El golpe judicial

 

Este es un momento difícil para quienes hemos luchado por la justicia toda la vida (y en mi caso son muchos años), formemos parte o no del llamado “Poder Judicial” en este momento. Por eso somos muchos entre abogados, funcionarios o empleados (sean jueces, fiscales, defensores o empleados que, como todos sabemos, son en realidad quienes –detrás del mostrador– en general hacen las resoluciones) los que estamos pensando en qué nos pasa.

¿Por qué el momento es difícil? Porque la ciudadanía tiene por la Justicia o el “Poder Judicial” la consideración más básica de ser uno de los poderes más deteriorados institucionalmente, al que no tiene acceso, y a pesar de eso es fundamental para la existencia de una democracia, e imprescindible para poder hablar de Estado Democrático de Derecho.

Y de golpe, casi sorpresivamente, nuestra deteriorada Corte Suprema de Justicia decide hace ya algún tiempo ser el verdadero poder, sin registrar a los otros poderes en la división constitucional. Decide que es El Poder –con sólo tres personas–, reemplazando así al de los militares que daban los golpes de Estado en los ‘60 y ‘70 y determinaban lo que podían o no podían hacer los otros poderes. Es decir, reemplazan a militares por jueces que no cumplen su función, como tampoco la cumplían antes los militares. Y entonces la Corte le dice al Poder Ejecutivo qué Tratados puede firmar con otras Naciones independientes o con cuáles no, o bien qué política económica tiene que llevar a cabo o cómo tiene que gobernar. O bien le dice al Poder Legislativo qué leyes puede aprobar o cuáles no, y entonces estamos en manos de la decisión de quienes no rinden cuentas a nadie.

Yo ignoro si todos nos damos cuenta de la gravedad de la situación institucional que esto implica. Lo que veo y me alarma es que nuestro gobierno no reacciona, cuando el cambio de la justicia era uno de los principales temas a modificar. Este cambio condiciona todos los posteriores, si no seguimos igual. Lo primero que tiene que cambiar es la Justicia.

 

 

 

* La autora es profesora consulta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Premio Azucena Villaflor 2021 por su trayectoria profesional en Derechos Humanos.

 

 

 

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