El género del presupuesto

 

Las estadísticas muestran que todos los días muere una mujer en la Argentina por su condición de género. Hace una semana Sheila, anteayer Estefanía, ambas niñas aparecen embolsadas y asesinadas por personas de su entorno. Desde 2015, que en el país estalló Ni Una Menos, los gobiernos declaran públicamente sus intentos de limitar los alcances de la violencia machista y femicida. El presupuesto es un instrumento para ese fin, proyectar políticas de prevención y asistencia. El que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, como en el resto de los ítems de impacto social, evidencia que el gobierno de Cambiemos no considera a las políticas de género un tema de relevancia, todo lo contrario: año a año disminuyen las partidas específicas para el área.

En la cinchada presupuestaria entre el pago de la deuda y el dinero destinado a políticas públicas de impacto social, ha ganado sin dudas la deuda, tan es así que el 14,9% de presupuesto destinado en 2019 al pago de la deuda es apenas superior a lo presupuestado para los organismos oficiales de Justicia y Derechos Humanos, Producción y Trabajo, Defensa, Seguridad y Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, que suponen un 14,4% del total.

Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), “lejos de incrementarse, el Presupuesto destinado a cuestiones de género se redujo considerablemente en consonancia con el ajuste del gasto que se ha propuesto desde Cambiemos para alcanzar la meta comprometida con el FMI de equilibrio fiscal o déficit cero para el año próximo”.

El total del gasto orientado con objetivos explícitos de género es, según el relevamiento efectuado por CEPA, de 4.623 millones de pesos, lo que representa el 0,11% del Gasto Total y un 0,13% sobre el Gasto Primario (sin intereses). Asimismo, tomando el total de programas que contienen políticas destinadas a género del 2019 y comparando con el presupuesto vigente de 2018, se verifica una caída en términos reales de 19,1%.

Pensar el presupuesto desde la mirada del género implica recorrerlo de forma transversal. No sólo detenerse en los programas o políticas destinados específicamente a las mujeres, lesbianas, travestis y trans, sino también a aquellos con fuerte impacto sobre estas personas, como pueden ser la Asignación Universal por Hijo/a, los espacios destinados a la primera infancia o de atención a la población adulta mayor, los recortes en programas de protección social, educación o cobertura en programas de salud.

 

Avances

Encontramos algunas excepciones que pueden leerse como avances en un contexto de pérdida de derechos sociales. Por ejemplo, la partida asignada al programa de Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable pasó de $245.506.635 a $560.344.785 en 2019, lo que constituye en términos reales un aumento del 69%; así como al programa de Fortalecimiento de Educación Sexual Integral (ESI) que pasó de $21.852.645 a $102.906.633. Son datos del Análisis del proyecto de presupuesto 2019 desde una perspectiva de género: avances y retrocesos para la igualdad, elaborado por Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).

Aunque es leído como una victoria luego del trabajo entorno a la autonomía reproductiva desde que comenzó el debate por la legalización del aborto, el incremento en el presupuesto asignado a ambos programas aún no da motivos para festejar. “Será de gran importancia, en el transcurso del ejercicio 2019, que el Poder Legislativo se involucre también en forma activa en el seguimiento de la asignación y ejecución de este presupuesto”, señalaron varias organizaciones de la sociedad civil en una carta enviada el 8 de octubre al Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda; a la Presidenta de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; al Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña y a la Directora del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), Fabiana Tuñez.

¿Por qué advierten acerca de la necesidad de un seguimiento? Porque, tal como informa CEPA, al 25 de septiembre del presente año sólo se ejecutó el 24,2% del presupuesto del Programa Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable de la Secretaría de Gobierno de Salud.

Retrocesos

Al Instituto Nacional de las Mujeres se le adjudicará para el 2019 un total de $234.394.881. Respecto al presupuesto de 2018 representa un aumento del 11%, pero si tenemos en cuenta el promedio de inflación empleado por el propio Poder Ejecutivo en la elaboración del presupuesto (34,8%), esto implica una caída del 18% en términos reales en relación al año anterior. Según el análisis de ELA, mientras el presupuesto para el INAM en 2018 representaba el 0,006% del presupuesto nacional total, para 2019 representa un 0,00005%.

La pregunta que surge es: ¿para qué se usará ese dinero? O peor: ¿se usará? Según datos oficiales, este organismo en 2017 produjo una subejecución presupuestaria de 37%. Y por día muere una mujer, lesbiana, travesti, trans en la Argentina como pieza extrema del sistema de violencia machista.

Dentro de las obligaciones del INAM, antes llamado Consejo Nacional de las Mujeres, está la creación del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia (PNA). Dicho plan fue presentado en 2016 para el trienio 2017-2019 como una respuesta firme del naciente gobierno frente a las violencias machistas. Este fue uno de los ítems que logró modificarse en comisión. El proyecto de presupuesto 2019 preveía $32.099.395 para la implementación del PNA, pero la diputada radical Alejandra Martínez logró que se aprobara la duplicación del presupuesto específico. Sin embargo nuevamente estamos ante una caída en el aporte del Estado: para que la partida asignada al PNA no pierda valor con respecto a la inflación debería ser para el 2019 de al menos $67 millones de pesos, afirman desde CEPA.

Además de la caída en las asignaciones, la pérdida del valor real por la inflación y la subejecución, hay otros motivos por los cuales llamar la atención respecto al seguimiento que tendrán estas partidas: hay antecedentes de asignaciones que luego se borran.

En el presupuesto aprobado para 2017 podía leerse: “Asígnese (...) la suma de pesos sesenta y siete millones ($ 67.000.000) al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, de los cuales se destinará la suma de pesos veinte millones ($ 20.000.000) a atender las actividades del Consejo Nacional de las Mujeres y la suma de pesos cuarenta y siete millones ($ 47.000.000) destinados al Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres”. Sin embargo, en enero de 2017 el Poder Ejecutivo Nacional reasignó esa partida adicional mediante la Decisión Administrativa 12/2017 de distribución de créditos. Frente a esta situación seis organizaciones de la sociedad civil (ELA, ACIJ, CAREF, FEIM, MEI y Siglo 21) presentaron una acción judicial tendiente a revertir la reasignación. Ante la repercusión del caso, en el mes de marzo el Poder Ejecutivo emitió la Decisión Administrativa N° 149/2017, que volvió a afectar los $67 millones al Consejo Nacional de las Mujeres.

Otros programas centrales para las políticas de género también declinaron sus partidas:

• Las Líneas 137 y 0800 - 222 - 1717 a cargo del Ministerio de Justicia de la Nación contarán en el 2019 con $301.790.243 pesos. En términos nominales es apenas un 2% de aumento, mientras que en términos reales implica una pérdida de 24%.
• En 2019 el Programa Hacemos Futuro Juntas (anteriormente Ellas Hacen) tendrá $3.658.695.500 pesos. En términos nominales representa una pérdida de un 24% mientras que en términos reales implica una pérdida del 44%.
• Por otro lado, llama la atención la ausencia de los hogares de protección integral (HPI) entre los objetivos institucionales del presupuesto, aunque en 2018 se les destinó la mayor parte de la partida destinada al PNA. Sin embargo, no hay información en el proyecto presentado en relación a los avances de las metas de construcción en el 2018 y las que deberán alcanzarse en el 2019.
• La Secretaría de Trabajo solamente otorga al acceso, permanencia y ascenso al mercado laboral en igualdad de condiciones $1.156.183. El Presupuesto revela los escasos recursos destinados al superar la brecha salarial y la autonomía económica de las mujeres.

El último punto mencionado es clave para comprender la lógica con la que actúa el gobierno de Cambiemos. Pro igualdad en el discurso, patriarcal en los hechos. Recientemente, el oficialismo hizo algunas menciones a la igualdad de género, en el marco del Women 20 y en el anuncio de un proyecto de Ley Equidad de Género (proyecto cuestionado desde las organizaciones feministas, se encuentra en debate en la Comisión de Legislación del Trabajo), cuando Fabiana Tuñez se animó a ese chascarrillo de decir que el presidente Macri es “el feminista menos pensado”, el 8 de marzo de 2018.

El equipo del feminista menos pensado destina un poco más de un millón de pesos a reducir la brecha salarial, bajó casi en 20% el presupuesto asignado al organismo rector de las políticas de género, y un 44% en el programa de ayuda social para Mujeres “Hacemos futuro juntas”. Con presupuestos como este, la situación para niñas, adolescentes, mujeres, lesbianas, trans y travestis, va camino a empeorar.

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