El general en su laberinto

 

Aunque cada vez que habla ante los jueces desempolva el uniforme con los galones que supo ganarse como jefe del Ejército, los días ya no son de gloria  para el teniente general (re) César Milani. Sentado en el banquillo de los acusados desde mayo por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura en la provincia de La Rioja, el militar espera al próximo viernes para volver a declarar frente al tribunal que lo juzga y que prepara una sentencia para el 9 de agosto.

El juicio en La Rioja comenzó el 3 de mayo. Será breve. Un poco más de tres meses y estará la sentencia, estiman fuentes judiciales. El primer día del juicio, Milani siguió el debate desde la Unidad 34 de Campo de Mayo. Después pidió que lo trasladaran a La Rioja para poder participar de las audiencias, adonde se sienta entre sus dos abogados, Mariana Barbitta y José Manuel Ubeira. Está instalado desde mediados de mayo en el Regimiento de Infantería de Montaña de La Rioja, donde lo custodia la Gendarmería, para no estar bajo la vigilancia de sus ex subordinados.

—Los soldados están vestidos con uniformes que yo les compré –dijo el 17 de mayo, cuando prestó declaración indagatoria ante el tribunal oral—en referencia a su gestión al frente del Ejército entre 2013 y 2015.

“Al jefe del Ejército más democrático y comprometido con su pueblo se lo acusa de violar los derechos humanos”, refunfuñó entre lágrimas – como cuando agarró un cuaderno que le acercó Ubeira para leer una nota de Hebe de Bonafini, que terminó en escándalo cuando la madre y la hermana del conscripto Alberto Agapito Ledo estallaron a los gritos en la sala de audiencias.

 

La acusación

 

A Milani se lo acusa de haber participado en el secuestro de Pedro Adán Olivera y en los tormentos a su hijo Ramón Alfredo Olivera.

A Olivera (padre) lo secuestraron de su casa en el barrio ferroviario de La Rioja en la madrugada del 12 de marzo de 1977.  Estaban durmiendo él, su mujer y sus cinco hijos. Era empleado municipal y, para poder darle de comer a los chicos, también se las rebuscaba cortando el pelo en su casa. Tenía 51 años y 31 años de servicio como empleado municipal. Hacía tiempo que se trataba por una hipertensión severa. Hasta el juicio, se suponía que había sido llevado al Instituto de Rehabilitación Social (IRS), la cárcel de La Rioja, pero en el proceso surgió que antes lo habían ingresado al Batallón de Ingenieros 141, donde revistaba Milani como subteniente.

Los hermanos Olivera reconocieron a Milani como quien daba las órdenes en el operativo de secuestro de su padre. A Pedro Olivera lo devolvieron a los dos días. Lo dejaron en la puerta de la casa. Había sufrido un accidente cardiovascular (ACV) por la hipertensión, que le dejó con medio cuerpo paralizado. Las hijas habían ido a la cárcel para dejarle los remedios y un certificado de un cardiólogo que lo atendía, Carlos Alberto Santander, pero no dejaron que nada de ello llegara a manos de Pedro. Santander declaró en el juicio y dijo haber visto en Olivera las secuelas de ese ataque.

En simultáneo con la liberación de Pedro fue el secuestro de Alfredo, que trabajaba en la Dirección de Obras de Ingeniería de la municipalidad. Lo llevaron al IRS y lo torturaron. Con las marcas de los golpes impresas en su cuerpo, lo sacaron a los diez días para trasladarlo al juzgado federal de Roberto Catalán para que ratificara la confesión que le habían sacado bajo tortura. Para que no se apartase ni un milímetro de eso, un joven oficial se plantó junto a él en el juzgado. El encargado de tomarle la declaración no fue Catalán, sino un secretario de apellido Armatti.

—A vos te cortamos la carrera –el militar provocaba a Olivera delante del secretario del juzgado, mientras lo acusaba de ser integrante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

Durante el interrogatorio, Armatti le preguntó al oficial cómo se llamaba. Alfredo Olivera retuvo el apellido: Milani. Entendió que era teniente. En realidad, era subteniente. “Yo lo voy a denunciar a este tipo”, se dijo.

A Olivera (hijo) lo trasladaron a la Unidad 9 de La Plata. En la víspera de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 1979, Catalán empezó a revisar lo actuado por su juzgado durante los primeros años del terrorismo de Estado –como su propia estrategia de lavado de cara. El 29 de junio le tomó una declaración a Olivera –que seguía preso en la cárcel platense–, en la que él le habló del hostigamiento de Milani. Catalán lo citó, poniéndole nombre completo al militar que hasta entonces para Olivera era solo un apellido. El 28 de septiembre, Milani –que ya no revistaba en La Rioja– se presentó ante el magistrado y declaró que “en algunas oportunidades se ocupó de la custodia de los detenidos desde el establecimiento carcelario de La Rioja hasta la sede del juzgado”.

Olivera repitió la referencia a Milani en 1980 ante el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas (CONSUFA) y en 1984, después de la llegada de la democracia. Su nombre estaba ahí, mucho antes de que empezara a hacer carrera en el Ejército.

 

 

Una política de defensa

Milani se presentó en la audiencia como nacido el 30 de noviembre de 1954 en Cosquín. Casado, padre de cuatro hijos: tres mujeres y un varón. “Orgullosamente están acá hoy”, dijo ante los jueces. Les explicó que tiene un posgrado en inteligencia estratégica y que cursó seis años de abogacía en la Universidad del Salvador. Le faltaban cuatro materias para completar la carrera. “Eso quedó pendiente”, se lamentó.

A lo largo de las audiencias, Milani y sus defensores fueron desarrollando una estrategia que involucra correrse del momento del secuestro de Pedro Olivera, decir que por su juventud y por su grado no podía comandar operativos y desacreditar los testimonios de la familia con una perita psicóloga española que declaró por videoconferencia.

En primer lugar, Milani insiste en que él no participó del secuestro porque estaba de guardia en el batallón. Un ex sargento que estuvo de plantón esa noche declaró en el juicio y dijo que conocía a Milani pero que no habían compartido tareas de vigilancia. Milani insiste que no pudo haber liderado el operativo porque tenía una sanción. La sanción existe, pero los querellantes piensan que probablemente haya sido porque le habían encomendado secuestrar a Alfredo y él apareció con el padre.

Milani también aportó el testimonio de una cuñada, Patricia Crigna, que dijo haber recordado que esa noche de marzo de 1977 lo había visitado en La Rioja. El recuerdo se activó después de 40 años en una charla con su sobrino, dijo la mujer, lo que generó suspicacias entre los acusadores.

El ex jefe militar también sostiene que, como subteniente, no tenía capacidad de ordenar ni de liderar operativos. Según él, sus tareas no iban más allá  de tareas de vigilancia. Hace quince años que la Justicia tiene la confesión de otro militar que en ese momento tenía su mismo rango y que reveló haber participado de asesinatos en Córdoba, Guillermo Enrique Bruno Laborda. Su confesión, que fue revelada en 2004 por el director de El Cohete, fue realizada en el marco de un reclamo administrativo por no permitírsele un ascenso.

En el juicio, los Olivera lo ubicaron como la voz de mando en el operativo en su casa. Además, una testigo que era amiga de Milani, Marta Mercado, dijo que lo había visto comandando un operativo con tanquetas en su cuadra y que incluso había entrado con otros militares armados a allanar su casa. A ella le había dicho que no tenía nada de qué preocuparse. Un tiro por la culata.

El ex jefe del Ejército también aportó dos peritos para desacreditar puntos clave de la causa. Por un lado, convocó al criminalista Héctor Daniel Fernández –acusado en 2017 de liderar un grupo que falsificaba títulos universitarios– para decir que una foto que había usado Jorge Lanata en un informe sobre Milani en 2013 no podía emplearse en los reconocimientos porque no era lo suficientemente nítida.

El otro aporte fue el de una psicóloga española, Margarita Diges Junco, que declaró desde la embajada argentina en España. La defensa de Milani le pidió a Diges Junco que analizara los testimonios de los Olivera e hizo un informe, que le llegó al resto de las partes un rato antes de que brindara su testimonio. La académica, que no había trabajado con ningún otro caso vinculado al genocidio en Argentina, habló de “testimonios sugeridos”. Aunque dijo que los Olivera coincidieron en lo esencial sobre el secuestro de su padre, dijo que no se podía reconstruir con claridad quién había sido el autor de la privación de la libertad. El fiscal Rafael Vehils Ruiz se enfureció y le dijo que casualmente a quien señalaban como autor era quien le pagaba el estudio.

 

Una saga

El próximo jueves 4 terminarán las audiencias testimoniales en el juicio en el que se examina la responsabilidad penal de Milani y otros diez imputados, incluyendo al ex juez Catalán. Al día siguiente está previsto que el ex jefe militar amplíe su indagatoria. Después de eso, el juicio se suspenderá hasta después de la feria judicial, cuando alegarán las querellas, la fiscalía y la defensa. Los jueces Julián Falcucci, Jaime Díaz Gavier y Enrique Lilljedahl tienen prevista la sentencia para el 9 de agosto.

“No hay margen sino para la condena”, dice Viviana Reinoso, la abogada de Alfredo Olivera. “Lo fundamental de esta causa es la interrelación. Todo va concordando con todo: testimonios con constancias documentales. Están todas las pruebas documentales preservadas en La Rioja”, agrega la fiscal Virginia Miguel Carmona. “Acá no hay genocidas buenos o malos”, apunta, por su parte, el abogado Claudio Orosz, querellante por la Secretaría de Derechos Humanos. “Si hay pruebas, hay genocidas”.

En Tucumán se espera que en septiembre arranque el juicio por la desaparición del conscripto Ledo. El muchacho, que estudiaba Historia, desapareció en junio de 1976 mientras hacía el servicio militar. El Ejército presentó su ausencia como una deserción. Milani, casualmente, fue el oficial encargado de hacer el papelerío. Al igual que Olivera, Ledo nació en el '55. Vivían a pocas cuadras de distancia en La Rioja. Quizá sea Milani el hilo que permita unir la tragedia de las dos familias que reclaman justicia.

 

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