Que me voy, que me quedo

 

Farah se va. Farah no se va. El primer día de febrero, el Presidente Alberto Fernández firmó el decreto 53/2021 por el cual ordena que se reintegre al magistrado Eduardo Guillermo Farah a su cargo de juez de la Sala II de la Cámara Federal, puesto para el que había concursado y en el que se había desempeñado hasta abril de 2018, cuando pidió el traslado. Desde noviembre de 2018, Farah ocupa una silla en el Tribunal Oral Federal 2 de San Martín, que, entre otras causas, lleva adelante el juicio por los vuelos de la muerte de Campo de Mayo. Y la sorpresa llegó justamente en una audiencia de ese juicio: Farah –una vez publicado el decreto— pidió ahora quedarse en el Tribunal hasta el final de dicho proceso.

El lunes 1 de febrero se publicó el decreto 53. Pasadas las 9 de ese mismo día comenzó la audiencia del juicio por los vuelos de la muerte de Campo de Mayo. Con la noticia fresca, el presidente del TOF 2 de San Martín Walter Venditti pidió al secretario que leyera completo el decreto. Y tras la lectura, le dio la palabra a Farah. “Someto a consideración del Tribunal mi voluntad de continuar al frente de este juicio hasta el final”, dijo a la cámara, puesto que esta audiencia se desarrolló vía Zoom. Venditti, que admitió que el decreto fue una “cuestión sorpresiva para el Tribunal”, dijo que elevaría la consulta a Casación y que se definiría en el transcurso de la semana.

El viernes por la noche llegó la resolución del TOF 2 de San Martín: previa consulta a la Cámara de Casación, decidieron que fuera el cuarto juez, Matías Mancini, quien tome el lugar de Farah y este vuelva a la Sala II de la Cámara porteña.

 

La audiencia

Tras la propuesta de Farah de continuar en el juicio, que deslizó que lo podría hacer en paralelo a su tarea como camarista federal, los querellantes pidieron la palabra. El primero en manifestar su negativa a la continuidad de Farah fue el abogado Ciro Annicchiarico, querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, quien sostuvo podía suscitar “una serie de dudas” que Farah siguiera al frente del juicio como vocal del Tribunal y a la vez fuera juez de la Sala II de la Cámara Federal. Annicchiarico planteó que debía ser el cuarto juez, Mancini, quien tomara el lugar de Farah, lo que finalmente ocurrió.

En esa misma línea se pronunció Verónica Bogliano, abogada querellante por la Comisión Provincial por la Memoria, quien ponderó darle continuidad y celeridad al juicio que ya lleva 15 audiencias.

“Farah tiene que volver a la Cámara Federal y su lugar debe ser ocupado por el cuarto juez. No creemos en la existencia del doble juez”, manifestó Pablo Llonto, también abogado querellante.

“Es un verdadero dislate, una contradicción porque él mismo había pedido volver su lugar natural, para el que había concursado, que es la Cámara Federal  y ahora pide quedarse en el Tribunal Oral Federal 2 de San Martín”, aseguró tras la audiencia uno de los abogados querellantes a El Cohete a la Luna.

“Llamativamente –indicaron los abogados consultados por El Cohete— las defensas de los represores pidieron que sea el propio TOF 2 de San Martín el que resuelva el pedido de Farah y que en todo caso se le de intervención a la Superintentedencia de Casación”. Los querellantes remarcaron que la Superintendencia no suele tener injerencia en estos temas.

Explicaron que para situaciones de este tipo, en  los juicios de lesa humanidad, que suelen extenderse por varios meses e incluso años por la cantidad de testimonios, se cuenta desde el inicio con un cuarto juez que debe seguir todas las audiencias y estar al tanto del proceso. Y esto se cumple en el caso del juicio por vuelos de la muerte de Campo de Mayo.

 

Idas y vueltas

A comienzos de 2018, con Mauricio Macri a cargo del Ejecutivo, Farah y su colega Jorge Ballestero integraban la Sala II de la Cámara Federal. Desde allí revocaron la prisión preventiva para los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa del Grupo Indalo. Esto cayó muy mal en el gobierno y motivó la renuncia de Ballestero, tras una sonada denuncia de la entonces diputada Elisa Carrió ante el Consejo de la Magistratura, y el pedido de traslado de Farah.

Según reconstruye el propio decreto que ordena la reintegración de Farah a la Sala II de la Cámara Federal, con asiento en Comodoro Py 2002, dicho juez había llegado a ese cargo a través del concurso 173 del Consejo de la Magistratura. En mayo de 2018 el Ejecutivo ordenó su traslado al Tribunal Oral en lo Penal Económico 1 de Capital Federal. El cambio de Tribunal había sido solicitado por el propio Farah ante el Consejo de la Magistratura, amparándose en el “Reglamento de traslado de jueces”. El órgano que selecciona y destituye jueces le dio el visto bueno para ese movimiento.

Tras unos meses en el Tribunal Penal Económico, se produjo una vacante en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de San Martín y allí fue Farah. Pero en 2020 algo cambió: en julio, el Consejo de la Magistratura sostuvo que los traslados dispuestos por el Poder Ejecutivo mediante los Decretos 429/18 y 982/18 no habían completado el procedimiento previsto en el artículo 99, inciso 4 de la Constitución ni cumplían con los parámetros de la Corte Suprema de Justicia.

Se refería a los sonados casos de los jueces sin asiento Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia. Y el 3 de noviembre llegó el fallo de la Corte que dijo que los traslados no son definitivos y que para acceder a un cargo específico se debe pasar por un concurso y obtener acuerdo del Senado. Ni lento ni perezoso, exactamente una semana después de dicho fallo, Farah solicitó al Consejo que “arbitrara lo conducente para su inmediato reintegro” al cargo de juez de la Sala II de la Cámara para el cual “fuera designado conforme al procedimiento constitucional previsto en el artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional”. El 17 de diciembre del año pasado, el Consejo se hizo eco del pedido de Farah y remitió las actuaciones al Ejecutivo para “la continuidad del trámite”.

Este lunes, primer día hábil tras la feria judicial, salió el decreto que además de la firma del Presidente fue suscrito por el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y la ministra de Justicia y Derechos Humanos Marcela Losardo.

 

 

Una Cámara que no se conforma

En diciembre de 2015, cuando Macri asumió la presidencia, la Cámara federal porteña estaba integrada por los jueces Eduardo Freiler, Farah (subrogante en la Sala I) y Ballestero y por Farah, Horacio Cattani y Martín Irurzun (en la Sala II). En 2018 renunciaron Ballestero y Cattani, este último por razones de salud.

Freiler fue destituido en 2017 por el Consejo de la Magistratura. El único juez que permanece desde diciembre de 2015 a hoy en la Cámara Federal es Martín Irurzun, presunto autor de la doctrina que justifica las detenciones de ex funcionarios que por sus contactos, lazos o relaciones creadas por el poder que tuvieron, puedan entorpecer el avance de una causa. Hoy completan dicha Cámara Bruglia y Mariano Llorens, quien asumió en junio de 2018. Y esta semana se sumó una noticia para la integración de ese tribunal: el envío del pliego, por parte del Ejecutivo al Senado, para la designación del abogado Roberto Boico.

 

 

Los vuelos desde Campo de Mayo

El juicio comenzó en octubre del año pasado. Están imputados el multicondenado Santiago Omar Riveros, Luis del Valle Arce, Delsis Ángel Malacalza, Eduardo José María Lance y Horacio Alberto Conditi. Se aborda la responsabilidad de los acusados en una asociación ilícita y su intervención en cuatro casos de víctimas que estuvieron secuestradas y fueron torturadas en Campo de Mayo, tras lo cual fueron desaparecidas en el marco de "vuelos de la muerte" o "vuelos fantasma", que estuvieron a cargo de personal del Batallón de Aviación 601 de Campo de Mayo.

Las víctimas, cuyos cuerpos fueron identificados, son Rosa Eugenia Novillo Corvalán, Roberto Ramón Arancibia, Adrián Enrique Accrescimbeni y Adrián Enrique Rosace. Sus cuerpos fueron arrojados al mar o al Río de la Plata desde aviones y luego aparecieron en la costa y fueron inhumados como NN en diferentes cementerios.

 

 

 

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