El juez juzgado

El entramado político de la dictadura y las condenas a funcionarios judiciales en Neuquén

Por Diego Kenis
Festejo tras una sentencia con más de 40 años de demora. Foto: Cecilia Maltti, Río Negro.

 

El Tribunal Oral Federal de Neuquén condenó el martes a once años de prisión de cumplimiento efectivo al ex juez Pedro Laurentino Duarte y al ex fiscal Víctor Ortiz, por diversos grados de participación en delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura en la jurisdicción.

Aunque recién tras la feria judicial se conocerán los fundamentos en que se basó, el fallo fue considerado satisfactorio por su parte dispositiva y el adverso contexto nacional en que se produjo. La investigación y condena sobre encumbrados civiles, que no avanza siquiera en instrucción en otros puntos del país, marcó un hito de la sede neuquina. Justamente, en el primer juicio allí sin Noemí Labrune, histórica referente local de la lucha por los derechos humanos. Labrune, que falleció en septiembre de 2023, había participado de una audiencia anticipada que el tribunal celebró un trimestre antes.

El fallo incluyó la comunicación de lo dispuesto a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) y la justicia previsional, ya que la fiscalía había solicitado que se retiraran a los ahora condenados las jubilaciones de privilegio que perciben desde hace décadas. Además de los delitos por los que fueron hallados culpables, tanto Duarte como Ortiz gozan todavía de un régimen jubilatorio especial al que accedieron pese a los pocos años en sus cargos. Así se los posibilitó la ley 22.940, que la dictadura promulgó el 6 de octubre de 1983. Faltaban 24 días para las elecciones, y de ese modo pretendió blindar el futuro de los magistrados que había designado.

Durante el juicio que acaba de concluir, la acusación del Ministerio Público Fiscal encabezada por el fiscal general Miguel Palazzani había pedido penas de 25 años de prisión y que se señalice el Juzgado Federal 1 de Neuquén, que Duarte encabezó, como sitio de memoria.

 

 

Juez y parte

En los años del terrorismo de Estado, Neuquén vivió una singularidad distintiva: durante gran parte del ejercicio de su rol, el juez Duarte conservó el rango militar de mayor. Le había sido conferido a comienzos de la década, durante su paso como auditor del Comando de Brigada VI de Montaña, centro del accionar represivo clandestino en la zona. Cuando asumió como magistrado pidió el retiro y no la baja. Son dos categorías muy distintas, porque con la primera se conserva vínculo formal y se permanece a órdenes. Naturalmente, Duarte lo sabía.

Como reseñó El Cohete cuando comenzó el juicio, recién en septiembre de 1982 el juez solicitó la baja del Ejército. Lo hizo obligado por las circunstancias: con la dictadura en retirada y los comicios en el horizonte, su pertenencia castrense era incompatible con las funciones de un magistrado con competencia electoral. Aun así, recalcó su “vínculo espiritual” con la institución a la que, desde su juzgado, debería haber investigado.

 

 

Tanto Duarte como el ex fiscal Ortiz fueron condenados en carácter de autores del delito de omisión de la promoción de persecuciones penales ante denuncias por lo ocurrido y, en el caso del entonces juez, también de prevaricato. Es decir, haber tomado decisiones arbitrarias a sabiendas de su injusticia. Además, el tribunal los halló partícipes secundarios de privaciones ilegales de la libertad de ocho y siete víctimas, respectivamente.

Entre los hechos que Duarte y Ortiz no investigaron se encuentran los secuestros de Raúl Metz y Graciela Romero, que estaba embarazada. La pareja fue trasladada luego al centro clandestino de detención La Escuelita, de Bahía Blanca, donde nació su hijo. No volvió a saberse de ninguno de los tres. Las Abuelas de Plaza de Mayo aún buscan a la criatura, próxima ahora a cumplir 48 años.

 

Pedro Laurentino Duarte, con y sin galones.

 

 

Tablero y enroques

Duarte accedió al cargo de juez federal cuando la dictadura cesanteó a Carlos Arias, que una semana antes del golpe de Estado había recibido un mensaje claro: un atentado con explosivos en su casa, el día de su cumpleaños.

La llegada del auditor del Comando de Brigada VI de Montaña al principal cargo judicial federal con asiento en Neuquén no fue un caso aislado. La unidad militar volcó todas sus fichas a los casilleros de poder de la jurisdicción. De ese modo,

  • su segundo comandante, Eduardo Contreras Santillán, se convirtió en gobernador;
  • el jefe de Operaciones, Carlos Castellanos, ofició como su ministro de Gobierno;
  • el de Logística, Raúl Pastor, fue designado intendente de la capital provincial;
  • el de Inteligencia, Osvaldo Laurella Crippa, quedó a cargo de la policía neuquina; y
  • el médico Hilarión de la Pas Sosa, con actuación en un CCD local, fue subsecretario provincial de Salud.

El reparto del tablero no se quedaba sólo en el andamiaje formal. El mayor Luis Farías Barrera, jefe de Personal, tuvo a su cargo el principal CCD neuquino.

 

 

Bolsa de empleo

No obstante, el militar más conocido de la unidad fue su comandante primero. El general Horacio Tomás Liendo escaló hasta los principales planos del gobierno dictatorial: fue ministro de Trabajo y del Interior, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, e incluso ejerció como Presidente de la Nación durante tres semanas de 1981, en el interregno entre Roberto Viola y Leopoldo Galtieri.

El libro Crímenes de la dictadura en Neuquén y Río Negro recuerda que el propio Liendo se encargó de citar a la prensa local en la mañana del 24 de marzo de 1976 para comunicar el derrocamiento del gobierno constitucional y anunciar que quedaba instaurada la censura previa.

Como ministro de Trabajo, Liendo fue el rostro de la persecución contra uno de los sectores más afectados por las políticas económicas y represivas del régimen: el de trabajadores y trabajadoras. En el primer bimestre de la dictadura, el Ministerio a su cargo intervino las principales organizaciones gremiales, representantes de alrededor de la mitad de la clase obrera formal. Era el correlato lógico de la “miseria planificada” que Rodolfo Walsh denunciaría en su Carta Abierta de marzo de 1977, cuando ya se había “elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar”.

 

Jura de Liendo como ministro de Videla. Foto: CeDinCI.

 

Algunos de los descendientes del ministro, incluyendo a homónimos, tuvieron intervención en los siguientes ciclos de endeudamiento y ajuste:

  • Horacio Liendo hijo fue director del Banco Central en 1991, año del debut de la convertibilidad, y luego se desempeñó como secretario de Coordinación del Ministerio de Economía hasta 1996;
  • Horacio Liendo nieto secundó al actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, durante su presidencia del Banco Central en el gobierno de Mauricio Macri; y
  • Otra de las nietas del ex ministro de Trabajo, Inés Liendo, fue designada el 27 de marzo pasado interventora del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena que el actual gobierno se propuso cerrar.

El martes 17, cuando el tribunal neuquino pronunció su veredicto contra Duarte y Ortiz, el general Liendo hubiera cumplido 100 años. Murió en agosto de 2007 y el diario La Nación, donde supo publicar notas de opinión, lo despidió recordando su “destacada actuación durante el último gobierno de facto”.

 

Trabajo a reglamento

Al dirigirse al tribunal que los condenó, el ex juez Duarte y el ex fiscal Ortiz buscaron escudarse en el desconocimiento de lo que ocurría mientras cumplían sus funciones. La excusa tropieza con las denuncias y presentaciones de hábeas corpus que, llegadas a sus despachos, tenían por invariable destino la negativa o un trámite formal a desgano.

Como auditor del Ejército hasta el momento de su designación como juez federal, Duarte no podía ignorar el andamiaje de reglamentaciones que sustentaron la operatoria represiva. Uno de esos instrumentos era el Reglamento de Operaciones Sicológicas vigente en el Ejército desde 1968.

De carácter reservado y diagramado para acciones sobre la población del propio país, el Reglamento preveía mecanismos específicos de propaganda y obtención de información, incluyendo el método de la “violencia mental” que sería “impulsado, acompañado y secundado por esfuerzos físicos o materiales de la misma tendencia”. Una definición, apenas velada, de la tortura.

El mismo texto tipificaba con claridad las responsabilidades de cada sector y rol del Ejército. Entre ellas, las del auditor.

 

 

Es ostensible que Duarte cumplió bien con sus tareas, porque sus camaradas de uniforme lo premiaron con la toga de juez federal y una millonaria jubilación vitalicia.

 

 

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