El juicio como territorio

 

“¿A quién le ibas a contar, si la gente tenía miedo de escuchar?”, dice María del Carmen, detenida-desaparecida sobreviviente del centro clandestino de detención “La Huerta”, secuestrada en 1977 en la ciudad de Tandil cuando estudiaba Trabajo Social y militaba en la JUP.

No se puede contar sin alguien que escuche. No se puede tramitar el dolor sin contar. Y escuchar, tan sólo el hecho de escuchar, puede generar pavor. Pero los sobrevivientes siguen dando testimonio, y el terror que militares, empresarios, curas y periodistas construyeron milímetro a milímetro se desmantela también en una forma implacable y minuciosa. Las imágenes reales emergen a lo largo del tiempo como en un espejo que se va desempañando y admite la nitidez.

 

 

“La Huerta”

Con ese nombre se conoce a la causa por delitos de lesa humanidad cometidos en Tandil, Olavarría y Azul, que reúne a 112 víctimas y tiene 26 imputados. El nombre proviene de uno de los centros clandestinos de detención implicados en este juicio: La Huerta funcionó entre 1976 y 1978 en el campo General Necochea, que queda a metros de la Ruta Provincial 226, camino a la Base Aérea Militar de Tandil. Durante la dictadura cívico-militar estuvo a cargo del Comando de la Brigada de Caballería Blindada, y operó bajo el mando del Ejército y la Policía Bonaerense. Fue reconocida como CCD en 1984 en el marco de las tareas de investigación desplegadas por la CONADEP.

El juicio comenzó el 25 de febrero en Mar del Plata y se juzgan delitos cometidos en la denominada “Subzona 12”. En lo correspondiente a Tandil, además de La Huerta, se incluyen las comisarías 1ª y 2ª, la “Quinta de los Méndez” y el ex Instituto Superior de Educación Rural (ISER). En lo que respecta a Azul, se trata de la comisaría 1°, la Unidad Penal 7, el Regimiento de Caballería de Tanques 10 “Húsares de Pueyrredón”, la ex delegación de la Policía Federal y el ex ferrocarril provincial. En el caso de Olavarría, los hechos juzgados ocurrieron en el Regimiento de Lanceros General Paz y en la Unidad 2 de Sierra Chica. Una suerte de mega causa del interior de la Provincia de Buenos Aires, en la que está previsto que declaren alrededor de 400 testigos-víctimas, durante dos años.

El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata estará integrado por los jueces Fernando Machado Pelloni, Nicolás Toselli y Luis Imas, más Sabrina Namer como jueza suplente. Las audiencias se realizan, de manera presencial y virtual, cada quince días. Entre los imputados se encuentran ex miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea, Policía Provincial y Federal, integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense y actores civiles. Este último punto es central. Están acusados dos civiles que ya han sido juzgados anteriormente: los hermanos Emilio y Julio Méndez, propietarios –como el nombre lo indica– de “la quinta de los Méndez”.

 

 

Los Méndez

Emilio y Julio Méndez eran en la década del ‘70 dos empresarios tandilenses ligados al agro y al Banco Comercial, que decidieron ceder una quinta de su propiedad al Ejército para que la utilizara como espacio de cautiverio clandestino y tortura. Esta decisión de colaborar con la dictadura cívico-militar fue juzgada en 2012 en el marco del juicio por la desaparición y el asesinato de Carlos El Negro Moreno, un abogado laboralista de la ciudad de Olavarría, defensor entre otros de los trabajadores de la cementera Loma Negra. En 2012 fueron condenados a 12 y 15 años de prisión, pero luego hubo una vía recursiva por parte de la defensa. La Cámara de Casación confirmó la condena pero la Corte revirtió ese fallo.

En palabras de César Sivo, abogado de la familia Moreno: “La Corte abrió la queja con un voto polémico de Carlos Rosenkrantz, que en diciembre de 2020 puso en duda inclusive que la quinta fuera un centro clandestino, e hizo toda una construcción –hoy en desuso en todo el mundo– que modifica el estándar de prueba. Lo que hizo fue pedirle a la Justicia, a la querella, un nivel de certeza probatoria que no se puede exigir nunca en algo que estuvo armado con garantías de impunidad, como todo lo que hicieron en la clandestinidad. Pedía que hubiera reconocimientos directos, una cosa absurda por donde se la mire, y además pedía que se pudiera demostrar no sólo que los Méndez tuvieron conocimiento de eso, con prueba directa, sino que además estuvieron de acuerdo en que eso se hiciera. Una cosa disparatada: en el mundo, en las causas de lesa humanidad no se analiza esto, no se modifica el estándar a favor de los victimarios, se analizan de otra manera las pruebas (es lo que se llama análisis por contexto), toda una serie de cosas que por supuesto Rosenkrantz dejó de lado”.

Y agrega Sivo: “Indudablemente esto fue, a nuestro modo de ver, una suerte de ariete de protección a todos los civiles, empresarios, jueces que están siendo enjuiciados o que van a ser investigados en el futuro. Prepara el terreno para proteger a los civiles, porque de hecho Rosenkrantz dice que ‘en las cuestiones que vinculan a los civiles, hay que ser especialmente cuidadoso’”.

A partir del fallo de la Corte la causa volvió a Casación, que con una nueva conformación dictó una nueva sentencia y los absolvió. En este caso fue la querella la que recurrió a la Corte, que aún no se pronunció, por lo cual la absolución no quedó firme.

En el juicio “La Huerta”, los hermanos Méndez –con arresto domiciliario– vuelven a estar en banquillo de los acusados. Lo que la querella intentará probar es que eran parte del circuito represivo y que actuaban a conciencia, sabiendo todo lo que sucedía.

 

 

Los civiles y el presente

Los civiles que hicieron posible la dictadura, entregando y persiguiendo trabajadores, facilitándole a las Fuerzas Armadas espacios para la tortura y la detención, encubriendo hechos desde diarios y juzgados, siguen hoy en día haciendo negocios y vendiéndonos sus productos. Baste nombrar al famoso Ingenio Ledesma, cuya azúcar es de las más consumidas en el país. Pedro Blaquier, dueño de la empresa y responsable de delitos de lesa humanidad, goza de impunidad a sus 94 años. Sivo lo menciona para ejemplificar las complejidades que implica avanzar sobre los partícipes civiles del genocidio. Señala también el caso de Amalia Fortabat, de la cementera Loma Negra, también ligada a las prácticas genocidas, quien murió impune tras triplicar su fortuna durante la dictadura. Pero no sólo eso: fue luego del retorno a la democracia que la empresa logró quedarse con grandes obras públicas como El Chocón, Yacyretá y Salto Grande. Como todas las fortunas nacionales, creció gracias a abultados contratos con el Estado. No solo cuesta juzgar a los civiles, cuesta incluso que dejen de lucrar a costa del Estado.

Fortabat murió sin condena judicial aunque sí social, el 18 de febrero de 2012. Nueve días antes había comenzado el juicio por el secuestro, las torturas y el asesinato de Moreno, con los hermanos Méndez como acusados. Sivo trae también a colación como un caso emblemático del poder civil el del empresario Marcos Levín, el primer empresario juzgado en un proceso de lesa humanidad. Recuerda que Mauricio Macri estuvo en Salta en 2015 en el marco de la campaña y eligió una propiedad del propio Levín para realizar su conferencia: el hotel Alejandro I. Hasta tal punto el poder político está emparentado con estos actores que ese mismo año, unos meses antes, el gobierno provincial salteño había organizado en el mismo hotel el encuentro del Consejo Federal de Derechos Humanos. Parece una tomada de pelo, pero es más que eso. Una noche antes del día previsto para el comienzo, el evento fue trasladado al Hotel Portezuelo. El motivo: los organismos de derechos humanos locales denunciaron el escándalo y desde la Secretaría de Derechos Humanos de Nación advirtieron que, si no se cambiaba la sede, no asistirían. Y así día tras día, hora tras hora. Quienes estuvieron siempre en la sombra, siguen estando. Y a veces ni siquiera en la sombra, cuando sus hoteles son propuestos por funcionarios públicos para debatir el accionar genocida que ellos mismos perpetraron. Por ello la importancia superlativa de retomar juicios a civiles como en el de La Huerta.

 

 

Habitar un proceso judicial

María Nazabal, a cargo del área de DDHH de la Universidad Nacional del Centro, se refiere al juicio La Huerta como un territorio. Es interesante, ya que los territorios suelen estar más bien ligados a espacios físicos, pero si el proceso judicial toma la semblanza del terreno se lo puede habitar, se puede morar allí. Y en un país donde los juicios de lesa humanidad se han transformado en una política de Estado, no solo sanadora para las víctimas directas sino para la sociedad en su conjunto, pensarlos casi como hábitat aporta las claves para echar luz sobre una serie de cuestiones.

Por un lado, la universidad trabaja en este marco junto al Colegio de Psicólogos de la región 8 para conformar el equipo de acompañamiento a las víctimas, testigos y querellantes. Que la víctima no sea revictimizada a lo largo del proceso judicial agrega un matiz de humanidad, no es condición sine qua non para que el juicio proceda pero sí permite que cierta reparación comience a ocurrir antes de la sentencia, e incluso en el panorama más desfavorable de una sentencia que priorice a los genocidas, si el acompañamiento a las víctimas logró su cometido y las personas pudieron recuperar la capacidad de agencia que la tortura les quiso arrebatar, ya hay un gran paso dado, ya está ocurriendo una parte de la solución.

Otro proceso importante que sucede en este juicio-territorio, en paralelo a alegatos, testimonios y cuartos intermedios, son las prácticas socio-educativas que involucran a estudiantes de las carreras de grado a cursar módulos específicos donde el juicio es un elemento central. La universidad entiende que buena parte de los desaparecidos eran estudiantes, y que esto tuvo que ver con el tipo de universidad que la dictadura venía a instalar, donde se buscaba disciplinar el pensamiento en lugar de estimularlo; por eso es clave que la academia se cuele en el Tribunal y haga un uso crítico de esta experiencia, fértil para el debate. También los más jóvenes tienen la posibilidad de participar a partir de la articulación de los sectores del Estado: la universidad en diálogo con la jefatura distrital han permitido que estudiantes de entre 16 y 18 años puedan asistir a presenciar las retransmisiones de las audiencias.

 

 

Funcionar o existir

Las víctimas que finalmente dan testimonio han conservado la memoria del terror sobre sus cuerpos durante 46 años y esto es una ceremonia, con sus rituales, llantos y encuentros. Uno de los testigos que estuvo en La Huerta fue en su momento entregado por un vendedor de discos de Tandil, que acató gustoso la orden milica de buchonear a quienes compraran álbumes de “subversivos” como los Quilapayún. De ese país estamos hablando y esto no ha sucedido hace tanto tiempo.

Anoche, en el Centro Cultural Borges, Rita Cortese cantó unos tangos bastante arrabaleros cuyas letras siempre vigentes parecieran hablar sobre todo eso. Sobre el final citó a un psicoanalista según el cual funcionamos o existimos. Y afirmó que sólo funcionar provoca el infarto del alma. La dictadura vino a sedimentar esa funcionalidad gris en donde los intereses son siempre foráneos. Y los juicios, en cada pueblo, en todas las latitudes, van sin dudas en la dirección de la existencia.

 

 

 

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