El juez de la Gestapo
Luis Armella, investigado por su rol en la persecución del macrismo a un gremialista
El único juez federal del sudeste del Gran Buenos Aires deberá ser investigado por su rol en la persecución contra Juan Pablo Pata Medina, luego de que el Tribunal Oral Federal 2 de La Plata anulara esta semana la causa por la que se apresó al gremialista. La novedad es consecuencia de lo que se conoció como la Gestapo antisindical y la Mesa Judicial de la gestión Cambiemos.
En los albores del macrismo, el juez Luis Armella había acusado al ex secretario general de la Unión Obrera de la Construcción Argentina (UOCRA) de La Plata por asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión. Este martes, desde el TOF-2 platense, el juez Alejandro Esmoris sobreseyó a Medina y pidió al Consejo de la Magistratura que investigue la actuación de su par con asiento en Quilmes.
Conocido el sobreseimiento, el primero en criticarlo fue un ladero de María Eugenia Vidal: el presidente el bloque de diputados de Juntos, Cristian Ritondo.
Voy a pedirle juicio político al juez que anuló el caso por extorsión del Pata Medina, un sindicalista mafioso que tuvo de rehén a la ciudad de La Plata y ahora goza del beneficio de estar cuidado por este gobierno. pic.twitter.com/4y59vfayf6
— Cristian Ritondo (@cristianritondo) October 4, 2022
El ex ministro de Seguridad bonaerense confunde (no por ignorancia) a “este gobierno” con el juez de un tribunal. Esmoris, entre otras críticas, había cargado con el repudio de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) por haber beneficiado con el “2x1” a un par de represores en 2017. Suena apresurado tildarlo de pro obrero o kirchnerista.
Esmoris, que también sobreseyó a otras nueve personas (Cristián Isidoro Jesús Medina, David Emiliano García, Juan Horacio Homs, Liliana Beatriz Frontán, María Fabiola García, Lara Micaela Muñoz, Pablo Nicolás Neves, Marianela Lujan Pagnoni y Rubén Darío Roldán), hizo lugar a la nulidad solicitada por los abogados Alejandro Roberto Montone y Juan Ángel Di Nardo luego de que la operación macrista quedara expuesta por la filmación de la reunión en el Banco Provincia entre funcionarios del gobierno de Vidal, agentes de Inteligencia y empresarios convocados a impulsar causas contra el gremialista.
En palabras del Tribunal: “Las circunstancias objetivas resultan ilustrativas de cómo se ha lesionado la separación de poderes. Su ausencia en el ejercicio de la magistratura en el caso concreto, implica un vicio esencial que impone la declaración de la nulidad reclamada”.
El historial de Armella
Luis Armella fue prohijado por la procuradora María del Carmen Falbo. En 2004, cuando era fiscal, contrarió la investigación del fiscal general Luis María Chichizola en el distante Departamento Judicial de San Martín, donde se había detenido por estafa, administración fraudulenta, asociación ilícita y negociaciones incompatibles con la función pública a Jesús Cariglino, intendente de Malvinas Argentinas.
Hacia 2005, en Berazategui, ayudó a que el intendente Juan José Mussi piloteara la denuncia de su ex presidente del Concejo Deliberante por la que debió abrirse la mega causa 256.522 contra el jefe comunal, que obligó a declarar a todos sus ediles sobre la presunción de que hubiese cobrado exacciones ilegales para permitir la instalación de barrios privados. En su ciudad viven Falbo y Armella.
Ascendido a juez federal, recibió de la Corte Suprema el encargo de llevar la causa por la contaminación del Riachuelo, hasta que en 2012 Horacio Verbitsky reveló que favorecía la contratación de empresas integradas por sus familiares.
Al año siguiente quedó bajo sospecha de privación ilegal de la libertad y prevaricato en la instrucción de una causa de 2008, cuando una banda de policías secuestró al empresario Leonardo Bergara, por inculpar a otros efectivos a los que apresó para desviar la investigación. El incipiente juicio político en su contra fue demorado por sus compañeros del pejotismo. En 2013, Mussi encabezó la lista de legisladores bonaerenses por la Tercera Sección electoral, la más poderosa de la provincia.
Hacia 2015, con la llegada del Cambio, los partidarios de Vidal pudieron haber apurado el trámite de eyección, que se logró demorar desde varios frentes: el senador Ángel Rozas (UCR), el Consejo de la Magistratura y su Comisión de Disciplina y Acusación, presidida por Adriana Donato.
Desde 2016, Armella también cambió: allanó las municipalidades de sus ex aliados en Quilmes, Varela y Berazategui, distrito donde descubrió que el agua fue contaminada y por lo que esta semana se conoció que su intendente irá a juicio.
Así llegó a 2017, cuando los abanderados del Cambio apelaron a los mismos métodos para convencer a los reclutas de siempre.
“Plan de criminalización”
El martes último, el Tribunal integrado por Esmoris enumeró “actos del magistrado instructor que afectaron la garantía de juez imparcial”, además del “indudable y evidente interés que tenían los representantes de estamentos políticos y de la actividad relativa a la construcción centralizada en La Plata en el armado de causas judiciales en las que Medina resultare legitimado pasivo”.
Al respecto, El Cohete ya había consignado que un ex ministro bonaerense sostuvo que decidieron ir contra el Pata desde el verano de 2017, cuando el gobierno quiso reactivar el servicio eléctrico ferroviario entre las capitales federal y provincial mientras el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, profería tener conflictos sindicales.
Aunque los conflictos con el gremio de la construcción pueden venir de mucho antes si se tiene en cuenta que el Grupo Macri se erigió sobre una empresa constructora, en cualquier caso, hacia mayo de aquel año estaba orquestándose el plan por el que se mantenían reuniones en la Casa Rosada con Gustavo Arribas, el jefe de Inteligencia.
La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) produjo seis informes, hallados en la causa de espionaje de Lomas de Zamora, que corresponden a los días 9, 10, 12 y 18 de mayo de 2017, y que siguieron en junio y septiembre.
En el fallo de esta semana, el Tribunal señala que “en el plan de criminalización orquestado contra el nombrado se encontró comprometido desde sus albores el juez Armella, pues el 22 de mayo de 2017, en forma previa a la recepción de la denuncia anónima que dio origen a esta encuesta, mantuvo contacto con el funcionario del servicio de inteligencia, De Stéfano”, es decir el director de Asuntos Jurídicos de la AFI, Sebastián El Enano De Stéfano.
El 15 de junio, reunidos en el Banco Provincia, hablaron de una Gestapo antisindical sin saber que eran filmados. Allí acordaron enviar al Ministerio de Trabajo escritos en los que denunciaran al gremio de albañiles.
Al respecto, el Tribunal acaba de fallar que el actuar del juez “no estuvo regido por la indiferencia que debe gobernar las decisiones jurisdiccionales, en el sentido de que estuvo determinado o, al menos, influenciado, por los intereses asumidos por ciertos funcionarios en aquella reunión celebrada el 15 de junio de 2017 en la sede capitalina del Banco de la Provincia”.
El 31 de junio entró un anónimo al 0800 de Justicia de La Plata. Un mes más tarde, Armella recibió en su juzgado otro anónimo con el que abrió una causa, en este caso sobre la relación del Pata con Abril Catering S.A., la patente de una camioneta Hilux y dos viejos CUITs con direcciones de la jurisdicción del juez. El anónimo fue confeccionado por la AFI, según afirmó Mariano Cúneo Libarona, abogado de Abril Catering, con detalles de los que El Cohete dio cuenta en enero.
En efecto, el fallo de esta semana detalla “los contactos que esas personas mantuvieron con el juez instructor y con el secretario que intervino (…) No quedan dudas de que tal garantía se vio afectada en el trámite inicial de este legajo, habida cuenta que el juez que participó en su instrucción se mostró interesado en el proceso”.
Aquel 31 de julio de 2017, con nueve minutos de diferencia, al edificio de la AFI entraron el ministro de Trabajo de la Nación Jorge Triaca, su par Marcelo Villegas y el también bonaerense subsecretario de Justicia, según consta en el libro de ingresos de la AFI escrito a mano.
La gobernadora Vidal llegó a la Casa Rosada el jueves 24 de agosto, dos minutos antes que Villegas, quien iba a ver a Mauricio Macri para una reunión de más de tres horas. Así consta en el libro de ingresos, donde quedó registrado que Vidal y su ministro salieron a la misma hora.
Para ese mes, Medina ya sabía que les estaban “armando causas” porque se lo había avisado Marcelo Balcedo, dueño del diario Hoy de La Plata y parte de la CGT Regional.
En un acto, la esposa del Pata, Fabiola García, se encontró con Eduardo Duhalde. “Me citó en la Fundación. Llamó a Armella adelante mío. Le dijo que llamaba por un amigo”. Según su relato, Armella le preguntó por “cuál de todas las causas” estaba preocupado.
Tiempo después, la mujer recibió una llamada de Duhalde: “Agarrá los nenes y andate”. Nadie dijo que haya sido Armella quien le pasó el dato al ex gobernador (también pudo haber sido la Policía): lo comprobable es que ella se quedó y fue detenida.
Inteligencia
Armella recibió cinco comunicaciones de Stéfano, tres de ellas durante la investigación sobre Medina: 17 y 18 de agosto y 26 de diciembre de 2017. Cada aparición, prohibida por ley, coincidió con momentos en los que se producía o debía producirse un paso clave en la causa.
En la reunión del BaPro se había hablado de un conflicto con la UOCRA en YPF de Ensenada. Villegas dijo que no quería llevar la denuncia a un Juzgado Federal de La Plata. Se ve que Ernesto Kreplak, el único magistrado del fuero allí, nombrado bajo el mandato de CFK, tenía una independencia menos maleable que la de su par quilmeño.
Aunque en Quilmes la fiscal Silvia Cavallo rechazó la competencia porque se trataba de hechos y domicilios platenses, el 19 de agosto Armella se declaró competente.
El 24 de ese mes, al requerir medidas de prueba, el juez le abrió el juego a Villegas al pedirle a su Ministerio que “si se registraban en dicha repartición antecedentes, actuaciones o denuncias respecto de Medina y Fabiola García, remita esa información”. Villegas agendó su visita al Juzgado de Quilmes. El juez lo recibió cinco veces, que además fueron las únicas visitas del ministro a un juzgado en sus cuatro años de gestión.
Seis días después de recibir las “cartas”, Armella citó a los empresarios quejosos. Ese 31 de agosto, De Stéfano se comunicó con su secretario privado a las 11:04 desde la antena de Quilmes Oeste 2, a un kilómetro del juzgado.
Armella detuvo a Medina el 26 de septiembre. El 13 de octubre lo procesó por asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión. El 18 estuvo con Villegas, según la agenda del ministro (las fechas constan en la libreta del secretario privado Darío Nieto, publicadas por El Cohete). Su requerimiento de hablar con el Presidente Macri fue transmitido por un llamado de Villegas. El juez tendrá oportunidad de contar a qué se debía el súbito interés cuando sea citado por el Consejo de la Magistratura, si es que tal cosa ocurre.
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