El lago se esconde, la violencia no

La estrategia del Oeste

La guardia de seguridad privada de Tavistock Group en Río Negro y la policía provincial no cumplieron con la orden judicial de habilitar los accesos al lago Escondido durante la marcha y movilización popular realizadas en el territorio en conflicto, durante el fin de semana pasado. Además cuatro personas de la seguridad privada intencionalmente pusieron en riesgo la vida de dos manifestantes que navegaban en un kayak, les volcaron la embarcación arrojándolxs a las aguas frías donde permanecieron unas seis horas mientras recibían amenazas. Ese mismo grupo destruyó documentación producida dentro del espacio que desde 1994 está en manos de una de las mayores fortunas del mundo y se apropió de equipamiento electrónico.

 

 

“Perdimos la llave”, argumentaron los hombres de Joseph Lewis ante la policía de Río Negro que les requirió abrir los candados de las tranqueras de acceso por el camino Tacuifí, vía tradicional de acceso al lugar desde la ruta nacional N°40, a la altura del paraje Foyel, entre Bariloche y El Bolsón. El jefe del dispositivo de seguridad estatal habló en una oportunidad por el altavoz del celular con el conjuez que resolvió en favor de la medida cautelar interpuesta por los organizadores para garantizar el ingreso de la marcha, lo que permite asegurar que inicialmente había respeto institucional al derecho a acceder al Escondido.

 

 

En un sector, la policía provincial fue obligada por la empresa a saltar tranqueras y caminar tanto como los manifestantes, negándole a los agentes estatales las llaves de los candados de las tranqueras. Por su parte, el conjuez Víctor Hugo Massimino primero actuó en favor de la demanda del cumplimiento del fallo de libre acceso al lago, pero hacia la noche, luego del hundimiento intencional del kayak con dos activistas a bordo, giró su posición disponiendo la evacuación del grupo que marchaba por el camino Tacuifí a escasa distancia de la costa este del lago.

 

 

La “Cuarta marcha por la soberanía del lago Escondido” se desarrolló desde el 6 hasta el 9 de febrero, convocada y organizada por la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (FIPCA). Mientras el centenar de manifestantes se desplegó a pie y un kayak inflable, la guardia de al menos unos 15 hombres visibles se movió con por los menos un helicóptero, dos lanchas y un importante parque automotor.  Más las cámaras de seguridad instaladas en el bosque y equipo de comunicaciones, entre otros elementos que l@s participantes pudieron advertir a simple vista y documentar. El boicot empresario estuvo asistido en el terreno por el representante legal de Hidden Lake SA, el abogado de Bariloche José Luis Bianco.

El equipo de seguridad privada se mostró abiertamente como patota ilegal cuando atacó y aterrorizó a lxs kayakistas que navegaban hacia un islote. Desde una lancha camuflada se movió el que apareció como jefe operativo de la patota, dando las órdenes tanto en el agua como en tierra. El jefe condujo la embarcación con la que rodeó al kayak produciendo un intenso oleaje que la desestabilizó; inmediatamente después un hombre mayor tomó el kayak y lo dió vuelta arrojando a lxs activistas al agua. Un tercer hombre a bordo de la lancha roja camuflada grabó con un celular todo el ataque en un espacio de dominio público, así es que la empresa cuenta con la documentación de sus propias ilegalidades.

Por su parte, el dispositivo policial contó con un grupo visible estimado en más de cincuenta efectivos regulares (varones y mujeres) y del grupo especial de montaña, con armas largas y munición antitumulto de uso obligatorio para repeler manifestaciones, según estimaciones provisorias de los testimonios recogidos.

 

 

La lógica del Winchester

Las propiedades rurales de Hidden Lake –firma de Tavistock en Argentina— están muy lejos del encanto glamoroso de las viejas estancias en la Patagonia; son enclaves tecnológicos de infraestructura civil, comercial e industrial tan ocultos como el mismo lago. El ocultamiento es sistemático, tanto ante el conjunto de la sociedad civil como ante el propio Estado, del que tanto el bloqueo del acceso público al lago como la evasión impositiva por la falta de registro de las mejoras son algunos de los rasgos del comportamiento de este capital trasnacional en el territorio.

La demostración de poder y fuerza realizado contra esta marcha popular confirmó la vigencia del programa político-económico planteado por Nicolás van Ditmar, comerciante de Bariloche sumado a las filas de Lewis en los directorios de algunas de sus empresas y apoderado del británico en algunas ocasiones. En 2010, durante un acampe patronal frente a la casa de Gobierno en Viedma, capital de Río Negro, van Ditmar planteó: “Tendremos que defender la propiedad privada con el Winchester en la mano,” al presionar públicamente contra el fallo judicial que obliga a la empresa a desbloquear el acceso al lago, cuyas costas son públicas y libres.

Aunque durante estas jornadas van Ditmar no fue visto por lxs manifestantes, sí se constató y padeció la doctrina del Lejano Oeste recreada con tecnología de punta en combinación con las prácticas conocidas de las patotas, a la que sumaron a algunos pocos pobladores rurales de los campos vecinos sometidos a sus reglas del juego.

Todos los hechos serán denunciados penal e institucionalmente por distintos actores que exigen el cumplimiento pleno del fallo judicial en favor del libre acceso a las costas y aguas públicas del lago Escondido. Los sucesos de la Cuarta Marcha merecen ser analizados en profundidad en relación al conflicto central del comportamiento del grupo Tavistock, especialmente en una zona altamente militarizada. La patota empresaria actuó con total autonomía para atacar con violencia, con la policía provincial subordinada material y operativamente (dependía de la empresa tanto para desplazarse como para comunicarse) y un conjuez que no estuvo en el lugar y hasta llegó a calificar de “accidente” el atentado contra lxs kayakistas.

Lewis, el empresario nacido en Gran Bretaña pero con domicilio legal en guaridas fiscales, a través de su gente en la Argentina cercenó derechos básicos a la protesta y movilización e impidió que “extraños” pudieran ver a plena luz del día una pequeña parte de la obra de infraestructura no declarada ante el estado, para lo cual degradaron un poquito más a la policía de Río Negro, como si no alcanzara con sus propios errores y crímenes.

 

 

 

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