmantelamiento de los órganos de control de la UIF a favor de CFK.

Federici ingresó a la UIF a pesar de su vinculación con el estudio Marteau y cuando se fue, saltó a la vicepresidencia de K2 Intelligence, una especie de subsidiaria de Kroll, conocida en todo el mundo como la CIA privada. Una doble puerta giratoria.

Cuando la actual conducción del organismo antilavado detectó la situación elaboró una denuncia que presentó ante la OA. Para la UIF, Federici estaría incumpliendo el artículo 10 de la ley 25.246 que prohíbe a las máximas autoridades del organismo desempeñarse durante dos años en empresas privadas que deberían estar bajo la órbita de control de la propia institución.

La OA tomó la denuncia y le solicitó al organismo antilavado que realice una caracterización de la agencia K2 Intelligence y de los movimientos que pudo haber registrado de esa institución apenas recibió la incorporación de Federici.

Lo que surja de esta información será clave ya que el ex titular de la UIF podría argüir que, por una reglamentación interna del organismo, sí podría desempeñarse dentro de K2 Intelligence si se dedicara a la prevención del lavado de activos. No es lo que suelen hacer este tipo de organizaciones.

K2 Intelligence nació como un desprendimiento que Jules Kroll le concedió a su hijo Jeremy. En Argentina, la palabra Kroll remite directamente a Yabrán y a Enrique Zadoff, ex representante de la agencia en el país, histórico dirigente de la DAIA, y de vínculo estrecho con Guillermo Yanco, pareja de Patricia Bullrich.

 

 

 

 

El caso de Federici es para la OA importante. Contiene lo que estudian como puerta de salida: aquellas prácticas que realizan quienes pasaron por la administración pública ya no sólo antes de llegar a los cargos, si no cuando los dejan. En este sentido, es una nueva agenda de trabajo que se abre para estudiar a Cambiemos. Y Federici es lo que la OA entiende como leading case. En una lógica que no tiene como objetivo abrir causas judiciales sino repensar reglamentos que impidan la reproduccion de estas prácticas. Un modo distinto de pensar el futuro, y clausurar el acceso a las puertas del Estado.

 

 

El visitante

Hace un mes, la OA envió una notificación al abogado Manuel Izura, asesor directo de Germán Garavano, por una denuncia que había iniciado la Coalición Cívica en enero de 2019 y Alonso cajoneó. El planteo era que el asesor del ex ministro de Justicia había defendido al abogado Miguel Angel Plo en una de las causas colaterales de los Cuadernos.

La actual conducción de la Oficina Anticorrupción retomó lo no hecho por Alonso y avanza en la investigación. El planteo central es que Izura no debió haber seguido con su estudio privado mientras cumplía con las funciones públicas. Y menos abocarse a un tema de trascendencia política como la encuadernadora del doctor Glock, donde estaban muy claros algunos hilos del Poder Ejecutivo.

En diálogo con El Cohete, el ex asesor de Garavano sostuvo que nunca tuvo un contrato político y que su llegada al Ministerio fue a través del Ente Cooperador ACARA, por lo que quedaría eximido de un conflicto de interés.

“Puede que no haya firmado nada. Pero ahí había dos intereses en pugna. Si su rol era visitar despachos en causas centrales, el beneficiario podría haber sido su cliente”, explicó un experimentado funcionario judicial.

Izura fue subsecretario de Seguridad Urbana durante la gestión de Diego Gorgal, en el Gobierno de la Ciudad (2005/2006). Después estuvo vinculado al área legal de la Policía Metropolitana, según consignó la denuncia de la Coalición Cívica. Un semillero del espionaje en Cambiemos.

Es de suponer que la OA también se centrará en dilucidar cuáles fueron sus tareas como asesor de Garavano, a quien conoce desde el año 1992 cuando ambos coincidieron en un despacho de la Justicia Federal.

Izura se dedicaba a recibir a todos aquellos que pretendían presentarse a algún concurso dentro de la estructura judicial. Atendía a todos los que pedían una reunión, dice. A veces Garavano participaba y se elaboraban informes de los encuentros. El ex ministro tenía la última palabra, cuentan otros ex colaboradores.

Alonso nunca lo notificó de la denuncia original. Pero él cuenta que se presentó ni bien se enteró. El texto original lleva la firma de Mariana Zuvic y Paula Oliveto. Y mencionan dos hechos vinculados a Izura. Uno es una referencia explícita de Mario Cimadevilla, ex titular de la Unidad Especial AMIA en el momento en que señaló a Garavano como posible encubridor de los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, junto a una larga lista de funcionarios entre los que se encontraba el amigo del ex ministro.

“Él no tenía mucha idea de lo que hacía (por Cimadevilla). Pedía ayuda y en dos o tres veces me junté con él y le daba mi parecer sobre lo que sucedía”, narra.

El otro hecho incluido en la denuncia surgía de una nota periodística de Ámbito Financiero que lo muestra visitando despachos judiciales vinculados a las causas de interés para el gobierno. Según su relato, parte de su trabajo incluía visitar alguna secretaria para “interpretar algún requerimiento o el alcance de alguna medida judicial”.

—¿En qué causas visitó algún despacho? —preguntó El Cohete.

—Al principio de la gestión, cuando se estaba discutiendo la deuda pública y Prat Gay tenía que ir al Congreso a discutir el tema, el juez Sebastián Casanello y el fiscal Federico Delgado iniciaron una causa y salió una orden de presentación que se confundió con una orden de secuestro de información que ponía en riesgo la sesión y no había sido así. En ese caso fui a la secretaría del juzgado.

Todo tiene que ver con todo. Izura hablaba del momento en que el Congreso aprobó el fastuoso endeudamiento para pagarle a los Fondos Buitres, hecho que efectivamente es investigado por Casanello y que tiene como imputados a Bausili y Caputo, uno de los casos más emblemáticos de la matriz de puerta giratoria de Cambiemos.

 

 

El negociador

Santiago Bausili fue subsecretario de financiamiento junto a Luis Caputo, quien ocupaba la titularidad de ese ministerio al principio de la gestión Cambiemos. Cuando ingresó a la función pública, todavía mantenía su puesto dentro del Deutsche Bank. Todo tenía un porqué. El macrismo estaba decidido a pagarle al contado a los Fondos Buitres y necesitaba iniciar un proceso de endeudamiento externo (y ruinoso).

Antes de asumir formalmente, el ex funcionario mantuvo reuniones en Nueva York con inversores en bonos argentinos, abogados, el representante de la Corte de Nueva York y la Task Force Argentina (la fuerza de choque comandada por Nicola Stock, ex titular del Banco Central italiano).

En marzo de 2016, el Congreso daba el primer paso con la autorización para un endeudamiento por 12.500 millones de dólares. Uno de los agentes colocadores de ese negocio fue el Deutsche Bank. Bausili estuvo de ambos lados del mostrador. Tampoco se privó de comprar títulos públicos.

Ese mismo año, el juez Sebastián Casanello inició el expediente 2752 Singer Paul y otros s/ traición con sometimiento con eje en Bausili, Caputo y Mario Quintana, quien mantuvo al menos 13 puestos de autoridad en diferentes directorios de empresas.

La OA –bajo la gestión de Alonso– determinó recién en octubre de 2019 que esos movimientos habían comprendido una clara violación a la ley de ética pública. Para cubrirse, cuando ya estaban de salida. Y el 1° de noviembre tomaron la decisión de remitirle el informe al juzgado de Casanello. Pero ante el apuro de la desbandada por el cambio de gestión, la información nunca salió de la mesa de entrada. Laura Alonso se las ingenió para cajonear el caso durante tres años.

Bausili mantuvo al menos cinco reuniones con el Deutsche Bank entre 2016 y 2017. En el expediente 125858/2016, figuran los correos electrónicos con intercambio de información a través de los cuales el banco recolectó datos de contactos y de cuentas bancarias de los diferentes bonistas con los que habían alcanzado un acuerdo. Mientras todo esto sucedía, el ex funcionario seguía cobrando acciones y dinero por lo que había sido su labor en la entidad financiera. Además de haber adquirido títulos de la deuda soberana.

En paralelo a la causa de Casanello, también tramitaba un expediente en el juzgado de Claudio Bonadio, quien fue más amable con Bausili al dictar su sobreseimiento. Pero en febrero de este año, la Sala II de la Cámara Federal revocó el sobreseimiento y también sugirió la unificación de ambos expedientes.

Hace dos meses, la nueva gestión de la OA, a cargo de Felix Crous, envió más información al juzgado de Casanello para precisar las actuaciones de Bausili y Caputo en el entramado de la deuda externa. Y desde la semana pasada, los expedientes que tramitaron por separado ya están unificados. Ahora el juez federal deberá resolver si los llama a declaración indagatoria.

 

Nuevas reglas

La actual conducción de  la Oficina Anticorrupción convocará al Consejo Asesor del organismo para avanzar en una nueva reglamentación que apunte a la prevención de la puerta giratoria que funcionó a pleno durante la Alianza Cambiemos. “Meterle presión al mercado para que no haya negocios cruzados”, sintetizan desde el organismo.

Las nuevas reglas que se están pensando servirán, también, como una manera de visibilizar que los conflictos de intereses masivos, escondidos bajo el paraguas de la tecnocracia, formaron parte de una posible matriz de corrupción que captó recursos del Estado en beneficio de unos pocos actores económicos.

 

 

 

 

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