El Inflador

 

Este mes concluirá la primera revisión del Fondo Monetario Internacional, sobre los datos de la economía hasta marzo. En el Senado circuló un informe del centro de estudios de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires, según el cual en el primer trimestre del año se han sobrecumplido las metas pactadas con el FMI, en cuanto a déficit fiscal, emisión monetaria y reservas internacionales. Desde el gobierno responden que en ese lapso el gasto público creció 12,5%, que eso no es un ajuste. Pero unos y otros saben que en el segundo trimestre empezó otra historia.

A lo mismo aludieron el viernes en Ushuaia el ministro de Hábitat Jorge Ferraresi y el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, en presencia del Presidente Alberto Fernández. Allí entregaron viviendas y créditos. Si esto es un ajuste, queremos más, dijeron. Alberto se adelantó así a la presentación de Cristina al recibir el doctorado honoris causa en la Universidad Nacional del Chaco Austral, una de las creadas durante su presidencia. Como para escenificar la distancia, cuando ella fue a Resistencia, él eligio Ushuaia: 3.876 kilómetros, de punta a punta del territorio continental.

Una ruidosa claque evitera acompañó a Fernández, pero Ferraresi consignó que el resto había aplaudido más al intendente camporista Walter Vuoto y pidió una recepción más calurosa al Presidente. Alberto aludió a las “voces que intentan sembrar el desánimo”, instó a mirar el futuro sin permitir que “nadie nos desuna” e imaginar cómo seguirá creciendo la economía si Gustavo sigue siendo gobernador y Walter sigue siendo intendente. No hizo falta que mentara la propuesta de su propia reelección.

Cristina, en cambio, fue recibida por una entusiasta multitud de más de diez mil personas, ante quienes refutó la idea de una pelea o una disputa de poder. Explicó que su intención, como parte de un proyecto colectivo, es debatir acerca de la política económica, para devolverles la esperanza y los anhelos a quienes en 2019 votaron al Frente de Todos y ahora no llegan a fin de mes. “Mi amargura es que no le estamos haciendo honor a tanto amor y confianza que depositaron en nosotros”, cerró, en la frase más dura de su clase magistral, que duró más de dos horas. El más serio observador de centro-derecha, Rosendo Fraga, escribió que el discurso de Cristina "concentró la atención nacional, el de Alberto Fernández pasó casi desapercibido".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nada personal

No es cierto, como afirmó La Nación, que una misión del Fondo tenga previsto llegar al país la semana próxima, mientras el Presidente Alberto Fernández realice su visita programada a España y Alemania y, si la agenda de Emmanuel Macron lo admite, también a Francia, en busca de oxígeno político y posibilidades de inversiones. Por mutuo acuerdo, no incluye el desplazamiento de los funcionarios del organismo hasta Buenos Aires. El trabajo se inició durante los encuentros de primavera del FMI en Washington y continúa en forma virtual.

Lo que sí sucederá en ausencia del Presidente será

• el comienzo de las audiencias públicas en las que el gobierno defenderá un aumento de tarifas de energía, y
• el anuncio de los datos de inflación de abril.

Lo único que el gobierno puede asegurar es que los precios al consumidor de abril aumentarán menos que  el 6,7% de marzo. Pero no sabe (o se rehusa a divulgar) cuántas décimas menos. El Banco Central estima que no pasarán del 5,3%, pero algunas consultoras y centros de estudios creen que llegará al 5,7% o el 5,9%. Que sea inferior a 6% sería un motivo de alivio, prueba adicional de lo complejo de la situación.

El Ministro de Economía Martín Guzmán postula

• suprimir todo subsidio al consumo energético para el 10% de los usuarios con mayor poder adquisitivo. Son un 10% del total, poco más de 1.600.000 personas con un ingreso mensual por encima de 315.000 pesos;
• aumentar hasta el 80% del Coeficiente de Variación Salarial del año anterior para quienes estén por debajo de aquel escalón; y
• el 40% de ese coeficiente a quienes sean beneficiarios de la tarifa social.

Antes de la disparada de precios de gas y petróleo por la guerra entre Rusia y Ucrania, esto implicaba aumentos del 22,5% para el segmento inferior, del 45% para el intermedio y por encima del 200% para el segmento superior, calculados sobre el 50,9% de inflación de 2021. Pero ahora, sin incumplir el compromiso de que los aumentos de los segmentos medio y bajo sean inferiores a la inflación, que este año excederían del 60%, los incrementos estarían muy por encima de aquellos porcentajes.

En Ushuaia, Alberto dijo que era consciente del problema de la inflación, que lima los salarios, y reiteró su compromiso de combatirla, pero no entró en detalles respecto de cómo lo haría. En Resistencia, Cristina sostuvo que su origen no es la emisión monetaria, como afirman quienes se oponen a cualquier aumento de salarios, sino la escasez de dólares, y apuntó que las exportaciones crecieron en cantidades y en precio y sin embargo no se incrementaron las reservas. También contó una infidencia. Dijo que cuando Alberto designó a Matías Kulfas, ella le sugirió que escuchara a un joven economista muy estudioso de los movimientos de precios. El ministro lo recibió y después de escucharlo le dijo que no pensaba aplicar la misma política de intervención con la que Augusto Costa consiguió bajar la inflación en el último año del gobierno de Cristina. “Nosotros vamos a ir por el lado del diálogo y el consenso”, anunció el otro MK. Cristina deduce que “pensaron hacer lo contrario que nosotros, porque creyeron que los ataques que recibíamos eran por una cuestión de modales”. Fue una de las muchas veces en que habló de intereses.

 

 

 

¿Devaluación sí o no?

Una complicación adicional se produciría el mes próximo, con la segunda revisión trimestral del FMI, porque la meta de reducción del déficit fiscal sería inalcanzable. Cristina dijo que la deuda con el Fondo Monetario condiciona a la Argentina, porque el auditor internacional reclama que tanto la devaluación del peso como las tasas de interés superen al IPC, lo cual recicla la inflación. Martín Pérez Redrado afirma que no se están cumpliendo las metas monetarias ni fiscales, calcula que la inflación llegará al 70% y que el crecimiento del año no pasará del 2%, lo cual implica que caerá en el segundo semestre. Peor aún, Domingo Cavallo vaticina no menos del 80% de inflación.

En el gobierno niegan que haya una presión devaluatoria del FMI. También creen que, si la meta fiscal no quedara demasiado lejos de lo firmado, sería manejable por el staff técnico, sin necesidad de dar vista al directorio. El razonamiento es que la línea que encabeza Kristalina Georgieva está tan interesada como el gobierno en la aprobación de las cuentas, porque de no producirse los desembolsos, la Argentina no podría pagarle al organismo. Esto evoca un viejísimo axioma: quien le debe un millón al banco está en problemas, pero si la deuda es de cien millones, el problema lo tiene el banco.

El equipo económico sostiene que lo único que el Fondo reclama es que no se repita el atraso cambiario del año pasado, cuando el peso apenas se devaluó el 21% pero la inflación trepó al 50,9%. Es decir que no sirvió para contener la inflación y que por el contrario alimentó expectativas de una devaluación más fuerte e incontrolada. El aumento de la tasa de interés, que también forma parte de lo convenido con el FMI, se fundamenta en la necesidad de que haya interesados en prestarle al Estado.

Los críticos kirchneristas anticipan que esto hará mermar el crecimiento, en el caso optimista en que directamente no induzca una recesión. Pero desde el gobierno replican que el incremento de la tasa de referencia del Banco Central no se refleja en la que los bancos cobran por el crédito, porque sobran pesos y no tienen a quien prestárselos. Si la tasa es más baja, el riesgo es que esos pesos presionen sobre la cotización del dólar.

Pero nadie puede negar que las minidevaluaciones, sumadas al incremento de tarifas y a una tasa de interés acrecida, no son instrumentos recomendados para disminuir el ritmo de crecimiento de los precios. Las opiniones de Cristina resuenan en mejor sintonía con lo que ocurre en otros lugares del mundo, donde lejos de propiciarse la devaluación de las monedas comienza a librarse lo que el Financial Times llama "una guerra de divisas inversa".

 

 

 

La semana pasada el dólar se fortaleció más que en los últimos 20 años frente a una canasta de monedas rivales que, a diferencia de lo habitual, parecen dispuestas a seguir el mismo curso: revaluación y no devaluación. Hasta el Banco Central suizo.

El Fondo Monetario está alertando que el riesgo de estanflación crece en todo el mundo. Guzmán les explicó a los grandes patrones nucleados en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICYP), que lo escucharon mientras daban cuenta de un lomo servido en el hotel de cinco estrellas Palace Alvear: “La agenda del mundo cambió, y en las reuniones del G20 no se habla de la deuda sino de energía y alimentos”. Como es usual, no dijo una palabra sobre el precio que dificulta la llegada de esos alimentos a las cocinas argentinas. Hubiera sido de mal gusto ante un anfitrión como Daniel Funes de Rioja, un gerente especializado en descomer trabajadores, que preside el CICYP, la Unión Industrial y la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios.

 

 

 

 

 

¿Qué quiere decir programático en guzmanés?

Para el ministro, la Argentina debe actuar en forma más programática. Traducido al castellano: "Según lo prescripto por el FMI”. Guzmán dijo en una entrevista que el 25 de marzo el Congreso aprobó el programa económico del gobierno. Pero ese día no sesionó el Congreso, sino el directorio del FMI. Y si alguien pudo pensar que Guzmán se equivocó, lo mismo le dijo en forma presencial a un alarmado gobernador: nuestro programa es el acuerdo con el FMI. Y al explicar el factor interno en las causas de la inflación, el jueves insistió en la ausencia de “una construcción colectiva y un compromiso de todos los que gobernamos y de todos los que tenemos influencia en la toma de decisiones a atenerse a un programa económico”. Ante esa audiencia no era necesario que precisara que se trata del programa del FMI. Él cree que así se tranquiliza la economía.

En busca de comprensión para los resultados de su gobierno, Alberto dijo esta semana que lo único que le faltó es una invasión de platos voladores. Tanto el Presidente como su ministro creen que su problema interno son las críticas de Cristina y lo que llaman disputas de poder. Ella tiene otra idea, que expuso en el Chaco con más precisión que nunca.

Guzmán mencionó ante los patrones el control de la inflación y una mejor distribución del ingreso. "Es fundamental que crezca el poder adquisitivo de los salarios, que siga recuperándose a paso firme", dijo. Bellas palabras, que tampoco faltan en las alocuciones presidenciales, pero de discutible anclaje en la realidad del país. La inflación anualizada será congruente con la que hace cuatro décadas condujo a la híper que impidió que Raúl Alfonsín terminara su mandato fundacional de la democracia realmente existente en la Argentina posdictatorial, con la que a veces se come, algunos se curan y no todos se educan.

 

 

 

El salario en baja

Además, el salario real es menor ahora que cuando concluyó el gobierno de Maurizio Macrì. Esta afirmación surge de las proyecciones sobre el poder adquisitivo del salario real en abril de 2022, realizadas por el Centro de Economía Política (CEPA), suponiendo para este mes una inflación del 5,7%. Los directivos de CEPA Hernán Letcher y Julia Strada presentan dos escenarios, que denominan positivo y adverso. En el positivo, los salarios reales de abril habrían caído 3,3% respecto de los de diciembre de 2019, y en el adverso, el 5,3%. En un breve apartado metodológico, explican la diferencia:

En el escenario más optimista se estimó el salario del sector registrado en base a la relación del salario INDEC y el RIPTE en los últimos 12 meses. Para el sector público y el no registrado consideraron de manera proporcional las variaciones de los tres sectores de salarios (privado, publico, no registrado). Para abril, se consideró el salario registrado a la par de la inflación, y el público y no registrado de manera proporcional a las variaciones de los tres sectores de salarios. Contra un valor 100 en diciembre de 2019, el salario real habría sido de 96,7 en abril de este año.

 

 

 

En el escenario adverso, el salario de marzo para el sector registrado se estimó en el mismo nivel que la inflación de ese mes y para el siguiente según la inflación estimada de abril (5,7%), tomando el comportamiento de los salarios de febrero en relación con la inflación, ambos medidos por INDEC. La estimación de marzo y abril para el sector público y no registrado se realizó considerando de manera proporcional las variaciones de los sectores público y no registrado en relación al sector privado.

 

 

Estas son proyecciones sobre datos cuyo número exacto aún no se conoce. Lo que es seguro es que entre diciembre del año '19 y febrero de este año, los salarios reales perdieron un 2,5% adicional. Que el escenario positivo para abril sea una pérdida de 3,3 puntos del salario real mide la gravedad de la situación. El CEPA tiene un monitor de precios, y Letcher es el joven economista que Cristina sugirió y Kulfas rechazó para Comercio Interior.

 

 

 

El atraso

Un enfoque distinto, pero con conclusiones también preocupantes, realiza el Centro de Investigación y Formación de la CTA (CIFRA), en un Informe sobre Situación del Mercado de Trabajo. Según sus autoras, Mariana González y Cecilia Garriga, el nivel salarial de fines de 2021 está 18,1% atrasado respecto del de fines de 2017, el momento previo a la fuerte caída que tuvo lugar al final del gobierno de Macrì. González y Garriga constatan que la pobreza y la indigencia retrocedieron en el cuarto trimestre de 2021, a niveles inferiores a los previos a la pandemia. Entre diciembre de 2019 y de 2021 los salarios registrados aumentaron 3% en términos reales. Pero la nueva aceleración de la inflación, cuya magnitud no fue prevista cuando se definió la pauta salarial inducida por el gobierno, dificultó la recuperación del salario incluso para los trabajadores formales, protegidos por el mecanismo de la negociación paritaria.

González y Garriga señalan que el valor real de políticas de ingresos como el haber jubilatorio mínimo, la Asignación Universal por Hijo y el salario mínimo, vital y móvil, era menor en diciembre de 2021 que en diciembre de 2019, de modo que puede decirse que no fueron utilizadas para empujar una recuperación de los ingresos reales y un descenso mayor de la pobreza.

Si la recuperación económica y del empleo es insuficiente para inducir un aumento en los salarios reales y, por esta vía, mejorar también la situación social, es ostensible que el libre mercado no mejorará estas condiciones y es imprescindible la acción del Estado. Es lo que intentan dos proyectos que ingresaron al Congreso:

• el que presentaron Máximo Kirchner, Sergio Palazzo, Pablo Carro, Carlos Alderete y María Rosa Martínez, entre otros, para que la totalidad del aumento escalonado del salario mínimo vital y móvil previsto para este año comience a pagarse en julio, prevaleciendo sobre la inflación. Esto llevaría el salario mínimo a 47.850 pesos y además redundaría en aumentos del programa Potenciar Trabajo y las becas Progresar. Pero aún así seguiría por debajo de lo que se pagaba en el último mes de la presidencia de Cristina (54.357 pesos constantes de marzo de 2022).

 

 

 

• • el del interbloque de senadores del FdT (Frente Nacional y Popular y Unidad Ciudadana) que sanciona un plan de pagos de deudas previsionales. Esa iniciativa, que El Cohete propugna a través de los artículos del especialista Miguel Fernández Pastor, uno de ellos en la edición de hoy, permitirá que la cantidad de personas que perciben una jubilación no caiga verticalmente a partir de julio, cuando venza la posibilidad de adherir a la ley vigente. Las moratorias dispuestas por los gobiernos de Néstor Kirchner y CFK explican el 65% de las jubilaciones de 2021 y permitieron que al terminar el gobierno de Cristina la cobertura previsional fuera récord mundial y los haberes reales los más altos de América Latina, según registros del Banco Mundial.

 

Además implicó una política de género, ya que el 74% de las prestaciones previsionales obtenidas a través de moratorias corresponde a mujeres y el 77% del total de las mujeres jubiladas, lo pudieron hacer gracias a cancelar períodos por estos planes de regularización.

 

 

La senadora Anabel Fernández Sagasti calculó que sólo implicaría incrementar el gasto en 0,02% del PIB, pero desde Economía dejaron trascender que sería 40 veces más, un 0,8%. Sería útil que lo debatieran frente a frente.

Otro proyecto de Oscar Parrilli y varios senadores kirchneristas modifica cinco artículos de la ley de 2001 que reglamentó la consulta popular instituida por la Constitución que se reformó en 1994. El nuevo artículo 1° destaca que la consulta popular vinculante busca “depositar en el electorado la decisión última sobre la sanción de un proyecto de ley” y en consecuencia suprime la restricción vigente hasta ahora por la cual se excluían aquellos proyectos cuyo procedimiento de sanción sea regulado por la Constitución, “mediante la determinación de la cámara de origen o por la exigencia de una mayoría calificada”. La misma enmienda se propone para el artículo 6° sobre la consulta no vinculante. Ya existía en la Cámara de Diputados un proyecto similar de la Coalición Cívica Libertadora. Pero el de Parrilli, además, modifica la exigencia de una mayoría absoluta de miembros de cada cámara del Congreso para sancionar la ley de convocatoria a la consulta vinculante, que de aprobarse el proyecto pasaría a ser por mayoría de los miembros presentes, y lo mismo para la cámara que convoque a una consulta no vinculante. Por último, permite que la consulta popular se realice el mismo día de otra elección.

Retoma así el anhelo de una democracia participativa que inspiró la reforma del año '94 pero que hasta ahora no tuvo aplicación por los obstáculos que puso la ley reglamentaria. En los fundamentos, Parrilli sostiene que se busca  “ampliar la posibilidad de participación de la ciudadanía en todos los temas inherentes a nuestra República con excepción de los relacionados a las reformas a nuestra Constitución, materia tributaria, presupuestaria o penal”. Como ejemplo, agrega que deben ser sometidos a consulta pública, de modo que las decisiones que afecten su futuro queden en manos de la mayoría, muchos proyectos que “favorecerán a sectores castigados de nuestra sociedad, que ayudarán a transparentar y agilizar la tan castigada Justicia argentina, a evitar la fuga de divisas y la venta de recursos naturales a empresas extranjeras, la solución del problema habitacional de millones de compatriotas”. Será interesante observar cómo reaccionarán los sectores cambiantes que llegaron a la coalición opositora desde el partido de Alfonsín.

 

 

 

Gobernadores e intendentes

Todas las invectivas de la Casa de Gobierno se dirigen al kirchnerismo, pero eso no quiere decir que las relaciones con gobernadores e intendentes sean un jardín de rosas. Más de la mitad de las provincias ya han decidido que no atarán la suerte electoral de sus dirigentes a la de Alberto Fernández. Coqui Capitanich, quien el viernes recibió a la Vicepresidenta en Resistencia, ya anunció su propósito de postularse para 2023 y sin duda habrá otros gobernadores con la misma aspiración.

Cuando era jefe de gabinete de Néstor Kirchner, Alberto presenció el tendido de puentes directos con los intendentes, saltéandose a los respectivos gobernadores. Intentó repetirlo hace unos días en Córdoba, pero sólo reunió a una delegación raquítica, en una provincia donde Juan Schiaretti se siente más próximo a la coalición cambiante que a cualquier sector del oficialismo. Tampoco consiguió consagrar a su alfil Juan Horacio Zabaleta al frente de la Federación de Municipios que, en cambio, prefirió al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. Al acto de asunción asistieron Capitanich, los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; el jefe de gabinete Juan Manzur y los ministros Eduardo de Pedro y Gabriel Katopodis.

 

 

 

Con 1.775.000 habitantes en 323.000 kilómetros cuadrados, es el municipio más poblado del país. El Gran Buenos Aires representa el 60% del PBI industrial argentino y la actividad industrial en La Matanza el 22% del PBI Industrial bonaerense. Por eso es tan relevante una encuesta sobre actividad industrial en el partido, realizada entre un centenar y medio de empresas pequeñas y medianas. El 54% mantiene o redujo el nivel de actividad del primer trimestre de 2019 (que era bajísimo).

 

 

 

El 60% no hizo inversiones, luego del parate de la pandemia, y del 40% que sí las hizo sólo una de cada cuatro se financió con crédito bancario.  El empleo está estancado. En 2021, 18% aumentó su dotación de personal y otro tanto la redujo, mientras el resto permaneció igual. Cuando se preguntó sobre la situación de cada empresa, el 53% dijo que en 2021 había mejorado y el 59% cree que también mejorará este año. Pero cuando la indagación versa sobre la situación económica del país, solo el 33% cree que mejorará. Sus principales preocupaciones son el aumento de precio de los insumos (22%), devaluación (18%) y caída de ventas (13%).

 

 

 

Estos son datos duros, en todo sentido. ¿Se animará alguien a debatir en serio con Cristina, o todo se limitará a los insultos de algún desaforado, el silencio presidencial y el martilleo aburrido del off the record?

 

 

 

 

 

 

 

La música que escuché mientras escribía.

 

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