El mascarón de proa

 

Según el Banco Mundial, que entiende la política keynesiana ante la crisis, “para acelerar el crecimiento económico sostenible y la inclusión, los países en desarrollo deben afrontar una variedad de desafíos subyacentes relacionados entre sí. Entre ellos figuran los bajos niveles de productividad y competitividad internacional, la ineficiencia del gasto público, la movilización insuficiente de recursos internos, las distorsiones de precios y el aumento de los niveles de deuda”. El Banco Mundial afirma que “la reducción de la pobreza, la equidad social y el crecimiento sostenible sólo son posibles con políticas monetarias y fiscales sólidas”.

Javier Milei, que copia y plagia a Murray Rothbard, un economista marginal aún en la propia corriente liberal, que no sabe de macro-economía ni de políticas keynesianas, que sólo estudio la micro-economía y, dentro de esa visión, únicamente la formación de los precios por la oferta y la demanda (sin contemplar los costos de producción y que los que no tienen ingresos suficientes para entrar a ese mercado no existen), que los mercados se auto-regulan y, por ende, que el Estado no debe intervenir. Que, como un dogma religioso, da por hecho que todo lo que haga el Estado está mal, que es ineficiente por definición y que con los impuestos distorsiona los precios. Esa teoría pequeña, egocéntrica y simple, que sólo ve lo que aparece en la superficie, que desconoce que la economía entra en crisis por falta de inversión (acumulación de capital que se fuga) es funcional al capital financiero, que la usa como mascarón de proa para quedarse por la mitad con lo que vale el doble.

De allí que cuando vemos quiénes son las personas que ocuparían roles relevantes en el nuevo gobierno, se repiten nombres ya conocidos de ser funcionales al gran capital extranjero y local.

Es el caso de Luis “Toto” Caputo, primo del hermano del alma de Mauricio Macri, que fue jefe de la mesa de dinero del JP Morgan [1] y posteriormente del Deutsche Bank (en esta última institución fue presidente de la filial argentina hasta el año 2008, cuando creó Axis, una sociedad de fondos comunes de inversión). Y también el de Demián Reidel, vicepresidente segundo de Federico Sturzenegger cuando este fue presidente del BCRA en la gestión de Cambiemos, quien antes trabajó para Goldman Sachs, para pasar a desempeñarse en el JP Morgan y, actualmente, preside el fondo de inversión QFR Capital Management, en Nueva York.

Los dos (Caputo y Reidel) son los que tienen la conexión con capitales del exterior para convertir parte de los encajes remunerados (pases pasivos, Leliq y Notaliq) en deuda externa. Los pases pasivos (de uno a seis días), las Leliqs (Letras de Liquidez del BCRA que tienen un plazo de siete a 29 días) y las Notaliq (Notas de Liquidez del BCRA, con un plazo de 30 días en adelante) son instrumentos financieros para “esterilizar” pesos que captan en depósitos las entidades financieras y el BCRA se los “compra” para no hacer absolutamente nada con ello. Y le cuesta al BCRA (a todos nosotros) pagar intereses a los bancos por más de dos billones de pesos por mes (que es la suma que cobran los bancos para no prestar).

La idea de los encajes remunerados era de una contención para que esa plata no se pasara al dólar. Pero los plazos de esos instrumentos son cada vez más cortos, de manera tal que el mayor porcentaje de los 23,2 billones de pesos inmovilizados no superan los siete días. Por ende, si se produce un retiro sistemático de los depósitos en plazo fijo de los bancos, todos los intereses pagados no sirvieron para nada porque la corrida cambiaria se transforma en corrida bancaria en menos de una semana y estamos de vuelta en 1982, 1989, 2001.

 

 

En la Argentina, de los seis primeros bancos privados por volumen de depósitos captados, en cinco tiene fuerte participación accionaria BlackRock (Santander, BBVA, Galicia, Macro y HSBC), que no va a perder plata, de allí que la solución propuesta por ese fondo es que el capital financiero internacional (que BlackRock lidera) le otorgue al BCRA un financiamiento de unos 15.000 millones de dólares (incrementando la deuda externa) para que rescate los encajes remunerados.

El problema es que al tipo de cambio oficial el dólar vale 375 pesos; por ende, el total de los encajes remunerados (23.174.916 millones de pesos) es equivalente a 61.780 millones de dólares, por eso necesitan que antes de que se vaya este gobierno, devalúe nuestra moneda unificando el tipo de cambio en 652,5 pesos, que es la suma del precio del dólar oficial (375 pesos) con el precio del dólar CCL [2] (930 pesos) y que es, por otra parte, el precio del dólar de exportación fijado por el decreto 597/2023 del martes 21 de noviembre 2023, cuando se decidió que todas las exportaciones se liquiden un 50 % a valor oficial y el otro 50 % por CCL.

 

 

La devaluación “licua” (disminuye en términos de moneda dura —por ejemplo, en dólar— y con respecto al porcentaje del PIB) los encajes remunerados, el gasto público y también los salarios, jubilaciones y pensiones (por la suba de los precios, principalmente de los alimentos, medicamentos, combustibles, etc., que es lo que exportamos). Pero hace más costosa la deuda externa, dado que los Estados (nacional y provincias) recaudan en pesos y la deuda en divisas se hace cada vez más cara, obligando a mal vender activos públicos para su amortización, de allí el delirio de privatizar más de 20 empresas públicas, entre las que se menciona a AySA, Aerolíneas Argentinas, YPF, IMPSA, ARSAT, medios de comunicación del Estado (TV pública, Télam, etc.), FFCC, etc.

Javier Milei en el programa de Mauro Viale en A 24, en octubre de 2018, cuando comenzaba su despliegue televisivo, sostuvo que Luis “Toto” Caputo como presidente del BCRA, refiriéndose a la corrida cambiaria de mediados de ese año, “fugó irresponsablemente más de 15.000 millones de dólares y se tuvo que recurrir al FMI”. Para agregar luego que Luis Caputo expandió las Leliq y que esa historia terminaría mal.

O sea, Milei tiene comprensión del problema, pero —subordinado al capital financiero— decide incrementar la deuda externa del Estado nacional, para dar una solución al mercado financiero, incluso confiando esa tarea en el irresponsable que fugó la plata del BCRA. Se olvidó del liberalismo, del anarco-capitalismo y hace que el Estado absorba las pérdidas del sector privado. El mercado financiero no solo no se auto-reguló, sino que le genera una deuda al Estado nacional de 15.000 millones de dólares para nada, por haber garantizado que el actual BCRA le pague religiosamente todos los meses millonadas de pesos a los bancos.

 

 

Sector público

Igual procede con las obras públicas, desconociendo que en las leyes de presupuesto existe un plan plurianual de inversiones que las contempla y autoriza su realización; que muchas de ellas están en ejecución y/o licitadas y adjudicadas. Así, dice que va a suspender todas las obras por falta de financiamiento y va a sustituir esta modalidad por el sistema denominado “Asociación Público-Privada” (APP), que no pudo hacer Mauricio Macri en su gestión y que es copia del realizado por el Presidente Patricio Aylwin en Chile, que decidió privatizar la mayor parte del sistema de obras públicas del país para reducir el gasto público y el déficit fiscal.

Más allá de que el sistema se puede aplicar en la red vial y otras (y que es selectivo vía precios), no puede ser aplicado para construir escuelas, hospitales, etc. (no se le puede cobrar la construcción a los enfermos que se atienden en la salud pública o a los alumnos que asisten a escuelas estatales), no se plantea, en cambio, suspender el pago de la deuda externa por falta de recursos. Y menos que menos investigar donde está la deuda por más de 100.000 millones de dólares que tomó el gobierno de Cambiemos (de los cuales 15.000 millones de dólares fugó en tres meses Luis “Toto” Caputo).

Se crea un súper Ministerio de Infraestructura y se lo nombra en el cargo a Guillermo Ferraro, que si bien es cierto que pasó por varias Administraciones públicas, fue durante 15 años director general del estudio de auditoría KPMG y, por ende, estuvo involucrado en la firma de las memorias y balances de Vicentin SACIFI, que incluso la Justicia argentina, en procedimientos ordenados por el fiscal de la Unidad de Delitos Complejos y Económicos de Rosario, Miguel Moreno, quien lleva adelante una causa penal por estafas contra la ex conducción de la empresa que está en concursos de acreedores, allanó las oficinas de la consultora KPMG en octubre de 2022, por entender que gracias a la participación de la consultora KPMG "se dio efectividad al ardid" de Vicentin, que habría consistido en exhibir estados contables y financieros "que no concordaban con la realidad de la empresa".

De Ferraro dependerán cinco secretarías claves. En Energía se designará a Eduardo Rodríguez Chirillo, que fue mano derecha de Carlos Bastos en la gestión privatizadora de Domingo Cavallo. Como presidente de YPF S. A., a Horacio Marín, actual presidente de Tecpetrol S. A., la petrolera del grupo Techint, para el cual trabaja desde hace 35 años. En Minería se designará a Sergio Arreche; en Comunicaciones, a Tomás Sutton y en Transporte, a Franco Mogetta, quienes profundizarán la tarea privatizadora.

De la misma manera que el “libertario anarco-capitalista” planea no arbitrar medida alguna para recaudar más con impuestos progresivos que hagan que contribuyan los grandes beneficiados por la brutal transferencia de ingresos de los gobiernos de Mauricio Macri y de Alberto Fernández, que la CTA estima en cuantiosos números: “La abultada transferencia de ingresos del trabajo al capital se cuantifica en 70.000 millones de dólares durante el gobierno del Frente de Todos y que asciende a 101.000 millones si se incorporan los resultados de la gestión de Macri” [3].

Según el resultado fiscal (base caja) al 31 de octubre de 2023, el déficit primario acumulado en los primeros diez meses de 2023 fue de $ 2.962.558,8 millones (1,8 % del PIB siempre base caja [4]) por un gasto primario acumulado en diez meses de 2023 de $ 27.169.652,7 millones y un ingreso total en ese lapso de $ 24.207.093,9 millones. Los intereses pagados acumulados en los diez primeros meses de 2023 suman $ 2.300.600,1 millones, por lo tanto, el déficit financiero total fue de $ 5.263.158,9 millones (3,07 % del PIB).

Ya este gobierno realizó un severo ajuste fiscal. El total de gasto de la Administración nacional base caja de $ 29.470.252,8 millones representa el 17,2 % del PIB; es cierto que faltan contabilizar los gastos devengados, más el pago del aguinaldo de los trabajadores públicos y de todo el sistema previsional de la Nación (ANSeS, cajas militares, Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Servicio Penitenciario Federal), pero el gasto del sector público nacional cerrará 2023 en torno al 20 % del PIB, como se había estimado en la Ley 27.701 de presupuesto y su primer Decreto N.º 799/2023 reglamentario, contra el 25,5 % del PIB que representó en 2015 o los 22,21 % de  2019 (fuente: Resultado Fiscal, Secretaría de Hacienda de la Nación).

 

 

Conclusión

La Argentina actual no tiene un problema de inconsistencia macroeconómica, ni fiscal, ni cambiaria [5]. Es una economía que cuenta con la tercera reserva mundial de agua potable, es superavitaria energéticamente, es importante exportador de alimentos y forrajes y va a ser también de consideración respecto de las explotaciones de oro, litio y minerales raros.

El problema es que sea controlada por el capital financiero internacional, del cual BlackRock es su cara más visible y que tiene en el país una corte de serviles y funcionales, comenzando por Mauricio Macri, que, siendo hijo de la burguesía local, hoy es el principal operador de esos capitales, como en su momento lo fueron Martínez de Hoz y Domingo Cavallo. "Si malo es el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende", decía Jauretche.

 

 

 

[1] Los principales accionistas del JP Morgan son BlackRock y Vanguard. A su vez, de NewCo, que es la fusión de Livent y Allkem, que son las dos principales empresas que explotan el litio en nuestra puna, sus socios principales son BlackRock, Vanguard, JP Morgan y HSBC.

[2] Dólar contado con liquidación (CCL) o dólar cable (que es el medio que usan los usuarios para girar dólares al exterior; compran una acción o un título público en mercado de valores en el país y lo venden en el extranjero), y el BCRA mediante operaciones de mercado abierto compra con dólares de las reservas, títulos públicos nominados en moneda extranjera y y los revende en pesos.

[3] "Informe de Coyuntura N.º 41", septiembre de 2023 - CTA - CIFRA (Centro de Investigación y Formación de la República Argentina).

[4] La Secretaría de Hacienda de la Nación estima en octubre de 2023 un PIB de 171.428.000 millones de pesos (al tipo de cambio oficial, unos 460.820 millones de dólares). El acuerdo con el FMI infería un déficit primario de 1,9 % del PIB.

[5] El tipo de cambio refleja en mediano y largo plazo la productividad de un país y no somos menos productivos en promedio que Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, para que nuestro trabajo, nuestra producción y nuestros activos sean mucho más baratos medidos en la moneda de los países mencionados.

 

 

 

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