El límite y la victoria

 

La exhortación de Cristina Kirchner a elaborar un programa de gobierno en su clase magistral del 27 de abril tuvo una resonancia notable en los sectores que están esperando una regeneración del Frente de Todos. La definición había sido adelantada por Máximo Kirchner en el plenario de Ferro, cinco días antes. Y el día anterior, la CTA de los trabajadores difundió una comunicación en apoyo al gobierno, frente a la histeria blue, en la que se propusieron un conjunto de modificaciones sobre la política económica, que se pueden resumir de la siguiente manera:

• Aumentos de salarios por medio de suma fija, actualización del salario mínimo vital y móvil y reapertura de paritarias en conjunto, con incrementos de emergencia para haberes jubilatorios y pensiones.
• Control del cumplimiento del abastecimiento de bienes y congelamiento del precio de los alimentos por seis meses.
• Administración del comercio exterior, priorizando importaciones necesarias para sostener la actividad en la economía. Se llamó a respaldar la gestión del gobierno para renegociar el acuerdo con el FMI.

Las consignas que componen esta gacetilla son representativas del contexto que se atraviesa. Se manifiesta un apoyo al gobierno para que haga todo lo que no hizo hasta ahora, mientras que desde el Ministerio de Economía se evita tomar cualquier definición sobre una mejora de los salarios que vaya más allá de las paritarias —la tarea de criticar la suma fija se delega en la ministra de Trabajo— y poco se sabe de las negociaciones para obtener financiamiento externo destinado a atender las consecuencias de la sequía. Lo único que se conoce hasta ahora es que las negociaciones con el FMI transcurren en un clima de tensión, en el que las autoridades de Economía mantienen una comunicación fluida con los técnicos del Fondo. Lo cual no dice mucho sobre lo que finalmente sucederá.

El empobrecimiento de la población argentina obra como una barrera de contención frente a los problemas del sector externo. Se origina en los precios que alcanzan los alimentos y los servicios básicos. Analizar sus motivos en detalle permite entender cuáles son las luchas que deben emprenderse para torcer el rumbo de los acontecimientos económicos, en las que se ubica el punto de partida para la elaboración del nuevo programa que con lucidez invoca la Vicepresidenta.

 

 

Alimentos

Alimentos y bebidas no alcohólicas es el principal rubro que impulsa el alza del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en estos años. Su incremento entre diciembre de 2019 y el mismo mes de 2022 alcanzó los 316,4 puntos porcentuales, frente a 300,3 del IPC. Solamente los rubros prendas de vestir y calzado, y restaurantes y hoteles tuvieron alzas mayores, pero su incidencia sobre el IPC no alcanza la magnitud que tienen los alimentos, por el peso relativo de las categorías en la elaboración del índice. Por otra parte, El Cohete explicó la semana pasada que la variación de la canasta básica alimentaria superó largamente al incremento de los salarios en ese lapso y creció constantemente como proporción del promedio de los salarios desde 2022.

La trayectoria que mantuvo el costo de los alimentos conduce a fijarse en el esquema de retenciones, que merece un comentario. Cuando terminó 2015, las retenciones al maíz se encontraban en el 20 %, las del trigo en el 23 %, las del girasol en el 32 %, las de la soja en el 35 % y las de las carnes —de todo tipo— en el 15 %. Al iniciar el actual gobierno, las modificaciones acaecidas entre 2016 y 2019 —que solamente dejaron retenciones para la soja y productos asociados— se revirtieron parcialmente, pero sin llegar a los niveles anteriores. La alícuota del maíz y del trigo quedó en 12 % y la de la carne, que antes fue totalmente eliminada, en un 9 %. Aunque rigen retenciones para productos asociados al girasol, la exportación del cereal no está sujeta a ninguna alícuota desde 2020.

La actitud del gobierno fue de indiferencia ante el problema. Luego del cambio por medio de un decreto que tuvo lugar en diciembre de 2019, solamente se adoptaron medidas de alcance nulo cada vez que surgieron problemas específicos con algún bien. Casos característicos son el de la prohibición de exportar carne por 30 días en mayo de 2021. Otro ejemplo es el olvidado —y olvidable— Fondo del Trigo que se instituyó en marzo de 2022, un subsidio organizado con las retenciones a la soja para subsidiar el precio del cereal y retrotraerlo a los niveles previos a la emergencia del conflicto Rusia-Ucrania, que ya eran altos.

Ninguna de estas soluciones alteraba los precios de los alimentos concernidos de manera permanente, y por eso su ineficacia. En los dos casos, se hizo presente la observación de que se requerían medidas de mayor envergadura. Dado el peso que tienen los alimentos en el deterioro del poder de compra del salario, las retenciones deberían modificarse. Sin embargo, al tomarse la decisión de evitar afrontar dificultades políticas y renunciar al apoyo en alianzas que representen a la base electoral del Frente de Todos, la posibilidad de una política genuina que modifique la distribución del ingreso queda vedada.

 

 

Energía

Otra categoría que adquiere interés en este momento es la de los precios regulados, en la que se agrupan el precio de la nafta y las tarifas por servicios de transporte, energía y gas. Reciben ese nombre porque su precio se determina por el gobierno, en acuerdo con las empresas distribuidoras del servicio o bien del que se trate. En los últimos meses, su incremento se volvió un tema de atención en el contexto de alta inflación que se atraviesa. Se lo atribuyó a las exigencias del acuerdo con el FMI, que entre otras cosas incluyen que el gobierno reduzca sus gastos en subsidios económicos al consumo de energía y gas de hogares y empresas, evitando que las tarifas queden por debajo del aumento general de los precios. Sin embargo, en 2021, antes de que se firmase el actual acuerdo, ya se había reducido la distancia entre la variación del IPC y los precios regulados. En 2022, al entrar en vigencia en stand-by con el Fondo, esta distancia se redujo a menos de 10 puntos porcentuales.

 

 

La aceleración de los precios que forman parte de la categoría de bienes regulados no es importante solamente por su efecto directo sobre el poder de compra de los consumidores. También impacta en los costos de las empresas, puesto que estos se utilizan para sostener la actividad de producción y transporte de bienes. Por más de que ninguno de estos alcance un aumento por encima del IPC general, operan como un factor de impulso a la inflación, de la misma manera que lo hace la devaluación periódica del tipo de cambio oficial.

Existe un peligro con relación a la energía. Una observación que recientemente hizo el historiador británico Adam Tooze es que Estados Unidos se está volviendo un exportador neto de petróleo y gas. En un contexto en el que el dólar se revalúa frente a otras monedas por la elevación de la tasa de interés de referencia norteamericana (que pasó este miércoles a ubicarse en un rango del 5 %, 5,25 %), esto significa que las exportaciones norteamericanas se encarecen frente al resto del mundo, e impulsan los precios internacionales de referencia. La Argentina es un importador neto de energía. Si bien no son las importaciones de mayor valor que realiza, esta tendencia puede extender el deterioro de los términos de intercambio que se observa desde el año pasado. Lo cual vuelve especialmente importante que se comience a utilizar el gasoducto de Vaca Muerta para la producción.

 

 

Por qué no la economía de guerra

Si el principal resultado de la política económica es el de ahondar el deterioro del nivel de vida en la Argentina, cabe plantear un interrogante: ¿por qué no se vuelve a poner en práctica la economía de guerra contra el salario que Raúl Alfonsín inauguró el 26 de abril de 1985 en la Plaza de Mayo, y que luego continuó con los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa? No se trata de una pregunta capciosa. Alfonsín decidió postergar demandas sociales para atender los compromisos con el FMI y ordenar la economía —reducir las tasas de inflación que se estaban alcanzando— mientras se resignaba a ceder ante las presiones de grupos empresarios. Menem continuó con las políticas de empobrecimiento colectivo habiendo obtenido la victoria electoral oponiéndoseles.

Las justificaciones ideológicas de estas acciones, que se esgrimían mayormente en el entorno del ministro de Economía del gobierno radical, Juan Sourrouille, fueron varias. Como se encargó de dejar en claro Juan Carlos Torre en el Diario de una temporada en el quinto piso, los ocupantes de la Secretaria de Planificación que luego fueron ascendidos al Ministerio de Economía soñaban con una economía moderna orientada al mercado externo. Esto es, pretendían que se realizaran inversiones y que los sindicatos no interfiriesen en la determinación de la distribución del ingreso. Como el contenido impolítico de la propuesta era indisimulable, se recurría a la fantasía de la economía exportadora, que en realidad era una manera de presentar un horizonte de desarrollo, desentendiéndose del peronismo que tanto les molestaba a los continuadores democráticos del país subdesarrollado y desigual legado por la dictadura cívico-militar.

Esta economía acabó con los cortes de luz programados, y las hiperinflaciones que condujeron a una caída progresiva del poder de compra del salario, hasta llegar a oleadas de saqueos para el año 1989. Durante la presidencia de Menem, el deterioro continuó hasta que la estabilización a la que se arribó mediante la convertibilidad permitió mantener un margen para que continuase el proceso mientras la apertura de la economía generaba más desempleados y pobres, a la par que se destrozaba lo que sobrevivió de la industria pesada. De De la Rúa no cabía esperar algo muy distinto, porque además de haber sido conocido por sus inclinaciones reaccionarias, lo acompañaron en Economía quienes habían participado del gobierno de Alfonsín.

Un derrotero con el grado de brutalidad que a lo largo de 25 años condujo a la crisis de 2001 es impensable actualmente, pero no porque las políticas económicas adoptadas sean muy diferentes en su impronta. Su límite se encuentra en la profundidad. La devaluación permanente, en conjunto con el incremento de las tarifas de los servicios públicos y el precio de la nafta, redundan indeclinablemente en una merma del salario real que se consolida con el esquema de retenciones, el cual promueve que ante cualquier impulso que reciba el nivel de precios, los alimentos se encarezcan más que el resto de los bienes. La resistencia dentro de la coalición del sector que se identifica con el gobierno terminado en 2015 impide que se tomen decisiones con consecuencias más gravosas y fuerza a que se busquen alternativas de poca sustancia, pero útiles al menos para salvar las apariencias. La contradicción entre una praxis de gobierno y las necesidades de su base electoral condujeron a concluir que es necesario un programa para los próximos años, cuyos lineamientos siguen siendo una incógnita. Advertir que el objetivo de este tiene que ser la elevación del nivel de vida de la población apuntalada en el desarrollo de la estructura productiva y el fortalecimiento de la representación social es sencillo. Resta elaborar los medios para alcanzar la victoria contra la pobreza cada vez mayor en la que está sumida el país.

 

 

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