El libreto de la condena se cumplió

 

"Soy cooperativista, me crié y viví en la calle", dijo Patricia Cabana, Pachila. "Si me condenan por trabajar para darle una casa y un techo para mis hijos, para que no les pase lo que yo viví, hagan esa condena". Pachila sabía que esa noche, el martes, podía no volver a su casa. Ahí, en la casa de la que no quiso irse, en lo que queda del Alto Comedero, donde la esperaban siete de sus hijos. El Tribunal encabezado por María Alejandra Tolaba, porque hay que nombrar a esa mujer que llegó a la presidencia de una justicia amañada con el poder político, la condenó a siete años de prisión, una de las 15 condenas del juicio conocido como Pibes Villeros.

Milagro Sala fue condenada a 13 años de prisión, Graciela López a 8, y otros 14 imputados fueron absueltos por el beneficio de la duda, entre ellos los antiguos integrantes de la administración pública de la provincia. En esta nota analizaremos el veredicto con los únicos datos posibles, la base del alegato de la fiscalía. Milagro fue acusada como jefa de una asociación ilícita, y por los delitos de fraude al Estado y extorsión. Como sucede con cada causa, el análisis del alegato muestra el contraplano de estas historias, el mecanismo a través del cual se construye una mentira.

En ese sentido, esta nota no va dirigida a los convencidos. Ellos, nosotros, nosotras, sabemos que Gerardo Morales utiliza a la justicia no solo para sacar de juego a la oposición, sino para aniquilar a la persona que representa simbólicamente el poder del campo popular. La nota tampoco va dirigida, entonces, a quienes lo justifican militantemente. Sino a quienes todavía pueden pensar. Es interesante mirar nuevamente a Jujuy, entrar al último juicio desde una clave casi antropológica, para buscar las pisadas de esa historia que corre atrás.

La sentencia se conoció a días de que se cumplan los tres años de prisión preventiva. Milagro no la aceptó y la apeló en el mismo momento en que se la notificaron. Eso significa dos cosas. Que ella continúa sin tener sentencias firmes. Y cumplidos tres años de prisión preventiva sin condenas firmes, explica por qué sus abogados presentaron un pedido de cese de prisión.

Esta causa es simbólica porque es la que usó Morales en enero de 2016, cuando el mundo le reclamaba la libertad de Milagro detenida por el acampe en la Plaza Belgrano. Un juez la excarceló de esa causa un día y en ese mismo momento dictó prisión por esta otra, en la que se la acusó desde el gobierno de corrupción. Para responder a quienes le reprochaban que estaba deteniendo a alguien que ejercía el derecho a protestar, Morales —y en él todos los que lo representan— dijo más de una vez que la detención de Milagro ya no tenía nada que ver con protestar. Pues bien, como se verá, la fiscalía de Jujuy usó el argumento de la ocupación de la Plaza Belgrano en el último momento del último juicio para justificar la figura de la asociación ilícita. Esto que en términos penales se considera "nuevo hecho" porque nunca formó parte de los hechos juzgados, apareció en los alegatos. Como técnicamente, el bien jurídico protegido por la asociación ilícita es el orden social, la fiscalía fue hasta el verano de 2015-2016 para decir que la organización lo había puesto en riesgo provocando zozobra en la sociedad. Todavía no se conocen los fundamentos de la sentencia. Pero los defensores creen que ese es uno de los puntos que usó el Tribunal para esta condena descabellada. Si es así, sería la primera vez que se equipara la protesta social con una asociación ilícita. Y el comienzo de otro escándalo internacional.

 

 

"Quince días después de detenerla por el acampe, le dictan la detención por Pibes Villeros", dice el defensor Matías Duarte. "Para entonces, ellos decían que eran causas independientes. Sobre todo cuando llegó el dictamen del Grupo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Decían que la protesta social no tenía nada que ver con la detención, esa era la línea argumental en la que trabajaron. Pero ahora resulta que trajeron la protesta social para condenarla".

En resumidas cuentas, el juicio no tiene pruebas para sostener ninguna de las figuras, como se verá. Pero hay otros dos datos centrales. Milagro fue excluida del debate oral entre el 30 de agosto y el 6 de noviembre. El 30 ella llegó con ropa de cama de regreso del hospital. La presidenta Tolaba no la dejó ingresar y la mando a la prisión de El Carmen. A la audiencia siguiente, la sentó en una sala contigua sin poder estar junto a sus abogados, quienes debían participar en el debate. Es decir, ella no presenció ni pudo intervenir con preguntas y repreguntas a los testigos de esas audiencias cuando el juicio debe garantizar al acusado el acceso a la prueba. El otro punto grave fue la ausencia de publicidad.

Los juicios penales, públicos y orales están para eso. Deben ser públicos. No sólo porque garantizan acceso a la información y control de la sociedad civil de los actos de gobierno, en este caso del Poder Judicial. También crean sentidos. Hoy nadie discute la incidencia del Juicio a las Juntas para establecer los primeros consensos sociales acerca del terrorismo de Estado. Las políticas respecto de la publicidad son diversas. Pero en ningún lugar se prohibió el acceso a la prensa. Los periodistas no entramos con cámaras pero sí con lápiz y papel. Esto se dijo ya en estas páginas, en este juicio Jujuy lo prohibió. El Tribunal habilitó un cupo de 16 personas para una audiencia con 29 imputados, con lo cual no garantizó ni siquiera una persona por acusado. Y respecto de los trabajadores de prensa, prohibió el ingreso con lápiz y papel, se les quitaron esas herramientas en caso de encontrar a alguno munido de ellas, y obligó a cada asistente a firmar un acta de confidencialidad con obligación de no difundir nada de lo que escucharan. Es decir, existió una política destinada a ocultar.

Tanto la exclusión como la falta de publicidad han sido planteados por la defensa como causales de nulidad de toda la causa porque afecta derechos y garantías constitucionales, que son elementales en todo proceso penal.

Ahora vamos con una enumeración, la reconstrucción de ese otro tipo de pruebas.

 

Desvío de fondos y las fotocopias

La fiscalía acusó a Milagro de fraude al Estado sobre la base de la siguiente imputación: dijo que hubo manejo de cheques y firmas de documentación en expedientes administrativos que hizo que el dinero salga del Estado y vaya a sus manos. Pero en la causa no hay un sólo documento original. Los cheques y expedientes son fotocopias. Las fotocopias no sirven para dar por auténtica una prueba porque no garantizan si el contenido está completo o si los datos son auténticos.

 

El peritaje en las obras

Este punto tiene varios ejes. Por un lado, los fiscales dijeron que no habían probado que las obras se hayan realizado. Para demostrarlo presentaron las fotocopias. Por otro lado, dijeron que los cooperativistas no ofrecieron prueba para acreditar las obras. Pero es falso. La defensa sí ofreció pruebas. Le pidió al Tribunal que designe un perito ingeniero del Poder Judicial para que vaya a los lugares donde se ejecutaban obras, que evaluara avances, materiales, costos y luego el reflejado en los expedientes administrativos. Los fiscales se opusieron. Y lo mismo hizo el Tribunal. Ese peritaje hubiese sido determinante.

 

El funcionario que dijo controlar pero no controló

La prueba más importante para sostener que las obras no se hicieron fue la evaluación de un ingeniero del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy, a cargo del hermano Walter Morales. Según la elevación a juicio, la fiscalía constató que las obras no se habían hecho en tres localidades: Palpalá, San Pedro y San Salvador porque el ingeniero Carlos Guarch había ido y verificado. Guarch declaró en el juicio. Pero nada de eso era así. En el debate dijo que nunca fue a Palpalá. Y que sólo inspeccionó 60 o 65 por ciento de las viviendas de San Pedro. Dijo que el resto lo supuso porque siguió "una tendencia". Pero hay más.

- Todas las obras que fue a ver el ingeniero tenían un plazo de obra de 180 días, él las inspeccionó en enero de 2016 cuando todavía no había vencido.

- Para la inspección usó una lista de beneficiarios, que no está incorporada a la causa y en ningún expediente administrativo. Es decir, no se conoce esa prueba.

- La única lista incorporada a la causa no tiene firma. Es una simple impresión y no se sabe quién la hizo. La fiscalía dice que Milagro y la red de organizaciones sociales prepararon una lista trucha de beneficiarios, para quedarse con el dinero de las obras. Pero la lista que usan  no la hizo Milagro. Prueba de ello es que el 15 de diciembre de 2015, el mismo ingeniero inspector le pidió por nota al intendente de San Pedro la lista de beneficiarios y no a Milagro o a las redes de organizaciones sociales.

 

Video del Banco Nación

Desde el comienzo de la causa, el gobierno difundió imágenes de un grupo de cooperativistas cobrando dinero en el Banco Nación. Cobro legal que las imágenes editorializaron como un robo. Los fiscales dicen que los jóvenes depositaron un cheque, recibieron dinero y eso llegó a manos de Milagro. Pero Milagro no estaba en Jujuy sino en Buenos Aires. La prueba del cheque es, otra vez, un expediente administrativo  fotocopiado. Y, lo más importante: el pago por el que se libró el cheque se llama anticipo financiero para obras. Es decir, no era un dinero destinado a ejecutar obras sino para que las organizaciones sociales compren materiales y contraten personal. El anticipo representaba 22 por ciento del acuerdo. Es decir, sólo fue un anticipo y de 22 por ciento.

 

Las denuncias de los cooperativistas

Esta parte de la contra-historia es conocida, pero el juicio mostró un nuevo dato. El 16 de enero de 2016 detuvieron a Milagro. El 15, un grupo de cooperativistas presentó una serie de denuncias contra ella por extorsión, denuncias para las cuales se habilitó la feria y se descubrió que eran todas iguales. Ahora se sabe que ese mismo día, el titular del IVUJ, Walter Morales, le pidió al ingeniero Guarch que le informe sobre 19 expedientes administrativos de cooperativistas. El ingeniero respondió sólo por 14. Los otros cinco corresponden a los denunciantes que fueron esa tarde a denunciar a Milagro. Eso significa, dice Duarte, que de esa manera esos cinco dejaron de ser parte del grupo que iba a ser investigado. Y eso se demuestra porque las carátulas de las 19 cooperativas eran todas iguales, y muestran que también ellos debían haber realizado obras en San Pedro en el mismo tiempo y en las mismas condiciones.

 

La extorsión

Los fiscales dicen que Milagro amenazaba a los integrantes de la Red de Organizaciones Sociales con hacerles perder planes, bolsones y capacitación. Para que una extorsión funcione debe existir una amenaza creíble para la víctima. En este caso no sucedió. En la causa no se individualizó hecho y víctima de la supuesta extorsión. Pero además se probó que las supuestas víctimas no eran beneficiarios de derechos que Milagro hubiese tenido la facultad de hacer cesar.

Para volver al principio, hay que decir que toda esta configuración necesitaba de un juicio como se hizo. Sin acceso a la sala. El equipo de abogados de Milagro estuvo integrado por Paula Alvarez Carrera, Luis Paz y Matías Duarte. "Todo esto es presentado como si hubiese terminado un proceso regular, transparente y donde se realizaron diversos actos que acreditaron lo que ellos afirman, pero el juicio estuvo plagado de irregularidades, tiene una evidente motivación política, orfandad probatoria absoluta y vicios importantísimos como la exclusión de Milagro", dice Duarte. Y eso explica "la restricción para el acceso a la prensa y para los que podían divulgar la información".

Graciela López habló antes del veredicto.

 

 

Para entonces, todavía creía en que algo podía cambiar. La jueza la calló dos veces.

—¡Acá no estamos para decir discursos! —le dijo.

Graciela le respondió. Ya había querido decir el nombre del juicio, conocido como Pibes Villeros, "que es un mix de causas, que puede ser un combo o una ensalada rusa o no sé cómo llamarlo". Y la jueza la paró por primera vez. Después llego la segunda. Y entonces, sí, dijo:

—En todo caso, si no me voy a poder explayar en lo que quiero decir —dijo— pido que mientras la justicia argentina está en jaque, espero que Jujuy marque la diferencia y se demuestre independencia del Ejecutivo. Y pongo en manos del Estado provincial, que hizo uso y abuso del poder...

Tolaba la paró por tercera vez. Graciela logró decir fuerza compañeros, y hasta la victoria siempre. Y entonces tomó la palabra Milagro.

Nuestras obras se miran y se tocan, dijo. Miró a las juezas.

—Ustedes van a pasar a la historia, lo que ustedes decidan, sea bueno o malo. No robamos, somos trabajadores, no somos flojos.

Las juezas pasaron efectivamente a la historia. Pachila esa noche fue trasladada a la cárcel del Alto Comedero. Sus siete hijos quedaron solos en la casa.

 

 

Entre los absueltos se cuenta una segunda parte de esta historia. Está Raúl Ezequiel Aguilera. Su madre  es la diputada Mabel Balconte, que asumió por el  Frente Unidos y Organizados, y fue extorsianada por el Estado provincial para que declare contra Milagro. "Vos tenés fueros, pero tus hijos no", la amenazaron. Esa historia la contó el equipo de El Cohete a la Luna en el libro La libertad no es un Milangro. El fin de semana, Aguilera fue detenido en Formosa por tráfico de estupefacientes. El comienzo de la audiencia se demoró por ese trámite. Aguilera fue el único de los 29 imputados para el que la fiscalía había pedido absolución. Las juezas cumplieron. Si no fuera por el kilo y medio de cocaína que le secuestraron podría reintegrarse al empleo con que el gobierno provincial pagó el falso testimonio de su madre.

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