El molde que nos contiene

 

Tengo plena conciencia de que hay diversos sectores de nuestro pueblo que padecen necesidades.

Yo confieso mis limitaciones, que son propias de lo que, se supone, es mi especialidad. Lo que concretamente quiero decir es que no ignoro esa realidad, pero solo puedo dedicarme, y así lo hice siempre, a los trabajadores/as en relación de dependencia, sean formales o informales, o víctimas de algún tipo de fraude laboral.

Tengo la convicción de que el empleo formal es la vía más idónea para garantizar otros derechos y prestaciones de la seguridad social a favor de las personas, y a ello deben aspirar las políticas que implementen quienes pretendan presidir nuestro país, porque así lo manda la Constitución Nacional.

Aunque resulte una paradoja, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional —cuyo texto completo aparece por estos días en varios medios de comunicación— nació en medio de una dictadura, aunque luego fue convalidado por la convención constituyente de 1994.

Los derechos que consagra este artículo se encuentran tan arraigados en la cultura del trabajo argentina, que resulta difícil imaginar cómo un candidato presidencial que propone su eliminación podría resultar electo. ¿Acaso un ciudadano/a que trabaja en relación de dependencia puede estar a favor de perder el aguinaldo y las vacaciones pagas? ¿O alguien que trabajó toda su vida estará dispuesto a perder su jubilación o la protección de su vivienda como bien de familia?

No pueden existir dos clases de derechos; los que se cumplen, como la protección de la propiedad privada, y los que se denuestan y no se cumplen, como los derechos sociales del artículo 14 bis.

La Constitución Nacional no es un rejunte de normas sin sentido, es el molde que nos contiene como sociedad y en el cual decidimos incluirnos. 

Por ello resulta imposible apartarse del norte de la justicia social que se incluye en la Constitución Nacional —artículo 75, inc. 19, cuando dice que el Congreso de la Nación deberá: “Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores…”

Lo mismo cabe decir de la “igualdad real de oportunidades”, también incluida en la Constitución, que ha dejado atrás el concepto de “igualdad formal ante la ley” con el que algunxs quieren azuzar como si estuviéramos en 1853. Entre las facultades del Congreso, se menciona la de “legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.

Otra frase muy en boga por estos días es la máxima de Evita: “Donde existe una necesidad, nace un derecho”. A quienes dicen que a esos derechos alguien los tiene que pagar, les contesto: recursos económicos y riqueza sobran; el gran desafío que acucia es cómo se van a redistribuir para que se realice la justicia social. Y para ello, necesitamos un gobernante que se comprometa a llevarlo a cabo.

 

 

 

 

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