El Mal de Tony Montana

 

En una de las escenas icónicas de Scarface, película de 1983 dirigida por Brian De Palma, Elvira Hancock (interpretada por Michelle Pfeiffer) le advierte a Tony Montana (interpretado por Al Pacino): “No te drogues con tu propio producto”. Tony –un matón sin escrúpulos que empieza a descollar en el negocio del narcotráfico– tiene demasiada impaciencia por reemplazar a su jefe, el marido de Elvira, como para tomar en cuenta ese consejo prudente. Sucumbe de esa manera a lo que podríamos llamar el Mal de Tony Montana: consumir lo que sólo se debería vender.

 

 

 

En octubre de 2009, la Presidenta CFK anunció el decreto que creaba la Asignación Universal por Hijo (AUH), una asignación familiar para los hijos menores de 18 años de padres desocupados o trabajadores de la economía informal. La medida fue apoyada por casi todo el arco político, más allá de que algunos sectores se adjudicaron la paternidad de la idea. Según esa visión, lo único que había hecho CFK era implementarla. Casi nada.

Pese a ese aparente consenso, el senador radical Ernesto Sanz, que por entonces buscaba posicionarse como candidato del establishment empresario a las elecciones del 2011, decidió tomar distancia. En una conferencia de prensa que ofreció luego de visitar las ciudades santafesinas de Reconquista y Avellaneda afirmó: “Algunas herramientas que son buenas en teoría, terminan desvirtuándose en el camino. En el Conurbano bonaerense la asignación universal por hijo, que es buena, en términos teóricos se está yendo por la canaleta de dos cuestiones, el juego y la droga”. Frente a la reacción sorprendida de los participantes que consideraron que el senador estigmatizaba a los pobres, Sanz volvió al ataque: “El gobierno cree que los sectores que generan riqueza son cuasi enemigos a los que solamente hay que sacarles en materia de impuestos, retenciones y demás, para luego, desde la Casa Rosada y con la birome en la mano, redistribuirlos en asignaciones universales, clientelismo, planes de cooperativas de trabajo para el Conurbano bonaerense, que lo único que genera son esos ejércitos que ustedes vieron paralizar la Capital Federal”.

Sanz luego lamentaría su afirmación: “La verdad es que mezclé las cosas mal y no debería haberlo verbalizado de esa manera”. La frase, a su parecer, “fue utilizada para desacreditarme, estigmatizarme y confundir a la población”. En un punto tenía razón: difundir sus ideas equivalía efectivamente a estigmatizarlo.

Unos años más tarde, en mayo del 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, la Corte Suprema tomó una decisión controvertida: declaró aplicable el cómputo del 2x1 para la prisión en un caso de delitos de lesa humanidad. El fallo no fue unánime, los ministros Helena Highton, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti votaron a favor; mientras que los jueces Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda votaron en disidencia, señalando que esa reducción no era aplicable a los delitos de lesa humanidad.

La reacción popular fue contundente: centenares de miles de manifestantes desbordaron la Plaza de Mayo acompañando a los organismos de derechos humanos en contra del fallo de la Corte. La multitud silbó a los jueces Highton, Rosenkrantz y Rosatti. El Congreso retomó el reclamo popular y sancionó una ley aclaratoria, que establecía que el beneficio del 2x1 no podía ser aplicado a delitos de lesa humanidad, delitos de genocidio o crímenes de guerra. La Corte, finalmente, dio marcha atrás y desconoció su propio fallo.

 

 

Los jueces que firmaron la primera resolución padecieron repudios específicos. Rosenkrantz, quien debía cerrar un congreso de derecho en Santa Fe, decidió irse de la provincia al enterarse que algunos organismos de derechos humanos lo iban a repudiar. Highton ya había pasado por lo mismo: tuvo que anular una disertación en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) frente al rechazo de los estudiantes. Por otro lado, la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) le quitó el título de profesora honoraria. Su reacción fue de asombro, como si no hubiera entendido la gravedad del fallo. Rosatti tuvo más suerte: pese al pedido de colegas y alumnos para que fuera apartado de la dirección de la Maestría en Derechos Humanos de la UNL, el plenario del Consejo Superior lo protegió y pudo mantener el cargo.

Hace dos meses, un grupo de diputados de La Libertad Avanza (LLA) visitó en la cárcel de Ezeiza a varios genocidas –entre ellos Alfredo Astiz– condenados por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura cívico-militar. El organizador del alegre cónclave fue el diputado Beltrán Benedit, ex director de la Sociedad Rural Argentina (SRA) de Entre Ríos. Benedit busca desde hace tiempo un indulto para los represores condenados o al menos la prisión domiciliaria (en realidad, como afirma el fiscal Félix Crous, “la enorme mayoría de reos de lesa humanidad está en arresto domiciliario hiper laxo o en unidades en condiciones de privilegio”).

 

Basta de mentir.
La enorme mayoría de reos de lesa humanidad está en arresto domiciliario hiper laxo, o en unidades en condiciones de privilegio (la 34, además es Campo de Mayo, unidad militar). pic.twitter.com/cLy0sT5xWK

— Félix Crous (@FelixCrous) August 6, 2024

 

Apenas la visita fue difundida a través de los medios, el grupo parlamentario de LLA entró en ebullición. Dos de las integrantes del Tour de la Muerte, las diputadas Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci, buscaron despegarse de la visita. Bonacci, “sorprendida, enojada y horrorizada”, afirmó: “No me parece que la gente que nos votó nos haya puesto en este lugar para estar preocupados por estas cosas, hay otras mucho más importantes”. Confesó, además, que el cónclave tenía el visto bueno del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el de la Casa Rosada. Arrieta, más creativa, explicó desconocer quién era Astiz pese a haberlo saludado. Dio una excusa asombrosa aun para el generoso estándar libertario: “Nací en 1993, no tenía ni idea de quién era”. Pocos días después, fue al Congreso con un ejemplar del Nunca Más en la mano, un gesto peculiar teniendo en cuenta que el informe de la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) fue publicado por primera vez en 1984, casi diez años antes de su nacimiento.

La foto grupal de cierre de la visita amplificó la indignación ciudadana. Como escribió Luciana Bertoia: “La foto, que se conoció en las últimas horas, en la que se ve a cinco diputados risueños entremezclados con los genocidas que secuestraron, torturaron, asesinaron, desaparecieron y hasta se apropiaron de los hijos de sus víctimas confirma lo que ha venido publicando este diario: en el oficialismo se buscan alternativas para aliviar la situación de quienes están condenados por crímenes aberrantes”. La clave es esa: no se trata de la decisión supuestamente humanitaria de un grupo aislado de legisladores sino de un plan coherente y de largo aliento.

Tanto el senador Sanz como los jueces Highton, Rosenkrantz y Rosatti y los diputados de LLA que visitaron el penal de Ezeiza, sucumbieron al Mal de Tony Montana: consumieron la que sólo debían vender. Dicho de otra manera: fueron víctimas de su propio relato, que confundieron con la realidad. Sanz creyó que una afirmación sin sustento que estigmatizaba la pobreza lo acercaría al establishment empresarial que aspiraba a representar. Lo transformó, al contrario, en una caricatura de reaccionario.

Highton y Rosatti sucumbieron a los cantos de sirena de Rosenkrantz, quien los convenció de que la sociedad había cambiado y esperaba ese gesto de la Corte para “cerrar las heridas del pasado” o alguna otra letanía al respecto.

Lo mismo ocurrió con los diputados de LLA, convencidos por Beltrán Benedit de las bondades de apoyar a los genocidas presos. Por supuesto, el rechazo a la visita no tuvo la contundencia de la movilización en contra del 2x1, pero la reacción interna de LLA traduce el asombro ante un repudio inesperado. Incluso la Vicepresidenta Victoria Villarruel, cuya agenda está relacionada con la defensa de los genocidas y la reivindicación de la última dictadura cívico-militar, prefirió guardar silencio.

Que en un contexto tan adverso –con urgencias acuciantes como el aumento de la pobreza y la caída sostenida del poder adquisitivo de las mayorías– persista el rechazo a la liberación de los genocidas nos habla de una notable obstinación ciudadana. Es una base sólida desde donde empezar a construir una alternativa al desamparo permanente que impone el oficialismo.

Ya que, al fin y al cabo, de eso se trata: de ganarle el desamparo.

 

 

 

 

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí