EL MAYOR SISTEMA ILEGAL DE ESCUCHAS

 

Alejo Ramos Padilla presentó una declaración escrita que se acopló a la causa de la Mesa Judicial, y es a la vez una denuncia fulminante. Cuando la fiscalía le pregunta si sufrió presiones en el juzgado de Dolores, responde que a partir del allanamiento a la casa del espía Marcelo D’Alessio sufrió todo tipo de acciones ilegales y abusivas que articularon a los servicios de inteligencia con maniobras de forum shopping, denuncias penales, filtraciones de escuchas, juicios políticos, impugnaciones a sus concursos públicos, inicio de causas espejos, duplicadas o mellizas y hostigamientos mediáticos con distinta intensidad. Describe la causa Puf como una operación que muestra el sistema de escuchas ilegales más grande del que se tenga memoria. Y afirma que Mauricio Macri encabezó personalmente el proceso de su destitución con el impulso público del juicio político. “El proceso fue iniciado públicamente por el entonces Presidente de la Nación, Mauricio Macri, y el ministro Germán Garavano”, sostuvo. “Lo formalizó ante el Consejo de la Magistratura el secretario de Justicia y consejero Juan Bautista Mahiques, y la instrucción quedó a cargo de Pablo Tonelli”, precisó. Agregó que además de analizar el expediente de Dolores, causas paralelas y mellizas iniciadas en Comodoro Py, “se juzgó mi concurrencia al Congreso para dar explicaciones por la causa”. Después de un año de investigación y análisis de todos los expedientes, dijo, “el 17 de junio de 2020, el Consejo desestimó la denuncia y señaló que no advertía ninguna inconducta como juez”.

Su caso quedó finalmente anexado a la investigación de la Mesa Judicial que la jueza María Eugenia Capuchetti delegó en el fiscal Picardi. La causa también anexó al destituido camarista Eduardo Freiler. Picardi pidió medidas de prueba. Y el abogado Alejandro Rúa, que representa a Alejandra Gils Carbó, envió copia de la declaración de Ramos Padilla al relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, y a la relatora sobre el Derecho a la Privacidad, Ana Brian Nougrères. También presentó copia en la causa de espionaje de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), en la cual reiteró un pedido de indagatoria a Elisa Carrió. Esa causa está en zona de definición, a la espera de una inminente resolución de la Cámara Federal porteña, que debe confirmar o no los procesamientos de la Justicia de Lomas de Zamora.

 

 

 

 

Ramos Padilla presentó el escrito el 4 de agosto, aún ante la fiscal Paloma Ochoa. Antes de responder, aclaró que nada afectó su imparcialidad. Y luego explica la Operación Puf en sus múltiples dimensiones. Una causa judicial que, según sostiene, siempre fue una operación de pesca, con forum shopping convalidada por Comodoro Py en la que menciona a cada uno de los actores. Dice así: “Una operación basada en escuchas ilegales que obtuvo la AFI y entregó a dos funcionarios comprometidos con D’Alessio y con la investigación de Dolores: (Carlos) Stornelli y Carrió para encubrir el espionaje ilegal. Una operación que sólo podía animarse a realizar un juez también comprometido e imputado en Dolores como Claudio Bonadío, que fue designado a cargo del expediente a través de una maniobra de forum shopping que convalidó Martín Irurzun, y que inició una excursión de pesca sin objeto procesal, sin prueba válida, con fiscales y jueces apartados y otros que actuaron con parcialidad y connivencia”. Así sostiene que esa operación finalmente permitió “conocer el más grande e ilegal sistema de escuchas del que se tenga memoria en nuestro país para espiar ilegalmente a decenas de opositores políticos detenidos, sus familiares y sus abogados, lo que se prolongó durante meses”.

Cuando Ochoa le preguntó cómo se enteró de que iban a iniciarle juicio político, habló de Macri. Dijo que lo supo cuando lo supo todo el mundo, por una entrevista de Luis Majul al entonces Presidente. Macri anunció que avanzarían con el juicio. Y advirtió: “Ya nos hizo varias”. Ramos Padilla intentó contestar qué significaba eso. En diciembre de 2015, falló contra la designación por decreto de los dos jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; más tarde se opuso a los cortes de servicios públicos para quienes no podían pagar el gas en el contexto del aumento de tarifas. Pero dijo que, pese a esos antecedentes, todo se desencadenó tras el allanamiento a la casa de D’Alessio del 6 de febrero de 2016. “Todo empezó a partir del allanamiento al espía Marcelo D’Alessio, donde se secuestró material de inteligencia que daba cuenta de casi un centenar de operaciones ilegales entre 2016 y 2019, que involucraban a funcionarios públicos, miembros de los servicios de inteligencia, de la prensa, del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, entre otros estamentos”. Inmediatamente después y aun antes de que el juzgado pudiera ver la documentación que se había llevado, “los servicios de inteligencia y quienes se habían servido de la organización dieron inicio a una operación ilegal que se inició con la actividad delictiva de los propios servicios de inteligencia, a la que denominaron Operación Puf”.

 

 

 

 

 

El caso Puf fue varias veces revisado. La última investigación estuvo en manos de la fiscalía federal de Lomas de Zamora. Hasta ahí quedó probado que la Dirección de Jurídicos de la AFI accedía a las escuchas de los detenidos de Ezeiza y desgrabó las conversaciones de detenidos, amigos y abogados que luego fueron presentadas por Carlos Stornelli y Elisa Carrió en dos denuncias judiciales. Con esos diálogos, recortados, dijeron que Ramos Padilla participaba en un complot con los detenidos para derrumbar la causa Cuadernos. La hipótesis desapareció cuando Dolores comenzó a mostrar evidencia sobre decenas de pruebas del espionaje. Lo que ahora hace Ramos Padilla en esta declaración es contar algunos episodios que habían quedado fuera de escena.

Uno se refiere a las razones por las cuales las dos denuncias fueron presentadas en simultáneo. El 6 de febrero, Ramos Padilla allanó la casa de D’Alessio; el 8 de febrero por la mañana, Stornelli presentó la primera denuncia en Comodoro Py con la transcripción de las escuchas. Y ese mismo día, pero a la tarde, Mariana Zuvic y Paula Oliveto presentaron otra denuncia en nombre de Elisa Carrió, también en Comodoro Py. ¿Por qué dos denuncias? Hasta ahora se sabía que era porque no querían que la causa quede en manos del primer juez sorteado. Ramos Padilla agrega el dato de cómo jugó Martín Irurzun. Dice:

“Como (con la primera denuncia) resultó sorteado un juez no permeable a sus intereses y a las prácticas del grupo a encubrir, ese mismo día a las 18.40, Mariana Zuvic y Paula Oliveto, en nombre de Carrió, presentaron una causa melliza, cuyo sorteo se encargó de atender directamente el presidente de la Cámara Federal porteña, Martín Irurzun, quien a partir de ese momento tendría especial participación para sostener esos procesos”. Para asegurarse de que la segunda denuncia no se acumulara con la primera, “como hubiera sido lógico”, Irurzun excluyó al juez Rodríguez del sorteo porque supuestamente la nueva denuncia lo mencionaba. La denuncia de las enviadas de Carrió sostenía que “el juez estaría relacionado con personajes de los servicios de inteligencia argentinos”. La causa pasó así, y por sorteo, al juzgado de Bonadío. Pero Bonadío también había sido mencionado en la denuncia: no sólo una vez, reprocha Ramos Padilla, “sino muchas veces y no tangencialmente”. Bonadío era víctima directa del complot alegado porque llevaba la instrucción de Cuadernos. Pero no sólo no fue excluido, sino que fue favorecido en el sorteo. “Con esa maniobra de forum shopping –describe el juez– se concretó el absurdo de que la presunta víctima del delito sea quien investigue a los responsables”. Así, las investigaciones quedaron duplicadas. La defensa recusó a Bonadío, pero Irurzun lo avaló. Dice Ramos Padilla: “Fue el mismo Irurzun el que rechazó las recusaciones contra Bonadío mientras indicaba –insólitamente– que debía ser el propio magistrado de primera instancia el que, de algún modo, revisara su propia intervención en el caso”. Finalmente, el presidente de la Cámara Federal porteña terminó apartándose de la causa: algo que el juez menciona como otro dato llamativo porque alegó ser víctima en Lomas de Zamora, cuando en realidad nunca lo fue.

 

 

 

Otro eje de la declaración fue el rol de la Cámara Federal en la etapa posterior. Las causas quedaron divididas en dos: Puf 1 y Puf 2. Rodríguez cerró la suya el 22 de agosto de 2019 por inexistencia de delito. Bonadío mantuvo abierta la melliza, pero luego de su muerte, el juez Marcelo Martínez de Giorgi también la cerró por inexistencia de delito. Stornelli apeló. Y meteóricamente actuó la Cámara Federal porteña: en marzo de 2021, dice el juez, un día antes de que el juez Roberto Boico asuma en la Sala II luego de un concurso, se conformó una “Sala especial” para revocar la resolución de Martínez de Giorgi. Los jueces Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia de la Sala I, que habían sido recusados para intervenir en el caso, resolvieron “presurosamente” y por mayoría revocar el archivo.

Alejo Ramos Padilla no lo dice, pero esa reapertura era importante. Lomas de Zamora estaba pidiendo la causa. Martínez de Giorgi había aceptado y la reapertura lo impidió. Y le permitió a Stornelli mantener una puerta abierta muy necesaria en una causa en la que no aparecía como acusado, sino como víctima y denunciante. Otro punto de análisis es el rol de él y de Carrió. Ramos Padilla sostiene una línea similar a la fiscalía de Lomas. Pero donde los fiscales mencionaban a Carrió como consumidora, pensándola como posible testigo de la causa, Alejo Ramos Padilla la encuadra en la lógica de una imputación. Y afirma que ella y Stornelli recibieron las transcripciones directamente desde la AFI: “El Área de Jurídicos de la AFI (...) en tan solo un día desgrabó las escuchas, las transcribió y las puso en manos de Carrió y de Stornelli”. Y sostiene: “Esto es lo que en la doctrina se conoce como ‘bandeja de plata’: miembros de las agencias de inteligencia obtienen de manera irregular prueba y se la llevan a los funcionarios públicos, que luego dicen haberla recibido anónimamente y la incorporaran a la Justicia para blanquear esa información, obtenida de manera ilegal”.

 

 

 

 

Otro eje es el “pasamanos”: cómo llegaron las transcripciones desde el juzgado de Bonadío al programa de Jorge Lanata. Dice así: “El viernes 24 de mayo de 2019, sin que nadie lo hubiera pedido, Bonadío remitió (los audios) al consejero Pablo Tonelli, a cargo de la instrucción del juicio político que se llevaba en contra de Ramos Padilla, bajo la excusa de que podría ser de utilidad en el trámite del expediente 35/2015”. Pero eso no era necesario: “El expediente ya contaba con las transcripciones y no hacían falta los audios”, explicó el juez. “Tonelli recibió ese material y de manera urgente lo puso a disposición de sus colegas ese mismo día. A los dos días, el domingo 26 de mayo, los audios de las conversaciones entre los presos salieron en el programa de Jorge Lanata a partir de una edición descontextualizada”.

El relato continúa. Traza otras explicaciones. Habla de la causa que Stornelli inició contra D’Alessio en Comodoro Py, un caso que quedó en el juzgado de Julián Ercolini, donde ambos pedían el cambio de territorialidad de Dolores a Py. Ramos Padilla dice que, en ese momento, D’Alessio aún le mandaba mensajes a Stornelli para articular la defensa y sugiere que esa movida pudo estar coordinada con el objetivo de sacarle la causa. Detalla: “El día 18 de febrero de 2019, Ercolini le pidió que se declare incompetente de forma urgente, lo que lo obligó a levantar el secreto de sumario. En esa causa, además, Ercolini aceptó a la AFI como querellante, cuando tenía notoria vinculación con el espía D’Alessio.  Otro punto son los sorteos. Bonadío tenía la causa Puf 2 melliza y sumó otra de los presos contra Stornelli y Carrió. En una, ellos eran denunciantes. En la otra, acusados. El juez dice: “No puedo dejar de señalar que esas dos denuncias fueron sorteadas y en ambas el bolillero eligió al juez Claudio Bonadío. Las posibilidades matemáticas de quedar sorteado en las causas que justo le interesaban a Bonadío, Stornelli y Carrió eran de 1 en 1.584, que resulta de multiplicar 11 x 12 x 12, porque el juez Rodríguez había sido excluido del primer sorteo”.

Finalmente también habla de su juicio político. Un día, el secretario del Consejo de la Magistratura recorrió 200 kilómetros hasta Dolores sólo para comunicarle que le habían iniciado la causa, aun cuando ni siquiera le facilitó las copias del expediente. Habló de las 42 impugnaciones a su candidatura como juez electoral de la Provincia. De planillas con contenidos iguales y de objeciones de asociaciones supuestamente no-partidarias que estaban vinculadas a Elisa Carrió. Las denuncias recuperaban en clave de impugnación su paso en lesa humanidad y en el juzgado de Bahía Blanca.

 

Aguape

Aguape es una palabra guaraní que significa camalote, jacintos de agua, bora o lirio acuático: plantas flotantes de aguas estancadas que forman auténticas islas sobre las que crece vegetación y numerosas especies de animales. En 2016, la Agencia Federal de Inteligencia le dio ese nombre a las escuchas que hacían por el caso Mario Segovia, el Rey de la Efedrina detenido en Ezeiza. Se suponía que esperaba explosivos de Paraguay. Bajo diversas excusas, las escuchas se extendieron hacia todos los detenidos del pabellón de causas sensibles hasta febrero de 2019. Parte de las desgrabaciones legales con el contenido del caso Segovia iban a la causa judicial con documentos encabezados con nombre de Aguape y el rótulo de Secreto. La AFI era la única que tenía los audios y hacía las transcripciones. Los documentos que presentó Stornelli para comenzar la operación Puf no hablaban de Segovia, pero estaban rotulados como Aguape, una prueba de que salieron de la AFI. Para el abogado Alejandro Rúa, todo esto también evidencia que Carrió se tomó el trabajo de sacar el nombre de lo que mandó a la Justicia y se tomó el trabajo de volver a escribir las transcripciones para que no se supiera de entrada que venían de la AFI. Aguape, como el camalote guaraní, se convierte así en la superficie de una isla de aguas estancadas que nadie quería que se descubriera.

 

 

 

 

Las diversas defensas de Cambiemos dejaron a los espías y apelan a un mecanismo que se llama de inhibitoria. Lo usaron en la causa de Lomas, en la del Proyecto Amba y ahora con el submarino San Juan. El mecanismo consiste en presentarse en Comodoro Py para pedir la inhibitoria de un juez de otro territorio. Suelen hacerlo luego de plantear incompetencias sin éxito en otras jurisdicciones. A una fiscal esto le llamó la atención. Es una rara manera de alterar la dinámica del juez natural con el socorro del edificio de Retiro. Lo nuevo del mecanismo es que, por lo menos, tienen que dar la cara. Antes lo hacían con operaciones como Puf: papeles anónimos de los servicios de inteligencia.

 

 

 

 

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