El listado de Navidad

 

En junio del 2016, la mentalista Elisa Carrió hizo una denuncia asombrosa aún para el generoso estándar al que tiene acostumbrados a propios y extraños. Según la por entonces diputada, el gobierno de Mauricio Macri era víctima de un siniestro plan de desestabilización que incluía el sabotaje de las facturas de luz y gas, para que los aumentos fueran mayores entre los hogares de menores recursos y, de esa forma, generar rechazo en la sociedad.

“El sistema informático lo maneja el gobierno, pero el operador informático no. El operador informático puede alterar, podés mandar unas facturas a Recoleta, donde por ejemplo a algunos le llegó menos que antes”, aseguró. “Puede haber infiltrados en el sistema”, agregó. La titular de la Coalición Cívica, por entonces fiel aliada de Macri, describió el funcionamiento interno del plan como lo haría un DT: “Hay todo un movimiento, el paro de camioneros de Moyano no es casual. Moyano juega con Piumato, Moyano y Piumato juegan con Vera, Vera juega con Pocino, Pocino juega con Milani y Moreno juega con Milani”.

Carrió le ponía así nombres a la vil maniobra. Entre los “infiltrados” en el sistema informático de las empresas de servicios destacaba a Fernando Espinoza, por entonces presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires; a Hugo Moyano, secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT); a Gustavo Vera, titular de la Fundación La Alameda; al ex secretario de Comercio Interior,Guillermo Moreno; a Julio Piumato, el inoxidable secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación; al agente de la AFI Fernando Pocino y a César Milani, ex Jefe del Ejército.

 

 

Más allá del asombro que pueda causar la denuncia –en particular al imaginar a Moyano y Piumato hackeando el sistema de facturación de EDENOR o Metrogas como lo haría Ethan Hunt, el protagonista de Misión Imposible– debemos reconocer que la mentalista no se equivocó de batalla. El aumento masivo de las tarifas energéticas fue la decisión que más rechazo generó en la ciudadanía, incluyendo a los propios electores de Cambiemos.

Apenas un mes después, el 14 de julio de 2016, miles de manifestantes protagonizaron el primer cacerolazo contra la Presidencia de Mauricio Macri. La protesta en rechazo al aumento de tarifas se hizo sentir en la Ciudad de Buenos Aires, pero también en la provincia de Buenos Aires y en varias ciudades del Interior, como Córdoba, Rosario, Mendoza o San Luis.

El tarifazo, junto a la derogación de hecho de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y el fin del “cepo”, fueron las tres decisiones más relevantes que Macri tomó apenas asumió, respondiendo a las demandas impacientes de sus socios y mandantes. De las tres, el aumento de las tarifas fue sin duda la decisión más costosa políticamente. El descontento que generó y no pudo revertirse a lo largo de su gobierno explica, al menos en parte, el fracaso al intentar la reelección en 2019. Macri había logrado convencer a una parte de la clase media de que los subsidios de los cuales se beneficiaba eran insostenibles, pero no pudo frenar las consecuencias devastadoras que esa decisión impuso en las economías domésticas.

Ocho años más tarde y siguiendo el mismo camino, Javier Milei acaba de responder a las demandas impacientes de sus mandantes. El miércoles 20 de diciembre, apenas diez días después de haber asumido, anunció por cadena nacional un decreto que establece la emergencia económica por dos años y deroga, entre muchas otras, las leyes de alquileres, de góndolas y de abastecimiento, además de permitir la privatización de empresas públicas y la modificacióndel sistema de salud e incluso del Código Civil. La iniciativa, según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), propiciaría el desguace del patrimonio del Estado, la extranjerización del país y un fuerte retroceso de los derechos laborales. Esa misma noche, en la Ciudad de Buenos Aires y distintas ciudades del país, se llevó a cabo el primer cacerolazo contra la presidencia de Milei. Miles de manifestantes marcharon pacíficamente burlándose del protocolo anti-piquete elaborado por la Ministra Pum Pum y presentado con gran pompa ese mismo día, como prólogo a la cadena nacional presidencial.

Milei dobló la apuesta y unos días después envió al Congreso la llamada “Ley Ómnibus” que, entre otros asombros, declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre del 2025, lo que significa delegar las facultades legislativas en el Poder Ejecutivo por lo menos durante dos años. Para el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, con el DNU y la denominada “ley ómnibus” el gobierno busca una “reforma constitucional encubierta”.

En realidad, el decreto y la ley son la transcripción exacta del listado de Navidad que las grandes empresas con posición dominante le hicieron llegar al Presidente. Entre las iniciativas urgentes incluidas en el paquete se encuentra el convenio fiscal con el Ducado de Luxemburgo, una elegante guarida fiscal donde tiene radicada la casa matriz el Grupo Techint, de la familia Rocca. Es difícil imaginar un regalo más a medida.

Al parecer, según la cosmogonía del Presidente, lo que nos impide ser Alemania es el ARSAT, el CONICET, el INCAA, el INVAP, el Fondo Nacional de las Artes, Pakapaka, el control público de YPF y los ferrocarriles en manos del Estado. Sin ese lastre, el camino al desarrollo estaría despejado.

En todo caso, a la vez que reclama reglas claras y seguridad jurídica, el establishment de nuestro país, con el sector financiero a la cabeza, impulsa un cambio radical, “una reforma constitucional encubierta” para retomar la definición de Gil Domínguez, cuyo resultado inmediato es un aumento de la conflictividad social y política, y la probable caída de la imagen presidencial. Como ocurrió con las demandas de aumento de tarifa que Macri consintió apenas asumió, el listado de Navidad de nuestro establishment, que Milei aceptó impulsar, le hace correr un enorme desgaste.

Ocurre que, contrariamente al sentido común que suelen construir los medios serios, lo que hace fracasar a los gobiernos de derecha (hoy de extrema derecha) no es el reclamo popular o la oposición política, sino la voracidad de sus mandantes. El establishment, que paradójicamente apoya a esos gobiernos, los hunde con demandas insostenibles en el mediano plazo.

Con Macri fueron las tarifas, esos aumentos desaforados que torpedearon la economía doméstica de muchos, incluso de aquellos que estaban convencidos de que pagaban poco de luz o gas. Con Milei serán las demandas urgentes y devastadoras de los sectores con posición dominante (como bancos y prepagas, entre otras calamidades) por sobre las mayorías, que perderán aún más su escaso poder adquisitivo. Nuestro capitalismo depredador exige todo ahora, ya que desconfía de la longevidad de los gobiernos que apoya, sin percibir que su propia urgencia explica esa inestabilidad social y política. Así, su impaciencia condenará también al entusiasta de la motosierra y sus funcionarios pletóricos de certezas.

 

 

 

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