EL GOBIERNO DE LOS JUECES

 

El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes, dice la Constitución Nacional.

Si bien la democracia no se agota ni circunscribe al acto eleccionario (requiere, entre otros modos, de la participación colectiva a través de las organizaciones sociales, culturales, políticas y sindicales en la cosa pública), tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo son elegidos por el pueblo, sus actos están sometidos al principio de razonabilidad y son en su mayoría susceptibles de revisión judicial posterior.

Los mecanismos de control de las democracias del siglo XX se perfeccionaron para los poderes Ejecutivo y Legislativo; no corrió la misma suerte el Poder Judicial.

El Poder Judicial no se plebiscita, en su constitución, funcionamiento ni acción. La reticencia a cualquier modalidad de revisión de sus actos genera inmediata reacción corporativa.

Aunque la reforma constitucional de 1994 (art. 114) introdujo el Consejo de la Magistratura como organismo de selección y remoción de jueces, con el plan sistemático y estructural de injerencia en el Poder Judicial que implementó la Alianza Cambiemos en el período 2015-2019, este fue utilizado como órgano inquisidor, consumando la torquemadización de jueces y juezas que impartían justicia con respeto irrestricto a la ley y no fallaban conforme los intereses de esa alianza gobernante.

Hoy sus exponentes siguen impolutos en funciones trasluciendo un silencio modesto, conducta conocida ante el cambio de vientos políticos.

Lo que se dirime y disputa en la arena política exige de la plataforma democrática la diversidad de opiniones, adhesiones partidarias y puja por distintos modelos de país, pero siempre con el axioma fundamental de la democracia como presupuesto insoslayable. Con el advenimiento de las nuevas derechas cuyos líderes abdican desembozadamente de la voluntad popular, exigen la supresión del Congreso, abrevan en la violencia xenófoba o proclaman la biblia para suprimir al adversario político, este consenso y defensa democrática es imprescindible.

Judicializar la política conlleva el riesgo de la supresión de la voluntad popular por la preeminencia de la judicial.

La función del Poder Judicial es la de administrar justicia con sujeción inclaudicable a la ley a través de una sentencia fundada en la prueba recolectada, lo que torna razonable la decisión.

No hay lugar para animismos medievales o íntimas convicciones, como arguyó el juez Moro para condenar al ex Presidente de Brasil Lula Da Silva.

Tampoco las doctrinas basurales de perimidos camaristas que crean con bonitos pleonasmos formas de trampear la protección legal y el principio de inocencia. Mucho menos el derecho creativo, neologismo usado para la ley antojadiza.

Sin embargo, con la singular hermenéutica de las normas jueces y juezas flexibilizaron —y continúan haciéndolo—, las garantías constitucionales y derechos fundamentales, hasta fulminarlos o vaciarlos de contenido.

El resultado es, ni más ni menos, la imposición de la voluntad judicial por encima de la popular expresada en las leyes, votadas por sus representantes.

Con la concesión de una medida cautelar, ese Poder Judicial impidió la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual permitiendo la sustracción al cumplimiento de sus pautas al Grupo Clarín. Una ley sancionada con un amplio consenso popular, evidenciando la imposición de los dueños de las cosas en el Poder Judicial.

Hace unos días, también por medio de una medida cautelar –otorgada concomitantemente con la declaración de incompetencia—, el juez del concurso de la firma Vicentin pulverizó el Decreto de Necesidad y Urgencia cuyo standard jurídico se equipara a la ley con instancia ulterior de revisión por parte de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo (art 99 inc 3, art 100incs 11 y 12 CN y Ley 26.122).

 

 

El dispositivo de consumación del lawfare

La dictadura militar iniciada en 1976 subvirtió el orden constitucional y utilizó el Estado como instrumento de consumación del terror, persecución y eliminación de lo que postuló como enemigo interno en virtud de la doctrina de la seguridad nacional: el/la subversivo/a.

El fin era implementar un modelo económico rentístico-financiero. Precisaba entonces destrozar los derechos conseguidos al calor del Estado de Bienestar en una sociedad altamente politizada. Thatcher decía que la economía era el medio y el fin las almas. Jorge Rafael Videla habló de la refundación moral de la sociedad. No son procesos dictatoriales que se instalan visiblemente; necesitan de un humo de legalidad. Esa función la cumplió la Comisión de Asesoramiento Legislativa (CAL), con asesores que hoy continúan pululando en las universidades como catedráticos eméritos o forman parte de un Poder Judicial cuyo descrédito y falta de legitimación actual no encuentra precedentes.

En ese entonces, las Fuerzas Armadas tomaron con apoyo de la pata civil empresarial al Estado como instrumento de supresión física y eliminación.

En el último decenio cambiaron los medios, pero no los fines.

Ya no precisaban de las fuerzas de seguridad, ahora tenían a un sector del Poder Judicial.

También lo aleccionaron a través de cursos judiciales en materia de narcotráfico y corrupción dictados en Estados Unidos. Parieron en nuevo enemigo interno, el terrorista, narcotraficante, desestabilizador.

Las organizaciones criminales que están siendo investigadas por espionaje ilegal, extorsión y armado de causas judiciales, con la connivencia de medios de comunicación, servicios de inteligencia, jueces y fiscales, son la muestra palmaria del mecanismo de control ejercido desde el mismo Estado también para reponer un modelo económico de valorización financiera que, necesariamente, implicaba la destrucción de los derechos de las mayorías obtenidos en el gobierno de Nestor Kirchner y Cristina Fernandez.

También precisaron de una construcción de subjetividad individualista y meritócrata, que pulverizara el lazo colectivo y la destrucción de la política.

 

 

La reforma inminente

El Poder Judicial fue el único que no se democratizó luego de la última dictadura cívico militar. Existe una gran resistencia a pasar por el tamiz e igual pretensión de mantenerse en el oscurantismo de la invisibilidad y el perno equidistante.

Pasan y desfilan por juzgados penales periodistas, agentes de servicios de inteligencia, ex funcionarios, empresarios y quedan los jueces.

La independencia es un atributo republicano fundamental del Poder Judicial, no es un atributo consustancial de los jueces y juezas que los hace distintivos. Cumplen la función judicial, no portan sangre azul.

La judicialización de la política culminó por suturar el hermetismo de la familia judicial, entronizado ese poder en el podio tripartito de poderes del Estado, quebrando el sistema de pesos y contrapesos de la república, gobernando por encima de la voluntad del pueblo.

Un rasgo distintivo siempre se reafirma con excepciones. La reforma judicial urge pues es urgente garantizar a la ciudadanía el cumplimiento de sus derechos y que la gobierne quien ella elija; que el Poder Judicial sea independiente tanto de los restantes poderes como de los poderes fácticos.

Injusto sería negar o desconocer con desdén la labor de jueces y juezas que cumplieron su función encomiable frente a las presiones continuas e ininterrumpidas de operadores judiciales, funcionarios de carteras ministeriales y dependencias estatales, estigmatización de medios de comunicación e ignominia del ex Presidente Macri con denostaciones recurrentes.

Son aquellos y aquellas que denuncian esa intromisión y coadyuvan a la investigación de la causa que investiga la mesa judicial que supo tener el macrismo.

Pueden levantar su voz y sacar a la luz esas presiones feroces tan dañinas para el sistema de justicia.

Dora Temis, jueza del Juzgado Nacional del trabajo N° 59, que otorgó en el año 2017 una medida cautelar instando al entonces Ministerio de Trabajo de la Nación al cumplimiento de la Paritaria Nacional Docente, falleció luego de pasar meses siendo carne de cañón de la prensa hegemónica.

Que sirva como faro para reivindicar la función esencial de un Poder Judicial que haga justicia.

 

 

 

 

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