El gigante de los pies de barro

 

La situación es desesperante y poco relevada en los grandes medios. El gigante —de pies de barro— Vicentin no tiene los fondos para pagar los sueldos de marzo y los trabajadores advierten que peligran más de mil puestos de trabajo. En tanto, la empresa acumula una deuda millonaria con la Cooperativa de Servicios Públicos de Avellaneda, lo que pone en riesgo el suministro de energía en sus plantas: en poco tiempo, la actividad podría interrumpirse ante el eventual corte de luz. Como si fuera poco, los contratos de fasón, una de sus principales fuentes de ingresos, aquellos que se completan con la contratación de un tercero para fabricar un producto —hoy necesita que grandes jugadores del sector le envíen mercadería para procesar— también están en suspenso. Y todo mientras la Justicia sigue avanzando, inesperadamente por la impunidad blindada durante años, con pruebas firmes por el vendaval de estafas de los empresarios.

En quiebra, en paulatino deterioro, en jaque. Vicentin entró en default en diciembre de 2019 con deudas superiores a los 1.500 millones de dólares. En febrero de este año llegó a pagar el sueldo en tres cuotas, lo que evidenció su presente de ingresos limitadísimos y costos fijos elevados. El pago llegó luego de una multitudinaria marcha que un grupo de trabajadores de Vicentin protagonizó en una de sus plantas, Ricardone, hasta la autopista que une las ciudades de Rosario y Santa Fe. Y después de que el Ministerio de Capital Humano dictara conciliación obligatoria porque los gremios aceiteros habían anunciado un paro nacional, y de que el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) de San Lorenzo sostuviera como medida de fuerza la “retención de tareas” en las plantas que la compañía administra en Ricardone, en Renopack —otra firma del grupo—, el puerto de San Lorenzo y la planta de biodiesel de Explora —también empresa del holding— por el despido de cuatro trabajadores. Entendiendo el conflicto en su totalidad, el gremio denunció una suerte de “revancha patronal” que se tradujo, en los últimos tiempos, en un combo de ajuste salarial, cesantías y militarización de las plantas. Hasta no hace mucho, en efecto, los trabajadores de Vicentin estaban en estado de asamblea y el gremio aceitero santafesino entró en alerta por la situación de la agroexportadora y su dilatado concurso de acreedores.

Lo que sorprendió a propios y extraños, sin embargo, fueron los últimos movimientos de la Justicia santafesina tras el sorpresivo allanamiento de Gendarmería nacional en veinte lugares distintos, que incluyeron múltiples localidades de Santa Fe, la provincia y la ciudad de Buenos Aires: hace menos de una semana dictó prisión preventiva por 120 días para Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti, ex ejecutivos y directivos de primera línea de la agroexportadora. Los acusa de administración fraudulenta, defraudación y asociación ilícita junto a otras 15 personas. De acuerdo a la pesquisa, los directivos habrían armado una estructura financiera para desviar fondos de forma sistemática mientras la empresa ya se encontraba en crisis. Lo habrían hecho a través de triangulaciones con empresas satélites y la emisión de facturas apócrifas que llegaron, según estimaciones oficiales, a más de 6.000 millones de pesos. A modo de ejemplo, los fiscales determinaron que se usó el dinero para gastos personales, como el pago de honorarios a los abogados que los defienden en la investigación penal. Además, se los acusa de continuar operando compulsivamente y a sabiendas de que la compañía era insolvente a nivel financiero, generando nuevos compromisos de pago que nunca se saldaron. Hasta el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, enterado de los fraudes de Vicentin, apoyó públicamente la decisión de la Justicia. 

Los fiscales Sebastián Narvaja y Miguel Moreno explicaron en conferencia de prensa que en la causa madre la estafa asciende a unos 700 millones de dólares. Dicha investigación, en rigor, se encuentra esperando la audiencia preliminar, último paso previo al juicio oral. El fiscal Moreno refirió a los detalles de los delitos, indicando que: “[La pesquisa comprueba que] las conductas que verificamos hacía unos tres años en aquella imputación se siguieron desarrollando en el tiempo y muestra un modus operandi: la asociación ilícita mutó de tener como objetivo obtener ganancias ilícitas o defraudar y administrar fraudulentamente a consolidar el provecho del delito y obtener impunidad para los integrantes”. Y confirmó algo grave en torno al poder de la prensa que protegió a la empresa, en relación con la consulta sobre la existencia de pagos a periodistas porteños por parte de la firma. “Esos periodistas han desinformado en cierta forma a través de cuentas de Twitter, han cuestionado mediante falacias el accionar de la fiscalía en la causa Vicentin”, dijo Moreno, corriendo el velo de la impunidad. 

La incertidumbre es moneda corriente en Vicentin. Desde la primera semana de marzo, mientras la trama financiera y judicial sigue en ascuas, las empresas del gigante agroindustrial habían sido frenadas por el directorio. La cerealera responsabiliza a la Justicia local y apunta a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación falle a su favor. Señala la escasez de materia prima y la dificultad para cerrar nuevos contratos de molienda como factores de la parálisis de la producción. Los trabajadores, por el contrario, hablan de un manejo ineficiente de los recursos y una mala administración, que derivó en un desastre financiero que se arrastra de años.

Mientras tanto, el juez de primera instancia a cargo del concurso, Fabián Lorenzini, había dispuesto una nueva intervención de Vicentin por 120 días “prorrogables por el tiempo que se necesite”, y designó como veedores a Guillermo Nudenmberg y a Andrés Schocron, los mismos que estuvieron al frente de la anterior intervención, desde marzo hasta agosto de 2024. La cerealera, concursada desde marzo de 2020, empezó en ese tiempo a ser investigada por el Juzgado Civil y Comercial de la ciudad santafesina de Reconquista. Lo cierto es que los gremios la calificaron como una suerte de “intervención light”, ya que denuncian que el directorio sigue intacto y con poder de decisión en sus funciones. Martín Morales, secretario gremial de SOEA, dijo que cuando terminó la primera intervención empezaron “los problemas de caja” y se terminaron los controles. Según lo que dictaminen ahora los veedores, el juez puede decidir futuras represalias contra Vicentin. De hecho, en el último tiempo los veedores detectaron un volumen muy importante de erogaciones correspondientes a “acuerdos desvinculatorios”. Lo llamativo es que las desvinculaciones no corresponden en su mayor parte a personal desafectado por la crisis de ingresos que registra la empresa, sino a gerentes de la compañía que, de esa manera, pactaron montos millonarios a su nombre. Todo quedó en suspenso por el revuelo actual que se produjo por las detenciones con prisión preventiva de los jefes empresariales. 

La crisis de Vicentin se remonta a diciembre de 2019, cuando la empresa se declaró en cesación de pagos —que la situó al borde de la quiebra—, lo que derivó en un concurso de acreedores que aún no se resolvió. A la par, los principales acreedores continúan presionando para que avance el proceso de “cramdown”, una instancia que permitiría que otros actores tomen el control de la firma si no se llega a un acuerdo definitivo. Pero eso no es todo, porque además de las dificultades económicas y sindicales, Vicentin enfrenta cuestionamientos por parte de la Justicia. Existen denuncias en su contra por presuntas irregularidades en su manejo financiero previo al default de 2019. Algunos sectores sostienen que hubo desvío de fondos y maniobras que perjudicaron a los acreedores, lo que generó investigaciones y procesos judiciales en curso. La caída fue en picada: se le sumaron permanentes conflictos laborales, multas por desobediencia judicial y un directorio sospechado por estafas millonarias. 

El gigante empresarial, que llegó a alcanzar los primeros puestos en el ranking de embarques de granos al exterior con una facturación de 4.000 millones de dólares, ocupando el puesto 29 entre las 50 mayores riquezas del país y siendo la firma que más creció durante el macrismo, yacía hasta hace poco con sus bienes embargados e inhibidos y con sus directivos sin poder salir del país, sospechados de millonarias estafas. Todo eso se reactivó de nuevo. 

El vaciamiento resultó obsceno, tanto como sus deudas pesificadas. Vicentin, de forma sucesiva, continuó acumulando favores judiciales. Los trabajadores temen que, a la corta o la larga, el juez Fabián Lorenzini —sospechado de ser amigo de la empresa— avale el achicamiento y desguace del grupo. Hasta los acreedores privados, en un hecho inédito en lo financiero, creían que el salvataje del Estado era urgente y necesario para que Vicentin no terminara en manos extranjeras. Sin embargo, nada puede normalizarse si los investigadores judiciales no despejan primero el enigma: dónde están los más de 1.500 millones de dólares que faltan de su magnánima deuda. Algo que todavía sigue sin revelarse.

Mientras acumula deudas de todo tipo y color, con un directorio roto y linaje en disputa —las denuncias judiciales fueron originadas, en gran parte, por parientes o conocidos de los empresarios imputados—, Vicentin enfrenta el riesgo de una paralización total de sus plantas, con sus trabajadores en angustiante incertidumbre, sin inversores, contratos ni granos. Y en el ocaso de una historia con final anunciado.

 

Último momento

El minuto a minuto de Vicentin está que arde: la empresa, a través de un escueto comunicado, decidió cerrar sus plantas del norte santafesino y la del Gran Rosario, es decir, las que componen su principal actividad. El gremio espera que los obreros cobren los sueldos en los próximos días antes de decidir medidas de fuerza, aunque las señales del emporio empresarial, acorralado por la presión judicial, no dan certeza de un pronto compromiso de pago.

 

 

 

 

 

 

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