EL “JUICIO A LOS JUECES”, REVISITADO

 

Cuando el Tribunal Oral Federal 1 de Mendoza condenó en 2017 a más de una veintena de militares y policías y a cuatro ex jueces federales por delitos de lesa humanidad la sensación general fue que se trataba de un fallo histórico. La condena a los ex magistrados en particular volvía a demostrar las complicidades existentes en el Poder Judicial con los crímenes del terrorismo de Estado. Los fiscales que acusaron en el debate, sin embargo, no se sintieron satisfechos. Reclamaron mayores condenas, revisión de absoluciones y reconsideración de calificaciones. Tres años más tarde y luego de 3 meses de audiencias, volvieron a conseguir justicia y el ex juez Otilio Romano fue condenado nuevamente.

 

 

La vista gorda

Hace exactamente 45 años, un 22 de noviembre de 1975, todavía en democracia, las operaciones antisubversivas alcanzaban una escalada sin precedentes. Las bandas de militares y policías, vestidas de civil, operaban en la oscuridad. En Mendoza una decena de personas había sido secuestrada aquella madrugada y trasladada a la Compañía de Comandos y Servicios, en las afueras de la capital.

Pasadas las 2, frente al domicilio de la familia de Irma Zamboni y Emanuel Ander Egg, se estacionaron un Dodge Polara y un Fiat 1600, ambos sin patente. En cuestión de segundos nueve hombres se agolparon frente a la casa. Irma estaba despidiendo unas visitas. Le preguntaron por él. No estaba. Eso respondió ella, pero la redujeron con violencia y balearon la puerta. Irma gritaba. Desesperada, pedía por la policía. Se la llevaron a la comisaría y luego volvieron al domicilio, con policías ahora uniformados. Entraron y saquearon la casa.

Horas más tarde, a las 7.15, Irma interpuso un recurso de hábeas corpus por su marido en el domicilio particular del juez Luis Miret. El magistrado libró oficio al comandante de la 8ª Brigada de Infantería de Montaña para conocer si se encontraba detenido bajo su dependencia. Avanzada la mañana, Irma supo que Emanuel se encontraba bien, en libertad. Miret archivó el recurso, anoticiando al fiscal Otilio Romano.

A los dos días Irma presentó otro hábeas corpus, esta vez preventivo. Romano consideró que era improcedente porque a su entender no había ilegalidad en la persecución de Ander Egg dado que las autoridades actuaban como “preventores criminales”, de acuerdo a la legislación represiva vigente, en particular la ley 20.840 dictada en 1974 que validó la persecución penal por razones políticas. Para Romano el perseguido debía presentarse ante el juez y aclarar la situación. Miret, tomando nota de las observaciones del fiscal, desechó el recurso presentado por las víctimas. Irma se mantuvo firme y apeló a la Cámara de alzada. Allí reprocharon la decisión del juez.

En razón de ello, semanas más tarde, otro juez, Rolando Carrizo, pidió al Comando de la 8ª Brigada que informara si había una orden de detención contra Ander Egg. La autoridad militar informó que no la había. Entonces el juez rechazó el recurso de hábeas corpus. Un mes más tarde, una bomba explotó en la casa de Emanuel e Irma. El sumario policial llegó a las oficinas judiciales. Intervinieron el juez Carrizo y el fiscal Romano. El expediente fue cerrado sin averiguaciones de ningún tipo.

La antropóloga e investigadora del Conicet María José Sarrabayrouse Oliveira, en su etnografía del Poder Judicial durante la última dictadura, se preguntó si las prácticas de esta burocracia judicial eran las mismas en un régimen dictatorial que bajo un gobierno democrático. Centrada en el caso de la morgue judicial, demostró cómo aquel poder judicial se transformó en una fuerza social legitimadora del orden legal de facto construido por la dictadura. Ello no sucedió sin que internamente se conocieran destituciones, encarcelamientos y hasta algunos asesinatos. La antropóloga cuenta que, en el funcionamiento cotidiano de los tribunales, los agentes judiciales iban dejando distintas marcas de la faz represiva.

Ello es precisamente lo que se observa en el caso de Ander Egg y Zamboni. Perseguido como tantos militantes e intelectuales, no sólo desprotegido sino violentado por la burocracia judicial, con más de 90 años, Ander Egg sigue siendo un pensador reconocido a nivel mundial, especializado en diversas temáticas como la innovación social, como se observa en este video.

 

 

Recalculando

Por decenas de casos similares, Miret, Romano, Carrizo y el ex defensor oficial Guillermo Petra Recabarren fueron condenados en 2017 en la megacausa de Mendoza, en el tramo llamado “Juicio a los Jueces”. El tribunal compuesto por Alejandro Piña, Juan Antonio González Macías y Raúl Fourcade les dio la pena máxima como responsables de delitos de lesa humanidad, siendo considerados partícipes primarios de privación abusiva de la libertad, aplicación de tormentos, homicidio calificado, incumplimientos de deberes y asociación ilícita.

Sin embargo, por los casos de Ander Egg y Zamboni habían sido absueltos. El tribunal consideró que el hecho era suficientemente confuso como para fundar una condena. La fiscalía encabezada por Dante Vega y Daniel Rodríguez Infante apeló esta absolución en particular, además de otros aspectos del fallo. La Cámara de Casación reenvió los casos a un nuevo tribunal compuesto por Daniel Carelli, Daniel Doffo y Gretel Diamante para que volvieran a observar las pruebas por los hechos. El nuevo juicio duró tres meses.

Miret y Carrizo fallecieron. Romano, que puede seguir compareciendo ante la Justicia, recibió ahora la condena por el caso de Ander Egg y Zamboni que les había sido negada anteriormente. El nuevo tribunal lo encontró partícipe primario en la privación abusiva de la libertad de ambos.

El auxiliar fiscal de la Unidad de lesa humanidad en Mendoza, Rodríguez Infante, explicó a El Cohete que “la relevancia de la revisión está dada por el punto de vista de la víctima, una víctima cuyo caso llega a juicio y el acusado es absuelto porque no se encontró la responsabilidad penal”. Explicando la revisión pedida, criticó: “Había que investigar de mínima la privación abusiva de la libertad de ella, que fue golpeada, introducida coactivamente en un auto no identificado para luego dar lugar al simulacro de legalidad de volver con policías, y robar todo objeto de valor que se pudiera”. Este fue el planteo que tuvo en cuenta el nuevo tribunal.

Aquella megacausa, cuyo debate oral llevó tres años, trató los delitos sufridos por más de 200 víctimas y terminó con una veintena de condenas además del caso de los ex jueces (el fiscal y el defensor oficial podían subrogar entonces los cargos de jueces). Hubo prisión perpetua para ocho ex militares e integrantes de las fuerzas de seguridad provincial, condenas de entre 3 y 20 años para el resto de los acusados y tres absoluciones.

En el nuevo fallo también se revisaron otros pedidos hechos por la fiscalía para un total de 16 acusados de los 27 originales. Por ejemplo el de la calificación que se hizo originalmente de las penetraciones sexuales con distintos elementos como palos y armas que sufrieron víctimas varones, que el tribunal consideró “abusos” y no “violaciones” como reclamó la fiscalía, a la que el nuevo tribunal le dio ahora la razón.

 

 

La corporación

La inclusión de los ex magistrados en la megacausa de Mendoza no fue sencilla. Encontró fuertes resistencias, fundadas sobre todo en el hecho de que dos de los acusados, Miret y Romano, ejercían como jueces al comenzar la segunda década de este siglo, con cargos nada menos que en la Cámara Federal. Ambos fueron removidos en 2011. Entonces Romano –aún en ejercicio de funciones– se había fugado a Chile. De manera que no resultó sencillo el trámite judicial y menos aún la instancia del debate oral. Como ha señalado el hasta hace poco titular de la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad, Jorge Auat, “la resistencia que hubo que vencer era propia de un poder que no admite tan fácilmente que se juzgue a integrantes del mismo poder”.

Los casos de los jueces mendocinos, sin embargo, no fueron los únicos ni los primeros. En distintos juicios llevados adelante en varias provincias se demostró cómo operaba el Estado criminal en su conjunto, organizando un “círculo de impunidad” en torno a las prácticas represivas ilegales. Además de la vista gorda ante los hábeas corpus y ante los sumarios policiales iniciados por denuncias de víctimas y familiares, ante las denuncias por torturas y otros delitos realizados en persona ante los jueces, estos visitaban en ocasiones los mismos centros de concentración y tortura.

De acuerdo a un relevamiento de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH), a mediados de 2019 eran 48 los ex jueces, fiscales y funcionarios judiciales investigados por delitos de lesa humanidad, en tanto otros once habían estado imputados hasta su fallecimiento. Más del 50% de ese universo eran jueces o juezas; el 20% eran secretarios; el 19%, fiscales y el 8%, defensores oficiales. Sólo trece obtuvieron sentencia: once condenados y dos absueltos.

 

 

 

 

Entre los casos más antiguos y conocidos está el del ex juez Víctor Brusa, de Santa Fe, condenado en 2009 como autor del delito de apremios ilegales en varios casos. Brusa era auxiliar principal de una secretaría adscripta a un juzgado federal y tramitaba las causas por infracción a la ley 20.840. Con esta responsabilidad visitaba los centros clandestinos de detención, arrancaba declaraciones y presionaba a las víctimas con volver a llamar al grupo de torturadores.

Desde la presentación del informe de la PCCH se produjeron varias novedades. Una es la condena a 15 años de prisión para el ex juez salteño Ricardo Lona por su actuación en el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone. Otras surgen de la Cámara de Casación. La semana pasada los jueces Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci –designados con favores durante la presidencia cambiemita– denegaron al Ministerio Público Fiscal y a la Comisión Provincial por la Memoria que preside Adolfo Pérez Esquivel el acceso a la Corte Suprema de Justicia para revisar la anulación del procesamiento del fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, cuyo caso ya tramitaba en debate oral. Ante los supremos, la querella y la fiscalía habían presentado sus quejas. El juez Alejandro Slokar las consideró pertinentes y votó en disidencia.

 

 

 

 

Fernández Garello era oficial de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires a mediados de la década del ‘80 y está acusado por participar de la privación ilegal de la libertad y tormentos de militantes comunistas. El caso está en el juzgado de Alicia Vence, quien no estaría dispuesta a resolver hasta que la Corte Suprema se pronuncie sobre la situación de uno de los servidores –vigentes– de la burocracia judicial.

 

 

 

 

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