El lobby por Malvinas

 

La justicia de Río Grande no tomará las indagatorias a los militares acusados por torturas contra conscriptos sucedidas en el marco de la Guerra de Malvinas que estaban previstas para fines de este mes. La nueva jueza federal a cargo de la causa decidió postergar por tiempo indeterminado la medida que había sido dispuesta por su antecesor, mientras le reclama a la Corte Suprema por falta de personal y de espacios físicos para recibir a imputados y querellantes.

Entre el 27 de junio y el 4 de julio estaban citados 18 militares que habían integrado durante la guerra de 1982 la Fuerza de Tareas Yapeyú, donde se desempeñó el Regimiento 5 de Infantería. Tenían que responder por haber torturado a conscriptos por “indisciplinas” durante el tiempo en que duró el conflicto. Las indisciplinas eran, por ejemplo, robar una oveja de una casa de un inglés para poder comer. A quienes incurrieron en esa “falta”, los enterraron durante diez horas mientras caían la nieve y las bombas. Los castigos por procurarse alimento alternaban, generalmente, entre enterramientos y estaqueamientos. Comida había, pero no se la daban a los conscriptos. Uno relató que, antes de caer prisioneros de las tropas británicas, los militares argentinos abrieron un hangar y les ordenaron: “Coman antes de que se lo coman los ingleses”.

Después de 37 años de la guerra, finalmente los militares iban a tener que dar explicaciones. La citación había sido hecha el 2 de mayo por parte del juez subrogante Federico Calvete. Seis días después asumió como jueza federal de Río Grande Mariel Borruto, que venía de desempeñarse como secretaria letrada en el juzgado. Algunos de los querellantes la conocían porque había estado cuando declararon o cuando se acercaron a las oficinas para preguntar cómo avanzaba la denuncia, que se mueve con paso cansino desde 2007.

Exactamente una semana después de su asunción, Borruto reiteró el pedido de armar una secretaría para la causa Malvinas y solicitó seis contratos para su juzgado. La nota pasó primero por la Cámara de Comodoro Rivadavia, que la elevó a la Corte el 24 de mayo. Para entonces, las partes en el juicio ya estaban notificadas de que no habría indagatorias, al menos por el momento. La jueza había sacado una resolución postergando sin fecha las declaraciones de los imputados, diciendo que no tenía personal para analizar las pruebas ni espacio para trabajar con documentación que no sea en formato digital, ni lugar para conducir las indagatorias.

La maniobra de Borruto causó sorpresa en la Corte, donde consideraron que el pedido estaba cursando el trámite habitual sin dilaciones y explicaron que no habían recibido ninguna comunicación en las últimas semanas para poner a los ministros al tanto de la parálisis en una causa tan sensible. Esto cayó mal entre los querellantes. “No puede tomar como moneda de cambio a las víctimas”, dijo Ernesto Alonso, referente del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata. “La suspensión de la fecha de indagatorias les permitió a las defensas tomar iniciativa para empiojar el proceso”, agregó.

 

La denuncia contra el fiscal

En simultáneo con la suspensión de las indagatorias, entró en la Procuración General una denuncia contra el fiscal del caso, Marcelo Rapoport, básicamente por estar “empecinado en la pretensión de enjuiciar a oficiales y suboficiales del Ejército Argentino”. En la misma presentación se señala al ex secretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Vassel, y se habla de intereses espurios de los querellantes.

Los denunciantes son los abogados Guillermo Fanego y Hernán Guillermo Vidal, con patrocinio de Elena Genise y Marcelo Llambías, por la asociación civil “Defensores de los Derechos Humanos de Latinoamérica”. Fanego es uno de los abogados más intrépidos de los represores. En el cuarto juicio por crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), logró que la Casación recusara a dos de los integrantes del Tribunal Oral Federal (TOF) 5 por supuesto prejuzgamiento contra uno de sus defendidos, Horacio “Pantera” Ferrari.

Fue el propio Fanego quien impulsó la creación de la nueva asociación civil a fines de 2017. El año pasado empezó los papeleríos ante la Inspección General de Justicia (IGJ), pero sus integrantes –en la mayoría, abogados defensores en juicios de lesa humanidad– no perdieron el tiempo y radicaron denuncias a troche y moche. Entre los primeros denunciados estuvieron el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el ex presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti, a quien le endilgan ser el sostenedor de los juicios.

El planteo básico de la ONG pro-impunidad es que el fiscal no debería haber impulsado la acción penal, después del fallo de la Corte de 2015 que por formalismos terminó dejando firme una sentencia de 2009 de la Cámara de Casación en la que sostenía que los delitos en Malvinas no eran crímenes contra la humanidad y, por ende, estaban sujetos a la prescripción. En mayo de 2015, la Corte rechazó un recurso de revocatoria interpuesto por el CECIM en la denuncia contra el subteniente Jorge Taranto, pero aclaró que no había podido analizar la cuestión de fondo. En la justicia de Río Grande se siguieron acumulando denuncias –más allá de la primera contra Taranto– y en octubre del año pasado la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ordenó continuar con las investigaciones por las torturas en Malvinas, reiterando que se trataba de delitos de lesa humanidad. Después vinieron las citaciones a indagatorias y ahora la suspensión.

 

La espada y la cruz

El 29 de mayo último pasaron cosas –y muchas– en acto del Día del Ejército. A metros del Presidente Mauricio Macri estuvieron sentados el fiscal Carlos Stornelli –después de faltar a un nuevo llamado a indagatoria del juez federal Alejo Ramos Padilla– y Mario Montoto, ex integrante de Montoneros devenido en empresario dedicado a la parafernalia de seguridad. Macri saludó a la gran familia militar y dijo que para avanzar era necesaria una vuelta de página. “Hay que dejar atrás el pasado y mirar el futuro”.

Hubo mensajes más explícitos en favor de los uniformados investigados, procesados y condenados por delitos cometidos durante la última dictadura durante el acto en el que participaron Macri, Oscar Aguad (Defensa) y Claudio Avruj (Derechos Humanos). El obispo castrense, Santiago Olivera, pidió por los “camaradas privados de la libertad”, según consignó la Agencia Informativa Católica Argentina (AICA).

El jefe del Ejército, Claudio Pasqualini, sostuvo por su parte: “A 37 años de la gesta de Malvinas, rendimos un merecido homenaje a nuestros veteranos de guerra: oficiales, suboficiales y soldados. Combatieron todos juntos con gran valor y arrojo compartiendo privaciones y sacrificios. Actualmente, ciertas imputaciones pretenden echar sombra sobre el heroísmo y coraje de nuestros combatientes. Todos dieron lo mejor de sí por la defensa de nuestras Islas”.

 

 

Pasqualini egresó del arma de infantería en diciembre de 1982. Integra la que se denomina “promoción Malvinas”, aunque no participó de la guerra. Está casado con María Laura Renes, hija de Athos Renes, condenado a prisión perpetua por la Masacre de Margarita Belén. Desde su llegada a la jefatura del Ejército en febrero de 2018, Pasqualini continuó con un calendario de la “memoria completa” que había diseñado su antecesor, Diego Suñer.

Dos días después del acto hubo una audiencia en el juzgado de Río Grande. Los querellantes –el CECIM, la Comisión Provincial por la Memoria y la secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires— se quejaron ante la jueza por su decisión de postergar las indagatorias y le plantearon su preocupación por el discurso del jefe del Ejército. Ernesto Alonso se quejó de que el lobby militar seguía operando. La magistrada atinó a mandarle un oficio a Aguad para ponerlo al corriente de lo que había sucedido. No hacía falta: había estado ahí.

El 11 de junio se hizo en el Regimiento de Infantería Mecanizada 7 de La Plata un homenaje a los caídos en la batalla de Monte Longdon. Participaron, entre otros, Pasqualini y Avruj. Entre los veteranos que desfilaron estaba Carlos Carrizo Salvadores, condenado en Catamarca por la masacre de Capilla del Rosario de 1974, pero beneficiado en 2016 por la anulación de la condena por parte de la Casación. Ese caso todavía espera revisión de la Corte.

 

 

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