El infinito daño de pagar cero

 

No podría catalogarse como novedad: el gobierno de Javier Milei no está haciendo nada por corregir la matriz de la industria de los servicios informáticos en el país, al que según sus palabras se propone desarrollar como un polo tecnológico. Lejos de alguna forma imposible de abstención declamada por el mandatario, el Estado interviene en la economía. El dilema, como siempre, es en qué dirección. En este caso, como ya reseñó El Cohete, se verá reforzado un esquema que repite el paradigma agroexportador y se agravarán rasgos evidenciados por el sector informático argentino: extranjerización y primarización.

Un factor de incidencia en ello es el desfinanciamiento practicado sobre la educación superior pública, que forma especialistas en —entre muchas otras— las disciplinas relacionadas y podría contribuir a un proyecto nacional en la materia. De otro modo, la matriz del sector y la formación de sus cuadros quedarían libradas a las imposiciones que un mercado global imprime sobre una economía periférica.

En las últimas horas de mayo, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires debió remitir a la Jefatura de Gabinete de la Presidencia una carta documento en que reclamó pagos atrasados para uno de sus edificios, emplazado en la Ciudad Universitaria. Nacido de un convenio firmado hace más de una década, “Cero+Infinito” recogió hasta diciembre vías de financiamiento específicas, que no se incluyen en el aumento del 270% en gastos de funcionamiento que logró negociar con el gobierno el vicerrector de la UBA y ex diputado radical Emiliano Yacobitti.

Secundado en la gestión universitaria por María Catalina Nosiglia, “la Cati”, hermana del “Coti”, Yacobitti consiguió para la suya lo que el resto de las universidades nacionales reclamaban en bloque. El curso de los meses dirá si el aumento prometido a la UBA se cristaliza en las partidas. Por lo pronto, el frente sindical que agrupa a docentes y no docentes de todo el país anunció un paro de 48 horas para esta semana, porque el Ministerio de Capital Humano no efectivizó una convocatoria ya acordada a discutir paritarias.

Más allá de la promesa de aumento presupuestario a la UBA, la situación de “Cero+Infinito” requiere de una solución específica, que permita continuar en su tarea de formación de 9.000 estudiantes de Ciencias de la Computación y de Datos que acceden a clases y prácticas de avanzada en sus innovadoras instalaciones. Sesenta grupos de investigación trabajan allí diversas temáticas vinculadas, como la muy en boga inteligencia artificial.

 

 

El pagadiós

El reclamo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales surgió del incumplimiento del gobierno de un convenio firmado en octubre de 2012 por la UBA y el entonces Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. En septiembre de 2016 se agregó a ese acuerdo una cláusula por la que el gobierno nacional se comprometió a financiar los servicios de seguridad, videovigilancia, limpieza y mantenimiento del edificio de “Cero+Infinito” por una década contada desde su inauguración, que se concretó en 2021. En otras palabras, el convenio fue avalado por tres gestiones presidenciales de improntas muy diferentes.

Tras el recambio presidencial de diciembre, los pagos a las cuatro empresas que desarrollan esas tareas por tercerización comenzaron a demorarse. Al jueves 6 de junio, el gobierno adeudaba dos meses enteros a dos de las empresas y tres a las restantes, mientras les impedía emitir nuevas facturas por sus servicios de mayo. El último periodo que el Ejecutivo pagó por completo y a todas las firmas fue el de febrero.

Por otra parte, los importes a abonar quedaron congelados a valores de noviembre, antes del gran salto inflacionario disparado por la devaluación que la gestión económica del propio gobierno decidió.

Cuando las empresas advirtieron que obtenían alrededor de 20% menos de lo que demandan los salarios de su personal, anunciaron que restringirían sus servicios. De ese modo, comenzó a reducirse la planta tercerizada de “Cero+Infinito”. La Facultad debió solucionar problemas como la reposición de elementos en los baños y clausurar la puerta principal, por carecer de portero. El mismo día en que inició la restricción del servicio de seguridad, con la reducción de un tercio del personal, fueron robadas dos bicicletas.

Son hechos menores sólo en apariencia, porque en “Cero+Infinito” estudian o trabajan unas 10.000 personas y sus instalaciones alojan artefactos valuados en cientos de miles de dólares. Entre otros, más de 400 equipos de computación, medio centenar de cañones de proyección y tres data center, que resguardan la información institucional.

 

 

Cartas sobre la mesa

Desaparecido el Ministerio con el que había firmado el acuerdo, la Facultad de Ciencias Exactas debió accionar ante la Jefatura de Gabinete que —al menos, en los papeles del decreto 8/2023— asumió sus funciones, bienes y presupuestos.

 

 

Al cierre de esta nota, en el atardecer del viernes 7, la carta documento remitida a Guillermo Francos el penúltimo día de mayo no había sido respondida, pese a que establecía un plazo de 72 horas. Francos imitó así el desaire de su antecesor, Nicolás Posse, a quien la unidad académica solicitó informes antes de que se produjera su eyección del cargo en medio de la constante interna libertaria. Tampoco obtuvo respuesta de Alejandro Cosentino, el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, cuya renuncia de la última semana fue una consecuencia de la salida de Posse.

En medio de ese tembladeral, pudo saberse extraoficialmente que el Gobierno ofrecería a las empresas que prestan servicios en “Cero+Infinito” una renovación transitoria hasta que en el último trimestre del año se concreten nuevas licitaciones. Pero aún no se iniciaron trámites formales y hasta la eventual licitación los valores permanecerían congelados. “Si no hay cambios, sin limpieza, mantenimiento ni seguridad, el Cero+Infinito deberá cerrar”, advirtió el decano de la Facultad, Guillermo Durán.

 

 

La casa del CID

No sólo su equipamiento o lo que allí se estudia convierten al edificio de “Cero+Infinito” en un espacio único dentro y fuera del país. Su diseño fue el último de los que ideó el fallecido arquitecto uruguayo Rafael Viñoly, graduado en la UBA y autor de los planos de obras en Estados Unidos, Japón y Europa.

Los 17.000 metros cuadrados de superficie albergan 34 aulas, dos departamentos docentes, tres institutos de investigación de doble dependencia UBA-CONICET y una veintena de áreas de trabajo. El edificio está coronado por una azotea verde con riego automático y el complejo se climatiza con equipos centralizados conectados a un sistema de pozos geotermales, cuyo calor utilizan. Ambos elementos contribuyen a la eficiencia energética, una temática ignorada por la política de tarifazos que esquilma bolsillos populares en pos del superávit fiscal. El control de la temperatura en aulas y gabinetes se efectúa por un sistema central computarizado único en una sede de educación pública en Sudamérica.

Como parte del acuerdo que el gobierno incumple, la Facultad cedió una porción del inmueble para el funcionamiento del Centro Interinstitucional en Ciencias de Datos. Creado en 2022 en reemplazo del Centro Latinoamericano de Formación Interdisciplinaria, el CID fue proyectado para aportar formación y datos rigurosos para mejorar la eficiencia y toma de decisiones en la gestión estatal, articulando además con el sector privado. Para cuando se produjo el desembarco libertario en la Casa Rosada, el Centro ya había comenzado proyectos conjuntos con organismos provinciales y entidades internacionales.

Tanto el CID como su antecesor fueron creados como organismos dependientes de la UBA y el Ejecutivo nacional, que desde la asunción de Javier Milei se desentendió de su financiamiento y estructura. El Centro padece ahora la misma suerte que el edificio que lo aloja y que el conjunto del Estado, al que pretendió mejorar.

 

 

 

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