El inversor no avisa, el Estado no mira

 

Las últimas facturaciones del impuesto inmobiliario a las propiedades rurales de Máxima Zorreguieta corroboran que en la provincia de Rio Negro existen mecanismos institucionales favorables para los capitales trasnacionales que pujan por la apropiación y el control real del territorio.

El Estado de Río Negro factura a la reina de los Países Bajos 3.054 pesos anuales (unos 82 dólares) por el impuesto inmobiliario de tres campos ubicados junto al río Pichileufú, a 30 kilómetros del aeropuerto internacional de Bariloche, según la liquidación oficial de la Agencia de Recaudación Tributaria (ART) corroborada para este informe al 31 de enero. Así, no sólo no declara ni paga por las mejoras realizadas en sus campos de casi 3.000 hectáreas ricas en agua dulce y pasturas naturales, sino que lo que tributa está notoriamente subvaluado respecto a los valores del suelo que maneja el mercado inmobiliario en la región.

Zorreguieta, quien debió resignar su nacionalidad argentina de origen como exigencia para su incorporación a la corona real de Holanda, es titular de tres fracciones con acceso directo a 3.600 metros de costa del Pichileufú. ART le facturó para todo este año 3.054 pesos por las 2.951 hectáreas que no tienen declaradas hasta enero absolutamente nada como mejora, en cuyo casillero Catastro de la provincia consignó cero (0).

 

 

Una fracción revela con mayor claridad el carácter especulador y evasor de la compra: el campo de 363 hectáreas, regado por la costa del río que nace en el cerro Carreras, que contiene la hostería VIP “Estancia Pilpilcurá” y otras construcciones, tiene una factura librada por 408 pesos anuales, equivalentes a unos 11 dólares según las oscilaciones del cambio. El valor fiscal del suelo del predio está fijado por Catastro en 276.257 pesos; es decir, en ese lugar de la provincia, el suelo cuesta unos 20 dólares la hectárea.

Cuenca del Pichileufú

El río Pichileufú es uno de los cinco que nacen en el cerro Carreras, dentro de un campo que desde el año pasado es propiedad de capitales qataríes. Desciende hacia el norte, corre unos 150 kilómetros y desemboca en el río Limay. En su curso enriquece tierras fértiles de estepa y otorga valor al mercado del suelo que, con su biodiversidad, se integró de manera forzosa a las reglas del juego neoliberal instaurado en los '90.

La ubicación en la estepa puede ser engañosa, ya que no es la tradicional de alta montaña andina. Sin embargo esos campos están a minutos de vuelo desde Bariloche y del country Cumelén, donde suele alojarse cuando visita Villa La Angostura, sur de Neuquén.

Hasta ahora Máxima no es una latifundista tradicional. Su inserción es la típica del modelo que acapara espacios ricos en biodiversidad como inversión especulativa, prebendaria de los beneficios estatales y de consumo suntuario para la alta burguesía y/o sus aspirantes, entre quienes se encuentran el Presidente Macri y su familia.

Cuando se convirtió en reina consorte en 2013 ya era propietaria de las tres fracciones en Río Negro, por lo que seguramente son parte de su patrimonio personal. De todos modos, la dirección oficial que consta en Catastro de la provincia es la de la Casa Real holandesa, un plus inesperado en la administración pública ya que en general los extranjeros buscan (y pagan) domicilios locales.

Valor y precio

Las valuaciones estatales de la tierra privada en manos de grandes capitales no están discutidas públicamente hasta ahora, como tantos resortes del estado que profundizan la desigualdad y favorecen el despojo. Las tres fracciones en manos de la reina desde 2009 también muestran ese abismo entre el valor fiscal y el valor real de mercado:

• El campo de 1045 hectáreas está valuado en $794.000, no registra ninguna mejora;
• El campo de 363 hectáreas está valuado en $276.000, no registra ninguna mejora; y,
• El campo de 1543 hectáreas está valuado en $900.000 y tampoco registra ninguna mejora.

Por los tres paga unos 82 dólares al año en concepto de impuesto inmobiliario.

“La Reina Máxima respeta todas las leyes impositivas de la República Argentina. Dicha información ha sido confirmada por las autoridades”, aseguró el servicio de información del gobierno holandés vía Twitter el miércoles pasado. La omisión en la declaración jurada ante el Catastro público en Río Negro necesariamente deriva en la evasión impositiva correspondiente a esas mejoras. Esa omisión es un hecho concreto y documentado de gran valor simbólico y político sobre el comportamiento de algunos capitales en nuestro país, independientemente de si constituye o no un delito.

 

Los valores estatales de la tierra rural y de las mejoras, el mecanismo de omisión de la declaración de las mejoras introducidas por los propietarios y las tasas del impuesto inmobiliario vigentes, entramados, configuran un auténtico paraíso fiscal para Zorreguieta y otros capitales especulativos. Esta trama es una variante de transferencia de recursos públicos rionegrinos al capital concentrado, vía el subregistro y la evasión.

Pacto de reciprocidad: el inversor no avisa, el estado no mira.

(Javier Grosso realizó el análisis de imágenes y las cartografías para este informe)

 

 

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