El módulo AFIP de la GESTAPO

 

La última semana se conoció el resultado de la auditoría interna realizada por la AFIP para evaluar la contratación externa de los abogados Tomás Farini Duggan y Juan José Ávila a partir del año 2017. En julio del año pasado, El Cohete a la Luna adelantó que ambos habían sido contratados por su titular Alberto Abad y perpetuados por Leandro Cuccioli, su sucesor, con el objetivo de solventar la persecución jurídica contra Cristina Fernández de Kirchner, Héctor Timerman y otros dirigentes y militantes populares. Gracias a esta financiación, lograron una dedicación full time a la causa del Memorándum, con la que buscaban destruir la imagen de la ex Presidenta y la de sus ex funcionarios, acusándolos entre otros crímenes de traición a la patria.

Su labor consistió en lograr la reapertura de la denuncia realizada por Natalio Alberto Nisman y en solicitar la detención de los acusados por el fiscal. El primer objetivo fue alcanzado en coincidencia con la obtención del primer contrato anual, sin que quedara ninguna evidencia de las tareas realizadas para la AFIP, la entidad contratante. Su faena, favorecida por los aportes brindados por el erario público, les permitió obtener –entre otros logros– la suspensión del tratamiento oncológico a Héctor Timerman, situación que le produjo la muerte.

La denuncia inicial de la inactividad laboral de los contratados por la AFIP y la irregularidad de sus contratos fue revelada por la Asociación Civil Bajo la Lupa, conducida por Margarita Stolbizer. Entre junio de 2017 y 2020 atesoraron alrededor de 7 millones de pesos, que fueron abonados como honorarios profesionales. La auditoría interna de la AFIP, que se convertirá a la brevedad en un sumario, constató las siguientes infracciones, anomalía e ilícitos:

• Los contratos fueron invisibilizados para que los auditores internos no pudiesen detectarlos. Las disposiciones internas de la AFIP establecen que “la solicitud de la adquisición deberá estar justificada, debiendo quedar establecido el objetivo perseguido. Se deberán incorporar a las actuaciones por las que se impulsen las contrataciones, los informes necesarios provenientes de las áreas destinadas al bien o servicio”. Ninguno de estos prerrequisitos aparece en el expediente de la contratación de ambos.
• Ávila y Farini Duggan fueron contratados sin fundamentación técnica ni jurídica previa, tal cual lo disponen los manuales de procedimiento internos. No se respetó la publicidad exigida para la contratación de ese tipo de consultorías, motivo por el cual se efectivizaron los contratos con una “celeridad excesiva”, orientada a impedir “los controles previstos en la normativa vigente”.
• Para justificar su conchabo, se adujo que existía una escasez de personal especializado en el área de derecho penal, y una correspondiente cantidad de trámites pendientes. Sin embargo, según la auditoría, al momento de efectivizarse los contratos no existía un número de causas atrasadas que justificara dicha incorporación.
• No se solicitó, en el área respectiva, un requerimiento explícito de las capacidades ofrecidas por Ávila y Farini Duggan, ni se fundamentó la pertinencia de su contrato.
• La selección fue arbitraria: no se estipularon los perfiles requeridos del personal a ser contratado, ni se llevó a cabo una selección previa sobre la base de ofertantes varios.
• No se establecieron parámetros de evaluación final: al no especificarse la cantidad de causas o expedientes en los que tenían que actuar, se logró que ambos permanecieran como ñoquis, sin que se les cuestionase la inactividad, pudiendo dedicar el financiamiento a la causa del Memorándum.
• No se realizó el necesario relevamiento de precios para estipular el costo de un asesoramiento similar, en términos de valores de mercado. Se fijó el valor del contrato de forma arbitraria, para beneficiar a ambos letrados.
• La ejecución contractual fue absolutamente irregular: se eludieron –y encubrieron– las evidentes incompatibilidades que tenían ambos letrados, además de los conflictos de interés que exhibían. Ambos litigaban al mismo tiempo contra el Estado desde el estudio jurídico que compartían, situación que los colocaba, a priori, en ambos lados del mostrador.
• Ambos concentraban una triple Incompatibilidad funcional. Farini Duggan se hallaba contratado por la Provincia de Buenos Aires cuando la AFIP le otorgó la locación de servicio. Eso implicaba, además, una evidente incompatibilidad horaria. La reglamentación interna de la AFIP prohíbe otorgar remuneraciones en más de una jurisdicción, sea nacional o provincial, situación en la que estaba constreñido Farini Duggan. Tampoco faculta para contratar a quienes gozan de un haber jubilatorio, situación por la que se hallaba inhabilitado Ávila. Para embolsar los 96.000 pesos por mes falsearon su declaración jurada. Omitieron sus contrataciones en la Provincia de Buenos Aires, silenciaron el hecho de ser litigantes contra el Estado y ocultaron el haber jubilatorio, para no dejar constancia de esas incompatibilidades.
• Se vulneró la normativa que indica la prohibición de contratar dos consultores socios de un mismo estudio. Dicha regla se establece para evitar que dos abogados realicen una única tarea con dos contratos paralelos. La transgresión de esa disposición “imposibilita cotejar la diferenciación entre los trabajos de uno y otro profesional que se desempeñan en el mismo estudio jurídico”. En la declaración jurada presentada por Farini Duggan se asegura que no formaba parte de ningún estudio jurídico. Por su parte, en su curriculum vitae, se informa lo contrario: que era socio del estudio compartido con Ávila.
• Según el artículo 59 de la disposición interna de la AFIP 297/03 sólo se pueden prorrogar los contratos por una única vez. Sin embargo, ambos fueron prorrogados en dos oportunidades, sumando casi tres años de honorarios.
• Por último, pero no menos importante: el aporte de ambos letrados a la solución de los litigios penales –motivo aparente por el que fueron contratados– fue categóricamente nulo. Las contribuciones archivadas muestran que se comportaron, durante el tiempo que duró el vínculo con la AFIP, como ñoquis letrados.

 

 

Operación memorándum

 

 

La AMIA había renunciado a ser querellante y sus autoridades desistieron de acompañar a la DAIA y a la querella impulsada por Luis Czyzewski y Mario Averbuch, padres de dos víctimas del atentado. Además, las tres organizaciones de los familiares de las víctimas –la Asociación Memoria Activa, la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA) y el colectivo 18 de Julio– no se plegaron a la persecución contra CFK. El 16 de julio de 2017, el titular de la AMIA, Ariel Eichbaum, había afirmado que su entidad no avalaría el proyecto del juicio en ausencia motorizado por el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, y por los dos familiares representados por Ávila y Farini Duggan.

Ese posicionamiento de la AMIA fue cuestionado abiertamente por Czyzewski, quien lo acusó de favorecer al kirchnerismo. Como respuesta, dos dirigentes del Bloque Unido Religioso (BUR) –fracción que gobierna la AMIA– confesaron que los letrados de Czyzewski y Averbuch estaban siendo financiados por el macrismo para llevar adelante la querella. Además, los dirigentes de la mutual recordaron que Czyzewski fue despedido de esa institución en el marco de un conflicto institucional. Esa cesantía devino en un largo conflicto jurídico-laboral que se extendió durante un lustro. La imputación de los dirigentes de la AMIA se sumaba a lo consignado por la Asociación Civil Bajo la Lupa.

Según los integrantes de la mutual, la decisión de Czyzewski y Averbuch de darle continuidad a la querella fue el resultado de una gestión realizada por el diputado Waldo Wolf, quien les garantizó que no deberían desembolsar un peso para litigar la causa denunciada por Nisman. Desde la perspectiva del macrismo, la presencia de esos dos únicos familiares habilitaba una mayor legitimidad ante los jueces y le sumaba volumen a una acusación que incluía a un actor institucional, la DAIA. Además, en 2018 el escándalo producido por la denuncia de Esmeralda Mitre respecto al titular de la DAIA –a quien acusó públicamente de acoso sexual– había desprestigiado a la institución y dejaba a los familiares, representados por los letrados de la AFIP, como los querellantes más genuinos.

Según las fuentes consultadas de la AFIP, que exigieron confidencialidad, el responsable de impulsar los contratos de Ávila y Farini Duggan fue, en forma directa, Fabian Pepín Rodríguez Simón. El prófugo más afamado del mejor equipo de los últimos cincuenta años se desempeñó durante el cuatrienio macrista como director de YPF. Paralelamente, en forma oficiosa, fungía como uno de los jefes más encumbrados de las operaciones judiciales ilícitas. Los funcionarios de la Agencia consultados señalaron que Pepín acordó con Alberto Abad la designación de Farini Duggan a partir del 9 de junio de 2017, y de Ávila con fecha de inicio el 19 de agosto de ese mismo año.

 

Contratos de persecución

En el contrato se especifica que ambos nombramientos tenían el objeto de “reforzar el plantel de abogados con especialidad en materia penal general, dado el incremento del número de causas”. En el mismo mes que fue nombrado Farini Duggan, el juez Ariel Lijo le entregó la causa del memorándum a Claudio Bonadío, quien de inmediato impulsó las detenciones preventivas solicitadas por Ávila y Farini Duggan. A la actual Vicepresidenta no lograron detenerla, porque fue electa como senadora a fines de ese mismo año, sin que la Cámara Baja otorgara el desafuero.

El haber conseguido las prisiones preventivas motivó la congratulación de Pepín Rodríguez Simón, quien le solicitó a Leandro Cuccioli la renovación de los contratos. Cobraron hasta 2020, cuando fueron detectados en los pliegues organizacionales por los funcionarios de la gestión de Mercedes Marcó del Pont, quien de inmediato ordenó concluir el vínculo contractual con ambos. Hasta que fueron despedidos habían embolsado 3,5 millones de pesos cada uno, un monto equivalente –en total– a unos 200.000 dólares, abonados a costa de recursos públicos.

La derecha argentina decidió, en la última década, apropiarse de la palabra República. Según sus epígonos, sus acciones y sus prácticas están encaminadas a honrar la institucionalidad y a respetar la división de poderes. Sin embargo, la violación de todas las normas en pos de la persecución de opositores deja en evidencia que los valores presumidos son solo una pátina destinada a brindar un disfraz, para ser reproducido insistentemente por las propaladoras de la lógica neoliberal.

El espionaje y la configuración de grupos de tareas –encargados de la persecución de dirigentes políticos, sindicales y sociales–, solo son practicables si están patrocinados y avalados por operaciones judiciales y de prensa. Su objetivo final no es otro que impedir la emergencia y/o consolidación de un proyecto nacional y popular, capaz de democratizar el poder y garantizar una distribución equitativa de los bienes materiales y simbólicos. Desconocer esta intencionalidad explícita puede confundir o desconcertar a quienes terminan siendo sus víctimas.

 

 

 

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